El Tribunal Supremo de España estimó el 8 de septiembre de 2026 medidas cautelares, solicitadas por el partido Vox y la organización Iustitia Europa, relacionadas con la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos».
«Se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento», puede leerse en el documento de la Administración de Justicia española. El mismo también exime de la suspensión temporal a quienes acreditaron que sus antecesores, originariamente españoles, sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia u orientación sexual.
Las organizaciones implicadas celebraron la decisión que podría poner coto a lo que evalúan como un «intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones».
Por otro lado, según recogió Europa Press, la Abogacía del Estado se mostró contraria a la suspensión cautelar por considerarla «una privación del derecho fundamental al sufragio, reconocido en la Constitución, a ciudadanos que ya tienen reconocida su nacionalidad».
Para los nacionalizados, la noticia volvió a saltar las alarmas porque se inscribe en un contexto de ofensiva jurídica contra la Ley de Memoria Democrática y en un periodo de crisis del Gobierno, liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que ha sido objeto de numerosos escándalos de corrupción en los últimos meses.
En una emisión del programa Ahora Q? con Eloy Viera, el abogado especializado en extranjería, Ariel Fraga Ramírez, aclaró: «no se está cuestionando, al menos hasta hoy, ni la ley ni su Disposición Adicional Octava que generó el derecho a optar por la nacionalidad española». Hizo un llamado a la tranquilidad y a esperar el curso de los acontecimientos.
Sin embargo, cabe preguntarse cuál es el origen del conflicto, cómo se relacionan nacionalidad española con inscripción electoral, qué porcentaje ha representado el voto exterior en las elecciones de España y qué falta por decidir.
El origen del conflicto: ¿qué reclama Iustitia Europa?
El procedimiento inició el 29 de junio de 2026, cuando el partido Iustitia Europa presentó un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC). La organización cuestionó la forma en que se estaban incorporando al CERA los nuevos ciudadanos españoles residentes fuera de España.
La organización reclamó: «la población española residente en el extranjero ha alcanzado los 3 202 002 inscritos a primero de enero de 2026, lo que supone un incremento anual del 5.1 %, una cifra que desborda la capacidad de control de la administración consular». Mencionó la saturación de los consulados, especialmente en Argentina, Brasil y Cuba.
Iustitia pidió a la JEC información sobre el número de personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática que habían sido incorporadas al CERA, los consulados que habían tramitado las inscripciones, la documentación utilizada y los criterios para asignar a cada elector una provincia y un municipio en España. También solicitó mecanismos de control sobre esas incorporaciones.
La Junta Electoral Central respondió mediante el Acuerdo 204/2026 del 16 de julio. Señaló que no tiene competencia para revisar los procedimientos de concesión de la nacionalidad española y reconoció que debían aclararse aspectos relacionados con la actualización del CERA y con la determinación del municipio de inscripción electoral.
Sobre la preocupación de Iustitia Europa relacionada con cómo se asigna una provincia española para votar a las personas que nunca han residido en el país, la Junta aclaró que el municipio de inscripción a efectos electorales se determina según «el de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes».
Iustitia Europa recurrió el acuerdo ante el Tribunal Supremo y solicitó medidas cautelares mientras se resuelve el recurso; estas fueron estimadas parcialmente el pasado 8 de septiembre de 2026. El abogado Ariel Fraga advierte que esta decisión es provisional y que no existe una sentencia definitiva sobre el asunto.
Otros conflictos, más dudas
Por su parte el partido de ultraderecha Vox, en julio de 2026, presentó querellas contra dos altos cargos del Ministerio de Justicia. Acusó de delitos de usurpación de funciones legislativas y prevaricación administrativa a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jerez, y a su antecesora en el cargo, Sofía Puente Santiago. Las acusadas firmaron dos instrucciones (la del 25 de octubre de 2022, signada por Puente, y la del 5 de noviembre de 2024, con la firma de Pérez) que establecieron cómo aplicar la «ley de nietos».
La primera instrucción amplió el derecho a obtener la nacionalidad española a todos los nacidos en el extranjero de padres o abuelos españoles, lo que no estaba en concordancia con el texto de la ley. En el caso de la segunda instrucción, facilitaba un camino a quienes no hubiesen podido presentar la documentación antes de la fecha de cierre de la ley por el colapso de los consulados. Vox sustentó su denuncia en que hubo una modificación de la ley y, por tanto, una usurpación de competencias del Parlamento.
Por otro lado, el medio El Debate monitoreó las cifras ofrecidas por el Gobierno español al referirse a los resultados de la ley. Alertó de un «apagón estadístico» entre julio de 2025 — mes en el que se reportó que 876 321 personas habían solicitado la ciudadanía española— y noviembre de 2025, cuando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres elevó la cifra a 2.3 millones. El Debate señaló que en lo sucesivo Torres utilizó, para justificar el salto, términos como «solicitudes de cita» o personas que «se han interesado».
En el Balance Consular de 2025 se contabilizaron «1 064 131 solicitudes, habiendo sido aprobados 490 431 expedientes y habiéndose practicado 255 163 inscripciones. Hasta el 22 de octubre de 2025, se recibieron además 1 389 194 solicitudes de cita previa, que están siendo procesadas». La suma de las solicitudes resulta coherente con los datos ofrecidos por Torres; sin embargo, carecen de valor jurídico o administrativo porque haber realizado una solicitud no garantiza la adquisición de la nacionalidad.
El 31 de mayo de 2026, las cifras continuaban en aumento. El Ministerio de Asuntos Exteriores reportó que 1 225 188 solicitudes habían sido presentadas personalmente en Oficinas Consulares.
¿Qué peso tiene el voto exterior en las elecciones españolas?
Ante la duda de si el incremento de concesiones de nacionalidad española pudiera alterar el voto, cabe preguntarse cuántos españoles de los inscritos en el CERA ejercen efectivamente su derecho.
El diario El País señala que, aunque el censo de no residentes se ha triplicado en dos décadas, sus votos representan solo el 1 % del total. En las elecciones de 2023 el voto extranjero ocupaba el 6 % del censo electoral.
En el caso de Cuba, en el censo figuraban 152 796 inscritos y menos del 1 % efectuó el voto.
Por otro lado, si bien la mayoría de los españoles en el extranjero vive en Latinoamérica, en el momento de votar adquieren mayor peso los españoles que residen en otros países de Europa.
En la isla, la crisis, la falta de información y la persistencia durante más de 60 años de una dictadura que no realiza elecciones democráticas pudieran condicionar el interés que los ciudadanos con doble nacionalidad le prestan a este ejercicio cívico.
Aunque el Tribunal Supremo de España ha ordenado revisar los registros consulares y separar las inscripciones de nacionalidad, esto no significa que se suspende la Ley de Memoria Democrática. Tampoco se anulan las nacionalidades concedidas ni se paralizan los expedientes que se encuentran en proceso de resolución. Se trata de una medida provisional referente al derecho al voto sobre la que las instancias implicadas deberán pronunciarse próximamente.
