Toda dictadura, sobre todo en sus momentos de mayor debilidad o de creciente represión doméstica, busca ampliar su legitimidad externa. La legitimidad no necesariamente se obtiene mediante reconocimiento diplomático formal, sino a través de la aceptación social y académica que proviene de actores independientes. La historia de los regímenes totalitarios ha demostrado que la presencia de expertos internacionales en eventos organizados por el Estado contribuye a crear una narrativa de normalidad institucional y apertura democrática que rara vez corresponde con la realidad.
El dilema ético se sitúa en la intersección entre el ejercicio de la libertad académica y la defensa de la responsabilidad del intelectual. Mientras que la primera garantiza el derecho a investigar y a discutir ideas sin censura, la segunda impone límites cuando la discusión ocurre en contextos en los que el poder autoritario se sirve de la presencia de académicos extranjeros para proyectar una imagen de normalidad y respeto a los derechos humanos. Ignorar ese contexto equivale a participar en un acto de complicidad silenciosa, en el que la apariencia de pluralismo sustituye a la exigencia de verdad y justicia.
La legitimación tácita de regímenes autoritarios
En un mundo donde la información circula con rapidez y la justicia se ha convertido en un concepto más político que jurídico, resulta paradójico que espacios académicos destinados a la reflexión sobre el Derecho se conviertan en instrumentos de legitimación de regímenes autoritarios. El congreso Cuba Con-Para, cuya segunda edición se celebró en febrero de 2026 en La Habana —la primera edición, en 2023, sirvió para invisibilizar la situación en la isla, hoy agravada— representa un ejemplo paradigmático de esa contradicción.
Cuba Con-Para funciona como vitrina para la propaganda de un Estado que mantiene presos políticos, suprime libertades fundamentales y concentra el poder. El congreso tuvo lugar en el país que hoy atraviesa una crisis multidimensional en derechos humanos —con más de 1 200 presos políticos— y cuyo orden político y constitucional —de matriz totalitaria— consagra un único partido e ideología totalitarios.
El foro presume de ser «un espacio para el diálogo académico, el intercambio de saberes y la reflexión crítica sobre los desafíos más urgentes del constitucionalismo contemporáneo». También dice que «pretende consolidarse como un foro plural y transdisciplinario en Cuba, donde profesores, investigadores, estudiantes y profesionales del Derecho y las Ciencias Políticas del mundo podrán debatir en torno a siete sesiones temáticas claves, dentro de las que destacan la actualización de las formas de Estado, los retos del Estado de bienestar, los nuevos paradigmas jurídicos en torno a lo humano y poshumano». Pero Cuba Con-Para, al filtrar las presentación virtual de ponencias, bloquea el debate potencial con voces críticas fuera de la institucionalidad oficial y de las fronteras nacionales, voces que cuestionan la crisis de los derechos humanos en la isla y a las que el Estado cubano impide la labor académica, la práctica del Derecho o el retorno al país.
La retórica que domina las sesiones de Cuba Con-Para —centrada en las apelaciones a la actualización del constitucionalismo y la reflexión sobre los nuevos paradigmas jurídicos— funciona como maquillaje intelectual que oculta la realidad de la represión y la inexistencia de un sistema judicial autónomo. Cuando juristas de renombre internacional aceptan participar en estos foros, incluso después de haber sido advertidos sobre el contexto político y la instrumentalización propagandística del evento, contribuyen —consciente o inconscientemente— a un proyecto de legitimación que tiene consecuencias prácticas: refuerza la imagen de un Estado que no respeta la pluralidad política ni los derechos fundamentales.
La participación de juristas provenientes de democracias consolidadas en este tipo de eventos no es un gesto neutro: constituye una elección ética e intelectual que merece un análisis más crítico que la asistencia de sus homólogos del país anfitrión. A semejante cónclave lo legitimaron nuevamente con su presencia colegas que hacen vida y carrera en las democracias de Europa y Latinoamérica. Su presencia es una elección consciente que prioriza la oportunidad académica o la visibilidad personal sobre la coherencia ética y la defensa de los derechos humanos. En términos morales, equivale a la aceptación tácita del sistema represivo.
En 2023, en Cuba Con-Para contaron con la conferencia de Luigi Ferrajoli. Hoy repiten algunos nombres: Tania Groppi y Lucio Pegoraro. A varios —en apariencia innecesario para quienes deberían conocer la situación en la isla y la implicación de su participación— se les comunicó sobre el trasfondo político del foro. El evento, como era de suponer, transcurrió sin ninguna discusión o denuncia de la grave crisis del Derecho y la justicia en el país: fue apenas otro foro para la propaganda autoritaria y el turismo intelectual.
Algunos académicos podrían argumentar que la participación en congresos como Cuba Con-Para obedece a la neutralidad de la academia, al deseo de diálogo o a la oportunidad de investigar sobre sistemas distintos. Sin embargo, esa posición ignora la realidad política concreta: no se trata de un foro abierto ni de una conferencia clandestina, sino de un evento controlado por el Estado autoritario, diseñado para mostrar un «rostro amable» de la dictadura cubana.
Otro aspecto a considerar es que varios de los organizadores del evento —entre los que se encuentran reconocidos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana— suelen publicar textos académicos en revistas extranjeras que critican (sin cuestionar el núcleo duro del régimen político) algunos aspectos del sistema y la crisis de derechos humanos que se vive en Cuba. A la vez, fronteras adentro, sostienen e impulsan narrativas de legitimación que, como se ha analizado antes, son funcionales al régimen.
Una tradición alternativa
Para comprender por qué esa complicidad es problemática, contrastémosla con las trayectorias de juristas que, a lo largo del siglo XX, enfrentaron los dilemas éticos del Derecho bajo regímenes autoritarios. La historia contemporánea ofrece múltiples ejemplos de cómo, frente a la participación intelectual que acepta convertirse en instrumento de legitimación de regímenes autoritarios, algunos juristas decidieron enfrentar al autoritarismo —permaneciendo en sus países o desde el exilio— en lugar de colaborar, incluso bajo amenaza directa.
En la Europa de entreguerras, Hermann Heller enfrentó la legalidad nazi desde la perspectiva de un constitucionalista que defendía la democracia como forma de vida política; reconocía que el Derecho no es neutral cuando la política es excluyente. Heller sostenía que el jurista tiene un deber activo de resistencia frente a la opresión legalizada. Karl Loewenstein, por su parte, conceptualizó el autoritarismo y la «democracia parcial» enfatizando la necesidad de entender las amenazas institucionales al Estado de derecho y de actuar contra ellas mediante el análisis crítico y la denuncia.
Posteriormente, en la Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, regímenes comunistas consolidaron sistemas legales que eran, en teoría, democráticos y constitucionales, pero que en la práctica respondían a la ideología de partido único. En Hungría, Polonia o Checoslovaquia, los congresos académicos y los foros internacionales eran organizados por el Estado para proyectar una imagen de apertura y pluralismo.
Juristas y académicos de Europa occidental —como el progresista John Keane y el conservador Roger Scrutton— convergieron al enfrentar, en la vecina Europa del Este, dilemas similares a los que hoy enfrentan quienes participan en Cuba Con-Para: ¿asistir a un foro controlado por el Estado con posibilidad de acceso a colegas y estudiantes o rechazarlo como acto de resistencia ética?
En vez de participar en los confortables viajes preparados por las academias oficiales de los regímenes comunistas, Keane, Scrutton y otros académicos decidieron colaborar con el pensamiento disidente de esas naciones: organizaron conferencias y cursos en universidades clandestinas de Praga, Budapest y Varsovia, mantuvieron la correspondencia con sus colegas locales perseguidos y ofrecieron consejo y apoyo a movimientos democráticos incipientes. Esa experiencia recuerda que la complicidad no siempre es explícita ni legalmente punible, pero sí tiene un impacto moral profundo: un jurista puede pasar de ser observador neutral a cómplice indirecto de la opresión simplemente con su presencia y reconocimiento de un régimen opresivo.
En América Latina, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, la situación fue más dramática. En Argentina, Chile y Uruguay, los Tribunales y sistemas legales se convirtieron en instrumentos de persecución política. Juristas como Julio César Strassera —quien lideró el equipo de fiscales en el juicio a la Junta Militar— mostraron que la independencia y la valentía profesional son posibles incluso en contextos de represión extrema. Strassera y su equipo enfrentaron presiones enormes, amenazas personales y riesgos para su seguridad; pero no cedieron en denunciar crímenes de lesa humanidad, y sostuvieron que el deber del jurista no se limita a aplicar la ley, sino a proteger la justicia frente al abuso de poder.
Tanto Strassera como Moreno Ocampo, en el ámbito práctico, defendieron la justicia en contextos de impunidad y violencia estatal. Strassera, en el juicio a la Junta Militar argentina, personificó la independencia moral frente al poder autoritario; Moreno Ocampo, en la Corte Penal Internacional, aplicó principios internacionales de justicia aun frente a presiones políticas considerables. Por su parte, Carlos Santiago Nino se distinguió por su compromiso con la teoría democrática y la práctica jurídica como instrumentos de protección de los derechos humanos en contextos de transición. Su énfasis en la consistencia ética entre la teoría y la acción profesional subraya la responsabilidad de los juristas de no participar en escenarios en los que se normalizan violaciones de derechos fundamentales.
En Cuba, ejemplos como los de Wilfredo Vallín, Julio Ferrer y René Gómez Manzano han combinado una preocupación por el cultivo del saber de la profesión y el ejercicio de esta para la promoción de los derechos humanos y la defensa de las víctimas de la represión de Estado. Desde esas mismas universidades donde hoy fragua Cuba Con-Para, han sido expulsados reconocidos profesores de Derecho —justamente especializados en Historia y Teoría constitucionales— como Rene Fidel González y Julio Antonio Fernández Estrada. Ellos muestran que la autoridad moral de un jurista no se mide únicamente por sus conocimientos técnicos, sino por la coherencia entre sus principios y su conducta. La historia demuestra que el Derecho y la ética profesional no son neutrales: su práctica siempre tiene consecuencias políticas y morales.
Para juristas, politólogos y académicos de disciplinas afines no basta con teorizar sobre democracia o derechos humanos; asistir a un evento en el que estas garantías son sistemáticamente violadas, sin denunciarlas, contradice los principios de la profesión. Su neutralidad frente al autoritarismo puede ser funcional a la represión. La asistencia a congresos organizados por Estados represores tiene un efecto concreto: legitima públicamente al régimen y reduce la presión internacional por la defensa de los derechos humanos.
Otro contexto, otro tiempo
En determinadas condiciones, la ética profesional no se pone en entredicho si, al participar en el intercambio académico con actores de sistemas represivos, el diálogo cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, si se trata de un aporte a alguna apertura incipiente pero real; si los temas permitidos no contribuyen a la propaganda estatal o si mantienen un componente crítico del status quo autoritario. En Cuba Con-Para, la ausencia de discusión sobre la grave policrisis que vive Cuba, el incremento del control represivo del Gobierno y el agravamiento —cuantitativo y cualitativo— de la situación de los presos políticos sugieren que la participación no cumple con esos criterios mínimos.
El contexto importa. Hasta hace poco tiempo, era plausible esperar alguna voluntad y capacidad de reforma impulsadas por sectores de la élite del sistema de La Habana. Después del fracaso de los sucesivos planes de reforma económica, del aumento del empobrecimiento masivo de la población y de la criminalización al creciente descontento popular, quienes dirigen Cuba han mostrado que no pueden, no saben o no quieren reformar el sistema.
En ese contexto, los únicos enfoques coherentes desde las Ciencias Políticas o Jurídicas serían: a) asumir sin ambagues la defensa de un constitucionalismo autocrático, con una ciudadanía convertida de facto en súbditos; y b) defender la necesidad de una transición democrática que establezca un Estado de derecho con libertades públicas y privadas no sujetas al capricho del régimen. De tal suerte, los discursos y esperanzas reformistas desde el sistema —que hablaban de más participación política, descentralización administrativa y apertura económica dentro del socialismo— surgidos a mediados de la década de los noventa y con motivo del cambio de poder de Fidel a Raúl Castro, han quedado rebasados por la realidad.
Quienes escriben este texto conocen bien lo anterior, pues abrazaron esperanzas de un cambio pacífico impulsado desde dentro del núcleo del sistema. Pero la Cuba de 2026 no es el país de la reforma económica de 1996 ni del traspaso de mando de 2006 ni de los anuncios de relevos partidistas y estatales de 2016. Se trata de un lugar donde todos los actores, instituciones, procesos y normas que definen el ejercicio del poder y la ley han mostrado, detrás de la fraseología republicana, socialista y participativa de la Constitución vigente, su carácter eminentemente represivo, oligárquico y antipopular. Por esa razón, la retórica que observamos en los documentos de Cuba Con-Para solo puede obedecer a dos lógicas: la de la ingenuidad o la del cinismo.
Responsabilidad intelectual (o los límites de la neutralidad)
La participación de especialistas en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en congresos organizados por Estados autoritarios no puede considerarse un acto meramente académico. Cuando un académico asiste a un congreso controlado por un régimen autoritario sin cuestionar su contexto, se convierte en un instrumento indirecto de propaganda. La dictadura obtiene la legitimidad externa que necesita para proyectar una imagen de apertura y pluralismo, mientras que la academia pierde su independencia moral y su capacidad de denuncia. La historia muestra que los regímenes totalitarios dependen tanto de la obediencia interna como de la aceptación externa; los académicos extranjeros pueden facilitar involuntariamente este segundo mecanismo de control.
La historia de la resistencia intelectual ofrece pautas claras para evitar esa complicidad. El rechazo informado aconseja evitar la participación en eventos cuando el foro sirve para la legitimación propagandística, sobre todo cuando se conoce la represión en curso. Por su parte, el diálogo crítico supone que, si se decide asistir, es necesario establecer previamente la posibilidad de cuestionamiento y debate crítico para asegurar que las voces disidentes puedan expresarse y que se denuncien las violaciones de derechos humanos.
El compromiso con la investigación independiente nos debería llevar, en lugar de participar en foros controlados, a apoyar a académicos y activistas locales mediante proyectos de investigación, becas o conferencias en contextos seguros. Esas estrategias no solo preservan la coherencia profesional, sino que contribuyen a la presión internacional necesaria para la defensa de los derechos fundamentales.
El recuerdo de los juristas que resistieron el autoritarismo debe servir como brújula para la academia contemporánea. Nos enseñan que el Derecho es un mecanismo de justicia que requiere coherencia entre palabra y acción. Participar en espacios que legitiman la represión sin denunciarla es una traición a esa tradición y a la memoria de quienes sacrificaron todo por sostener la legalidad y la dignidad humana.
El jurista o politólogo democrático no es quien se limita a aplicar normas y administrar instituciones sin cuestionarlas, sino quien comprende que la recta ley, la docta academia y el buen Gobierno tienen un papel liberador en la sociedad. Auspiciar o asistir a un foro que silencia la represión, en un país donde la justicia es un instrumento del poder, contradice los principios más básicos de la ética profesional del Derecho y de las Ciencias Políticas de Occidente, incluida esa región sui generis que es Latinoamérica.
La defensa de la justicia y de la memoria histórica no admite medias verdades. Desde ese espíritu, los autores de este texto invitan a sus pares —en varios casos, antiguos maestros y colegas— a un diálogo serio sobre los derroteros del saber y el poder en el país que, supuestamente, aún nos preocupa.
La escalada represiva de los últimos meses (con condenas excesivas a manifestaciones pacíficas de disenso en redes sociales, por ejemplo) demuestra que en Cuba no hay respeto para un mínimo de garantías con apego a DD. HH. y constitucionalismo democrático. Ante esta realidad, lo que se propone desde Cuba Con-Para es un debate que remite a la ciencia ficción o la complicidad política.
ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.
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