En un grupo de Facebook, MC preguntó desesperada por un abogado. Ella quería saber si en su centro de trabajo tenían derecho a reclamarle o despedirla por sus publicaciones y comentarios en las redes sociales (RRSS). Había usado un marco con la etiqueta #SOSCuba en su foto de perfil, había compartido publicaciones sobre las protestas del 11 de julio (11J) y supo que en su centro laboral revisaban los perfiles personales de cada trabajador.

Así lo contó por Messenger, en un par de mensajes. «Tengo miedo a hablar. En mi trabajo hay gente que se dedica a vigilar los perfiles de los trabajadores y me han dicho que tienen acceso hasta a los mensajes».

La persecución y los castigos posteriores a las protestas no se han limitado a los tribunales. No son pocas las personas que desde el 11J han recibido sanciones administrativas, han sido expulsadas u obligadas a retractarse por disentir en público del Gobierno cubano o de alguna medida específica tomada por este.

Muchas veces la excusa radica en que «el Internet lo paga el trabajo y no fue para eso que te lo dimos» o «cómo vas a ser tan ingrata con la Revolución que te ha dado este trabajo».

Sin embargo, también son coaccionados, amenazados, sancionados o expulsados trabajadores que costean su acceso a la red de redes con ingresos propios.

MIEDO A DAR UN LIKE

«Yo veo las publicaciones, pero no reacciono ni comento», me cuenta una periodista. «Desde hace unos años mi director, de conjunto con el informático, revisan hasta los likes que uno dé.

»Tras las protestas del 11J nos orientaron estar atentos en las redes sociales para “combatir” y compartir las publicaciones de “algunos influencers” pro-Gobierno».

M cerró su perfil porque aquella indicación le pareció cínica. «Me excusé con el argumento de que había mucho odio en las redes —lo cual es cierto— y apliqué un cierre temporal. Con familia y amigos me comunico por WhatsApp».

Como ella, muy pocas personas acceden a publicar su nombre real en denuncias como estas. Temen represalias. Otros prefieren, de forma discreta, empezar a buscar otro trabajo lejos de las instituciones estatales.

Así le sucedió a Luis, un trabajador de los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) que contactó a varios usuarios en Twitter para buscar alguna oferta laboral con cuentapropistas y sin vínculo con el Estado.

«Llevo más de cinco años en un JCCE donde, al principio, no hacían mucho énfasis en las redes sociales. De hecho, algunas estaban bloqueadas», cuenta.

Según Luis, el Departamento de Comunicación Social le dio más importancia al asunto y le mandaban constantes indicaciones sobre cuentas a seguir, contenidos que compartir, etiquetas que usar.

«Se fue intensificando a tal punto que todos los meses hacían un recuento de cuántas publicaciones se hacían en cada centro y, si no cumplías, te quitaban el Internet mensual asignado para trabajar».

Luis explica que en muchas ocasiones los usuarios perdían la cuenta en Twitter porque se registraban a través de un correo electrónico de los JCCE y la plataforma los calificaba como spam.

«Alerté al departamento sobre este asunto y cómo Twitter detecta cuando se copian y pegan las mismas etiquetas, en el mismo orden, con los mismos caracteres y espacios. Esas que nos mandaban por correo».

Existen herramientas que permiten la automatización de los tuits. «Puedes configurarlo para que, siempre que alguna página web publique una nota, tu cuenta tuitee el enlace y hasta incluya determinadas etiquetas», explica la periodista.

Desde el 11 de julio las autoridades dieron la instrucción a todo «cibercombatiente» de emplear las etiquetas #LaCallesEsDeLosRevolucionarios, #MiMoncadaHoy, #VictoriaPopular y #PonleCorazón, cuenta M.

Luis lo confirma. «Comenzaron a exigir que publicáramos etiquetas como #ACubaPonleCorazon y al que cogieran con un #SOSCuba que se despidiera del trabajo. Pero todo de manera verbal para que no quedara evidencia por escrito».

Captura de correo electrónico enviado a las direcciones de los JCCE.

Luis, que dice ser conocido por su frecuente actividad en redes sociales, cuenta que lo llamaron directivos para decirle que «tuviera mucho cuidado con lo que publicaba, que no se hiciera el líder».

«Me amenazaron diciéndome que podría perder el trabajo en un abrir y cerrar de ojos», dice.

El recurso de Luis para expresarse con libertad fue crear una cuenta falsa. Allí era sincero. Detrás de un rostro que no es el suyo se sentía protegido; pero no soportó permanecer en un sitio donde lo presionaban cada vez más para simular algo que él no era. «Ahora, por si fuera poco, nos mandaron cuidar parques “contra el enemigo”», dice decepcionado mientras alimenta la esperanza de encontrar un trabajo sin vínculos con el Estado. Pero no es tan fácil.

CAMBIADA DE PUESTO POR COMPARTIR UNA VPN

El lunes 12 de julio Liset le pasó una VPN a varios compañeros de trabajo. Tras el corte de Internet por las protestas del domingo 11, más de un millón de cubanos instalaron en sus teléfonos la aplicación Psiphon que permitía burlar el bloqueo del Gobierno a la red de redes.

A través de Zapya, o por bluetooth, Liset compartió la VPN (red privada virtual, en español) y ayudó a sus compañeros a instalarlo. También les mostró algunos videos de policías que reprimían a manifestantes.

«Comenté algunos de los horrores que había visto en los videos del día anterior y comenté mi punto de vista al respecto. Para mí, algunos policías eran unos abusadores y así lo expresé».

Liset cuenta que su jefe intervino en la conversación y justificó la represión. «Les dijo “delincuentes” a los manifestantes; no me pude contener. Le expliqué mi punto de vista, diferente al suyo».

Para Liset aquel «intercambio fuerte de palabras» había quedado en la recepción del lugar donde trabaja, como una mera discusión entre dos personas que piensan distinto. Sin embargo, su sinceridad tendría consecuencias.

«Al día siguiente, en el matutino, mi jefe alertó que quien hablara de política en el trabajo sería sancionado», cuenta la ingeniera. «Me llamó a su oficina y me informó que había decidido cambiarme de departamento».

La repentina decisión de su superior fue un castigo. Aunque Liset mantiene su plaza, la transfirieron a un departamento en el que las condiciones de trabajo son muy inferiores.

«A los dos días me explicó que el traslado respondía a una necesidad de que yo estuviera allí; pero sé que fue por hablar libremente y por apoyar a los manifestantes del 11J», cuenta Liset.

En el nuevo espacio no tiene ventilación y casi nadie habla con ella. «Estoy al borde de la asfixia, pero resisto. No me puedo dar el lujo de perder mi trabajo. Tengo una niña pequeña que mantener». 

Liset cuenta que desde aquel 12 de julio, cuando dijo alto y claro lo que pensaba, siente que algunos compañeros la vigilan, que otros se acercan de manera misteriosa para «sacarle conversación» sobre los sucesos del 11J. Ella prefiere callar, evitar el tema, tocar otros asuntos, disimular. Ser sincera no le hizo ningún bien.

NO TE EXPULSAN PERO TE OBLIGAN A PEDIR LA BAJA

A Robiel Vega le interesa mucho el deporte. Pocas veces ha usado sus redes sociales —Facebook y Twitter— para hablar de otra cosa. Hasta el 11 de julio. Ese día decidió «no callar más y asumir las consecuencias por su manera de pensar».

«Es inaceptable la manipulación a la que está sometido el pueblo a través de la televisión y de su presidente Miguel Díaz-Canel», escribió en su muro el ingeniero informático tras la alocución del mandatario cubano. Manifestó su total desacuerdo con el Gobierno y con la represión del pensamiento disidente.

«Sé que este post traerá consecuencias drásticas y definitivas en mi vida, pero estoy dispuesto a asumirlas sin ningún temor», escribió.

No pasaron 24 horas para que su certeza se convirtiera en realidad. La mañana siguiente, cuando Robiel entró a la oficina del director, vio su publicación de Facebook en la pantalla de la computadora.

«Me hicieron un juicio político y me acusaron de cobarde, traidor a la Patria, de no ser digno de confianza», recuerda.

Desde noviembre de 2020 Robiel se desempeñaba como especialista de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios de la ciudad de Las Tunas. Siempre tuvo una actitud responsable y sin señalamientos.

«No pudieron mencionar ni una queja durante mi tiempo de labor», cuenta. «Quise pedir la baja, pero me dijeron que no, que “yo iba a llevar lo que me tocaba y que esperara por la medida y la sanción”».

La única ley de autoridad

Seguramente hay confundidos y anexionistas, vendepatria y hasta mercenarios dentro de una masa humana que estalla. Pero esas etiquetas, colgadas con entusiasmo en cada discurso oficial, no sirven para tapar el sol.

Al final accedieron a darle la baja porque, de todas formas, su expediente laboral no estaba allí.

«Preferí retirarme sin dar la pelea. No quería perder tiempo, dinero ni energía en un proceso de ese tipo. Además de que no me interesaba seguir», dice. «Lo que sí me dejó claro el director es que si no pedía la baja él iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para sacarme y hacer mi estancia allí insostenible».

Robiel recuerda con decepción que ninguno de sus compañeros tuvo la intención de ayudarlo. Estuvieron de acuerdo con que lo «obligaran» a pedir la baja. «En este país pensar diferente y disentir es el peor de los delitos», recuerda con decepción este ingeniero de Las Tunas.

«Al final todo fue político, no hubo causas laborales; de hecho, por mi buen trabajo me habían hecho “reserva de cuadro” de mi jefa. En fin, la historia de siempre». Por fortuna, según cuenta, su hija de nueve años no sufrirá los efectos económicos de que su papá se quedara sin trabajo porque él es redactor deportivo en un medio independiente.

«Casos como estos son más comunes de lo que imaginamos», concluye Robiel.

NO ESTOY DE ACUERDO

Muchos creen que, al ser expulsados, es mejor no «echar la pelea» porque pocas veces se gana. Alejandro Perdomo García no piensa igual.

A través de Twitter hizo público su reclamo por una sanción impuesta que lo obligaba a dejar su centro de trabajo luego de que publicara un tuit que decía: «Señor presidente Díaz-Canel, ya nos puede devolver la Internet que seguimos confundidos».

Con su publicación, el estudiante del curso de Formación de Técnico Superior en Asistencia Turística hacía alusión al corte de Internet que siguió a las protestas del 11 de julio y al calificativo de «confundidos» empleado por el mandatario cubano para referirse a personas que participaron en las manifestaciones y decían apoyar el proceso revolucionario.

Fue lo único que escribió dirigido a Díaz-Canel, pero se le acusó de expresarse en las redes sociales con criterios negativos y de irrespeto al gobernante cubano.

El 3 de agosto, en otro tuit dirigido al presidente de Cuba, Alejandro hizo pública la medida de «separación definitiva de la entidad laboral». «Pienso que tomaron esta medida por mi forma de pensar y de expresarme», dijo.

«La conducta de Alejandro al divulgar, expresar o promover manifestaciones de irrespeto a la figura del presidente de la República constituye una infracción grave de la disciplina laboral tal y como establece la Orden 18/2013, Reglamento de Orden Interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) (…), que considera como graves transgresiones, incompatibles con la condición de miembro de las FAR, divulgar, expresar o promover cualquier tipo de propaganda subversiva», indicaba la copia de la sanción que compartió en sus redes.

De acuerdo con el documento, «el reglamento disciplinario interno para los trabajadores de la Sociedad Mercantil Cubana Grupo de Turismo Gaviota S. A., establece que constituye también infracción grave de la disciplina laboral quien [sic] deshonre, denigre, ultraje, menosprecie o afecte en cualquier magnitud la imagen o prestigio de los cuadros del Estado cubano, de las organizaciones políticas, de masas, sociales del país…».

Alejandro, que prefiere no conversar con la prensa hasta tanto no se resuelva su apelación, ha explicado que su desacuerdo con la sanción se debe a que no considera que su comentario sea una falta de respeto.

La sanción indicaba también que, como elemento de prueba, contaban con la entrevista que la empresa le realizó al estudiante y sus publicaciones en las redes sociales.

En un rápido vistazo por los perfiles digitales de Alejandro es posible notar que no le ha faltado el respeto a nadie. Sin embargo, quizá el empleo de las etiquetas #SOSCuba, #LibertadDePensamiento o #SomosContinuidad, en modo irónico, fuera utilizado también como prueba de su «infracción grave de la disciplina laboral».

No obstante, Alejandro aclaró que sí fue separado de la entidad donde trabajaba, pero no se le expulsó de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. También resaltó que, aunque el documento de la sanción exponía que había sido la facultad quien presentó la información sobre el comportamiento del estudiante, en la institución le habían dicho que desconocían ese incidente.

Ahora espera que su apelación llegue a feliz término y se reconozca y revierta la injusticia.

Durante años, a los trabajadores estatales se les ha obligado a emplear sus perfiles personales en redes sociales de determinada manera, declarada o no. Por vía expresa o por señales menos evidentes, se espera que compartan cierto contenido e interactúen, en sentido general, según las reglas de la censura partidista. En medio de la polarización política que vive el país y la extrema crisis que atraviesa, ha aumentado la presión a definirse a favor del Gobierno y, a su vez, se han hecho más sistemáticas las sanciones contra quienes elijan un sentido distinto. 

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