Durante una entrevista para la revista colombiana Semana, la periodista Vicky Dávila le preguntó a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, si Cuba era una dictadura. Márquez no contestó la pregunta y en su lugar lanzó otra interrogante: «Pero ¿por qué?». Luego continuó: 

«O sea, [Cuba] ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas. Envía médicos. ¿Eso no es de admirar?».

Dávila insistió en que Márquez contestara la pregunta. La vicepresidenta alegó que el calificativo lo había puesto la periodista y que ella no podía afirmarlo o negarlo. «Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente», dijo la funcionaria colombiana.

Ante la evasiva, la entrevistadora volvió a indicarle a Francia Márquez que en Cuba «el pueblo no había podido decidir». Ante la afirmación, la política colombiana aseguró que el pueblo cubano no había podido decidir porque «ha estado bloqueado (…) por potencias», dentro de las que destacó a Estados Unidos.

El planteamiento de Francia Márquez se incluye dentro del posicionamiento de la mayoría de la izquierda latinoamericana que ha preferido ―de manera consuetudinaria debido a fidelidades ideológicas― evitar los señalamientos al régimen cubano.

Incluso, un Gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric en Chile (que accedió recientemente al poder y que durante su campaña apuntó las violaciones de derechos humanos en el archipiélago), luego de su ascenso a la presidencia, ha señalado las opresiones en Nicaragua y Venezuela, pero ha evitado a toda costa nombrar situaciones similares en Cuba. 

El alivio y la justicia

La excarcelación y deportación hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses puede ser una señal para los cubanos que luchan por la liberación de los presos políticos en la isla.

En la Cumbre de la CELAC celebrada en Argentina, Boric pidió la liberación, en aquel momento, de los «opositores que aún se [encontraban] detenidos de forma indigna» en Nicaragua. Pero en relación con Cuba, al igual que Francia Márquez, se limitó a condenar el «bloqueo» estadounidense contra el archipiélago.

A pesar de que la postura de Márquez es similar a la de sus socios de la izquierda latinoamericana, en su razonamiento destacan argumentos comunes que ameritan ser matizados.

1. La soberanía y la autodeterminación

Francia Márquez prefiere no calificar al Gobierno cubano como una dictadura porque pudiese ser visto como una interferencia en la «autonomía y la soberanía» del pueblo del archipiélago. 

Pero la justificación enarbolada por la vicepresidenta de Colombia desconoce u obvia de forma voluntaria el hecho de que el régimen político imperante en Cuba no se ha mantenido como resultado de un libre ejercicio de autonomía y soberanía popular.

La soberanía popular cubana fue cancelada hace décadas por el sistema que convirtió al archipiélago en el sitio que Francia Márquez considera su «lugar común de inspiración».

La ciudadanía cubana no ha tenido la oportunidad, en más de 70 años, de determinar libremente la forma de Gobierno que desea. El régimen cubano ha dado muestras constantes de no estar dispuesto a cambiar si no es a través de las armas. Un medio de lucha sobre el cual Francia Márquez dijo resistirse ―durante su visita al Centro Martin Luther King en La Habana― para evitar que algún «joven tenga como opción única las armas». 

Sin embargo, esa parece ser la opción que el primer secretario del Comité Central del único Partido político permitido en Cuba tiene reservada para los jóvenes cubanos que aspiran y han exigido en las calles un cambio de sistema. El 11 de julio de 2021 y en respuesta a las mayores protestas populares que ha enfrentado el Gobierno desde 1959, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez dio la orden de combatir a los manifestantes y aseguró: «tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la Revolución, y estamos dispuestos a todo».

La vicepresidenta Márquez parece desconocer que desde 2002 ―y en respuesta a una iniciativa legítima (Proyecto Varela) y legal impulsada por el Movimiento Cristiano de Liberación liderado por Oswaldo Payá― la Administración de La Habana incorporó una cláusula de intangibilidad a la Constitución.

Proyecto Varela, 20 años de un ejercicio de oposición cívica en Cuba

A 20 años del Proyecto Varela, el siguiente texto recuerda los orígenes y el devenir de la iniciativa legislativa popular más relevante que se ha intentado impulsar en Cuba tras el triunfo de la Revolución.

Una cláusula inamovible en futuras modificaciones constitucionales que no busca ―como en otros lugares― consolidar derechos, sino el bloqueo de la capacidad de autodeterminación política del pueblo. Una cláusula contenida también en el artículo 4 de la Constitución vigente y que reconoce que el «socialismo» es la única opción para Cuba hasta el fin de los tiempos.

Una cláusula que desconoce la dialéctica de la ideología marxista que, en teoría, inspira al Estado del archipiélago. Una cláusula que de manera implícita desconoce que la ciudadanía cubana puede y tiene el derecho de cambiar de parecer y que el Estado está obligado a facilitar de forma pacífica esa posibilidad.

El artículo 4 del texto constitucional que entró en vigor en abril de 2019 también modificó el derecho de rebelión ―tradicionalmente entendido como una herramienta de los pueblos para combatir la tiranía―; otra herramienta del totalitarismo para justificar el uso de la violencia extrema en contra de quien intente cambiar el régimen político monopolizado mediante la fuerza por el Partido Comunista.

2. La dictadura del «bloqueo»

Francia Márquez considera que, si Cuba es una «dictadura», lo es porque Estados Unidos la «bloquea». Pero la política colombiana parece obviar que el irrespeto a los derechos humanos en Cuba no es solo una respuesta a la política estadounidense, sino que es parte de la esencia del sistema. Un sistema que ha intentado negar su esencia y justificar la violencia congénita con la teoría de la «excepcionalidad» constante que Francia Márquez reproduce de manera acrítica.

Pero la teoría de que Cuba vive una situación excepcional producida por el sistema de sanciones unilaterales impuesto en su contra por EE. UU. no justifica la limitación de ciertos derechos humanos que son vulnerados en el país de forma cotidiana. Algunas fuentes del derecho internacional, como los Principios de Siracusa, reconocen que hay derechos humanos (como la libertad de pensamiento y conciencia) que no pueden ser suspendidos bajo ningún concepto, incluidas las situaciones excepcionales.

Sin embargo, en el caso cubano la libertad de conciencia y su manifestación han llevado a centenares de personas a las cárceles. A muchas de las cuales el Gobierno que las discrimina y encarcela ahora trata de utilizar ―en un ciclo que parece interminable― como monedas de cambio.

3. Cuba, la «dictadura» admirable

Según Francia Márquez, la «dictadura» cubana es admirable porque envía a otros países médicos y no armas. Pero la vicepresidenta obvia que Cuba no «envía» médicos. Las autoridades cubanas exportan servicios médicos y cobran por ello.

Márquez parece desconocer que existen denuncias por el uso del personal sanitario como agentes de influencia política en los lugares a los que han sido destinados. También ignora las condiciones de trabajo de los médicos cubanos cuyos servicios son exportados. Las denuncias han llevado a la ex relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud a pronunciarse.

En 2019, las Relatorías Especiales adscritas a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, expresaron en un informe que las condiciones de trabajo de los médicos cubanos podrían considerarse «trabajo forzoso». Recordaron, además, que el trabajo forzoso es una forma contemporánea de esclavitud.

El modelo político cubano: ensamblaje y conveniencia

El modelo cubano es, hasta hoy, afín al socialismo de Estado de inspiración marxista-leninista/estalinista, y es ante todo un modelo autocrático. La fuerza política que lo dirige, el Partido Comunista, es reconocida como izquierda, pero no es más que una clase económicamente privilegiada.

Por último, la vicepresidenta colombiana obvia que antes de ser mediador en el proceso de paz colombiano, el Gobierno cubano envió armas ―como parte de su política de exportar la «Revolución»― y prestó asesoría a muchos movimientos que optaron por la lucha armada como mecanismo para cambiar las realidades de sus países.

Increíblemente, Francia Márquez parece desconocer que uno de los países afectados por la política cubana de acompañar y aconsejar a movimientos guerrilleros fue Colombia; y que la paz en su país nunca fue una prioridad para Cuba. Basta releer las últimas líneas del epílogo del libro de Fidel Castro La paz en Colombia, editado y publicado en 2008 por la Editora Política. Allí, el ideólogo y líder de la «Revolución» cubana expresó:

«La idea de rendirse nunca pasó por la mente de los que desarrollamos la lucha guerrillera en nuestra patria. Por eso declaré en una Reflexión que jamás un luchador verdaderamente revolucionario debía deponer las armas. Así pensaba hace más de 55 años. Así pienso hoy».

La identificación ideológica de Francia Márquez con el régimen cubano no debería impedirle obviar que las violaciones de derechos humanos no son exclusivas de ideologías determinadas. 

Documentos internacionales diseñados para la defensa de los derechos humanos han reconocido que «si bien no existe un modelo único de sociedad democrática, puede considerarse que una sociedad responde a esta definición cuando reconozca, respete y proteja los derechos humanos enunciados en la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos».

La definición, contenida en los Principios de Siracusa, debería ser suficiente para que Francia Márquez y todos los políticos de izquierda que se niegan a señalar a la Administración de La Habana basados en fidelidades ideológicas pudiesen, como mínimo, reconocer que el régimen político cubano no es democrático.

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