Foto: Sadiel Mederos
Hurto y sacrificio de ganado en Cuba: violencia e inacción policial
19 / abril / 2023
ACTUALIZADO 28/04/2023*
En junio de 2022 a Ismael Lorenzo le robaron la yunta de bueyes del patio de su casa en el municipio Cumanayagua, en Cienfuegos. No fue hasta dos días después —al cabo de una denuncia y varias llamadas telefónicas— que la Policía llegó al lugar en busca de evidencias.
«Tomaron dos fotos y me dieron la “tirilla” (constancia exigida por el Registro Pecuario para dar de baja a los animales perdidos)», resume el campesino. A sus 70 años comprendió que no tenía la salud necesaria para las guardias nocturnas o para «andar cogiendo los soles del mediodía» que requieren vigilar sus reses en el potrero. Por eso, decidió vender el resto de su rebaño, tres vacas y una novilla.
El domingo 26 de febrero solo le quedaba una vaca, pero «entre las once de la mañana y las tres de la tarde» también se la llevaron.
En los días posteriores, Ismael recorrió los campos cercanos buscando los restos del animal, mientras llamaba periódicamente a la Policía para que visitaran su finca o al menos le entregaran la «tirilla» con que certificar la pérdida de la res. La Resolución 970 «Reglamento para el Control del Ganado Mayor», aprobada en 2016, otorga a los campesinos un término de diez días naturales para entregar el comprobante de la denuncia si la pérdida de ganado es producto del hurto o del sacrificio ilegal. De no cumplir los trámites dentro del plazo, se arriesgan a multas de miles de pesos.
Encontrar los restos le llevó dos días, y otros tres para que la Policía llegara hasta su finca, pues alegaban «problemas con el carro». Cuando finalmente lo visitaron, fue para tomar algunos datos y entregarle la certificación mencionada.
«Antes, la Policía iba al lugar del robo y tiraba fotos, pero parece que se cansaron y ya ni eso hacen. La gente no denuncia los robos en las siembras porque dice “¿para qué?”. Ni te preguntan si sospechas de alguien. Nada más se reporta el ganado mayor porque es obligatorio», confiesa el campesino.
En los últimos tiempos, el único caso —del que tiene conocimiento— en el que las fuerzas del orden actuaron con eficiencia tuvo como involuntario protagonista a un primo suyo llamado Lázaro Sarduy. El 11 de marzo varios cuatreros asaltaron su casa a pedradas con el objetivo de llevarse dos caballos que todavía no han aparecido. La lluvia de piedras destruyó parte del techo de tejas de la vivienda y un tanque de agua. Lázaro quedó tendido con la cabeza rota. Hoy lleva una placa de platino en el cráneo.
El hecho era de tal gravedad que fueron enviados hacia Cumanayagua policías de Cruces y Cienfuegos. Se desplegaron «como siete perros», que encontraron el rastro de los delincuentes a partir de una jaba de piedras que habían dejado tirada. Los detuvieron en una pelea de gallos, mientras se gastaban el botín, relata Ismael. «Ahora hay que esperar que el tribunal no los libere».
Campesinos, desoídos y «culpables»
Yordany Díaz, un ganadero de Juraguá, fue asesinado en enero de 2023 por varios ladrones a los que sorprendió descuartizando una de sus reses. El crimen estremeció la pequeña comunidad del municipio Abreu, también en Cienfuegos. «En muchas ocasiones la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Abreu ha sido informada de hechos delictivos como estos y no ha habido resultados positivos para los ganaderos, aun dándoles la información completa», denunció un internauta llamado Alejo Bermúdez. El pequeño sector policial de Juraguá se encontraba casi permanentemente cerrado, pese a los reclamos de los lugareños y la creciente percepción de inseguridad.
«Me atrevo a escribir para dar luz a mi preocupación y unir criterios, y de alguna forma sensibilizar a las personas que pueden tomar las medidas necesarias para detener este fenómeno que afecta nuestros campos y ahoga nuestro campesinado. No solo hablamos del hurto y sacrificio de ganado vacuno y equino, hablamos del campesino que tiene que hacer guardia a su campo de frijoles o maíz para que no se los lleven, a los alambres de las cercas, al tabaco de las casas de cura, etcétera, etcétera», reflexionó a mediados de marzo el espirituano Yurlady Castañeda.
Este no es un asunto desconocido por las autoridades. Al respecto, se realizan conciliaciones periódicas entre la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y los ministerios del Interior (Minint) y de la Agricultura (Minag), aseguró un funcionario de la ANAP.
«Es de los temas que más inconformidades genera entre nuestros asociados, al mismo nivel ―o incluso más― que los precios o los insumos. Aunque se han incrementado los destacamentos de vigilancia campesina y la Policía ha operado contra comisores, lamentablemente no se aprecia una mejoría. El elevado costo de la carne de cerdo y otras proteínas tampoco ayuda, pues ha hecho más “rentable” el hurto y sacrificio de ganado mayor», agregó.
En vez de enfrentar la ola de delitos, en algunos territorios se ha comenzado a culpar a los campesinos por las pérdidas de ganado. Así le sucedió a un amigo de Irbis Merladet en el municipio granmense Bartolomé Masó. Le dijeron que tenía que pagar una multa de diez mil pesos para dar de baja a una vaca suya muerta a causa de una intoxicación con ortigas. «Según los funcionarios que lo atendieron, esa es una medida que se está aplicando a todos los tenedores de ganado que reporten muertes o hurtos», explicó Merladet a elTOQUE luego de plantear el caso en un grupo de agricultores en Facebook. Varios comentarios en su publicación confirmaron que sanciones similares han sido impuestas en provincias como La Habana y Mayabeque.
Como en tiempos de la Operación Tauro
Solo en los dos primeros meses de 2023 Cuba reportó 20 290 hechos relacionados con el hurto y sacrificio de ganado mayor.
Un reportaje de la televisión cubana indicó que las principales causas del aumento de estos delitos son el descontrol de la masa ganadera, la ausencia de conteos rigurosos de los animales y la impunidad con la que actúan los asaltantes.
El crecimiento de estos delitos se registra en todo el país. Al finalizar 2022 el conteo total de animales hurtados en la isla fue de 82 445, 48 755 más que en 2021.
Datos oficiales arrojan que, en 2022, Villa Clara fue la provincia más afectada, allí ocurrieron 12 243 casos de esta índole, a diferencia de 2021, que fueron 4 071. En las estadísticas le siguen Holguín (9 825), Matanzas (8 158), Cienfuegos (7 082) y Las Tunas (6 354).
Por otro lado, en Sancti Spíritus, el territorio que posee la décima parte de la masa ganadera cubana, el número de hurtos y sacrificios ilegales de ganado mayor al cierre de septiembre de 2022 (2 262) duplicaba al de ese tipo de hechos ocurridos en el mismo período del año anterior (1 040).
Lo más preocupante es que el aumento de los delitos ocurría en un año que inició con una disminución neta de la masa ganadera de la provincia. De enero de 2021 a enero de 2022 el números de cabezas se contrajo en 8 254 ejemplares, por motivos como el exceso de muertes «naturales» y la disminución de los nacimientos (apenas 47 % de los esperados).
En muchos aspectos la situación remite a la de comienzos de la década anterior, cuando el Minint lanzó la Operación Tauro, forzado por el aumento de los hurtos y sacrificios ilegales de ganado mayor. Entre agosto de 2010 y mayo de 2011 —el momento en que comenzó la redada— habían ocurrido en toda Cuba 22 728 delitos de ese tipo, se informaría después durante una audiencia parlamentaria.
Por entonces, la cabaña ganadera nacional superaba los cuatro millones de vacunos; en 2021, el último año del que existen datos definitivos, la estadística había bajado hasta poco más de 3.6 millones de ejemplares.
Otro dato alarmante es el uso de armas de fuego por parte de los cuatreros. El 7 de enero varios delincuentes asaltaron armados la finca de la madre de Lázaro Enrique Heredia, en el municipio matancero Colón. Se llevaron cinco vacas y cuatro caballos.
«Los ladrones andan sueltos, se sabe quiénes son, pero la Policía dice que tiene que cogerlos sacrificando los animales robados, porque si no la Fiscalía los suelta. En los últimos meses, a causa de los robos, muchos campesinos se han cansado y han vendido los animales que les quedaban», acota.
Matanzas fue una de las cinco provincias que reportó mayor cantidad de delitos contra el ganado mayor en 2022, cuando se produjo un «incremento considerable [de esos hechos] en comparación con el año anterior», reconoció en enero la Gobernación local. Formalmente, 132 destacamentos de vigilancia campesina, integrados por más de 700 agricultores, custodian allí las zonas rurales y en 2022 presentaron alrededor de mil denuncias. Las autoridades acotaron que era necesario fortalecer esa organización parapolicial para limitar en alguna medida la escalada de delitos.
Los destacamentos fueron pensados como complemento de la Policía, que a través de sus sectores rurales debía garantizar una cobertura permanente de los campos y pequeñas comunidades. Pero en la práctica buena parte de las zonas agrícolas no cuentan con presencia de fuerzas del orden público. Como en Juraguá, numerosos sectores de la Policía permanecen cerrados o se destinaron a otros fines. El traslado de agentes desde las cabeceras municipales es casi siempre difícil, a causa de la falta de medios de transporte.
El endurecimiento de las sanciones para los delitos contra el ganado mayor no ha contribuido a paliar el problema. El sacrificio ilegal de ganado mayor fue incorporado como delito en el primer Código Penal promulgado después del triunfo de la Revolución, el de 1979.
Posteriormente, el Código Penal de 1987, en específico en su artículo 240, estableció penas de entre dos y cinco años de privación de libertad para quien sacrificase ganado mayor «sin autorización previa del órgano estatal específicamente facultado para ello». La Ley 87 de 1999 reforma en función de su agravación muchos de los delitos incluidos en el Código de 1987. El sacrificio ilegal no fue la excepción y mediante la disposición se aumentaron los marcos sancionadores principales de cuatro a diez años de prisión.
Asimismo, se dispuso la confiscación de bienes como una sanción que debía imponerse de forma obligatoria a todos los comisores del delito. El nuevo Código Penal vigente en Cuba desde el primero de diciembre de 2022 mantuvo los mismos marcos sancionadores para el delito principal de sacrificio (de cuatro a diez años de prisión), pero aumentó de tres a seis meses de cárcel el límite mínimo de la sanción a imponer a quienes adquieran carne de ganado mayor sabiendo que proviene de un sacrificio ilegal.
El punitivismo es una respuesta más efectista que efectiva a la crisis de la ganadería en Cuba, que ni siquiera las 63 medidas para la recuperación del sector agropecuario han podido revertir. Una de sus disposiciones más mediáticas, la autorización para que los campesinos sacrificasen algunas reses luego de cumplir sus planes de venta de carne y leche al Estado, perdió trascendencia a pocos meses de entrar en vigor.
El esperado «desborde» de carne vacuna hacia el mercado interno nunca llegó a producirse. A muchos ganaderos les resulta más rentable dejar de entregarle la leche a las empresas lácteas y, en su lugar, comercializarla en el mercado informal en su estado natural o como queso y mantequilla. Otros han tenido que reducir el tamaño de sus rebaños ante la dificultad para conseguir insumos y el aumento de los robos. La aprobación, en diciembre, de la primera Ley de Ganadería dictada en el país constituye un reconocimiento implícito a la gravedad de la situación, aunque difícilmente las soluciones llegarán por la vía de las resoluciones burocráticas.
«Guardia sin arma no hago», comentó Ismael en la publicación de Yuraldy. Lo que en principio pudiera interpretarse como cobardía o egoísmo, no lo es. Por si no bastaran las dificultades materiales, las de los pagos y las climáticas, los campesinos enfrentan el reto creciente de la delincuencia virtualmente solos.
*El texto se publicó originalmente el 19 de abril de 2023 y se actualizó el 28 de abril de 2023 para agregar nuevos datos publicados por el sitio de noticias oficialista Cubadebate
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Ricardo Alarcón Hernández