El Código de las Familias vuelve a ser motivo de polémicas y debates, desde que el 23 de julio el Parlamento cubano diera su aprobación para someter a referendo la versión 25 del proyecto de ley.

Las polémicas se encuentran signadas por tensiones sociales y políticas que denotan las fuerzas y luchas de poder dentro de la sociedad civil cubana. Mientras, los movimientos feministas y colectivos LGBTIQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers) pujan desde hace años por el reconocimiento jurídico de sus derechos.

La posibilidad cercana de que ese anhelo se materialice, con los comicios anunciados para el próximo 25 de septiembre, genera nuevas tensiones.

Reconocer el matrimonio igualitario ha sido una demanda varias veces postergada. En la historia más reciente resalta lo acontecido con el artículo 68 del anteproyecto de Constitución, cuando el Parlamento terminó por excluirlo del texto aprobado en referendo en 2019, lo cual muchas personas atribuyen a las presiones de grupos conservadores.

Fue entonces cuando se incluyó, en la disposición transitoria decimoprimera de la carta magna, la decisión de iniciar un proceso de consulta popular y referendo del proyecto del Código de Familias, en el que figuraría la forma de constituir el matrimonio.

Aunque la posibilidad de que se apruebe la legislación es también un logro de las constantes luchas del activismo LGBTIQ+ y feminista, es importante aclarar que los derechos no se plebiscitan y que, al llevar a votación el Código, el Gobierno cubano se lava las manos y deja el asunto a «la voluntad popular», lo que desampara a una parte de la ciudadanía.

En un escenario en el que los grupos fundamentalistas religiosos y conservadores toman cada vez más fuerza y el Gobierno aumenta su falta de credibilidad, la comunidad LGBTIQ+ y los activistas independientes tienen el reto de influir en la población cubana para lograr el voto a favor del Código, el cual constituye un sí por una sociedad inclusiva, a tono con la diversidad de configuraciones familiares que existe y en la que los derechos de todas las personas sean reconocidos.

Varios activistas independientes se reunieron el pasado 27 de julio en La Habana, para establecer una agenda de acciones de cara al plebiscito de septiembre.

Juana Mora, activista independiente y coordinadora de Alianza cubana Manos, refirió que existen amplias posibilidades para llegar a los diferentes públicos —sobre todo a través de la educación en materia de derechos—, con historias de vida que sensibilicen a las personas, y no solo se centren en los movimientos LGBTIQ+, sino en la sociedad en general, pues el Código involucra a todos los cubanos.

El Código de las Familias abarca también materias como la responsabilidad parental, adopción, filiación asistida, etcétera. Manuel Rodríguez Yong, activista independiente, comenta que se debe fomentar el conocimiento sobre temas presentes en el proyecto y que involucran a los adultos mayores, las mujeres, los niños.

El documento atiende la violencia familiar con un adecuado enfoque de género, hace énfasis en la protección a las personas adultas mayores y facilita los procedimientos a seguir para la adopción. También sustituye la denominación «patria potestad» por «responsabilidad parental» y prohíbe el matrimonio infantil, entre otros avances relacionados con la protección de las infancias y adolescencias.

La oposición política, dentro de la isla y en la diáspora, no ha estado ajena a la polémica generada por el Código. Varios de sus representantes han declarado abiertamente su voto en contra o nulo, o llaman a no asistir al referendo. Otros lamentan no poder ejercer su derecho al voto por encontrarse en el exilio, para dejar el sí en la boleta.

La ley se aprobará si alcanza más del 50 % de los votos válidos a favor.

Jessica Sabina, activista independiente por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, refiere que uno de los sectores al que se debe prestar mayor atención es el de las personas que hoy muestran indecisión; ya sea por desconocimiento o porque siguen a líderes de opinión. «Identificar cuáles son esos grupos y crear estrategias específicas son prioridades para lograr un resultado positivo en las urnas de septiembre».

«Balancear entre lo que pierde y gana con su voto, corresponde a cada ciudadano. Hay razones de sobra para votar sí, sin dejar de reconocer las vulnerabilidades en que se encuentra la sociedad civil cubana ante la escasez, la insalubridad y la violación de derechos que padecen los ciudadanos», dice Adiel González Maimó, teólogo, activista independiente por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y miembro del equipo gestor de la iniciativa comunitaria Matanzas Ciudad Inclusiva.

Muchos comparten la idea de que nada que provenga del Gobierno es aceptable y, de hecho, no ha sido poca su propaganda a favor del Código, al intentar venderlo a la opinión pública internacional como un «logro de la Revolución», en un intento de limpiar su imagen en materia de derechos humanos.

Sin embargo, Yoelkis Torres Tápanes, activista independiente y coordinador general del proyecto sociocomunitario AfroAtenAs, enfatiza que la legislación constituye una herramienta para el reconocimiento y la consecuente visibilidad social de las luchas que durante años ha llevado a cabo una parte de la sociedad civil cubana.

Por otro lado, Yadiel Cepero, activista independiente por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y miembro del equipo gestor de la iniciativa comunitaria Matanzas Ciudad Inclusiva, refiere que se deben tomar los mismos espacios que utilizan los grupos fundamentalistas, llegar a las comunidades rurales y apartadas y hacer entender que el Código representa un paso importante en el camino hacia una sociedad más moderna y plural, siempre desde el respeto a la igualdad de derechos.

Las herramientas a tener en cuenta para una mayor comprensión de los términos legales y jurídicos que se establecen en el documento deben ser accesibles para todo tipo de públicos, afirma Raúl Pérez Monzón, activista independiente y coordinador del espacio Mes de la Historia LGBTIQ+ en Cuba.

«Las alianzas —de la comunidad— con otros grupos de activistas pudiesen generar sensibilidades en sectores no explorados, ampliarles la mirada y colocarlos en una dimensión que va más allá de la consanguinidad, para abrirse a relaciones y vínculos», comenta la activista independiente Lidia Romero Moreno.

El Código de las Familias, sin dudas, es una normativa prometedora, aunque existe una significativa ausencia en lo que se refiere a las personas trans y no binarias, y el respeto a las infancias trans y su responsabilidad parental. A pesar de la manipulación que existe en torno a la política pública, gran parte de los activistas independientes creen que el voto a favor asegura, en materia legal, continuar con las luchas por derechos para todas las personas.

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