El 22 de julio de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó el Código de las Familias (CF) y ese día hizo pública la convocatoria a un referendo, para el próximo 25 de septiembre, sobre su definitiva aprobación. Esto ha generado un debate en redes sociales y otros espacios sobre la conveniencia de votar por el Sí o el No —que tuvo un antecedente cuando se aprobó la Constitución en 2019 y en una de sus disposiciones transitorias se estableció la convocatoria de un referendo para aprobar el CF—. También algunos han planteado la posibilidad de no acudir a las urnas. 

He de apuntar que no es mi propósito invalidar una u otra postura respecto al CF, aunque adelanto que expondré con claridad la mía. Solo enumeraré algunos elementos que creo importantes para que, quien lea el artículo, participe en el referendo con un poco más de información y decida de forma consciente, informada y responsable votar por cualquiera de las dos opciones que aparecerán en la boleta o abstenerse. 

No me gusta la idea de someter a referendo el CF por dos razones fundamentales. La primera es de índole sociológica, y es obvio que trasciende el ámbito de la participación política mediante un mecanismo de democracia directa (MDD), como lo es un referendo. Uno de los aspectos más polémicos del contenido del CF, si no el más polémico, es el acceso al matrimonio y otras instituciones jurídicas por parejas de la comunidad LGBTIQ+. 

En este sentido, no me parece justo que una mayoría heterosexual decida sobre los derechos de personas con otra orientación sexual o identidad de género. Lo más adecuado hubiese sido que la ANPP aprobara el código sin intervención popular, como ha sucedido con la inmensa mayoría de las leyes cubanas, desde la primera legislatura de ese órgano. Dicho de otra manera: la vía refrendataria no es la apropiada para aprobar una ley en la que se reconocen derechos de una minoría. 

Esta última idea me lleva a la segunda razón de mi rechazo al uso del MDD. Se trata de un argumento de tipo político-jurídico. Los cubanos no tenemos experiencia en la utilización de ese mecanismo de democracia directa. Apenas será el tercero que se practica desde 1959 y, los otros dos —1976 y 2019— fueron para aprobar constituciones. O sea, disposiciones normativas cuyo contenido es mucho más amplio que el del CF. 

Un referendo, es importante aclarar, es un juego de suma cero, debido a que, cuando resulta favorecida la opción respaldada por la mayoría, se produce una pérdida total para la minoría. Es una forma despiadada de competencia, con ganadores y perdedores absolutos, y por ello no es aconsejable su uso por un motivo cualquiera. De hecho, algunos politólogos plantean que, en ocasiones, las autoridades gubernamentales convocan a referendo si no están dispuestas a responsabilizarse con determinada decisión política. Esa ha sido la postura del Gobierno cubano en este caso, a pesar de que el ciudadano promedio no esté familiarizado con las consecuencias políticas, legales y sociales derivadas del resultado de un referendo.

Es sencillo, Cuba no es Suiza (o Nueva Zelanda) donde existe cierta habitualidad en el uso del MDD —dicho sea de paso, mucho más desarrollada en el contexto suizo que neozelandés—. Este orden de cosas constituye un riesgo, debido a que genera determinado nivel de incertidumbre sobre la aprobación o no del CF, en el cual, con independencia del reconocimiento de los derechos de la comunidad sexo diversa, se contemplan otros aspectos cruciales —como la prohibición del matrimonio infantil—.

¿Qué se modificó en el Código de las Familias que se llevará a referendo en septiembre?

La diversidad de las familias cubanas está un paso más cerca de ser reconocida tras la aprobación del Código de las Familias por la ANPP.

No obstante de lo expuesto hasta aquí, el CF fue aprobado por el órgano legislativo nacional y se celebrará un referendo para su aprobación definitiva o no. Por tanto, la última palabra la tendrán los ciudadanos en las urnas. En lo personal, me identifico con el Sí. La idea que resume mi postura es la siguiente: la aprobación del CF reconoce derechos a uno de los grupos sociales más discriminados en Cuba: la comunidad LGBTIQ+; a esto se añaden otros aspectos positivos como la mencionada prohibición del matrimonio de los menores de edad, el reconocimiento de los derechos de los abuelos o la regulación de las técnicas de reproducción asistida. 

Es cierto que se trata de una ley que ha sido aprobada en sede legislativa mientras el régimen político imperante en Cuba es autoritario. Es verdad que el CF se someterá a referendo, mientras que, con otras leyes —como el Código Penal, aprobado este año, o la Ley Electoral adoptada en 2019—, no ocurrió igual. Es también una realidad que el código es funcional para que el Gobierno cubano, al menos, intente una mejora de su imagen ante la opinión pública nacional e internacional, en medio de una profunda crisis económica y social que cada día lastra cualquier atisbo de legitimidad que conserve. Incluso, el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como el derecho al aborto, son dos puntales importantes para preservar cierto grado de afinidad política entre las autoridades cubanas y algunos sectores de la izquierda latinoamericana y mundial.

Sin embargo —reconozco que estas palabras quizá no agraden a algunas personas—, percibo que entre quienes se oponen al CF, algunos lo hacen mientras disfrazan posturas fundamentalistas y conservadoras (no solo de corte religioso) con su oposición al Gobierno. Son quienes, si Cuba fuera una de las democracias más consolidadas del mundo (como la suiza o la neozelandesa), promoverían una acción de inconstitucionalidad ante un tribunal constitucional para que se declarara la inconstitucionalidad del derecho al aborto. 

Tampoco descarto que usasen la iniciativa legislativa popular o de reforma de la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, tal cual se delimita en el Código de Familia vigente. La lección derivada es que, los MDD, no son exclusivos de las democracias —de hecho, en ciencia política existe el concepto «autoritarismo participativo» para referirse a su utilización en regímenes autoritarios— y su empleo, tanto si lo convoca el Gobierno o los ciudadanos, es susceptible de responder a intereses conservadores y fundamentalistas. De ahí la importancia de una cultura política sólida en torno a su uso.

Por tanto, sí, en Cuba hay un régimen autocrático que seguirá en pie el lunes 26 de septiembre, sea cual sea el resultado del referendo del CF. Sí, las autoridades cubanas y sus voceros hacen y harán propaganda sobre el código, presentándose como los artífices de una ley que pretende la inclusión de un grupo social históricamente discriminado. Sí, el Gobierno necesita que se apruebe el Código de las Familias y hará todo lo que esté a su alcance para materializarlo. Pero, ahí están los libros de historia y cada quien es libre de consultarlos o no. 

Es posible que la propaganda oficial hable poco sobre los más de 20 borradores que se elaboraron antes de la versión definitiva del CF, lo que demuestra la reticencia de muchos conservadores en la élite política en cuanto a su aprobación. Menos aún se hablará de los activistas —algunos desde su oposición al Gobierno—, quienes trabajaron por lograr el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. A pesar de la opacidad que caracteriza el proceso legislativo en Cuba —lo que impide tener datos oficiales sobre la elaboración de las leyes y demás disposiciones normativas— no creo que otra ley, al menos en lo que va del siglo XXI, tuviera tantas versiones como el CF.

Eso demuestra que la lucha por el código no ha sido fácil. Parece que tampoco lo será de aquí al 25 de septiembre. No obstante, la historia demuestra que la democracia y la libertad se construyen poco a poco, casi nunca de golpe y porrazo; lo mismo protestando en las calles que con una ley en la cual se reconocen derechos a quienes no los han tenido. Incluso, en una autocracia, se edifica la libertad en medio de la soledad de las urnas. Por eso apoyo el Sí, aunque no pueda votar en el referendo, porque abre un espacio para la libertad individual. Pequeño, pero un espacio al fin y al cabo, cuya viabilidad no debería peligrar con base en la desobediencia civil o el fundamentalismo político o de otro tipo. 

En definitiva, la libertad genera ansias de más libertad.

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