Recientemente varias personas han asegurado en las redes sociales que, quien no dé de baja de las libretas de abastecimiento a los residentes cubanos que se encuentran en el exterior y continúen recibiendo la canasta familiar normada —los mandados de la bodega—, tendrán que pagar multas de 3 000 a 5 000 pesos. Esa información es imprecisa.

El primero de enero comenzó en Cuba la aplicación de la Tarea Ordenamiento, que entre sus normas jurídicas para el Comercio Interior dispuso «mantener la venta de productos alimenticios normados y dietas médicas mediante (…) la vinculación actual de los consumidores a los establecimientos minoristas o bodegas». Las transformaciones en la comercialización minorista están asociadas, además, a la eliminación gradual de «los subsidios excesivos y gratuidades indebidas».

En diciembre, durante sesiones de la Asamblea Nacional, Betsy Díaz, ministra de Comercio Interior, dijo que continuaban informatizando el Registro de Consumidores y trabajaban en la «integración de este sistema a la Ficha Única del Ciudadano». También dijo que esta Ficha podría utilizarse para actualizar los datos de las Oficinas de los Registros de Consumidores (Oficoda). Siguiendo la Resolución 78/91 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), el proceso incluiría la «baja» de la libreta de abastecimiento a fallecidos, cubanos con más de 90 días fuera del país, presos, y personas en hogares de ancianos, entre otros casos. Los rumores sobre multas comenzaron por esos días de mediados de diciembre, luego de estas declaraciones.

Sin embargo, no era la primera vez que se hablaba del asunto. Marpesa Portal de Villiers, jefa del Departamento de Registro de Consumidores del Mincin, explicó a Granma en 2016 que «no existe una penalización hacia las personas que no cumplen con estas normativas». En un reciente reporte de la Televisión Avileña, autoridades de la Oficoda en Ciego de Ávila confirmaron que no hay indicación alguna al respecto.

Según explicó al periódico Invasor Odalys Lorenzo Morales, directora de la Oficoda en la capital provincial, las personas reciben una citación y «si en 72 horas no se presenta [en la Oficoda], se le da baja de oficio. Hasta el momento, no tengo conocimiento de multas, la gente murmura, pero no se nos ha dicho algo de eso».

Como aclarara recientemente el abogado Eloy Viera, la mencionada Resolución 78 de 1991 del Ministerio de Comercio Interior define qué es un núcleo y cuáles son los deberes y derechos del jefe de este. «Pero la normativa no decreta penalizaciones para aquel jefe de núcleo que incumpla con la obligación —expresada allí— de dar de baja del Registro de Consumidores al miembro de su núcleo que abandone el territorio nacional con carácter temporal (por más de tres meses) o con carácter permanente. Todo ello antes de efectuarse la salida».

Debido a la compleja situación epidemiológica actual, en determinados sitios no es necesario ir a la Oficoda, sino a las bodegas, donde los administradores son los responsables de la actualización.

Mientras, en redes sociales, algunos usuarios aseguran que se han aplicado multas y otros lo niegan. Una citación oficial publicada en Facebook solo indica a los jefes de núcleo que, «de no comparecer en el término establecido, se suspenderá la entrega del abastecimiento al consumidor señalado».

Cartel que informa sobre la imposición de multas. Foto: Tomada en un grupo de Facebook.

Quien atiende la interacción con los usuarios en la página en Facebook de Protección al Consumidor del Mincin explica que «como organismo no se ha indicado el tema de las multas. El asunto debe obedecer a una indicación del territorio». Para obtener más información sugieren comunicarse a través del 80022624, número único que dirige las llamadas a la dirección estatal de comercio local.

Para obtener más información, desde el equipo de elTOQUE realizamos llamadas a nueve direcciones provinciales del Registro de Consumidores en todo el país y la información es imprecisa: varía de una provincia a otra e, incluso, de una Oficoda a otra en la misma localidad, lo que provoca confusión y desinformación y deja lugar a la discrecionalidad.

En Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Cienfuegos afirmaron que no se están aplicando multas, «pero se comenta que pronto comenzarán a imponerse».

En Sancti Spíritus, Camagüey y Ciego de Ávila dijeron categóricamente que la imposición de multas no es una indicación del Mincin, y «parece un rumor para que las personas acudan a las Oficodas».

No obstante, en Guantánamo y Santiago de Cuba, las especialistas aseguran que a los jefes de núcleo que no den de baja a los consumidores que estén fuera del país se les impondrá una multa e incluso se les abrirá un expediente que podría llegar a tribunales.

Captura de pantalla de la respuesta de la página de la Protección al Consumidor del Ministerio del Comercio Interior. Información obtenida por el equipo de elTOQUE.

NO ES NUEVA ESTA RESOLUCIÓN

La Resolución 78 de 1991 del Mincin —resumida en la contra carátula de las libretas de abastecimiento— establece los deberes y derechos del jefe de núcleo familiar.

Entre las obligaciones que indica se encuentra el dar «baja» de la libreta de abastecimiento a fallecidos, presos, hospitalizados, personas en hogares de ancianos por más de tres meses, quienes por más de noventa días se encuentren fuera del territorio nacional —ya sea por misiones, estudios, trabajo o asuntos particulares—, y quien «sea extraído de la vivienda o la abandone por consecuencia del cumplimiento de una resolución o sentencia firme, dictada según sea el caso, por el Instituto Nacional de la Vivienda o las direcciones provinciales o municipales de la vivienda y su carné de identidad no esté actualizado por esa residencia».

Sin embargo, esta resolución, que data de treinta años atrás, nunca antes había sido aplicada con rigor. Fallecidos y emigrados que seguían recibiendo sus «mandados»; dietas médicas para personas sanas; niños censados sin haber nacido; y otras falsificaciones de la población, bodegueros y trabajadores del comercio; han sido algunas de las irregularidades detectadas en los últimos meses después de estar vigentes por años.

«Esto hoy en día se incumple por gran parte de la población y se responsabiliza a las Oficodas por ello, cuando en realidad es a la inversa. Nos referimos a que existen 684 oficinas en todo el país y cerca de 4 millones de núcleos [familiares], por lo que a las oficinas les es casi imposible localizar a los cerca de 11 millones de consumidores y actualizar sus datos», indicó el Mincin en su página.

Varias instituciones de la Administración Central del Estado, entre las que figuran entidades del Ministerio de Justicia como el Registro Civil y las direcciones de Identificación, Inmigración y Extranjería, son las encargadas de entregar a la Oficoda los listados de quienes han salido del país o fallecido. A partir de esa información, pueden identificar quiénes de ellos continúan recibiendo la canasta familiar normada.

Aviso reciente sobre los motivos para dar de baja a alguien de la libreta de abastecimiento. Foto: Tomada de un grupo de Facebook.

¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO?

Según las autoridades de la Oficoda de Sancti Spíritus, desde que inició la entrega de la nueva libreta de abastecimiento a finales de año, se exigió la presentación del carné de identidad de cada miembro del núcleo familiar.

Daniel Peralta Morales, especialista principal en la Dirección de Oficoda en la provincia, dijo que «se ha orientado a los administradores que en caso de que la persona esté fuera de provincia temporalmente, pero dentro del país, los presidentes de los CDR pueden atestiguar que la persona no vive en el extranjero».

En relación con los jefes de núcleo que estén fuera del país, Marilín Jomarrón Miranda, directora de Comercio Estatal en Las Tunas, dijo al Periódico 26 que, en ese caso, «otro miembro tiene la facultad [y el deber] de ir hasta las oficinas y darle baja, total o temporalmente».

De acuerdo con las autoridades del Mincin, quienes regresen al país pueden solicitar el reingreso en la libreta de abastecimiento o solicitar la entrega de los mandados, de manera temporal, en «bodegas pilotos».

Sin embargo, no pocos se han quejado por las irregularidades en la entrega de la canasta familiar normada, de cuyos productos algunos ahora prefieren prescindir por el aumento de los precios.

El proceso de «depuración» del Mincin comenzó en noviembre pasado y debe concluir en el primer trimestre del año.

Cuba tiene censados 11 millones 150 mil consumidores, quienes pertenecen a 12 mil bodegas.

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