El Ministerio de Justicia publicó la Resolución 316/2025, una norma que, en teoría, busca reforzar el sistema de prevención del lavado de dinero, del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas. Sin embargo, en la práctica, podría convertir a los notarios en responsables de reportar algunas de las operaciones más comunes que atienden cada día.

¿A quién deben reportar?

La resolución actualiza una Metodología de Control de 2022 y exige que en cada territorio del país se nombren funcionarios encargados de vigilar que los notarios cumplan las orientaciones y reporten cualquier «operación sospechosa» que detecten.

Los funcionarios no solo deben supervisar a los notarios siguiendo una guía específica; también deben analizar riesgos, proponer nuevas medidas y señales de alerta, y canalizar los reportes de operaciones sospechosas que se generen en su territorio.

La resolución incluye, por primera vez, una guía de verificación que servirá para evaluar si los notarios están cumpliendo sus obligaciones. Entre los puntos que se revisarán está el conocimiento que tengan sobre los riesgos y señales de alerta, y la cantidad y calidad de los reportes de operaciones sospechosas que realicen.

La guía servirá de base para decidir si un notario incurrió en negligencia y debe enfrentar medidas disciplinarias.

¿Qué señales de alerta pueden llevar a los notarios a reportar una operación «sospechosa»?

La norma presenta una lista amplia de situaciones que los notarios deben tener en cuenta antes de decidir si reportan una operación. Las señales se dividen en dos grandes grupos: las relacionadas con los comparecientes y las relacionadas con el tipo de operación.

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Entre los riesgos asociados a los comparecientes, la resolución señala (en primer lugar) la «edad inusual» de quienes intervienen: si alguno es muy joven o de avanzada edad, el notario debe considerarlo una señal de alerta. También se clasifica riesgoso que los beneficiarios finales no tengan vínculo laboral —por ejemplo, si están jubilados o desempleados—.

La norma incluye otras señales, como que los usuarios acudan a un notario fuera de su localidad sin una «razón justificada» o que las personas o sus familiares aparezcan de forma reiterada en distintas operaciones.

Varios de los criterios utilizados son amplios o abstractos. Por ejemplo, se considera sospechoso que un usuario cambie de notario repetidamente en poco tiempo o que muestre una «urgencia anómala» por formalizar el acto. Asimismo, otorgar poderes a representantes que no guardan una relación justificada con el otorgante se interpreta como posible indicio de uso de «testaferros» y una indicación de reporte.

Entre los riesgos vinculados directamente al acto u operación, la resolución indica que los notarios deben reportar, por ejemplo, los casos en los que (a su juicio) existan diferencias marcadas entre el valor legal o tasado de un bien y el precio de venta. También deben considerarse sospechosas las donaciones de bienes de alto valor entre personas que no tienen «relación afectiva o familiar».

La norma incluye que se deberán reportar las operaciones de financiación que resulten inusuales (préstamos importantes en los que no se declare la procedencia lícita del dinero o la autenticación de documentos privados que reflejen préstamos o compraventas «inusuales»).

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Como los notarios cubanos pueden formalizar la creación y extinción de mipymes, la resolución también exige que reporten operaciones sospechosas en ese ámbito. Entre los indicios que pudiesen derivar en un reporte están que el capital social no se corresponda con el objeto social de la empresa o que se produzcan cesiones de participaciones —gratuitas o pagadas— sin una «lógica económica o afectiva».

Asimismo, la norma obliga a los notarios a reportar cualquier intento de aumentar de forma repentina el capital social de la empresa sin respaldo en utilidades, así como situaciones en las que se observe una «acumulación patrimonial» del beneficiario final que no «guarde relación con sus ingresos declarados».

Más que notarios, policías

La resolución transforma a los notarios en una especie de agentes de vigilancia obligados a detectar y reportar riesgos bajo amenaza de medidas disciplinarias. Ya no solo deben dar fe de lo que las partes declaran: ahora también deben investigar, evaluar comportamientos y mantener una actitud de sospecha permanente.

Aunque en el modelo del notariado latino el notario cumple funciones declarativas y constitutivas, las responsabilidades principales de lo declarado recaen en los comparecientes. Sin embargo, la nueva normativa desplaza parte de esa responsabilidad hacia los notarios, asignándoles tareas que podrían convertirlos, de facto, en una pieza más del sistema de control estatal.

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