LA HABANA. El miércoles 5 de diciembre de 2018 podrá ser recordado como uno de esos días en que adquiere pleno sentido el principio de que siempre hay un momento oportuno para hacer lo correcto. En una decisión inusual, sobre todo por la sensibilidad del tema en cuestión, las autoridades cubanas revirtieron algunas de las regulaciones relacionadas con el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) anunciadas en julio y que entrarían en vigor el siete de este propio mes.

Desde la misma concepción, cuando se dieron a conocer algunos de los principios de la nueva “política”, ese giro recibió la desaprobación de amplios sectores populares y académicos, incluyendo un renovado activismo para buscar la atención de las autoridades hacia las que se entendían como preocupaciones legítimas de esos sectores.

En concreto, se mantiene la posibilidad de ejercer más de una actividad de las aprobadas oficialmente. Asimismo, se elimina el número de 50 sillas como máximo en el caso de cafeterías, bares y restaurantes. De ahora en adelante, el límite estará determinado por la capacidad del local en cuestión. Otro asunto de gran sensibilidad, la apertura de cuentas bancarias fiscales, aunque se mantiene como requisito obligatorio para actividades de gran impacto, se dispuso una mayor flexibilidad en la operación de las mismas. En concreto, se disminuyó la cuantía a mantener como saldo mínimo y se incrementa el porcentaje de efectivo para distintos usos que pueden retener los negocios sin ingresar al banco.

Alegría ante modificación de las normas para el trabajo por cuenta propia

Este paso adoptado por el gobierno cubano debe ser ponderado en su justa medida, y puede ser calificado de acertado, necesario y valiente en las actuales condiciones socioeconómicas del país. El propio presidente merece crédito por reconocer públicamente los efectos nocivos de esas decisiones, convocar a sus ministros a explicar los cambios en un programa público, y dar contenido real al cacareado concepto de “gobierno colectivo” o del pueblo. La decisión llega en un momento económico delicado. Cuba no necesitaba de otro golpe innecesario para socavar aún más su maltrecha economía, ni destruir puestos de trabajo cuando no existen recursos o políticas para crearlos en otros sectores.

Esta columna divulgó en su momento varios análisis en los que se explicaba en detalle la debilidad de los argumentos declarados para justificar los cambios en el marco regulatorio y el proceso seguido para poner en práctica el “perfeccionamiento”. En este episodio, tanto el contenido como la forma adolecían de una fragilidad indefendible.

El proceso de toma decisiones que llevó hasta el “paquete de julio” adoleció de graves problemas desde sus mismos inicios: una política de “perfeccionamiento” del trabajo por cuenta propia que no ha sido compartida con el público. Además, los efectos de aquellas regulaciones hubiesen contradicho la letra y el espíritu de los documentos adoptados a instancias del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2016, y varios de los artículos del proyecto de nueva Constitución.

La credibilidad de los ejercicios que les dieron forma hubiese quedado seriamente dañada. Parece una contradicción insalvable el hecho de fomentar la inversión extranjera mientras se interponen obstáculos de toda clase a la actividad productiva en el patio. Si se descuentan los trabajadores que se desempeñan en los servicios sociales y de gobierno, ya no existe una gran diferencia entre el sector no estatal y el sector empresarial estatal, son menos de 200 mil trabajadores. Una política económica racional asumiría esta realidad y trataría de encontrar caminos para darles su justa ponderación en el desarrollo perspectivo del país.

En lugar de recoger las opiniones de los sectores directamente involucrados luego de redactar las regulaciones, se podría concebir la consulta durante el proceso de elaboración de las mismas. Es más, se podría pensar en ir más allá reconociendo plenamente a los interesados como interlocutores legítimos. El gobierno cubano no se debilita en este proceso ni debe temerle.  Todo lo contrario. Los cubanos no requieren visto bueno para legitimar sus demandas ante el gobierno, es un derecho que les asiste en calidad de ciudadanos.

La consulta a “expertos” y los “grupos temporales de trabajo” son necesarios, pero no sustituyen al diálogo más amplio. Este adquiere pleno sentido cuando conduce a modificar las pautas en el punto de partida. La rectificación oportuna no es un síntoma de debilidad, ha dicho el presidente. ¿Por qué habría de serlo? El gobierno cubano debería conocer que la inmensa mayoría de los ciudadanos dan la bienvenida a iniciativas de este tipo, y ese reciente paso cuenta con la aprobación de una amplia proporción de la población cubana.

Sin embargo, es justo reconocer que algunos argumentos vertidos en relación a la evasión fiscal, compra de artículos de dudosa procedencia e informalidad son preocupaciones comunes para las autoridades de cualquier parte del mundo. El trabajo por cuenta propia en Cuba forma parte de un sistema mayor, cuyas fallas no pueden ser asumidas solamente por este sector. Dicho esto, no olvidemos que las correcciones solo nos devuelven a una situación similar a la de agosto de 2017. Transcurrió un año y medio, muchos proyectos fueron pospuestos o enterrados definitivamente. Cuba no tiene tanto tiempo como para permitirse 18 meses en una trampa innecesaria y contraproducente. La impresión que queda es de improvisación y apresuramiento.  Los desafíos son tan grandes que estas pifias no nos posicionan bien para atenderlos. Ojalá se extraigan las lecciones correspondientes.

Lamentablemente, no todos los despropósitos corrieron la misma suerte. Los transportistas no fueron tan afortunados. Más allá de explicaciones interminables para buscar razones que no aparecen, lo cierto es que el disfuncional sistema de transporte público en la Capital está en uno de sus peores momentos. No deja de ser sorprendente el hecho de que luego de 60 años, se intente aliviar tensiones mencionando la incorporación inminente de nuevos vehículos a la flota que sirve a La Habana. ¿Cuántas generaciones diferentes de ómnibus han desandado las avenidas de esta ciudad y país? Una y otra vez ha quedado demostrado que se necesita mucho más que recursos a cuenta de quién sabe qué acreedor para enderezar este camino. ¿Qué políticas nos han dejado con una flota vetusta, ineficiente, contaminante, incómoda? Lo cierto es que el resultado nos deja con que no hay alternativa efectiva, ni pública ni privada.

El paso hacia adelante en relación al cuentapropismo pudo haber sido aprovechado para reconsiderar el enfoque hacia el transporte. En ese sentido, es una oportunidad perdida. El momento era muy propicio, dado el conocido malestar en otras áreas de la sociedad. La legitimidad del presidente acaba de recibir un bono. Pero queda mucho por hacer.

La falta de visión integral, y de resolución para abandonar nociones anquilosadas y superadas por la historia son los mayores problemas a los que se enfrenta el gobierno cubano para generar un proyecto de país compartido por las grandes mayorías, que tenga una probabilidad razonable de tener éxito en el mundo de comienzos del siglo XXI.

Especial – Hacia dónde va el cuentapropismo en Cuba

Este texto fue publicado originalmente en Progreso Semanal