En medio de apagones de hasta 25 horas y más de 3 millones de cubanos con limitaciones para acceder al agua potable, Miguel Díaz-Canel volvió a prometer «victorias». Sin embargo, mientras se habla de resistencia creativa, las familias recurren a inventos caseros para almacenar agua de lluvia y sobrevivir en condiciones cada vez más precarias.

El problema eléctrico se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar social. Los cortes prolongados afectan no solo la vida doméstica, sino también la producción, los hospitales y el abastecimiento de agua. La propaganda insiste en que el pueblo debe adaptarse sin perder el optimismo, pero no ofrece salidas viables. Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno señala que las soluciones para gestionar la crisis deben salir de los gobiernos locales y provinciales.

Según el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, algunos dirigentes se sienten «superados» por los «problemas objetivos y subjetivos». Pero lo cierto es que las estructuras municipales carecen de recursos técnicos y financieros, quedando atrapadas en un juego político donde la cúpula conserva el control y transfiere las culpas.

La suma de apagones y falta de agua genera una tensión social que se refleja en protestas, denuncias en redes sociales y expresiones públicas de frustración. El Gobierno, en lugar de ofrecer respuestas, intenta silenciar a quienes exponen la magnitud del problema.

Represión en las calles

Mientras tanto, la represión no se detiene. El Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a Julio César Duque a más de cuatro años de cárcel por grabar una cola para comprar gas licuado, alertó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El caso de Duque muestra hasta qué punto la justicia cubana criminaliza el simple acto de documentar la realidad. Grabar una cola, en un país donde las filas se han convertido en símbolo del desabastecimiento, terminó costándole la libertad.

Esta semana también se dio a conocer que al menos 27 personas fueron arrestadas tras las protestas en Gibara. Hasta la fecha, cuatro permanecen en prisión bajo el cargo de «desacato». Varias organizaciones independientes han señalado que en Cuba la protesta ciudadana sigue siendo castigada con cárcel, multas y procesos arbitrarios.

Los juicios rápidos y las condenas desproporcionadas son herramientas jurídicas usadas de manera sistemática contra quienes disienten. De este modo, la represión actúa como una válvula de control político frente al descontento que generan los apagones, la inflación y la falta de alimentos.

Deudas con campesinos y crisis productiva

Uno de los temas centrales de este episodio de Radiografía de Cuba es la deuda millonaria del Estado con los productores de alimentos. Miles de campesinos llevan meses esperando los pagos de sus cosechas. Uno de los casos más extremos es el de un productor al que se le adeudan más de 4 millones de pesos por la entrega de caña.

El problema no es nuevo. En 2021 se anunciaron 63 medidas para incrementar la producción de alimentos, y una de las prioridades era erradicar los impagos. Cuatro años después, la situación no solo persiste, sino que se ha agravado. Un reportaje del periódico estatal Trabajadores reconoció, en julio de 2025, que existen deudas en 33 cooperativas azucareras, lo que afecta a 4 700 productores.

Los retrasos obligan a los campesinos a limitar su inversión en fertilizantes, pesticidas y mantenimiento. En Holguín, una cooperativa denunció impagos de más de 22 millones de pesos, lo que redujo el rendimiento de la caña de 100 a 45 toneladas por hectárea.

La producción de miel refleja el mismo patrón. Aunque la miel cubana se exporta a Europa a buen precio, los productores locales reciben pagos tardíos y en tarjetas que solo funcionan en la isla, limitando su acceso a divisas e insumos, como alertó una investigación de el TOQUE. 

En la ganadería, el escenario es igual de complicado. En Sancti Spíritus, más de 1 100 productores de leche acumulaban deudas por más de 150 millones de pesos hasta marzo de este año.

Ese círculo vicioso reduce la producción, afecta la economía familiar y, al final, empeora el desabastecimiento en el mercado interno. El Estado pierde credibilidad como comprador, pero mantiene el monopolio, dejando a los campesinos sin alternativas legales.

Masonería bajo vigilancia

Otro foco reciente de tensión se ha dado en la masonería cubana, con líderes sometidos a citaciones policiales e infiltración por parte de la Seguridad del Estado. Líderes históricos como José Ramón Viñas Alonso y Ángel Santiesteban Prats han sido objeto de acoso, detenciones y campañas de descrédito, en un intento por neutralizar cualquier voz autónoma dentro de la fraternidad.

Hace unos días, el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba fue citado nuevamente para una supuesta «entrevista» en una unidad policial de La Habana. Viñas Alonso es considerado un líder incómodo tras condenar públicamente la represión del 11J. Desde entonces, la persecución contra él no ha cesado. 

Uno de los entrevistados para Radiografía de Cuba, el escritor y masón de alto grado Ángel Santiesteban, advirtió sobre la presencia de agentes dentro de la organización y fue acusado de «traición» y «desacato». En julio de 2024 fue detenido brevemente tras las protestas en la Gran Logia. 

A pesar de la represión, algunos masones continúan denunciando y manteniendo contacto con la prensa independiente, aunque bajo vigilancia constante y amenazas. En el nuevo videopódcast presentamos el testimonio de dos miembros de la Fraternidad que ofrecen sus puntos de vista sobre lo que está pasando en Cuba. 

Trabajo forzoso en las cárceles

El episodio también aborda los hallazgos de la ONG Prisoners Defenders que documentó el uso de trabajo forzoso en cárceles cubanas. Según el informe, más de 60 000 reclusos son obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sin contratos ni protección, produciendo bienes que terminan en mercados europeos. 

El estudio se basa en 53 testimonios directos recogidos entre abril y agosto de 2025. Los prisioneros relataron haber sido víctimas de coacción, amenazas y violencia física. Más del 45 % afirmó haber sido golpeado durante las intensas jornadas diarias.

El deterioro físico y psicológico es evidente, según el informe, ya que el 80 % de los entrevistados reportó haber sufrido secuelas graves. De igual modo, se expone que los accidentes laborales son frecuentes y que la falta de atención médica agrava las consecuencias.

La investigación documenta jornadas de hasta 63 horas semanales y pagos simbólicos que no superan los siete dólares al mes. Lo más preocupante es que parte de los productos elaborados por las personas privadas de libertad terminan en mercados europeos. El informe concluyó que se trata de un modelo económico muy lucrativo, donde el trabajo forzoso genera divisas para el régimen.

Prisoners Defenders exige sanciones a las empresas que importan estos productos y pide que se realicen investigaciones exhaustivas para frenar la explotación sistemática de los presos en la isla.

* Con testimonios exclusivos, el nuevo episodio de Radiografía de Cuba muestra cómo el régimen combina propaganda, represión, vigilancia y explotación económica para sostenerse en medio de la crisis.