Roberto Pérez Fonseca fue condenado a diez años de cárcel por romper un retrato de Fidel Castro durante las protestas de julio de 2021, en San José de las Lajas, Mayabeque.
La causa se construyó a partir de la denuncia del oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Jorge Luis García Montero, alias «Rompehuesos». En medio de la manifestación, García Montero golpeó a un joven mientras lo llevaba a una patrulla y Roberto le gritó: «¡Esbirro, asesino, déjalo!».
El oficial declaró, por su parte, que el 11 de julio Roberto había liderado a una turba de ciudadanos violentos armados con «botellas y piedras», que le había dañado una muñeca con una piedra y que había lanzado luego otra pedrada contra una patrulla de Policía, «ocasionándole daños».
En el juicio, celebrado el 28 de septiembre de 2021, fuera del recinto había policías acompañados por perros y varios miembros de tropas especiales para vigilar el lugar. Según narró Liset Fonseca, madre del preso político, el oficial García Montero —conocido en el pueblo como un hombre violento que aprovecha su cargo para extorsionar pequeños negocios privados— «dijo sentirse muy ofendido por las palabras que le gritó Roberto el 11 de julio, que nunca nadie lo había enfrentado así. Agregó que fue al único que reconoció entre la multitud y señaló al acusado como líder de la protesta e instigador de actos vandálicos contra agentes de la Policía y tiendas en MLC (moneda libremente convertible). Cuando la defensa le preguntó si recordaba al menos cómo iba vestido el acusado aquel día, García Montero no supo responder».
La madre en un inicio estaba convencida de que su hijo saldría absuelto y le darían la razón a la defensa por la falta de pruebas incriminatorias. De acuerdo al relato del juicio publicado por Yucabyte, en la fase de instrucción constaban las declaraciones de tres testigos presentes en el lugar y momento de los hechos, quienes aseguraron que Roberto jamás lanzó piedras. El tribunal rechazó sus testimonios con la excusa de que podían ser «redundantes» y la defensa propuso luego otros cuatro testigos. El tribunal redujo la lista a la mitad de testificantes, ambos familiares de Roberto. Sus declaraciones fueron desestimadas durante el juicio por mostrar «total parcialidad en favor del acusado».
García Montero fungió entonces como único testigo y denunciante, pero las supuestas piedras lanzadas por Roberto no fueron ocupadas ni descritas en ningún momento del proceso, y la patrulla y el cuerpo del policía denunciante no mostraban signos de las agresiones. Por otro lado, el certificado médico presentado por García Montero contenía una fecha declarada ilegible y le faltaba el cuño del centro de salud donde había sido expedido.
La defensa presentó como última prueba un video que circuló en redes sociales, en el que puede verse el momento exacto en que Roberto encaró al policía. El video mostró que Roberto se encontraba prácticamente solo y no al mando de una multitud, como declaró el oficial, y solo tuvo un intercambio verbal con él antes de marcharse. El tribunal desestimó la prueba por «hallarse grabada en una memoria USB» y no en un DVD, como requieren las especificaciones jurídicas cubanas.
La Fiscalía, por su parte, presentó resultados basados en testimonios de «personas de confianza», las cuales aseguraron que Roberto «posee una negativa conducta social, ya que no tiene participación en las tareas que se realizan por las organizaciones de masas» y que «le gusta presumir y especular». Según la narración del medio de prensa, en otro punto la investigación se contradijo, pues reconoció que Roberto tenía «un modo de vida normal, de acorde con sus posibilidades» y que «no goza de cosas lujosas en su domicilio».
El 19 de octubre de 2021 le fue notificada a Liset la sentencia del juicio a su hijo, en la que se le declaraba culpable de dos delitos de desacato, dos de atentado, de instigación a delinquir y de desórdenes públicos, con el agravante de haber usado un arma (piedras). La madre comprendió poco después por la información de un policía durante una visita a Roberto que la elevada pena y los múltiples cargos contra su hijo se debían a que había roto una foto de Fidel Castro. «Romper el cuadro, eso no se puede perdonar. Ellos tenían que hacer algo que fuera un escarmiento grande», afirmó la cubana.
¿Qué ha pasado con Roberto luego de su detención?
Desde su encarcelamiento, Roberto no ha dejado de manifestarse para exigir justicia, razón por la que ha recibido amenazas dentro del penal de Quivicán, en Mayabeque.
En abril de 2023, Roberto protagonizó una protesta junto a otros dos presos políticos en el patio de la prisión. Gritaron «Patria y Vida» y «Abajo la dictadura». Como consecuencia, los tres recibieron «una brutal golpiza» por parte de los guardias, afirmó Alberto Ortega Fonseca, hermano del reo. «Mi hermano andaba con un pulóver blanco con la frase “Patria y Vida” y “Cuba de luto” delante y atrás, “Libertad”. Hago responsable a la dictadura cubana de la vida y salud de los manifestantes pacíficos», tuiteó.
A inicios de mayo de 2023, Liset Fonseca dijo que su hijo recibió una nota con el mensaje: «Roberto, si sigues en lo mismo, nos vamos a encargar de que te pase algo dentro de la prisión».
Después de la protesta fue trasladado a otro destacamento. Su madre aseguró que las autoridades del penal alientan una confrontación entre presos comunes y políticos, por eso teme por la seguridad e integridad física de Roberto en la prisión: «Los presos comunes dicen que lo que está pasando en la prisión es culpa de él».
Por otro lado, el activista Alberto Ortega Fonseca denunció que Roberto presenta problemas de salud y aun así se encuentra en condiciones inhumanas: «Tienen a mi hermano con una litera rota, y mi hermano que está en crisis de los dolores de espalda tiene que dormir en el piso por miedo a caerse. No les basta con trasladarlo para el destacamento más peligroso donde están los reclusos con mayores condenas y ordenarles a estos presos comunes molerlo a golpes y matarlo de ser necesario si se vuelve a manifestar. Hago responsable al @PartidoPCC, a la Seguridad del Estado y a los guardias de la prisión por la salud e integridad física de mi hermano».
A finales de ese mes, durante la visita a Cuba del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell, el preso político inició una huelga de hambre para exigir «el respeto a todos los presos, comunes y políticos, libertad religiosa, derecho a la asistencia médica; que mejore la alimentación y la libertad de todos los presos políticos», según palabras de su hermano. Luego de la huelga, a Roberto se le limitó la comunicación telefónica a los sábados, en una oficina de la prisión y bajo la supervisión de un oficial.
En octubre de 2023, al preso político le prohibieron las llamadas telefónicas en la cárcel debido a una nueva protesta que realizó junto a otros reclusos en la que reclamaron libertad para los presos políticos y mejoras en la alimentación y la atención médica. Su madre declaró a finales de ese mes que hacía dos semanas no recibía llamadas de Roberto. Anteriormente, su hermano menor había denunciado que al preso político solo le permitían hablar unos minutos, lo cual se traduce en que solo habla alrededor de dos horas al año con la familia.
Además, agregó que Roberto ha estado tres veces en celdas de aislamiento desde su encarcelación, una de ellas durante seis meses en una celda oscura y tapiada, frente a una fosa llena de mosquitos. «Los mosquitos se lo comían día y noche. Lo único que les dan a los presos en aislamiento es una jarrita como de dos vasos de agua para el día entero. No tienen colchón ni sábana y los ponen en un espacio minúsculo».
Reclamos por la justicia y los derechos humanos
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respondió el 7 de noviembre de 2023 a la denuncia presentada en octubre de 2021 por el abogado cubano Sergio Osmín Fernández sobre el caso de Roberto.
El GTDA, en su Opinión 51|2023, determinó que «la privación de libertad de Roberto Pérez Fonseca es arbitraria por cuanto contraviene los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se inscribe en las categorías I, II y III».
Además, el GTDA dijo que la solución a este caso «sería poner al Sr. Pérez Fonseca inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización».
En marzo de 2023, el grupo solicitó explicaciones al Gobierno cubano por el caso del prisionero político. Su hermano, el activista Alberto Ortega Fonseca, declaró a ADN Cuba: «Que mi hermano haya sido escogido [para ser investigado por el GTDA] es muy importante para nosotros. Él también representa a los demás presos políticos cubanos».
El opositor compartió con el medio una copia de la carta remitida por la institución con sede en Ginebra, Suiza, el 13 de marzo, dirigida al abogado Fernández Palacios, representante de Roberto Pérez Fonseca.
«[Roberto] es una de las tantas víctimas de violaciones de derechos humanos, de garantías constitucionales, de abusos, maltratos e incumplimiento de las Reglas Nelson Mandela que han sido desatadas por la inaudita orden de combate expresada por el represor violento Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez [gobernante cubano] el 11 de julio de 2021», dijo el jurista Fernández Palacios.
Laritza Diversent, directora de la asociación sin fines de lucro Cubalex, afirmó que la sentencia contra Roberto «es excesiva y viola todas las garantías del debido proceso». «Responde a una política penal» con «sanciones severas como efecto ejemplarizante para que el resto de la sociedad se inhiba», para «infundir temor y miedo».
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) lanzó la campaña «Ningún preso político cubano invisibilizado» con el objetivo de dar a conocer la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba antes y después del 11J. Con ello la ONG pretende sensibilizar a la comunidad internacional y obtener su solidaridad. Como parte de la campaña, varias personalidades del mundo han asumido el apadrinamiento de presos políticos cubanos. En el caso de Roberto Pérez Fonseca, ha sido apadrinado por el eurodiputado Hermann Tertsch, uno de los primeros en apoyar la iniciativa del OCDH.
«Desde hoy apadrino a un preso de la dictadura comunista de Cuba. Es Roberto Pérez Fonseca, tiene 38 años y fue detenido el 16 de julio por participar en el Clamor de Libertad del 11J. Está en la cárcel de Quivicán, condenado en un juicio farsa a 10 años de prisión», tuiteó el político.
Posteriormente, agregó que tanto Roberto como su familia tendrían visibilidad, apoyo y ánimo para que su injusto cautiverio fuera lo más breve posible y para que sus carceleros supieran que todo abuso hacia él habrán de pagarlo. «Están avisados. No tendrán tiempo para la impunidad como criminales anteriores».
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