El 11 de julio de 2021 Samuel Pupo Martínez se subió sobre un auto volcado en Cárdenas, Matanzas, y gritó: «¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!». La imagen se convirtió en una representación icónica de las protestas del 11J y el poder en Cuba no pudo tolerarlo.
Lo detuvieron el propio 11 de julio. Al inicio fue sancionado a siete años de privación de libertad bajo los delitos de «desacato» y «desorden público».
El juicio duró tres días y a pesar de la defensa que hizo el abogado, la fiscal pidió el máximo de la pena, declaró su esposa Yuneisy Santana.
«Los testigos que presentaron eran todos del Ministerio del Interior (Minint) y mostraron mucha incoherencia en sus testimonios», dijo Yuneisy. La condena fue reducida posteriormente a tres años tras la presentación de un recurso de casación.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, es licenciado en Matemáticas y Computación y fue profesor de Matemáticas. Al momento de su detención trabajaba por cuenta propia impartiendo clases de inglés. Desde 2011 padece esclerodermia o esclerosis sistémica, una enfermedad degenerativa que incita al sistema inmunológico a atacar tejidos saludables por error.
Su delicada condición le produce dolores agudos en todo el cuerpo y daños en los órganos y la circulación de la sangre. Sus articulaciones apenas le responden y le es casi imposible valerse por sí mismo. Como consecuencia de la enfermedad, padece también glaucoma, diabetes, hipertensión y estreñimiento.
La familia supuso que debido a su grave estado de salud se tendría algún tipo de condescendencia con su caso. Sin embargo, la realidad es diferente. La condena a tres años de prisión se mantiene y le han negado el cambio de medida a un régimen abierto.
La lucha de Yuneisy por la libertad de su esposo
Tras el arresto, Yuneisy Santana estuvo 103 días sin ver a Samuel. En la estación de policía local le decían que no sabían nada, a pesar de que ella explicó que él estaba enfermo y necesitaba sus medicinas.
A los nueve días de su detención, Samuel pudo hacer la primera llamada telefónica a su familia. Según narra Yuneisy, fue llevado en la patrulla hasta la estación de policía y estando esposado lo golpearon en la cara para obligarlo a gritar «¡Patria o Muerte!».
En la noche lo trasladaron a otra dependencia del Ministerio del Interior en las afueras de la ciudad, donde «un boina negra le apretó tanto el cuello que se desplomó. En la madrugada lo llevaron a la prisión de mujeres de Labiotec (Matanzas), donde estuvo 40 días durmiendo sobre una plancha de zinc sin colchón, con muy poca alimentación y poca agua», denunció Yuneisy.
La esposa del preso político también se ha quejado de la pésima calidad de la alimentación que recibe Samuel en la prisión. «La comida en la cárcel es un asco y muy poca. Empiezan a servirles de un cubo a los presos y a veces no hay para todos. Un día alcanzó solo un huevo hervido».
Santana fue profesora durante años del Politécnico «50 Aniversario del Granma», pero se vio obligada a apartarse de su trabajo debido a su relación con Samuel Pupo Martínez. «Hay que ser confiable para dar clases, y si tú sigues con tu esposo, no lo eres. Si tú sigues con él es porque piensas así», le dijo la directora del centro.
Para garantizar su sustento y el del niño de ambos, Yuneisy comenzó a dedicarse a la limpieza de casas y vendió varios equipos y ropa. Cada mes recorre 70 kilómetros para visitar a su esposo en la prisión de Agüica, Matanzas, y llevarle los medicamentos que necesita, los que adquiere «por fuera», debido a la escasez generalizada.
Según comenta, para Hugh, su hijo de 13 años, la situación está siendo traumática, pues «ya sabe odiar y no quiere saber del comunismo». Nota en cada visita cómo la salud de su padre se va deteriorando. «Siempre han sido muy unidos y esta separación lo ha afectado mucho», afirma. La madre lamenta que Hugh no sonría ni juegue como antes, y que pase todo el tiempo angustiado y pendiente de ella, con el temor de que también se la lleven presa.
El 14 de septiembre de 2022, la Oficina de Atención a menores citó a Yuneisy y a Hugh. La mujer acusa a las autoridades cubanas de acosarla constantemente, de destruir su familia y la infancia de su hijo (a quien el Minint le hace un seguimiento en la escuela), y de robarle tiempo de vida a Samuel.
A finales de 2022 presentó una licencia extrapenal para su esposo y el 27 de enero de 2023 entregó una denuncia penal en el Tribunal Municipal Popular de Cárdenas, Matanzas, debido a la falta de respuesta de las autoridades con respecto a la libertad condicional.
En una citación a la que fue convocada por la Seguridad del Estado, se le informó que su esposo continuaba detenido por causa de las denuncias y el activismo de ella. Samuel reafirmó la existencia de esta amenaza en conversaciones con su esposa, al confesarle que las autoridades de la cárcel le dijeron que, si Yuneisy «se quedaba tranquilita», le darían la libertad condicional.
No obstante, ella ha insistido en su reclamo y en abril de 2023 apeló a la negativa de libertad condicional que le dieron a su esposo, justificada en un hecho de indisciplina de Samuel, al exigir atención médica. En palabras de Yuneisy, el informe de indisciplina se debe a que el preso político «pidió atención médica; desde la celda empezó a gritar porque no lo atendían y tenía un dolor en el pecho». En la apelación alegó estar en desacuerdo con la razón del aplazamiento de la libertad condicional, porque el reclamo de Samuel de atención médica «no es una indisciplina, es un derecho».
Reclamos y denuncias contra la injusticia
El 27 de octubre de 2022 la organización no gubernamental Cubalex —dedicada a denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba y a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a quien lo necesite en la isla— alertó sobre el seguimiento a Hugh por parte del Departamento de Atención a menores del Minint y condenó las amenazas hechas a Yuneisy de retirarle la custodia del niño.
«Denunciamos el acoso al niño de 13 años Hugh Dieter Pupo, hijo del preso del #11J Samuel Pupo. El niño, a pesar de tener una buena actitud, está recibiendo seguimiento del Departamento de Atención a menores. A su madre la han amenazado con retirarle la custodia por denunciar», apuntó la ONG.
En noviembre de 2022, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que Samuel Pupo Martínez había sido golpeado por el segundo jefe del Orden Interior de la prisión de Agüica, luego de pedir a sus carceleros que se reanudaran las visitas de su familia. El profesor aseguró no haberse defendido de la agresión.
Su esposa Yuneisy forma parte del grupo de 50 familiares de presos políticos cubanos que solicitó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que exija al Gobierno cubano el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Eurocámara; y que la Comisión Europea utilice el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para pedir la liberación de todos los presos políticos de Cuba.
«A inicios de febrero, el cardenal Beniamino Stella expresó el deseo del papa Francisco de que nuestros familiares sean liberados y que regresaran a sus casas. Pasan los meses y las autoridades no toman esa medida, quizá por sus acostumbrados cálculos políticos. Pero mientras el poder cubano juega su ajedrez y otros actores políticos, democráticos o no, mantienen o refuerzan sus intereses en la isla, nuestros familiares languidecen en las mazmorras cubanas, muchos de ellos enfermos y sin esperanza alguna de ser liberados o tratados con imparcialidad», dice un fragmento de la carta.
Los firmantes recuerdan que Cuba es el país del hemisferio occidental con más presos políticos y de conciencia en sus cárceles, 1 052 de acuerdo a datos de Prisioners Defenders al cierre de septiembre de 2023. El hecho debería preocupar a las democracias. Además, alertan sobre la calidad de vida de los encarcelados —sobre todo, de los presos políticos—, la hambruna, la falta de atención médica y las enfermedades que padecen; la intimidación con presos comunes; las golpizas y castigos extremos, incluidos las amenazas, el chantaje y las presiones a sus familiares; además del sabotaje a las visitas reglamentarias.
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