Humberto salió de Cuba cuando la escasez de alimentos, los apagones y la crisis económica se habían vuelto parte de la vida cotidiana. Llegó a México en busca de trabajo y de una alternativa para reconstruir su vida. Hoy sigue en Tapachula, la ciudad donde inició su trámite migratorio. La cuenta la hace en firmas: «Voy a cumplir diez meses aquí, llevo 20 firmas».
Las firmas corresponden a las citas que deben realizar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para mantener activo su procedimiento. Cada visita representa una nueva quincena de espera en una ciudad que nunca planeó habitar durante tanto tiempo. «No podemos viajar, no nos dejan salir de Tapachula y es espera y espera…, un proceso súper largo sin dar ningún tipo de explicación, simplemente espera, firma y espera, no hay otra».
La residencia permanente aparece en sus planes como una forma de recuperar la movilidad. «Queremos la residencia para irnos a otro estado a trabajar». Mientras espera una respuesta, la vida continúa. Hay que pagar transporte, renta y alimentación en una ciudad donde los trámites migratorios suelen prolongarse mucho más de lo previsto. «La Comar habla de 45 días hábiles para darte los papeles; pero ese proceso se viola totalmente», afirma.
La experiencia de Humberto se repite entre miles de personas migrantes que permanecen en Tapachula. Quienes solicitan la condición de refugiado deben acudir regularmente a las oficinas de la Comar para registrar su asistencia y mantener vigente el trámite. La ausencia puede interpretarse como abandono del procedimiento y derivar en la cancelación del caso.
Los tiempos de resolución también se han extendido. De acuerdo con una respuesta de transparencia emitida por la Comisión en octubre de 2025, el tiempo promedio para resolver solicitudes durante ese año alcanzó los 182 días. Organizaciones que acompañan a personas migrantes reportan casos que superan ampliamente ese período.
Joana Vargas, coordinadora general del albergue Hospitalidad y Solidaridad, observa a diario las consecuencias de los retrasos. «El albergue fue pensado para una corta o mediana estancia, digamos tres meses, seis meses, que era lo que antes duraba el trámite para una regularización migratoria en México», explica.
Hoy, la situación es distinta. «Actualmente, tenemos personas que llevan hasta un año». Vargas atribuye parte del problema a la saturación institucional. «La Comar está sobrepasada, porque no cuentan con el número suficiente de personas que puedan brindar la atención y en materia económica tampoco están en las mejores condiciones».
La prolongación de los trámites ha transformado la función de espacios que originalmente estaban pensados para alojar personas durante períodos breves. También ha modificado la experiencia de quienes llegan a Tapachula creyendo que permanecerán unas semanas y terminan pasando meses en la ciudad.
La espera en Tapachula tiene un punto de origen claro. Miguel Hernández, jefe de la Unidad Tapachula en Chiapas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), sitúa la fractura definitiva a partir de enero de 2025. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la cancelación de programas como CBP One dejaron a la deriva a miles de personas que se habían concentrado en el sur de México para conseguir una cita de ingreso a ese país.
«No se sabía qué era lo que iba a pasar», explica Hernández y recuerda cómo la fuerte concentración de migrantes y el desmoronamiento de la esperanza inicial consolidaron a Tapachula como una auténtica «ciudad cárcel».
Antes de que desapareciera dicha aplicación, Rodney, un joven cubano que llegó a finales de 2024 tras atravesar Centroamérica solo, decidió iniciar un trámite migratorio en México: «Yo dije: “En el caso de que quiten CBP One, al menos ya tengo un trámite adelantado acá”». Miguel Hernández relaciona esa percepción con procedimientos migratorios que resultan física y emocionalmente desgastantes: «pueden ser muy tardados, y no solo tardados, sino muy cansados».
Muchas de las personas que llegan enfrentan la ciudad sin información ni redes de apoyo, permanecen, a veces, en situación de calle durante los primeros días, sobre todo en el centro de Tapachula, un espacio que Miguel describe de «bastante hostil» por la presencia de actores criminales, vigilancia policial y operativos locales.
Rodney, joven cubano de 20 años que llegó solo a México a finales de 2024. Tras soportar extenuantes jornadas en la informalidad para costear habitaciones compartidas, logró obtener la residencia permanente, aunque la discriminación local sigue cerrándole puertas laborales.
En términos administrativos, muchas personas reciben únicamente «un oficio de diez días emitido por el Instituto Nacional de Migración», un documento temporal que les permite permanecer en el país mientras intentan iniciar algún trámite de regularización. La falta de documentación migratoria profundiza otras vulnerabilidades. «Para acceder a un empleo te piden un documento migratorio», señala Hernández. La suma de esperas prolongadas, falta de trabajo, obstáculos para regularizarse y riesgos de seguridad terminan dejando a muchas personas en condiciones de extrema fragilidad. «Mientras más vulnerabilidades haya —concluye Miguel Hernández—, las personas pueden quedar indefensas».
En el sur viven de la espera migrante
La prolongación de los trámites migratorios no solo mantiene a miles de personas en Tapachula durante meses. También ha modificado la forma en que sobreviven, trabajan y habitan la ciudad. Miguel Hernández describe una economía local con oportunidades limitadas incluso para la población mexicana. «No hay una industrias», explica.
Gran parte de las actividades económicas están relacionadas con el campo, la construcción, los servicios y el comercio informal. En ese contexto, conseguir empleo suele ser difícil para las personas migrantes que llegan sin redes de apoyo, sin recursos suficientes y con documentación temporal o en trámite..
Rodney conoció esa situación apenas llegó a Tapachula. Había salido de Cuba solo. No tenía familiares en México ni en Estados Unidos. Tampoco conocía la ciudad. «Todo lo tuve que ir aprendiendo en la calle», recuerda. Aprendió a moverse en combi, a identificar las colonias más accesibles para rentar una habitación y a orientarse en medio de procedimientos migratorios que desconocía por completo. También descubrió que encontrar trabajo tomaría más tiempo del esperado.
Durante semanas, recorrió distintos negocios en busca de empleo. Algunas empresas le pedían documentos que aún no tenía. Otras preferían no contratar extranjeros porque asumían que abandonarían el puesto si encontraban una forma de continuar hacia Estados Unidos.
La búsqueda coincidía con una realidad imposible de aplazar: había que pagar alojamiento, transporte y alimentación. La espera también tiene una dimensión territorial.
Miguel Hernández explica que muchas personas sienten que Tapachula funciona como una especie de encierro administrativo. Los retenes migratorios instalados en distintas carreteras del sur del país generan temor entre quienes todavía no han resuelto sus documentos. «Las personas se sienten atrapadas», afirma. «Salir puede ser complicado».
La sensación aparece constantemente en las conversaciones con personas migrantes. La residencia permanente, el reconocimiento de la condición de refugiado o cualquier documento que permita una movilidad más amplia suelen convertirse en objetivos inmediatos. Mientras eso ocurre, la vida continúa concentrándose en Tapachula. Humberto comenzó a notarlo con el paso de los meses.
Obras viales y trabajadores en las calles de Tapachula. Ante la falta de industrias formales y redes de apoyo, la construcción y el trabajo eventual se convierten en las pocas vías de supervivencia diaria para los migrantes retenidos en la ciudad.
Al llegar, desconocía las rutas de transporte y las tarifas que se cobraban en la ciudad. Recuerda haber pagado cantidades excesivas por trayectos relativamente cortos. «Por un pedacito, te cobran 100 MXN (6 USD) o más». Con el tiempo, entendió que buena parte de la actividad económica vinculada a rentas, transporte, hospedaje y alimentación dependía de las miles de personas que permanecían en la ciudad en espera de resolver su situación migratoria. «Aquí quienes le pagamos a ellos somos nosotros».
La observación se repite en distintos testimonios. Personas que llegaron pensando que permanecerían unas semanas terminaron convirtiéndose en clientes permanentes de cuartos de renta, fondas, transporte público, cibercafés y pequeños comercios que forman parte de la economía cotidiana de Tapachula.
La vivienda representa uno de los gastos más difíciles de sostener cuando los procedimientos migratorios se prolongan durante meses. Rodney recuerda las habitaciones compartidas entre numerosas personas migrantes. «En una renta ponían hasta 11, nueve, diez personas». Cada una aportaba alrededor de 2 500 MXN mensuales (143 USD) para cubrir el alquiler.
La distribución de los espacios respondía menos a una decisión personal que a una necesidad económica. Compartir habitaciones permitía reducir gastos en una ciudad donde conseguir empleo estable resultaba complicado. Sin familiares que pudieran enviarle dinero desde Estados Unidos, Rodney dependía exclusivamente de los ingresos que lograra generar por sí mismo. La espera administrativa avanzaba al mismo ritmo que las obligaciones económicas.
Iraín llegó a Tapachula en octubre de 2025. Tiene 60 años. En Cuba, trabajó durante años en la construcción. Al llegar a México intentó continuar en ese oficio. «Somos muchas personas buscando una plaza, compitiendo por un puesto de trabajo». La competencia aumentó conforme creció la cantidad de personas migrantes que permanecían en la ciudad, incluidas muchas que habían sido deportadas desde Estados Unidos y buscaban oportunidades laborales.
Durante una entrevista telefónica, Iraín contó que compartía habitación con otro cubano retornado desde Estados Unidos. Ambos acababan de regresar de trabajar bajo el sol en una azotea de Tapachula. El cansancio se escuchaba en la conversación. Por momentos, uno de ellos apenas podía mantenerse despierto. En poco más de seis meses, Iraín había pasado por ocho trabajos distintos. Los empleos terminaban. La búsqueda siempre comenzaba.
A diferencia de otras personas que continúan pensando en llegar a Estados Unidos, Iraín asegura que le gustaría permanecer en México. «Yo quisiera quedarme aquí, me gusta, ante todo el idioma». La estabilidad, sin embargo, sigue dependiendo de una resolución migratoria que todavía no llega.
Meses después de arribar a Tapachula, Rodney consiguió trabajo como recamarista en un motel. Aceptó porque necesitaba ingresos. Las jornadas alcanzaban las 12 horas y tenía un día de descanso después de 11 jornadas consecutivas de trabajo. «Nunca podía decir que no». La frase aparece varias veces durante la entrevista. «Tenía que pagar renta, tenía que comer, tenía que resolver». El empleo le permitió mantenerse durante una parte importante de su estancia en Tapachula, aunque no eliminó la incertidumbre asociada a los trámites migratorios. La resolución seguía pendiente. Los gastos seguían llegando. El tiempo seguía acumulándose en firmas, comparecencias y documentos en espera.
Después de más de un año logró obtener la residencia permanente. El documento resolvió una parte del problema. La búsqueda de empleo continuó presentando obstáculos. «Aunque tengas residencia, las empresas aquí en Tapachula no te quieren contratar». La frase resume una experiencia compartida por muchas personas migrantes: conseguir documentos es una condición necesaria para acceder a mejores oportunidades laborales, aunque no siempre resulta suficiente.
Para quienes permanecen atrapados durante meses en Tapachula, la espera es mucho más que un expediente migratorio. Organiza la forma en que trabajan, dónde viven y cuánto dinero necesitan reunir cada semana para seguir adelante mientras llega una respuesta.
A este panorama, se suma el deterioro general de las condiciones de seguridad en la región. Miguel, de Chirla, recuerda que en años recientes organizaciones y personas migrantes comenzaron a identificar «situaciones complejas en términos de seguridad y de presencia de grupos criminales». Menciona también los ataques directos contra defensores de derechos humanos, como los ocurridos contra el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, hechos que incrementaron la preocupación entre quienes acompañan a la población migrante. «Siempre está ese miedo patente», afirma Hernández. «Sabemos que podemos ser blanco de ataques».
Esa hostilidad también se ha manifestado en una reconfiguración de los espacios públicos urbanos encaminada a invisibilizar el fenómeno. Joana Vargas recuerda que Tapachula vivió transformaciones físicas radicales con ese objetivo. «Hubo una limpieza muy grande, remodelaron el parque central; antes estábamos muy acostumbrados a ver campamentos afuera de migración y de la Comar, y desaparecieron».
Los migrantes cubanos atrapados en Tapachula parecieran no importarles a nadie. Mientras el mundo gira, ellos están allí, estáticos, en la ciudad del sur mexicano que es una cárcel a cielo abierto.
