Guayacanes es un pequeño pueblo de Majagua, Ciego de Ávila, marcado por una línea de ferrocarril y su proximidad a la maltrecha carretera central que atraviesa parte de la isla. A 18 kilómetros de la capital provincial, y con menos de 4 000 habitantes, hay varios mitos que rodean el área: el Charco del Güije, la Vieja de los Perros del Barrio de las Yaguas, La Llorona de los cañaverales, El Jinete sin cabeza… pero, sobre todo, parece ser un pueblo donde no ocurre nada, o casi nada. 

La aparente calma de Guayacanes se rompió el 25 de febrero de 2024, cuando Raquel «Mery» Arriera Álvarez, de 22 años de edad, fue asesinada por el padre de sus dos hijos, de acuerdo con reportes de los observatorios independientes de Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas (OGAT). 

Diez días antes, OGAT reportó la muerte de Yusmila Mayo Ruiz, una madre de 37 años, a manos de su pareja. El hecho tuvo lugar en Omaja, un consejo popular ubicado en el municipio de Majibacoa, provincia Las Tunas. Un pueblo rural, fundado por metodistas estadounidenses en el siglo XX al estilo Wild West, con no más de 7 000 habitantes. 

Al cierre de este artículo, los subregistros de OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba han podido confirmar 51 casos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2024. Asesinatos «con tendencia de crueldad extrema sobre los cuerpos de las mujeres». Poco más de la mitad de los crímenes con sesgo de géneros reportados por la sociedad civil independiente en 2023. 

El pasado año cerró con la alarmante cifra de 89 asesinatos de mujeres, según los datos aportados por observatorios independientes. Una mujer asesinada cada cuatro días y medio, como promedio. El Gobierno solo reconoció 60 feminicidios (casos juzgados) para el mismo período. 

A raíz de los datos independientes de 2023, la agencia de noticias EFE hizo una caracterización de la violencia machista en la isla. El perfil de las víctimas suele ser: mujer de 37 años, con ―al menos― un hijo, asesinada por su expareja y residente de una zona rural. El lugar de residencia es un factor importante, más cuando puede definir una mayor vulnerabilidad o desprotección para las víctimas. 

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Cuba se sometió el 18 de octubre en Ginebra, Suiza, a la evaluación de 23 especialistas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). La anterior revisión de la isla había sido una década antes, en 2013, debido a que el Gobierno no presentara el informe correspondiente a 2017. 

El examen periódico analiza los avances y desafíos de los estados en cuanto a protección de los derechos de las mujeres y promoción de la igualdad de género. El comité recoge informes de los Gobiernos y miembros de la sociedad civil para emitir las recomendaciones y observaciones correspondientes. 

Entre las observaciones hechas por el comité, se cita el limitado acceso de las mujeres a la tierra, la tecnología agrícola, la educación y los servicios de salud ―incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva―. Su alta presencia en puestos no remunerados y tareas de «apoyo» a la producción. 

Esta no es la primera vez que el Cedaw emite preocupaciones similares al Gobierno cubano. 

Cedaw reconoce violencia estatal contra activistas y periodistas independientes en Cuba

En los últimos años, ha crecido el número de activistas obligadas a exiliarse y al menos 119 mujeres sufren prisión política y malos tratos en la cárcel.

Para Yenisei Bombino, socióloga y profesora de la Universidad de La Habana, diferentes factores estructurales y culturales ―propios de las comunidades rurales― inciden en condiciones de mayor discriminación hacia los cuerpos feminizados. 

En el ámbito rural en Cuba ―como en otras partes del mundo― predomina una división sexual del trabajo que cataloga a las mujeres como «ideales» para las labores domésticas. Mientras que la producción agropecuaria, principal fuente de empleo, ha sido un sector históricamente vinculado a «lo masculino». Los datos oficiales así lo demuestran. 

Las mujeres tienen una baja presencia en la gestión y el control de la tierra en Cuba. A pesar de conformar el 46 % de la población rural en el país, de acuerdo con el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, en 2023 solo el 22.6 % de quienes poseían tierras agrícolas en el país eran mujeres. Y más de la mitad alcanzaba la titularidad una vez sobrepasado los 65 años. La Encuesta Nacional de Ocupación de 2022 ―publicada en 2023― indicó que solo un 18.5 % de las personas que se dedican a la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, en la isla, eran mujeres. 

Y en 2019 ya se hablaba de más de un 60 % de las cubanas en los campos sin vínculo laboral formal. Una mayor concentración de mujeres en la economía informal y en tareas de cuidado del hogar y la familia. 

En el entorno rural prevalecen las relaciones de dependencia económica de las mujeres con las figuras masculinas ―dígase, cónyuges, padres, etcétera―, a lo largo de su vida; a veces sin disponer siquiera de pensiones, una vez alcanzada la edad de jubilación. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF-2022) evidenció que el porcentaje de casadas, o que mantenían una unión estable antes de cumplir los 18 años, en entornos rurales era de 25.8 % sobre el 20 % de áreas urbanas. La dependencia propicia la violencia económica y dificulta a las víctimas de las diferentes formas de violencia de género (vicaria, psicológica, física, sexual y demás) salir del ciclo. 

Durante el Informe de Desarrollo Humano de 2019, un 17 % de las mujeres en comunidades rurales cubanas reconoció haber sido víctima de violencia. 

En situación de aislamiento y dependencia, las mujeres rurales están entre quienes más necesitan una red de refugios, que no existe en el país. Los refugios para mujeres en situación de violencia ―en todo el país― ha sido una demanda histórica de la sociedad civil independiente que aún no tiene respuesta por parte del Gobierno. 

La brecha digital ―dificultad del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones― aleja a las sobrevivientes un poco más de los pocos recursos de sensibilización y atención con que cuenta Cuba; incluidos aquellos gestionados por la sociedad civil independiente, que, en su mayoría, son virtuales. La encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), aplicada en 2019, señala mayores habilidades en el uso de las TICs en mujeres que residen en zonas urbanas. 

Por ello, Cedaw instó al Gobierno cubano a eliminar los obstáculos al acceso de las niñas y las mujeres a Internet. Así como, las trabas para que las mujeres puedan acudir a las instituciones jurídicas. 

«Esa no soy yo». Denuncias de violencia digital en Cuba

Una denuncia ciudadana alertó a elTOQUE sobre The Boobs Project, un perfil de Instagram que usa Inteligencia Artificial para crear pornografía con fotos públicas. Sus administradores amenazan con incluir los datos de quienes denuncien en una base. La denuncia levantó varias interrogantes sobre cómo se regula la violencia digital sexual en la isla. 

«Lo rural» está marcado por comunidades remotas y desatendidas, con limitadas estructuras judiciales; donde los costos legales y de transportación, en la mayoría de las ocasiones, dificultan las denuncias de violencia de género. De acuerdo con el Subsistema de Información Estadística del Tribunal Supremo, en 2023 se juzgaron 80 casos de violencia sexual en zonas rurales; menos del 40 % de los incidentes de esta tipología en todo el país. 

Tal como hiciera en 2015, el comité internacional volvió a plantear la necesidad de abrir tribunales móviles, la urgencia de asistencia jurídica gratuita y el reembolso de los costos de transporte. También recalcaron el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, cuando el Gobierno no puede dar respuesta inmediata. 

Pero sabemos que los esfuerzos de la sociedad civil independiente son limitados, al trabajar bajo el constante hostigamiento del Gobierno y sus órganos represivos. La criminalización ha llevado a la desarticulación de algunos grupos y limita el acompañamiento brindado a víctimas de violencia de género. Pocas manos, pocos recursos. 

«Mientras no existan instituciones fortalecidas que legislen y sean espacios de asesoramiento, acompañamiento y defensa, es difícil que puedan salir de esa situación. Mientras no existan servicios de apoyo a la familia, tampoco. Hay que generar cambios en las vidas de mujeres y hombres rurales para evitar relaciones de violencia de género», señala Bombino. 

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Durante el encuentro en Ginebra, el pasado octubre, Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra de Cuba, habló de «esfuerzos» gubernamentales para combatir las discriminaciones contra los cuerpos feminizados. La funcionaria se refirió a la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, del Programa de Adelanto de la Mujer, el Decreto Ley sobre la Maternidad de las Mujeres Trabajadoras, el Código de las Familias y otras normativas incluidas dentro del cuerpo legislativo nacional en los últimos tiempos. 

La Federación de Mujeres Cubanas es el «órgano rector» de las políticas de género; encargado de promover ―supuestamente― los derechos de la mujer en Cuba, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR). Pero ambas entidades han admitido tener escaso personal para cumplir con esta función, en especial en áreas más apartadas. 

«El tratamiento a las víctimas y a los agresores no está declarado como programa en las instituciones de salud ―como por ejemplo los Centros Comunitarios de Salud Mental― y el trabajo que se realiza tiene lugar en lo fundamental en las capitales provinciales, ya que en las comunidades alejadas de los centros urbanos cubanos la realidad es otra por el trabajo desacertado, empírico y sin preparación de la FMC en esos espacios», señala la socióloga Yuliuva Hernández en la revista brasileña Estudos Feministas.

Mientras tanto, las cifras de feminicidios en el país se mantienen altas. Las más de 200 muertes de mujeres por motivo de género desde 2019 ―año en que abrieron los observatorios independientes― demuestran que los programas impulsados por el Gobierno no han sido eficientes o, por lo menos, tienen grandes vacíos. 

Engañoso: «En Cuba de cada 100 delitos violentos, tres son agresiones sexuales»

¿Qué porciento de los delitos denunciados con rasgos de violencia corresponden a agresiones sexuales en Cuba? Según fuentes oficiales, solamente el 3 %. ¿Es cierto?

Siguen en deuda los refugios para mujeres en situación de violencia, acceso a empleos y viviendas dignas; funcionarios que no revictimicen, que acompañen; estrategias institucionales que ―según los contextos y las víctimas― ofrezcan apoyo, atención y orientación efectiva. Espacios e instituciones que trabajen en pro del crecimiento económico, cultural y social de las mujeres. 

De lo contrario, los relatos de violencia y feminicidios seguirán siendo parte de la cotidianidad de las comunidades rurales cubanas.