Foto: Facebook Casa de Cultura Fernando Boytel
Sobrevivientes de abuso sexual infantil exigen seguridad para menores de edad en la Casa de Cultura Fernando Boytel
6 / marzo / 2025
Ramón Caballero Castillo, exdirector del grupo de teatro infantil Meñique, abusó sexualmente de cuatro niñas, cuyas familias denunciaron el caso en 2005. Tras ser procesado, cumplió seis años en prisión. Dieciséis años después, alrededor de 2021, regresó a trabajar en la Casa de Cultura del poblado El Cristo, en Santiago de Cuba, donde anteriormente radicaba la compañía y ocurrieron algunos de los delitos por los que fue condenado. Dos sobrevivientes que pidieron anonimato contactaron a elTOQUE para contar su historia. Temen por la seguridad de las y los infantes que reciben clases en esa institución. En las semanas en las que se escribió este reportaje, Ramón Caballero fue expulsado de la Casa de Cultura, luego de cuatro años de su readmisión.
El texto describe hechos de violencia sexual que pueden resultar sensibles para sobrevivientes y familiares.
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Luego de la denuncia, en la Casa de Cultura nunca se acercaron. Y los maestros en la escuela, tampoco. Nunca se habló de ese tema.
Camila
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CAMILA
Cuando Camila tenía 10 años comenzó en la compañía de teatro musical infantil Meñique, en la Casa de Cultura Fernando Boytel, ubicada en el poblado El Cristo, Santiago de Cuba. Era 2003. Los niños y las niñas de Meñique estaban bajo la dirección de Ramón Caballero Castillo ―alias Monguito―, un señor de 40 y tantos años, apariencia seria y respetuosa, y cierta habilidad con las palabras, según describen varios de los testigos y las sobrevivientes entrevistadas para este reportaje.
Desde el apartamento en el que reside en Europa, Camila ―quien ahora tiene 31 años― cuenta: «Asistía a las clases con Ramón de lunes a viernes, después de la escuela. No recuerdo cuándo los abusos empezaron, pero tengo en mi mente una imagen muy clara; la vez que fuimos a San Luis a su casa. Ahí no llevaba a todas las niñas de la compañía. Solo a dos o tres. Solíamos dormir juntos en la misma cama; todos. Esa vez estábamos otra niña y yo. Agarró mi mano para que rozara su pene en mis partes y también la de la otra niña para que sintiera lo que me estaba haciendo. Ambas tendríamos unos 11 años».
A veces Ramón conseguía llevar a Camila a la vivienda de San Luis, donde abusó sexualmente de ella varias veces. Camila recuerda el lugar como una casa vieja y en muy mal estado. No le contó a nadie lo que sucedía y si no hubiera sido por las otras niñas que denunciaron, ella nunca lo habría hecho. «Mi mamá era demasiado estricta y violenta conmigo. Esperaba que yo fuese perfecta. Estar en Meñique era una manera de escapar de los problemas de mi casa y de conocer lugares bonitos ―comenta―. Él intentaba ser como un padre. En mi mente de niña no entendía que lo que estaba pasando era algo muy malo».
La compañía la integraban una veintena de niñas, además de dos varones. La media de edad rondaba los 10 años. Nunca había ningún otro adulto para acompañarlos. Tampoco en las clases en la Casa de Cultura Fernando Boytel. En vacaciones y semanas de receso escolar se trasladaban a otras provincias del oriente del país.
Los viajes que relata Camila duraban varios días. Uno de los destinos recurrentes era Cayo Saetía, en Holguín, donde se ubica el campamento de pioneros conocido como La Isla de los Niños. Los campamentos pioneriles fueron una iniciativa de Fidel Castro como espacios de recreo y de adoctrinamiento político para las infancias. El de Cayo Saetía ―creado por órdenes de su hermano Raúl Castro y de Vilma Espín― fue uno de los lugares en los que Camila sufrió los abusos de Ramón. «Él entraba a los baños con las niñas. Nos bañaba y nos manoseaba», relata. Episodios similares ocurrieron en el Campamento de Siboney y en el de Manzanillo.
Las visitas a los campamentos de pioneros eran planes vacacionales que Ramón Caballero gestionaba con esas instituciones. Camila dice que pocas veces hicieron presentaciones de teatro durante los viajes. «¿Cómo ese hombre conseguía ir a tantos lugares?, no sé; pero hay quien dice que él es informante de la Policía». Otras tres fuentes de esta historia también afirman que los privilegios de los que gozaba Caballero Castillo se debían a que tenía vínculos con la Seguridad del Estado.
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A finales de enero de 2025, la organización feminista independiente YoSíTeCreo (YSTC) denunció la falta de transparencia estatal sobre personas procesadas por delitos sexuales y que luego son puestas en libertad, al tiempo que exigió mayor protección para las infancias en Cuba. El motivo de la alerta fue una fotografía del exboxeador Félix Savón que circuló en redes sociales y en la que aparecía junto a menores de edad en una fiesta familiar. Savón fue sentenciado por delitos sexuales contra infantes en 2018 y disfruta de libertad condicional desde finales de 2024.
Pese a la gravedad de los hechos y de tratarse de una figura pública, cuando el exatleta fue procesado, la prensa estatal guardó silencio. Las autoridades tampoco ofrecieron respuesta clara ante los abusos sexuales cometidos por Savón, una personalidad pública alineada con sus intereses. Ni lo hicieron ―al menos en primera instancia― cuando en 2021 el medio independiente El Estornudo publicó un reportaje que revelaba los abusos sexuales cometidos por Fernando Bécquer, trovador y aliado del castrismo, contra varias mujeres y niñas. Bécquer fue sentenciado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento, hasta que más tarde lo recluyeron por incumplir con las condiciones que le permitían conservar su libertad.
Un año antes del escándalo del trovador, el Informe nacional sobre trata de personas de 2020 indicó que en ese período 2 145 menores de edad fueron víctimas de presuntos hechos de abuso sexual. Cinco años atrás (2015), el país reportaba estadísticas similares: 2 274 niñas y niños abusados, de acuerdo con el Informe de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño correspondiente a 2017.
En 2020, los delitos se clasificaron de la siguiente manera: 1 116 (52.03 %) abusos lascivos; 317 (14.79 %) casos de corrupción de menores; 331 (15.44 %) violaciones; y 220 (10.26 %) ultrajes. El resto (7.48 %) correspondió a otras formas de abuso. Lo números significan que, al menos, cada cuatro horas un niño o una niña es abusado en Cuba. Las estadísticas pudieran ser aún más alarmantes debido a que solo uno de cada cuatro casos se denuncia, según una investigación del jurista cubano Lázaro Enrique Ramos.
Los datos de los reportes de trata de personas forman parte de la escasa estadística pública que ha revelado el Gobierno. Ni la Fiscalía General de la República ni el Tribunal Supremo Popular ni Medicina Legal ni el Ministerio de Salud aportan información sistemática que pueda ser consultada por la ciudadanía.
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Hace cuatro años, aproximadamente, Ramón regresó a trabajar a la Casa de Cultura de El Cristo. Un tiempo después, Camila y otra sobreviviente lo denunciaron en redes sociales. «Le escribí a Unicef, a la dirección provincial de Cultura y al Gobierno de Santiago de Cuba. Unicef me indicó redirigirme a las autoridades provinciales, pero nadie me escuchó», se lamenta Camila.
De las puertas que tocó, solo YSTC decidió acompañar la denuncia y visibilizar el caso en abril de 2022, además de otros medios de prensa independiente. La organización explica a elTOQUE que, con la publicación, intentaban presionar para que los responsables intervinieran o para que «se activara la denuncia penal correspondiente». Pero la Casa de Cultura de El Cristo no está obligada a seguir un protocolo que no existe, apuntan las activistas.
Cuando YSTC publicó lo que ocurría en Fernando Boytel, «hicieron como que habían sacado a Ramón. El paripé duró una semana y luego lo reincorporaron a trabajar nuevamente», afirma Camila.
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En 2005 —año en el que procesaron a Ramón Caballero Castillo— estaba vigente el Código Penal de 1987. La legislación disponía que los maestros o encargados en cualquier forma de la educación o dirección de la juventud culpables de los delitos por los que Ramón fue condenado se les imponía la «prohibición permanente para el ejercicio del magisterio o de cualquier otra función de dirección de la juventud». El Código Penal actual mantiene iguales prohibiciones para personas procesadas por actos como los que Ramón cometió.
Sin embargo, más allá de las sanciones que contempla el Código, los protocolos de actuación institucional ante denuncias y luego de la investigación de casos de violencia sexual no están claros. Tampoco existen programas docentes que incorporen en el currículum la perspectiva de derechos de las infancias ante las distintas formas de violencia, según reconocen más de 200 estudios realizados en universidades cubanas entre el 2000 y 2020, sistematizados por Clotilde Proveyer Cervantes.
Estas investigaciones constataron escasa preparación de profesores, de autoridades educativas y de familiares para detectar y prevenir la violencia contra las niñas y los niños, y destacaron la prevalencia de imaginarios sexistas. Por otro lado, el Reglamento Escolar —dispuesto en la Resolución 357 de 2015 de Ministerio de Educación— no refiere nada en relación con los derechos de las infancias frente al abuso sexual.
La ausencia de estos mecanismos en los centros educativos ha sido denunciada por YSTC y MeToo Cuba, una plataforma creada en 2023 para apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual en Cuba. También ha sido expuesta en reportajes de prensa independiente, como el que publicó El Estornudo en marzo de 2024 sobre los abusos en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.
En respuesta a la falta de protocolos, MeToo propone una mayor cooperación entre instituciones, como fuerzas de seguridad, servicios sociales y sistemas educativos. Además, plantea reforzar los controles en el sistema judicial y penitenciario con seguimiento para los agresores tras la excarcelación y órdenes automáticas de alejamiento de las víctimas y en zonas infantiles.
Ante las demandas de la sociedad civil cubana y agrupaciones feministas, el Gobierno ha hecho oídos sordos. Entre las negativas más recientes destaca la de 2021, cuando el régimen echó el freno a un proyecto que buscaba actualizar el Programa de Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y de Derechos Sexuales vigente desde 2011.
La nueva versión fue propuesta por la Resolución 16/2021 del Ministerio de Educación (Mined), que daba luz verde al Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Uno de los objetivos de la actualización apuntaba a la prevención de la violencia sexual desde los entornos educativos. La justificación para evitar sacarlo adelante fue la falta de papel para imprimir, pero lo cierto es que la iniciativa contó con una fuerte oposición de sectores religiosos conservadores. Más tarde, el Programa quedó archivado de forma indefinida.
Aunque el discurso oficial habla de una incidencia baja de la violencia sexual infantil y supone que la implementación del nuevo Programa puede esperar, en 2023, el Mined reportó episodios de abuso sexual en el 41 % de los municipios del país y 53 víctimas menores de edad. En total, se denunciaron 215 presuntos delitos en centros escolares, de los que fueron confirmados 37: abusos lascivos (20), acoso sexual (12), violación (2) y corrupción de menores (3). Como consecuencia, se aplicaron 40 medidas disciplinarias, incluidas seis de tipo penal.
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Cuando todo se supo, nos maltrataron en la calle. Nos miraron mal. Monguito era la persona perfecta, el protector. Mucha gente dudó de nosotras.
Brenda
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BRENDA
Brenda estuvo en Meñique de forma intermitente entre 2001 y 2005. Comenzó a los 8 años. Ahora tiene 32. Dice que los padres le tenían mucha confianza a Ramón. Nadie dudaba de su buena fe cuando les decía a las familias que las niñas no podían salir a fiestas ni estar en la calle a ciertas horas. Impuso una especie de reglamento en el que estaba prohibido pintarse las uñas o ponerse ropa que él considerara corta, «porque: “imagínense, él era un hombre”», ―señala Brenda en referencia a las palabras que usaba Ramón―. «A nosotras nos decía que no había nada de malo en que él entrara al baño porque él no nos miraba con ninguna mala intención».
«Camila me contó que la tocaba. Una vez fuimos a Sancti Spíritus. Yo tenía 10 años y se me quedó mi sábana. Por eso, iba a dormir con Camila y unimos las camas. Él se acostó junto a las dos. Empezó a tocar a Camila y a hacer que yo mirara. Quiso hacerme lo mismo y yo discutí con él. Le dije que no, que yo no quería. Y me mandó “para la pinga”. Otra muchacha mayor que nosotras y que también fue invitada, me acogió. Sabía lo que él hacía y me dijo que podía dormir con ella».
En un viaje a Cayo Saetía, Brenda volvió a resistirse ante los intentos de Ramón de dormir con ella y con Camila. En otra ocasión, Ramón entró en el cuarto de Brenda. Apenas amanecía. La llevó al exterior, la pegó contra una pared y la tocó. Después, Brenda se fue del grupo. Pero Ramón la fue a buscar a la escuela y a la casa, y sus padres la mandaron de vuelta.
«Se aparecía en la escuela y decía que venía el festival de pioneros y que yo tenía que participar porque era la solista ―narra Brenda―. Los profesores y directivos me decían que fuera. Yo me quitaba y me obligaban a volver. En esas idas y venidas, me mandaba recados con las niñas del grupo. Una vez me dijo que él prefería darme una “mamaíta” a mí, antes que metérsela a Viviana*».
Fue un ciclo que se repitió durante cuatro años. Algunas veces, Brenda volvía a Meñique porque no quería dejar sola a Camila. Ramón se mostraba como un hombre de confianza ante los padres de Brenda y también de los profesores. Al finalizar las clases en la Casa de Cultura, solía llevar de regreso a la niña a su casa y varias veces a la semana se sentaba a la mesa a comer con la familia.
«Una vez insistió en que yo fuera a un ensayo en la Casa de Cultura. Cuando llegué, él estaba solo, sentado en el piano. Sabía lo que iba a pasar porque lo había hecho antes. Me bajó la ropa interior, se sacó el pene, me toqueteó y empecé a llorar. Le dije que me quería ir. Fue la última vez que abusó de mí», relata.
Después de ese episodio, Brenda le contó a una antigua profesora suya que no quería ir más a Meñique porque Ramón la había intentado tocar. Brenda no dio más detalles. Tuvo miedo de contar la verdad. Cuando él fue a la escuela, la profesora le dijo que si volvía a aparecer iba a llamar a la Policía.
Camila y Brenda abandonaron el grupo a la vez. A los pocos meses, otras niñas contaron que habían sido abusadas por Ramón y se inició la denuncia penal en 2005.
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Las víctimas de abuso sexual en Cuba suelen ser, en su mayoría, niñas; mientras que nueve de cada diez victimarios son hombres. Así ha sido la tendencia entre 1974 y 2016, según revela un estudio jurídico sobre sentencias penales en el país, y que coinciden con el comportamiento del fenómeno a nivel global. El análisis arrojó un total de 113 sentencias relacionadas con delitos sexuales en ese período. Este primer dato, que podría parecer bastante bajo ―como reconoce el autor―, concuerda con la idea de que la incidencia real es más alta, pero se encuentra opacada por la falta de denuncia.
MeToo Cuba expone que el miedo a denunciar hace que muchas sobrevivientes de abuso sexual infantil permanezcan en silencio durante años e, incluso, décadas. Las expertas entrevistadas coinciden en que el temor está ligado con la vergüenza, la culpa, el miedo a no ser creídas y la dificultad para identificar o nombrar la violencia, en medio de un sistema social patriarcal. La mayoría de los agresores suelen ser personas cercanas y de autoridad, con quienes las víctimas pueden tener vínculos afectivos, lo que impacta en su capacidad para reconocer la agresión y denunciarla. En Cuba, el 75 % de quienes violentan sexualmente a terceros tienen un vínculo previo con la víctima.
La ausencia de educación sexual integral y la falta de protocolos efectivos de detección y apoyo agravan la problemática. Muchas personas que sufren abusos no tienen las herramientas para comprender lo que han vivido o identificar dónde buscar ayuda. La falta de espacios seguros para hablar y recibir acompañamiento también contribuye al silencio. En Cuba, la educación para prevenir el abuso sexual infantil es casi inexistente.
La revictimización aumenta en los casos en que existen relaciones de asimetría o dependencia debido al poder familiar o económico del agresor. En el caso cubano, los lugares más comunes en los que se comete el delito son la casa de la víctima, la del agresor o donde ambos conviven. El 45.1 % de las veces, las personas que sufrieron alguna agresión o abuso fueron expuestas a revictimización.
El acceso a la justicia por parte de las sobrevivientes implica múltiples barreras, como procesos judiciales prolongados y ausencia de medidas de acompañamiento efectivas, apunta YSTC. Por su parte, MeToo Cuba señala que algunas familias denuncian que los agresores, incluso tras cumplir condenas irrisorias, siguen acosando a sus víctimas con total impunidad. Otras optan por el silencio ante el estigma y la falta de protección real.
LA DENUNCIA
Como resultado de las averiguaciones policiales, cuatro niñas —incluidas Camila y Brenda— confirmaron haber sido abusadas por Ramón. En Medicina Legal, el equipo de expertos dio parte a la familia de que Camila tenía secuelas físicas de haber sufrido abusos sexuales con penetración.
«Nos abrieron las piernas. Tres médicos mirando. Fue horrible. Cuando le tocó a Camila, la doctora a cargo se indignó y dijo que tenían que traer a todas las niñas del grupo», dice Brenda.
Otra de las pruebas que reforzó el testimonio de las niñas denunciantes fue un juego de barajas pornográficas que Ramón escondía dentro de un ventilador en su casa. La Policía encontró el juego de cartas justo donde las sobrevivientes habían indicado.
Cuando se supo lo que Ramón hacía, Brenda y Camila recibieron recados de otras niñas mayores de la compañía para que se retractaran de haberlo acusado. Incluso, la Policía citó a ambas para interrogarlas por unas cartas falsificadas. En las supuestas cartas, ellas afirmaban que se arrepentían de haber mentido.
«Nos atacaron mucho. Algunos padres decían que era mentira y nos miraban mal en la calle. Él aparentaba ser un hombre con una moral muy alta. A la gente le costó creer que era un pedófilo», afirma Brenda. Las dos recuerdan que en su séptimo grado sacaron notas muy malas porque el año escolar transcurrió para ellas entre interrogatorios y visitas a la Policía.
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En Cuba existen tres Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Cpnna) ubicados en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. Son gestionados por el Ministerio del Interior (Minint) y atienden a infancias víctimas de violencia sexual. Los Cpnna reciben a los menores de edad afectados para recopilar su testimonio. En estos casos —y de acuerdo con la Ley del Proceso Penal y la Instrucción 173/2003 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular— la declaración se graba en audio y video con el propósito de evitar que las niñas, los niños y los adolescentes comparezcan en los juicios orales, salvo en casos en los que sea estrictamente necesario.
En las provincias donde no existen Cpnna, la atención se canaliza a través de los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores (Ceaom) y de los psicólogos de equipos multidisciplinarios de las áreas de Salud.
Entre los cambios introducidos en el sistema penal en años recientes destaca la implementación de una Estrategia y un Protocolo de actuación con perspectiva de género dirigido al sistema de Tribunales. Ambas directrices, en vigor desde 2022, regulan el tratamiento a las personas víctimas de abusos sexuales, incluidos los menores de edad. En el Protocolo, se pauta el deber ser de los procesos de exploración física y toma de testimonio en el caso de niñas y niños que hayan sido víctimas o testigos de delitos.
No obstante, la atención a las sobrevivientes de abuso sexual infantil no resulta óptima. YSTC subraya que como solo tres provincias cuentan con Cpnna, en muchos casos los menores de edad y sus familias que residan en otros territorios deben trasladarse hasta La Habana, Villa Clara o Santiago de Cuba para recibir atención especializada. Además, advierte sobre la falta de protocolos específicos para la protección de las infancias en las etapas iniciales de la denuncia.
Otros retos señalados por las organizaciones feministas apuntan la necesidad de ampliar los servicios especializados, así como la capacitación constante del personal judicial y médico. Asimismo, demandan la creación de mecanismos efectivos para brindar acompañamiento jurídico y psicológico a las sobrevivientes.
Entre los reclamos más importantes figura la ley integral contra la violencia de género en Cuba, a la que el régimen le ha dado la espalda. Así ocurrió la primera vez que la propuesta salió a debate público en 1999 y también 20 años más tarde, cuando se intentó elevar la iniciativa al Parlamento. El cronograma legislativo de la Asamblea Nacional hasta 2028 no contempla la iniciativa.
Los documentos rectores en materia de violencia basada en género a nivel de país son la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Entorno Familiar y el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, pero ninguno de ellos tiene carácter de ley. La decisión del Gobierno condena a la isla a ser el único país del hemisferio occidental sin una ley de este tipo, mientras se criminaliza, persigue y se fuerza al exilio al activismo feminista.
EL JUICIO
El día que se dictó sentencia en 2005, afuera del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, hubo familiares y niñas de la compañía, muchas de ellas para apoyar al director. A Ramón Caballero Castillo lo condenaron a 15 años de prisión por abusos lascivos y corrupción de menores, aun cuando los expertos de Medicina Legal le dijeron a la madre de Camila que su hija había sufrido agresiones con penetración.
La madre de Brenda asegura que los primeros resultados de las pruebas realizadas a las niñas los botaron y tuvieron que repetirles el procedimiento. «Ese hombre tuvo mucha gente que lo ayudó desde dentro, lo que demuestra fisuras y corrupción dentro del sistema». Además, para las testimoniantes el modus operandi de las instituciones de justicia reafirmó sus teorías de que el acusado era «chivato o informante».
Ramón cumplió seis años en prisión. Fue liberado a finales de 2011 por buen comportamiento, cuando el Gobierno de Raúl Castro indultó a más de 2 900 reos porque el Papa Benedicto XVI visitaría la isla al año siguiente.
«Él me mandaba cartas desde la prisión, pero nunca se lo dije a mi mamá ni a mi papá», cuenta Brenda.
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El Código Penal vigente, aprobado en 2022, tipifica varios delitos de índole sexual como la agresión, el abuso, el acoso, el ultraje, el estupro y el incesto. Las penas para quienes incurran en el delito de agresión sexual (acceso carnal por vía oral, anal o vaginal) contra menores de 12 años es de 15 a 30 años, incluso contempla la privación perpetua de libertad.
Sin embargo, tan solo el 25.1 % de las sobrevivientes cree que la privación de libertad sirve para corregir o readaptar a los delincuentes sexuales; mientras que tres de cada cuatro personas abusadas cuestionan la función preventiva y de inclusión social que debe acompañar las penas para los victimarios.
«El marco sancionador, en comparación con otros delitos, no es justo. Una vez que se cumple la condena, no hay medidas de seguimientos para evitar que el agresor reincida. Muchas veces regresa cerca de la víctima y su familia», argumenta YSTC. La activista Marta María Ramírez subraya que el sistema de justicia cubano es de tipo punitivista y no asegura la restauración a las víctimas y sobrevivientes.
En contraste con la situación en Cuba, otras naciones implementan acciones más integrales para proteger a las infancias y prevenir la reincidencia de los agresores sexuales. En España, por ejemplo, se implementa el Programa de intervención en el medio penitenciario, dirigido al tratamiento de delincuentes sexuales en prisión. La medida derivó en una tasa de reincidencia de entre el 4 y el 10 % de quienes reciben terapias, frente a valores de entre 6 y un 19 % para quienes no. El grupo de expertos a cargo del programa reconoce que si bien los resultados son alentadores, todavía no resultan del todo satisfactorios.
Otros países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Nueva Zelanda también adoptan enfoques centrados en la prevención y la rehabilitación, e incorporan terapias cognitivo-conductuales para agresores. Asimismo, implementan programas de educación sexual integral en las escuelas y campañas de concientización pública sobre el abuso sexual infantil.
En el caso de las personas que cometieron abusos sexuales contra infancias, las terapias y los programas de inserción desempeñan un papel crucial, en tanto que la pedofilia fue declarada un trastorno por la comunidad médica internacional. La Asociación Americana de Psiquiatría lo define como un patrón de «excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes (generalmente menores de 13 años)».
Investigadores de la Universidad Pontifica de Comillas puntualizan que el trastorno requiere intervención clínica especializada para abordar las causas subyacentes, modificar patrones de pensamiento y comportamiento, y desarrollar estrategias de control de impulsos. Las terapias no solo buscan reducir la reincidencia, sino también proporcionar herramientas para la reintegración social responsable de los agresores.
Uno de los reclamos más urgentes para la prevención del abuso sexual infantil en Cuba es —de acuerdo con los colectivos feministas— la creación de un registro de personas condenadas por abuso sexual, al que pudieran tener acceso las instituciones que traten con infancias. En Estados Unidos, la Ley Megan obliga a los estados a mantener registros públicos de delincuentes sexuales. La ley resulta controvertida debido a que, si bien algunos lo consideran un mecanismo necesario, otros argumentan que la exposición pública implica una estigmatización permanente para los procesados.
En cambio, países como España cuentan con registros de acceso restringido. En la nación europea, el Registro Central de Delincuentes Sexuales solo puede ser consultado por empleadores que contraten personal para trabajar con menores de edad; mientras que en Australia se permiten un acceso parcial a la ciudadanía.
Las activistas cubanas reconocen posibles aciertos en algunas experiencias internacionales. YSTC defiende que en la isla se deberían implementar registros con accesos controlados. La plataforma MeToo Cuba coincide en que se elabore un registro público restringido similar al español. Además, demanda que se prohíba el contacto de esas personas con menores de 18 años en espacios educativos, recreativos y comunitarios. Insiste en que se monitoreen de forma periódica y se incluyan restricciones de movilidad, como dispositivos electrónicos en caso de libertad condicional.
También sugieren que las instituciones que acojan o brinden servicios a infancias deban solicitar a sus trabajadores certificados de antecedentes penales para estos delitos. Mencionan, asimismo, restricciones de acceso a Internet y plataformas digitales para evitar la reincidencia en delitos como la explotación infantil en línea; así como programas preventivos y educativos para docentes y cuidadores.
LA CASA DE CULTURA FERNANDO BOYTEL
Hace pocos meses, Ramón Caballero se acercó a escuelas de El Cristo para hacer captaciones para el grupo de teatro. Camila asegura que un miembro de su familia trabaja en una escuela primaria y presenció cómo la directora ―que conoce la historia― lo echó del lugar. Era usual que Ramón visitara los centros escolares con el mismo fin 20 años atrás.
Una trabajadora de la Casa de Cultura comentó que a la directora de Fernando Boytel, Elena Ojeda, no parecía importarle que Ramón hubiera regresado al centro, y que insistía en que a él solo le faltaban dos años para jubilarse. «Después quería que se fuera porque sabía que su pellejo también estaba en riesgo», afirma la fuente.
En las redes sociales de la Casa de Cultura Fernando Boytel existe evidencia del vínculo de Ramón Caballero con la institución en los últimos años. En uno de los materiales audiovisuales difundidos en mayo de 2021 fue presentado como el instructor de música. En esa entrevista, comentó que trabajaba «con aficionados de distintas edades: infantiles, jóvenes, adultos y adultos mayores».
La trabajadora de la institución entrevistada por elTOQUE refiere que luego de las denuncias que trascendieron en redes sociales en semanas recientes, a Ramón lo echaron. Así ocurrió hace aproximadamente dos años, luego de la denuncia de YSTC, y su distanciamiento no fue definitivo.
Para realizar este reportaje se contactó vía redes sociales con la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba, a la Casa de Cultura Fernando Boytel y a su directora. No hubo respuesta en ningún caso.
CAMILA Y BRENDA
Camila retomó las clases de teatro por varios años. Nunca más volvió a ver a Ramón y en la actualidad reside fuera de Cuba. Se encuentra en proceso de adoptar a una niña.
Brenda vive en Cuba, es madre y está casada. Se cruzó con Ramón en la calle unas tres veces, luego de que lo liberaran. La primera de ellas, todavía era una adolescente.
Si eres sobreviviente de violencia sexual y necesitas acompañamiento especializado u orientación, puedes contactar:
Plataforma YoSíTeCreo en Cuba:
Teléfono: +53 5 265279
Email: [email protected]
MeToo Cuba:
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Email: [email protected]
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