El 18 de octubre de 2024, el Gobierno cubano fue evaluado por 23 especialistas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Las observaciones finales emitidas por el organismo internacional acogieron las denuncias de la sociedad civil independiente sobre la violencia estatal contra activistas y defensoras de derechos humanos en la isla.

«El Comité observa con preocupación que el Estado parte niega las acusaciones de criminalización contra las defensoras de los derechos humanos», apuntó el reporte de la Cedaw sobre el noveno informe del Gobierno ante ese organismo.

El documento enumeró las violaciones reportadas por fuentes creíbles, también de otros mecanismos y órganos de la ONU. Las violaciones abarcan amenazas, estigmatización, acoso, intimidación (incluida la intimidación en línea), criminalización, detenciones arbitrarias y campañas de difamación dirigidas a defensoras de los derechos humanos y también a periodistas, trabajadoras de los medios independientes y a «las mujeres que protestan contra las condiciones económicas actuales».

Días antes de la comparecencia del Gobierno cubano ante el organismo internacional, varios medios de prensa denunciaron la represión contra sus colaboradores —incluidas varias mujeres—, quienes desde mediados de septiembre fueron sometidos a interrogatorios de más de seis horas, en los cuales los amenazaron con procesos penales, los extorsionaron y los obligaron a renunciar.

En los últimos años, ha crecido el número de activistas obligadas a exiliarse y al menos 119 mujeres sufren prisión política y malos tratos en la cárcel, según cifras de Prisioners Defenders. Las autoridades suelen vulnerar los derechos de las presas alejándolas de sus familias y de las redes de apoyo (Lizandra Góngora), negándoles derechos reproductivos (Lisdany Rodríguez) y no reconociendo su identidad de género (Brenda Díaz).

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La Cedaw instó a Cuba a garantizar que el Código Penal no sea utilizado de herramienta para silenciar las voces críticas de las mujeres. Además, requirió una investigación de todos los casos de agresiones contra ellas, y que los perpetradores —incluidos los agentes del Estado— sean sancionados. De igual forma, recomendaron reformar o derogar la Ley de Asociaciones (Ley 54) para permitir la creación de asociaciones independientes de mujeres.

El examen periódico analiza los avances y desafíos de los Estados en cuanto a protección de los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. La última revisión de la isla ante este organismo ocurrió en 2013.

En esta ocasión (2024), fue significativa la participación de organizaciones autónomas, que además de poner en agenda la violencia política del régimen cubano, llamaron la atención sobre los obstáculos de las cubanas para acceder a la justicia y las reiteradas deficiencias en la atención a las sobrevivientes. Organizaciones como Cubalex, el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia basada en Género (Museo V), el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido 60), entre otras, presentaron sus informes sobre la situación de los derechos de las mujeres en la isla e intervinieron durante el 89 período de sesiones del Comité, entre el 14 y 18 de octubre de 2024.

«La información que ha obtenido el Comité la obtuvo de las organizaciones de la sociedad civil que el Estado constantemente está desacreditando. A mí me parece un paso de avance, de verdad, en el nivel de incidencia que están teniendo las organizaciones de la sociedad civil en Cuba para presionar al Gobierno», declaró la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, a Martí Noticias.

El falso logro de la representación

La paridad parlamentaria ha sido uno de los escudos más usado por el régimen cubano en los últimos años para defender la participación equitativa de las cubanas en la vida política del país.

El Comité volvió a felicitar al Estado por la alta representación de mujeres en el Parlamento (55.7 % en 2024). Sin embargo, expresó preocupación por el hecho de que en la actualidad el Buró Político, incluido su Secretaría Ejecutiva, está compuesto por 17 hombres y solo tres mujeres. De igual forma, solo cinco de los más de 20 ministerios del Poder Popular son dirigidos por mujeres.

El señalamiento no es menor porque aporta claridad sobre el acceso desigual al poder en Cuba al considerar la poca o nula agencia de un organismo como la Asamblea Nacional del Poder Popular.

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Sin embargo, el mayor problema de la participación política es precisamente la criminalización, el acoso y la persecución de cualquier intento de participar en la vida pública, fuera o en contra del control estatal.

Durante la evaluación del 18 de octubre de 2024, la política estonia Marianne Mikko apuntó: «El Estado parte [Cuba] tiene un Gobierno autoritario [y] la oposición política no se permite». Mikko también mencionó las brechas de género en posiciones de liderazgo. La respuesta del Gobierno cubano fue negar la afirmación de la representante europea y aludir a la Constitución de la República.

En relación con la violencia estatal, el Comité precisó su preocupación por el alto nivel de brutalidad policial contra mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales; y contra mujeres de ascendencia africana, así como la falta de protección y las bajas tasas de enjuiciamiento y condena en tales casos.

El grupo de expertas reiteró al Estado de la isla varias recomendaciones que ya han sido enunciadas por las activistas cubanas: la atención a la violencia de género demanda una ley integral y refugios para las sobrevivientes. También necesita que deje de ser criminalizado el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.

A pesar del acoso y la represión que ha llevado a muchas activistas al exilio, organizaciones como el OGAT, YoSíTeCreo en Cuba, La Red Femenina de Cuba, entre otras, han asumido servicios como el acompañamiento integral a víctimas de violencia de género y violencia sexual, y los (sub)registros de feminicidios. 

Los 89 feminicidios en 2023 es la cifra más alta desde que se llevan registros independientes. Mientras la vulnerabilidad de las mujeres cubanas se hace más evidente a nivel internacional, el Estado niega la responsabilidad que tiene en su protección.