El «paquete semanal» siempre ha estado en riesgo porque es un negocio que ha persistido en un entorno de «alegalidad», como muchos otros en la isla.
En los Estados de derecho, por lo general, rige el principio de que está permitido lo que no está expresamente prohibido por la ley. Sin embargo, en Cuba predomina —desde hace varias décadas y a pesar de algunas modificaciones recientes— un principio que va en contra de la lógica que defiende la ciencia jurídica. En la isla —donde la discrecionalidad de las autoridades a menudo suplanta las disposiciones legales—, la ley es entendida como elemento habilitante. ¿Cuántas veces policías y funcionarios cubanos refieren que alguna actividad no está permitida a pesar de que la norma no la prohíbe?
La anterior ha sido la lógica que las autoridades han aplicado al paquete. Un negocio que en muchos lugares del mundo no tendría cabida —porque se basa en el lucro mediante la violación de derechos relacionados con el copyright o con las facultades de los autores y productores de obras audiovisuales (piratería)—, en Cuba se convirtió en una fuente de ingresos tolerada por las autoridades, pero nunca «legalizada».
Mientras existió el listado de actividades permitidas, las autoridades cubanas no crearon una licencia que de forma expresa regulara o validara la labor de los paqueteros. Por esa razón, durante mucho tiempo los comercializadores del paquete semanal utilizaron de tapaderas licencias análogas como la de vendedor de discos y la de reparador de equipos de cómputo. El empleo de analogías condicionó que el negocio del paquete semanal fuese desde el inicio una actividad «riesgosa».
No obstante, desde hace décadas en Cuba ha sido riesgosa la actividad de intercambio de información. El paquete semanal —en tanto sucesor de los bancos clandestinos de películas que se reprodujeron en los primeros años del siglo XXI— heredó el riesgo y la tolerancia mediada por el control de los contenidos de negocios similares que lo precedieron.
El paquete semanal aprovechó Internet y los avances tecnológicos para llevar el negocio de la distribución de películas y la venta de discos piratas a un nivel superior. La digitalización permitió el aumento en la cantidad de materiales disponibles y transformó el paquete en un medio para compartir no solo entretenimiento, sino también información noticiosa y diversa. El paquete se convirtió en el depósito de numerosas revistas independientes que comenzaron a aparecer en formato PDF entre 2014 y 2016. Así, el paquete semanal llegó a ser lo que algunos llamaron la «Internet offline de Cuba».
Pero la «Internet offline de Cuba» no podía desarrollarse al margen de un Estado totalitario que intenta controlar la información que pueda servir para la activación social o que sea crítica. Para facilitar el control y aprovechar las oportunidades que ofrecía, las autoridades cubanas han mantenido, hasta el día de hoy, el paquete semanal en una zona de «alegalidad» (ni prohibido ni permitido). Amparadas en la idea de que está prohibido lo que no está expresamente permitido, lograron que los gestores del paquete reprodujeran la censura impuesta por el poder y lo convirtieran en otro medio de distribución de propaganda como precondición para mantener el modelo de negocio.
Las nuevas modificaciones legales
Las nuevas modificaciones a las normativas del sector privado sugieren que la postura de la burocracia cubana con respecto al paquete semanal ha cambiado. En 2015, Abel Prieto —exministro de Cultura y en ese entonces asesor de Raúl Castro—, declaró a Cubadebate que «el paquete semanal era el resultado de la capacidad inventiva del cubano ante las limitaciones de acceso a Internet, la falta de televisión por cable y otras opciones internacionales para la difusión de mensajes culturales». En el mismo artículo, Cubadebate afirmó que el paquete era una respuesta espontánea ante las carencias de la oferta estatal y una vía para satisfacer la sed de información.
Sin embargo, desde 2022 las autoridades cubanas lanzaron un «programa nacional para contrarrestar los efectos de la creciente colonización cultural», del cual se tienen pocos detalles, pero que surgió ante la «urgencia de una estrategia audiovisual e informativa a escala nacional». En 2023, Díaz-Canel afirmó que la colonización cultural era un «problema ideológico» y argumentó que se intentaba aplicar en Cuba una «plataforma de restauración neoliberal» a través de la industria del entretenimiento. En esa ocasión, Canel mencionó que el paquete semanal era una preocupación debido a los contenidos que llegaban a la ciudadanía a través de él.
El enfoque ideológico parece haber motivado un cambio en la tolerancia y en la relación de las autoridades cubanas con el fenómeno del paquete. El Decreto 107 —publicado como parte del nuevo marco normativo para el sector privado—, incluyó una cláusula en la lista de actividades prohibidas, en específico en el apartado «Información, comunicación y telecomunicaciones», que parece estar dirigida a prohibir el paquete semanal. La norma mantiene la prohibición de las «actividades de exhibición cinematográfica, incluyendo películas, documentales, series, novelas u otras obras similares» y añade la de poner los contenidos a «disposición del público a través de soportes informáticos».
El diario independiente 14ymedio informó, el 9 de septiembre de 2024, que se han llevado a cabo los primeros operativos policiales en contra de los paqueteros, motivados por el cambio en la normativa. Según el reporte publicado en su sitio web, se han confiscado discos duros y computadoras a personas que se encargaban de compilar «las matrices» (el grupo original de materiales que luego se distribuye entre otros paqueteros).
Las operaciones policiales han comenzado antes de la entrada en vigor de las normativas que prohíben explícitamente la actividad. El Decreto 107 se publicó en la Gaceta Oficial de la República el 19 de agosto de 2024 y su Disposición Final Segunda establece que entrará en vigor 30 días después. La prohibición de la actividad que realizan los paqueteros no debería considerarse vigente hasta el 19 de septiembre de 2024, lo cual no ha impedido que las autoridades comiencen a tomar medidas en función de su cumplimiento.
El hecho de que el proceso de desmantelamiento del paquete semanal haya iniciado antes de que las nuevas normativas entren en vigor, demuestra que las acciones contra los paqueteros no responden a lo dispuesto en una norma jurídica determinada. Responden a una decisión política que pudo implementarse desde mucho antes debido a que el paquete había sobrevivido por decisión discrecional del poder.
Las autoridades cubanas podrán prohibir el paquete, pero el mercado que consume sus contenidos está establecido y su demanda no desaparecerá. Por lo tanto, es probable que, después de la fase inicial de represión, el paquete semanal continúe existiendo en una forma similar a la de sus predecesores y a la de otras actividades ilegales (juegos de azar y el mercado informal de divisas) que operan desde la clandestinidad pública, notoria y tolerada por el poder.
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