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Protestas del 11J en Cuba. Foto: elTOQUE.

Hostigamiento a familiares y manifestantes del 11J: ¿a qué le teme el Gobierno?

14 / julio / 2022

El acoso estatal sobre activistas, periodistas y familiares de detenidos y presos del 11 de julio de 2021 se ha convertido en una práctica habitual, que en determinadas fechas es más intenso. Así quedó demostrado en los días previos al primer aniversario de las protestas del 11J, cuando las presiones, chantajes y amenazas fueron en ascenso.

El gobierno arreció su persecución sobre los ciudadanos para evitar que salieran a la calle y, si todos estaban tranquilos en casa, entonces se podía «vender» hacia el exterior la idea de unos «disturbios aislados» y el «apoyo popular» a la cúpula en el poder. Una vez más, la Seguridad del Estado (SE) fue implacable.

Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) recoge que durante junio «se registraron al menos 336 acciones represivas, de las cuales 79 fueron algún tipo de detención, y otros 257 abusos contra los derechos fundamentales, entre ellos hostigamientos, sitios de casas, citaciones policiales, multas, amenazas, juicios e impedimentos de viaje al extranjero». De manera total, identificaron en el primer semestre de 2022 unas 2 977 acciones represivas, de ellas 719 detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas.

Pero conforme aumentaba la represión, también lo hizo la inconformidad de la ciudadanía, asfixiada por la situación económica y carente de sus derechos básicos.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó en el mes de junio 258 protestas ciudadanas, nueve más que las ocurridas en igual período de tiempo el pasado año, y 73 más que el mes anterior. De este total, 83 fueron por derechos políticos y civiles (32 %) y 175 por derechos económicos y sociales (68 %); un panorama que demostraba la existencia de un posible aumento de tensiones antes del aniversario de las manifestaciones.

«El crecimiento de las protestas por motivos económicos y sociales está relacionado principalmente con los cortes de electricidad (“apagones”), la escasez de alimentos y medicamentos, así como la inflación», afirmó OCC.

Fue en los días previos al 11J cuando el acoso se hizo más visible con las citaciones y advertencias a familiares o a quienes de alguna forma han visibilizado las protestas y la represión gubernamental contra sus participantes. En la nueva temporada de citaciones, amenazas, cortes de Internet y vigilancia, han aparecido varias denuncias públicas a través de las redes sociales y medios independientes.

Los familiares

Las familias han sido las grandes víctimas de la represión desatada luego de las manifestaciones del 11J. Al dolor perenne de tener a uno o varios de sus miembros presos por ejercer su derecho ciudadano a protestar y disentir, se le suma el acoso sistemático por parte del Gobierno para acallar sus voces y reclamos.

Entre los casos más conocidos están Jonathan López Alonso, Pedro López Mesa y Roxana García Lorenzo, familiares de Andy García Lorenzo; Wilber Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera; Annia Zamora Carmenate, madre de Sissi Abascal; Delanis Álvarez Matos, esposa de Duniesky Díaz Cañizares; y, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano.

Además, en junio se le impidió la salida del país a Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y a Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, y quienes se reunirían con representantes de la Unión Europea y de organismos de derechos humanos de la ONU para denunciar la situación de sus hijos.

Las citaciones y amenazas se acrecentaron en las últimas semanas, mientras el Gobierno desacreditaba las manifestaciones y a manifestantes, y el presidente Miguel Díaz-Canel catalogaba las protestas del 11J como un intento de «golpe de Estado vandálico».

El activista Marcel Valdés denunció el 22 de junio a través de su perfil de Facebook que Meyvol González y Delanis Álvarez, esposas de dos presos políticos del 11J en Güines, Mayabeque, fueron citadas por las autoridades por sus acusaciones constantes en redes sociales.

El 28 de junio fueron detenidos en Santa Clara Pedro López y su hijo Jonatan López Alonso —familiares del preso político Andy García Lorenzo—, quienes dirigen el proyecto Ayuda a los valientes del 11J.

Pedro fue acusado de «instigación a delinquir» y amenazado con ser procesado si continuaba denunciando en las redes y colaborando con las ayudas. Respecto a la iniciativa que dirige fue amenazado con el delito de «ayuda al enemigo», tipificado en el Código Penal y con sanciones de hasta 30 años. Su hijo Jonatan fue acusado de «desobediencia».

También fue citada y amenazada con retirarle la custodia de sus hijos la activista Saily Núñez, esposa del preso político Maykel Puig. «Todo es así, amenazas y más amenazas, y que me calle porque al final yo no estoy logrando nada, que lo que hago es perjudicarlo», dijo Núñez en una entrevista a elTOQUE.

Uno de los casos más conocidos y conmovedores del último año es el de Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, menor de edad acusado de desorden público y de atentado, por su participación en las protestas.

Bárbara ha sido blanco del acoso de la Seguridad del Estado y, aunque su hijo fue excarcelado el 26 de mayo, tiene vigilancia permanente desde el 5 de julio.

«Los días cuando se acerca el aniversario del 11J es cuando más represión he tenido, al punto de que tengo a mi hijo con fiebre, dolor de cabeza, vómito y no lo he podido llevar al médico porque no me han dejado sacarlo de la casa», explicó en una entrevista realizada por el equipo de elTOQUE el 7 de julio.

Bárbara refirió que ella y su esposo debieron salir por la azotea para conseguir los alimentos y medicamentos que Jonathan necesita. «He recibido amenazas por teléfono, pero no han llegado a la casa todavía. Simplemente es una moto vigilándome y la patrulla, que no se parquea fuera de mi casa, sino al doblar, para que no la pueda filmar. Puedo recibir visitas, pero de la casa no nos dejan bajar».

Un día después de la entrevista, Jonathan fue ingresado por la hepatitis adquirida en prisión. La vigilancia de la SE se trasladó al hospital.

A partir del 10 de julio, la vigilancia aumentó para los familiares. Así lo denunciaron, entre muchos otros, Roxana García, hermana de Andy García; Miradalia Padrón, madre de Brusnelvi Adrián Cabrera; Eralidis Frómeta, esposa del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca; Ailex Marcano; Niurka Rodríguez, madre de Yunaikis Linares; y Saily Núñez.

Periodistas y activistas

El primero de julio la periodista Yunia Figueredo expresó en su perfil de Facebook: «Hace dos horas vinieron los segurosos con amenazas de que no podemos salir de nuestra casa a partir de hoy».

Diario de Cuba denunció el 5 de julio el acoso sostenido a dos de sus periodistas: Yoe Suárez y Jorge Enrique Rodríguez. Desde días anteriores, ambos habían sufrido cortes de Internet.

«Desde el viernes primero de julio, la tiranía socialista cubana mantiene cortado mi servicio de Internet. Puedo postear este mensaje gracias a la solidaridad de una amiga», publicó en su muro de Facebook Yoe Suárez el 4 de julio.

Jorge Enrique Rodríguez reveló que desde mediados de junio ha sufrido cortes de Internet que le han impedido participar en sus programas habituales en Diario de Cuba: La Directa DDC y Lecturas En Tiempo. También denunció el hackeo de sus redes sociales y la suspensión de sus servicios de datos móviles, telefonía y mensajería. El 5 de julio posteó que había sido interrogado y advertido de no salir a la calle el día 11.

Henry Constantin Ferreiro, periodista y director del medio La hora de Cuba, denunció que un arresto domiciliario desde el 30 de junio le impidió asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana para celebrar el Día de la Independencia.

En la publicación, expresó que también a Dagoberto Valdés, director del think tank Convivencia, en Pinar del Río, le habían prohibido viajar. Valdés había compartido el 30 de junio que durante esa jornada recibió «dos “visitas” del Capitán Ezel de la Seguridad del Estado» para asegurar que no participaría en el evento».

Las amenazas y citaciones fueron en ascenso en los días cercanos al 11J, aunque no todas se dieron a conocer de forma pública.

La periodista de 14ymedio, Luz Escobar fue citada para la mañana del 8 de julio a través de una llamada telefónica realizada por el agente de la Seguridad del Estado que la ha reprimido en otras ocasiones. En el encuentro le advirtió que no podía salir de su casa los días 11, 12 y 13 de julio, y que su edificio tendría vigilancia policial durante esas jornadas. La vigilancia al edificio donde vive comenzó el domingo 10.

Desde el 8 de julio también recibieron citaciones los periodistas Ismario Rodríguez Pérez y Nelson J. Álvarez Mairata y el artista Yulier Rodríguez. En todos los casos, las amenazas se centraron en evitar su salida a la calle los días 11, 12 y 13 de julio.

Desde el 7 de julio fue detenido el tunero Yerly Luis Velázquez Morales. Según denunció la activista Saily González Velásquez a través de sus redes, «lo están acusando de desacato por escribir presuntamente en sus redes “Díaz-Canel singao”, cosa que no ha hecho nunca y que en última instancia es el legítimo ejercicio de un derecho humano llamado #LibertadDeExpresión». Aún continúa preso.

Haisa Fariñas denunció el domingo 10 que su padre, el opositor y premio Sájarov, Guillermo «Coco» Fariñas «está secuestrado por oficiales de la Seguridad del Estado en la Unidad Provincial de Operaciones del DSE. Solo le permitieron a mi abuela la entrada a esta unidad para que pudiera verlo y llevarle sus medicinas, comida y aseo». Finalmente, fue liberado el 12, luego de 73 horas «aislado y sin alimentos», según declaró su hija.

Yahima Díaz, coordinadora de la plataforma Archipiélago, fue impedida de salir de su domicilio en Consolación del Sur, Pinar del Río. Igual ocurrió con los activistas Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro Veloz Osvaldo Navarro Veloz, Pablo Enrique Delgado Hernández, Leo Fernández Otaño; los artistas Yulier Rodriguez, David D Omni ZF; los periodistas Yania Suárez, María Matienzo, Yoel Acosta, Manuel de la Cruz, Cintya de la Cantera, y; el activista por los derechos LGBTIQ+ Jancel Moreno.

Mismos métodos, distintas fechas

La reclusión domiciliaria y detención de activistas y periodistas independientes resulta una estrategia habitual cuando se acercan fechas significativas. Lo vivimos en los días cercanos al 15 de noviembre, cuando fue convocada la Marcha Cívica por el Cambio.

El informe conjunto de Justicia 11J y Cubalex «Un año sin justicia: PATRONES DE VIOLENCIA ESTATAL CONTRA MANIFESTANTES DEL 11J» destacó que a pesar de los intentos desde el poder para impedir la participación ciudadana en la marcha emplazada por Archipiélago, hubo «103 personas detenidas, entre ellas un menor de 18 años y 17 manifestantes del 11 de julio. De las 103 personas, continúan en detención 12. De ellas, ocho fueron sancionadas en juicios sumarios, con sanciones de entre nueve meses y dos años de privación de libertad».

Durante las jornadas fueron amenazados, coaccionados e incluso expulsados de sus centros laborales, varias personas que mostraron una mínima simpatía (o empatía) por la futura marcha o sus organizadores.

Otra fecha «sagrada» para la represión gubernamental es el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En esta ocasión, fueron hostigados, entre muchos otros, los periodistas Luz Escobar, Camila Acosta, Héctor Luis Valdés Cocho y los activistas Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro.

El 31 de enero un grupo de familiares de los 33 presos del 11J enjuiciados ese día, así como otros activistas por los derechos civiles, se reunieron frente al Tribunal Municipal de Diez de Octubre. Los ciudadanos fueron detenidos violentamente mientras oraban en el parque Juan Delgado.

Entre los detenidos estuvieron los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez (Tata Poet), Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín, y los familiares Yudinela Castro Pérez, madre de Rowland Jesús Castillo, uno de los enjuiciados; Caridad Linares Rodríguez y Bárbara Farrat, madre del menor de edad Jonathan Farrat.

Un informe presentado por Justicia 11J recogió que en las jornadas previas al Primero de Mayo la Seguridad del Estado realizó 12 citaciones/interrogatorios; estableció vigilancia o cerco policial a 28 ciudadanos; detuvo a 13 personas, cinco de ellas sufrieron desaparición forzada y ocho fueron advertidos de no salir de sus propias viviendas; aplicó tres multas, y; utilizó otras formas represivas, como cortes selectivos de Internet y limitación de movilidad, a 11 personas.

Durante los días 30 de mayo y primero de junio, cuando se realizaron los juicios contra Maykel «Osorbo» Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, varios activistas y periodistas sufrieron vigilancia policial para evitar que llegaran a las afueras del tribunal de Marianao, donde se desarrollaron los procesos.

La organización Cubalex recogió 26 actos represivos durante esos días y los anteriores. Fueron asediados Daniel Triana, Yenisleidys Borroto Vega (Afrik Reina), María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez, Manuel de la Cruz, Yania Suárez y Saily González Velásquez, entre otros. La prensa extranjera acreditada y diplomáticos de varios países fueron impedidos de participar en los juicios.

Durante el transcurso de 2022 son notables las múltiples detenciones, chantajes y amenazas a los familiares que más han reclamado los derechos de sus seres queridos presos. Es el caso de Bárbara Torres Farrat, Yudinela Castro, Luis Wilber Aguilar Bravo, Yanaisy, Rolando Castillo y Maylín Fajardo.


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