Los residentes mayores del barrio en Miami Lakes (una ciudad en el noroeste del condado Miami-Dade) le dijeron que viviría mejor que sus padres. Y es cierto (la vara no está muy alta). Pero Julio teme que lo regresen.

Julio entró a Estados Unidos en 2022, unos años antes de que ―como ha escuchado decir― se cerrara la pila. Puede identificar en su mente con mucha claridad el momento en que cambió su vida, cuando empezó a sentirse inseguro en el país que escogió. Como siempre, es un momento cronológico: el salto de diciembre de 2024 a enero de 2025; pero también emocional. En un mes cambió la forma de percibir y sentir la que una vez consideró su casa.

La migración cubana hacia Estados Unidos tiene larga data: desde mucho antes de la Revolución de 1959, EE. UU. se convirtió en el principal destino de la población procedente de la isla. Miami continúa siendo el enclave central, aunque en los últimos tres años la comunidad se ha repartido por otras regiones, como Texas o Kentucky. Desde 2021 hasta 2024, más de 681 000 cubanos emigraron sin autorización a Estados Unidos. Esta última oleada está vinculada a la crisis económica, el descontento político y la represión en la isla.

Para Julio, Miami era la tierra prometida. Creció escuchando los cuentos de balseros y delfines rescatistas y los carritos de juguete que veía anunciados en la «antena». Ahora sigue siendo eso, aunque es algo más. En comunidades parecidas a la suya han detenido a migrantes, se los han llevado o los han deportado en lo que parece casi un solo gesto. Conoce a gente que no puede salir a la calle, que teme salir porque puede perderlo todo.

No podía saber lo que iba a pasar cuando tomó el avión para Nicaragua. Desde la exención de visado a los cubanos en 2021, el país centroamericano se convirtió en el puente entre Cuba y el futuro. A partir de ahí, muchos lo tomaron como el inicio de «la travesía». 

Una vez en Nicaragua las opciones son varias para llegar a EE. UU.: Honduras o El Salvador, luego casi siempre Guatemala y después México. La frontera final la atravesó por un pueblito mexicano llamado Piedras Negras. Al cruzar a la ciudad de Eagle Pass, en Texas, entró por una puerta que otorgaba ciertos derechos. En la frontera se entrevistó con un oficial migratorio que le entregó un documento llamado I-220A.

Ahora son eso. Para muchos ahora son un papel y poco más. El conocido I-220A es una «Orden de Liberación bajo Palabra» que te permite estar en Estados Unidos hasta que se resuelva tu trámite migratorio. No es un permiso de residencia ni de trabajo. Y no permite solicitar, como hicieron muchos de los mayores de Julio, la Ley de Ajuste Cubano al cumplir un año y un día en territorio estadounidense. La Ley de Ajuste o Cuban Adjustment Act nació en 1966 y desde entonces ha facilitado a los ciudadanos cubanos que entraron legalmente (inspeccionados o con parole) a Estados Unidos solicitar residencia permanente, abriendo la puerta, posteriormente, a la ciudadanía estadounidense.

Julio sabe que entre sus amigos hay quienes aseguran que no volverían nunca a Cuba. Pero su respuesta está marcada por afectos irrenunciables. «Quitando la variable de mis hijas... mi mamá y mi abuela son importantes para mí. Como familiares cercanos y queridos, claro que quisiera verlos. Pero mis hijas dependen de mí de una manera distinta, esencial. Por eso ellas son la prioridad».

Cubanos en México: cómo cambió el mapa migratorio de la región tras el cierre del «sueño americano»

Durante décadas, México fue principalmente un país de tránsito, la antesala física al destino final: Estados Unidos. Sin embargo, los cambios en las políticas migratorias impulsados desde la Casa Blanca en los últimos años han transformado esta dinámica. 

El costo psicológico del viaje también marcó su historia. «Yo fui a una ONG para atender mi situación de salud psicológica. Se me diagnosticó depresión por trastorno postraumático. Una de las causas fue el viaje, según me dijeron. Y eso me generó un proceso depresivo del que ya logré salir, pero estuve tomando medicación. Una ONG que me recomendó un amigo me dio doce consultas gratuitas», recordó.

Julio, mientras tanto, vive ajustando cada gasto. Paga 2 000 USD de alquiler por un apartamento en Miami Lakes, una cifra desproporcionada para alguien solo, pero la compañía para la que trabaja cubre la mitad y eso lo salva. Eligió un lugar a 15 minutos a pie de su trabajo: prefiere caminar antes que asumir el costo de un carro y un seguro que rozaría los 300 USD mensuales. Ese dinero, dice, le permite ayudar a su familia en Cuba.

Él y su compañera llevan más de diez años juntos, pero nunca se casaron. Ahora, Julio quiere iniciar el proceso de reclamación que permita traerla a ella y a las niñas y para eso necesita un vínculo demostrable con papeles. Por ahora esa aspiración se ha quedado en eso: una aspiración. La política estadounidense le tenía otros planes.

En enero de 2025, la Administración Trump suspendió el programa de parole o permiso humanitario para cubanos y otros grupos. Entre marzo y abril, varios cubanos con el formulario I-220A de Julio fueron invitados «cordialmente» a marcharse. En junio, se impuso el travel ban (prohibición de viaje) parcial a Cuba, lo que en la práctica quiere decir que no están otorgando visas a casi nadie en la isla. Y en julio se les negó el visado a varios ganadores de la Lotería de Visas, conocida como «el bombo», una suerte de sorteo en el que el premio es el viaje a EE. UU.

Julio a veces quisiera tener un manual que le diga qué hacer, qué decisión tomar. «Si eso lo vendieran en alguna parte, todos los cubanos lo comprarían».

Políticas migratorias en Estados Unidos: de Obama a Trump 2.0

Las políticas migratorias en Estados Unidos han experimentado cambios significativos en los últimos 15 años, desde los tiempos de Obama hasta la Administración Trump 2.0. Cada Gobierno ha reflejado sus prioridades ideológicas, políticas y electorales a través de su enfoque migratorio.

Durante la Administración de Barack Obama, la política migratoria se caracterizó por un enfoque mixto, que intentó equilibrar medidas humanitarias con un fuerte énfasis en la aplicación de la ley. En 2012 se creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permitió a cientos de miles de jóvenes indocumentados evitar la deportación y obtener permisos de trabajo. Sin embargo, la Administración también alcanzó cifras récord de deportaciones, lo que llevó a que activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes apodaran a Obama como el Deportador en Jefe. Ese legado ambivalente reflejó una tensión permanente entre la necesidad de control fronterizo y el compromiso con ciertos valores humanitarios.

El primer Gobierno de Donald Trump, entre 2017 y 2021, marcó un giro radical hacia políticas más restrictivas y un discurso cargado de nacionalismo. Desde el inicio de su mandato, Trump presentó la inmigración como una amenaza múltiple: económica, cultural y de seguridad. Describió a los migrantes como «invasores» que competían con los ciudadanos estadounidenses por empleos y ponían en riesgo la identidad nacional. Esa narrativa, amplificada por los medios de comunicación, encontró eco en una parte importante del electorado.

Bajo la justificación de «la ley y el orden» y el proteccionismo económico, su Administración amplió los recursos para la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incrementando los arrestos y detenciones. Entre sus medidas más conocidas estuvieron la política de Quédate en México y la de Tercer País Seguro, que obligaban a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos por la resolución de sus casos.

Aunque estas medidas redujeron temporalmente los cruces irregulares de la frontera, también generaron fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y sobre las condiciones a las que eran sometidos miles de migrantes. Los tribunales intervinieron en varias ocasiones, señalando que algunas de estas prácticas violaban derechos constitucionales. Aun así, la retórica de Trump se consolidó como una herramienta política para movilizar a su base electoral y convencer a la opinión pública de que los migrantes eran el principal problema, o uno de los principales, de la nación.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia, en enero de 2021, el discurso migratorio volvió a girar hacia la defensa de los derechos humanos y el compromiso con un sistema más inclusivo. Biden prometió revertir las políticas restrictivas de su antecesor y atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica. No obstante, su Administración se vio atrapada entre las críticas de progresistas, que denunciaron la continuidad de medidas como el Título 42, y los ataques de republicanos, que lo acusaban de haber perdido el control de la frontera. 

Los datos dieron fuerza a estos cuestionamientos: los encuentros con migrantes indocumentados en la frontera sur de EE. UU. alcanzaron cifras históricas, con más de 1.7 millones en 2021 y casi 2.5 millones en 2023. La presión política llevó a Biden, en junio de 2024, a decretar el cierre temporal de la frontera para solicitantes de asilo al superar cierto umbral de ingresos diarios. El tema migratorio se convirtió en uno de los puntos centrales de la campaña electoral de 2024, en la que la vicepresidenta Kamala Harris, pieza clave en el diseño de estas políticas, fue objeto de ataques reiterados de Donald Trump.

El regreso de Trump al poder en 2025 estuvo acompañado de un frenesí de órdenes ejecutivas y cambios normativos que buscaban imponer una política extremadamente restrictiva de la inmigración. A diferencia de su primer mandato, esta vez la ofensiva no solo estuvo dirigida contra los indocumentados, sino que también alcanzó a inmigrantes legales y titulares de tarjetas de residencia. El clima de temor creció por detenciones arbitrarias y por la percepción de que la Administración había borrado las fronteras entre inmigrantes regulares e irregulares. 

De la misión médica en Venezuela al limbo en Colombia: la ruta irregular de cubanos por Táchira y Cúcuta

Manuel, excolaborador de la misión médica cubana en Venezuela, cruzó por trochas de Táchira a Cúcuta para evitar controles y represalias. En Bogotá quedó varado en un limbo migratorio: sin papeles, con alquileres y empleos restringidos, y la única opción de refugio, lenta e incierta, marcada por la precariedad.

Una de las primeras medidas de Trump en enero de 2025 fue firmar una orden ejecutiva que intentaba restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres sin residencia permanente o con estatus de protección temporal. Varios jueces consideraron dicha orden abiertamente inconstitucional, aunque la Corte Suprema limitó la capacidad de tribunales inferiores para bloquear estas disposiciones a nivel nacional, permitiendo su aplicación parcial. 

También se endurecieron los procesos de verificación para visas y se eliminaron programas como el CBP One y el parole humanitario, este último que beneficiaba específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos. A esto se sumó la reactivación de acuerdos de Tercer País Seguro, que condujo al traslado de migrantes a territorios con altos riesgos de inseguridad.

El discurso oficial de la nueva Administración describió la situación en la frontera sur como una invasión, lo que justificó la declaración de una emergencia nacional y abrió la puerta a la participación de las fuerzas armadas en las labores de control migratorio. Se ampliaron los procedimientos de deportación acelerada; se recortaron protecciones temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, haitianos, hondureños y otros grupos; y se suspendió el Programa de Admisión de Refugiados. 

De manera paralela, Trump revocó decenas de órdenes ejecutivas de la era Biden relacionadas con la reunificación familiar, la protección de refugiados y los planes para abordar la migración vinculada al cambio climático. En junio de 2025, la Casa Blanca anunció, además, una nueva prohibición de viajes para ciudadanos de diecinueve países, entre ellos Cuba y Venezuela con restricciones parciales, y Haití e Irán con prohibiciones totales.

El impacto de estas medidas ha sido profundo. Por un lado, consolidan una narrativa de la inmigración como amenaza existencial para la seguridad y la soberanía de Estados Unidos; por otro, generan un clima de miedo e incertidumbre entre comunidades inmigrantes, incluyendo a personas con residencia legal. Activistas, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten que el país atraviesa el endurecimiento más severo de la política migratoria en décadas, comparable solo con episodios oscuros de su historia, como el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. 

Este artículo es una versión resumida de un reportaje que forma parte de una serie multimedia de la Fundación Más Voces y 4Métrica, dedicada a difundir los resultados del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas» que analiza la migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia Chile, Colombia, México y Estados Unidos.