Un año tenía Daniela* cuando jugó en el piso con su papá por última vez. Tirados a la larga, se sacaron unas sonrisas, mientras la mamá registraba el momento con su teléfono móvil. Han pasado tres años. Nació Dunia*, que estaba en la barriga cuando la mamá fotografiaba la confidencia entre el padre y la hermana mayor. Dunia no lo conoce, solo lo ha visto por videollamadas. Entre 2019 y 2023, la familia cambió más de lo que unas niñas como ellas podían entender.

―Papá, ¿ya llegaste? Estoy loca por hablar contigo.

―Papá, quiero que hoy llames y te voy a mandar un beso.

―Papá, quiero que vengas muchos días, quiero que me llames, llámame…

Tres mensajes de voz, uno tras otro, ha dejado Daniela este sábado a su papá en WhatsApp. La imagen de él aparece en la pantalla del teléfono y ellas se vuelven algarabía. Las niñas no podrían explicar qué forma tiene el papá de carne y hueso; cuán alto, grueso o delgado está, cómo huele o cómo se escucha la voz real, no la que sale por la bocina del móvil. La versión de su papá está ceñida a una imagen rectangular y virtual. No hay más, solo distancia y problemas que la mamá probablemente nunca contará.

En 2020, Noel*, el padre de las niñas, trabajaba y vivía albergado junto a un contingente de la construcción en Varadero, uno de los grandes polos turísticos de Cuba. Le ofrecieron un contrato laboral por dos o tres años en una isla caribeña de origen volcánico a unos 2 000 kilómetros de distancia de Cuba. La familia necesitaba dinero y, de todas formas, vivía separada: Noel en Varadero y Daniela con su mamá embarazada en Cárdenas. Lo que vino después nunca estuvo en los planes.

Por acuerdo y gestión de la Unión de Empresas Constructoras Caribe (Uneca S. A.), Noel viajó a Santa Lucía.

A diferencia de otros colaboradores de la isla ―o cooperantes, entre otros calificativos que se utilizan para nombrar a los trabajadores cubanos en el exterior―, Noel estaba cómodo porque tenía un apartamento para él solo, pero desde el principio algunas normas lo molestaron. Sobre todo, que los colaboradores de la Salud debían pedir permiso e informar al jefe de la misión cada vez que iban a salir a la calle, en parte por seguridad, pero también por control.

Había terminado con la madre de sus hijas y comenzó una relación con una cubana que llevaba algún tiempo viviendo en la isla y no estaba vinculada a ninguna misión o colaboración del Gobierno de Cuba en Santa Lucía. Su relación llegó a oídos del embajador.

«Tienes que entender que ellos son cubanos (en referencia a su novia y a las amistades de ella), pero son un tipo diferente de cubanos», le dijo el embajador sentado en su carro en el parqueo del trabajo de Noel. Le recomendó que si deseaba tener sexo lo hiciera con las mujeres de la misión.

Había ido a visitarlo para hacerle una alerta, que se cuidara de las personas que no estaban de acuerdo con el sistema cubano porque podría afectar su misión. Noel no podía dar crédito a lo que escuchaba. Él llevaba meses con la muchacha, se entendían bien y hasta el momento ella no se había involucrado en política. No comprendía la razón de aquella intromisión.

«Embajador, yo soy mayor de edad. Cuando vea que haya algo que va en contra del reglamento de la misión, sabré alejarme», contestó ante la presión del diplomático, quien también terminó molesto por el encuentro de aquel día.

La conversación que tuvo Noel no era fortuita y mucho menos un hecho aislado. La Resolución No. 168 de 2010 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera pauta el Reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior como colaboradores. En el capítulo 2 «De los deberes de los colaboradores» no solo aparece la obligatoriedad de acatar las disposiciones de los jefes, sino que en el inciso n dicta el deber de «informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde presta colaboración».

Mensajes de WhatsApp enviados por funcionarios cubanos a colaboradores de misión en la isla Santa Lucía.

 En el artículo 8 del reglamento se consideran «infracciones de la disciplina relacionadas con el prestigio y la conducta social de los colaboradores» el sostenimiento de relaciones con nacionales o extranjeros, residentes en el país donde se cumpla con la misión, que no concuerden con los «principios y valores de la sociedad cubana» y con ciudadanos cubanos, nacionales o extranjeros que se muestren contrarios a la Revolución cubana.

¿Quién define los «principios y valores de la sociedad cubana»? ¿Por qué un contrato laboral limita la libertad de movimiento, las relaciones personales y dicta normas de convivencia?

UNA HISTORIA CON DOBLE CARA

La posibilidad de enviar trabajadores fuera de Cuba como forma de exportar servicios especializados se concretó desde 1960. Personas calificadas en educación, construcción, arte, servicios navieros, entre otros, viajaron por medio de acuerdos bilaterales mientras el Gobierno cubano lo vendía como «solidaridad», «ejemplos de ofrecimiento», «acciones de cooperación».

De acuerdo con el recuento cronológico que aparece en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex), en 1960 viajó una brigada médica a Chile y, tres años después, otra a Argelia. Luego, el salto en el tiempo es largo, se menciona la desaparición de la URSS y el «bloqueo genocida» del Gobierno estadounidense para exaltar las cifras: «Hasta hoy, más de un millón de cubanas y cubanos han prestado servicios profesionales y técnicos en 166 naciones». Los casos más numerosos y conocidos provienen del personal de Salud, pero otros profesionales y técnicos también han sido enviados al exterior.

En el libro Los mitos de la Revolución cubana, la investigadora María Werlau explica que por décadas el Gobierno presentó las misiones como gesto de altruismo, pero a partir de 2010 reconoció que recibía pagos por esa vía. «Sin embargo, el esquema siempre ha generado ingresos para el Estado cubano y está anclado en la explotación de los trabajadores», asegura la fundadora del proyecto Archivo Cuba, una iniciativa para promover los derechos humanos y visibilizar las violaciones del Gobierno cubano.

Al cierre de 2021, el ministro de Comercio Exterior Rodrigo Malmierca declaró que Cuba ofrecía cooperación en 74 países con 29 954 colaboradores. Pero Werlau, que ha dedicado muchos años a investigar las misiones médicas cubanas en el exterior, alerta no fiarse de las estadísticas oficiales del Gobierno porque pueden ser contradictorias y varían de un informe a otro.

La investigadora Vivian Cabrera Pérez registra en un estudio de 2014 que en la cooperación Sur-Sur, desde 1961, Cuba ha establecido vínculos con 157 países con un total de «448 649 colaboradores, de ellos 255 431 son profesionales y técnicos de la Salud (en 107 países)».

Gráfica con valor del comercio exterior de servicios exportados por divisiones (miles de USD).

Los países que contratan el servicio se encargan, por lo general, del traslado aéreo y de proporcionar viviendas y salarios a los cooperantes cubanos. Uno de los puntos problemáticos para los profesionales ha sido la pérdida de una buena parte del salario que les entrega el Gobierno del país donde trabajan.

Los colaboradores que han firmado contratos en los que aceptan ceder una parte de su salario a cualquier empresa u organismo estatal tienen pocas posibilidades de reclamar luego. El jurista Julio Antonio Fernández Estrada sostiene que ante un tribunal cubano se podría solicitar «que ese contrato se anule por vicio en la emisión de la voluntad, como puede ser por fraude, error o amenaza». Habría más posibilidades de reclamación para los colaboradores que no firmaron, que tienen pruebas de lo que pagaban por ellos y que nunca percibieron.

Fernández Estrada asegura que «el Estado cubano es intermediario obligatorio en la contratación de mano de obra cubana por inversionistas extranjeros en Cuba y paga menos de la mitad que la parte extranjera, sobre todo por personal especializado como los marineros dragadores». Reconoce en estos procederes una medida de control: mantener a las personas con ingresos mínimos para limitar su desenvolvimiento económico y político.

Noel reconstruye de memoria su rutina de los días de pago durante el año que estuvo de misión. Su sueldo ascendía a 2 000 dólares estadounidenses. El día del pago le avisaban del Departamento del Tesoro, debía ir al lugar, hacer una fila y recoger un cheque. De ahí se trasladaba al banco y depositaba la cantidad que aparecía en el cheque en una cuenta que le hicieron cuando llegó.

De los 2 000 dólares, se quedaba con 800 y estaba obligado a transferir 1 200 dólares a la Uneca, la entidad por medio de la cual viajó a Santa Lucía. Pero la transferencia no la hacía en dólares estadounidenses, sino en canadienses. Debía convertir los 1 200 antes de enviarlos y tenía que pedir a la persona que lo atendiera en el banco que le hiciera un documento en el que se certificara la tasa de cambio de dólar estadounidense a canadiense ese día, para que no hubiese lugar a duda de si había querido embolsarse dos o tres pesos de más. El recibo de la transferencia y la constancia de la tasa de cambio los entregaba al jefe de la misión cada mes.

Como no pagaba electricidad, solo el gas, su comida y aseo, a Noel no le parecía mal entregar el 60 % de su salario, en comparación con otros colaboradores cubanos, como las enfermeras. Ellas entregaban el 50 % de un sueldo menor que el suyo y se quedaban con unos 600 USD. «Eso sí, no daba para nada», sentencia.

Otros colaboradores debían pagar la electricidad, que es costosa, por lo que no podían encender el aire acondicionado. A los que residían en un hotel les daban a diario, con la comida, una cajita de jugo que ellos reunían y luego vendían al precio de 1 East Caribbean Dollar (XCD), moneda local equivalente a 0.371 USD. De esa manera podían conseguir algún ingreso extra sin buscar problemas, pero dejando de comer.

EL PESO DE LOS ESTIGMAS

Todo marchó más o menos bien hasta que en junio de 2021 le dijeron al padre de Daniela y Dunia que cerraban su contrato. Le avisaron con una semana de antelación. Cumpliría un año de trabajo, cuando inicialmente le habían prometido de dos a tres.

Aquello no estaba en sus planes, no había ahorrado lo suficiente. Solo supo que por cuestiones de presupuestos no renovaron los contratos.

El mundo vivía la pandemia de coronavirus, no había vuelos regulares a Cuba para poder regresar el mes siguiente y establecerse por sus medios. Noel decidió quedarse, con mucho miedo y bastante estrés.

El reglamento disciplinario para los colaboradores dicta entre los deberes la obligación de regresar a Cuba al concluir la misión, en la fecha y por los medios de transportación que la entidad que los envió indique. Aunque el contrato haya cerrado, como le sucedió a Noel, la misión no concluye hasta que el colaborador esté de regreso en Cuba.

El artículo 20 del reglamento señala como medida disciplinaria de mayor severidad la expulsión de la misión y el regreso a Cuba. No existe norma alguna que regule la prohibición de entrada al país a quien abandone una misión oficial durante los siguientes ocho años, como en efecto lo ha aplicado el Gobierno cubano al margen de la ley.

Al prohibir la entrada a Cuba de los nacionales que abandonen la misión o no deseen regresar a la isla, el Gobierno ha creado una estrategia de estigmatización y descalificación. «Desertores», los llaman. El discurso oficial los construye marginados e indignos, porque así los necesita para legitimar su castigo. Una investigación de elTOQUE de 2019 explica que «a los médicos, deportistas, maestros, a cualquier profesional que haya rehusado volver en medio de un contrato de trabajo, se le acusa de traición y se le impide su regreso. Son los llamados “inadmisibles”».

Traidores a la Patria: concepto en conflicto ante la nueva Constitución

A los médicos, deportistas, maestros, a cualquier profesional cubano que haya rehusado volver en medio de un contrato de trabajo, se le acusa de traición y se le impide su regreso. Son también llamados “inadmisibles”. En medio del debate constitucional varias voces se alzan pidiendo su eliminación.

Para el jurista cubano Raudiel Peña, la prohibición de los ocho años es una medida ilegítima, sin fundamento jurídico que la explique porque está políticamente motivada y pretende desestimular el abandono de misiones oficiales. «El Gobierno cubano muchas veces se excusa en la necesidad de proteger el capital humano que formó la Revolución ―argumenta―, pero realmente restringe de manera arbitraria e ilegítima el derecho al libre tránsito; un derecho humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Cuba firmó en febrero de 2008, pero no ha ratificado».

PESE A TODO, LA DECISIÓN ES NO REGRESAR

Josué* dejó el municipio cienfueguero Aguada de Pasajeros en 2015. Tenía 26 años y no había salido antes del país. Iba con cinco o seis personas de la localidad a cumplir una misión en Venezuela en el programa Barrio Adentro Deportivo, creado el 31 julio de 2004 con el propósito de expandir la práctica de ejercicios físicos a las comunidades venezolanas. En el año de su inauguración, Barrio Adentro llevó a 5 000 técnicos cubanos al país suramericano, con el objetivo de formar a 25 000 promotores deportivos integrales comunitarios.

El profesor recibió una capacitación antes de viajar en la que le explicaron el reglamento. En ese momento le importaba su carrera y cubrir las necesidades de su familia. Antes de irse, un compañero le advirtió que llevara frijoles, ajo, cebolla, aceite. Precisa Josué: «todo aquello que me sirviera para mantenerme, yo no entendí por qué, pero cuando llegué, lo supe».

Algunos alimentos y el aseo personal eran difíciles de conseguir en Venezuela. Josué recuerda que vivía bastante mal. La vivienda que le tocó en Santa Teresa, Valles del Tuy, estado Miranda, no tenía condiciones. Una de las paredes de su cuarto era una sábana que colgaba del techo, no tenía ventilador y la cama tampoco le permitía descansar con comodidad. La cocina se compartía entre cuatro personas.

La relación con sus compañeros la define de «ni buena ni mala», porque no se conocían y eso le chocó. Además, el riesgo de presenciar una balacera en Venezuela enrarecía la estancia. Josué resistió cinco meses en la misión, pasó hambre y mucho trabajo. El pago no recompensaba el esfuerzo.

―¿Alcanzaba para vivir?

―Para nada.

―¿Tenías que pagar renta?

―No, pero mi medio de transporte me lo pagaba yo. En Venezuela existía una canasta básica que se llamaba mercal. Eso lo daban por barraca, como si fuera por CDR (Comité de Defensa de la Revolución). Entonces el CDI (Centro de Diagnóstico Integral), que es como los policlínicos en Cuba, llevaban el registro de cada uno y te tocaba un mercal, pero con eso no daba para sustentarte un mes entero.

En Cuba recibía un estipendio de 180 dólares que cobraba su mamá, mientras el pago en Venezuela nunca llegaba a tiempo y no supo cuánto pagaba el Gobierno de ese país por ellos porque la información no era pública.

Cuando decidió abandonar su trabajo, conocía de la prohibición de los ocho años para volver a Cuba, pero pensó que valía la pena. No dijo nada a nadie. Si lo descubrían, lo deportarían. Se fue solo.

Su partida coincidió con la petición del presidente Juan Manuel Santos de que los colombianos regresaran a su país a cambio de protección en medio de un conflicto con Venezuela. Entre la ola de nacionales retornados se escabulló el profesor aguadense. Los colombianos lo ayudaron para que pasara como uno de ellos. Logró montarse en un bus con unas 40 o 50 personas hasta la frontera con Cúcuta, municipio colombiano capital del departamento de Norte de Santander. De ahí emprendió viaje hacia Estados Unidos, donde reside hoy.

Aunque Noel no tenía fronteras que atravesar en Santa Lucía, también vivió las tensiones que el aparato institucional cubano ha creado para intimidar y coaccionar las libertades de sus profesionales en el extranjero.

Tampoco le contó ni a su sombra que se quedaría en Santa Lucía. Consultó con su madre, hermana y la madre de las niñas; ellas aprobaron la decisión. Los ingenieros no estaban tan vigilados como los médicos y Noel había acostumbrado a sus compañeros de trabajo a que salía y entraba solo, no daba muchas explicaciones. Así que comenzó a mudarse poco a poco para una nueva renta sin que nadie lo notara.

«El último día de trabajo, solo me quedaba en la casa la comida del refrigerador y una mochila roja. Recogí todo, dejé la casa limpia y desaparecí», recuerda.

Ese día le hicieron una despedida, terminó su jornada laboral, pero no regresó al hospedaje de la misión. Cambió el número de teléfono y no contestó más llamadas.

A los diez días, supo que el jefe de la misión había preguntado por él en su antiguo trabajo, volvió a conectar la vieja línea de teléfono al móvil y comenzaron a entrar mensajes y llamadas, entre ellas una del jefe de la misión.

Levantó el teléfono y ante la insistencia aceptó reunirse con el hombre en su casa. «No me faltó el respeto, no me presionó», dijo. Le habló de sus niñas y de los ocho años sin verlas. Le sugirió que regresara, pero el ingeniero sabía que si volvía no lo dejarían salir. No hubo acuerdo, pero sí paz. El padre de Daniela y Dunia pudo dejar de esconderse.

Con la reactivación de la vieja línea, el ingeniero recibió largos y ofensivos mensajes por WhatsApp de la directora de la Uneca. Le decía que él era una vergüenza para el país. Los métodos de control mostraban entonces otro rostro. Lo visitaban supuestos amigos que le sugerían no mezclarse con determinados cubanos, le llegaban advertencias disfrazadas de consejos sobre sus publicaciones en Facebook en contra de la gestión del Gobierno de La Habana.

«Aquí hay muchas diferencias políticas entre los cubanos. Ellos han metido un sistema de división que es increíble, todos desconfían de todos», cuenta.

Noel imprimió varias copias de su currículo, traía el título universitario legalizado desde Cuba y lo tradujo al inglés en su nuevo lugar de residencia. En Santa Lucía, un extranjero debe pagar 7 500 XCD (poco más de 2 700 USD) para obtener el permiso de trabajo. Con esos documentos y sin ninguna recomendación, salió a buscar trabajo.

Estuvo de junio a inicios de septiembre de 2021 sin trabajar en espera de que le llegara el permiso para poder hacerlo. Casi agotó sus ahorros, aunque tomó medidas, como hacer una sola comida al día. Tuvo que pedir dinero prestado para sostenerse el primer mes en el nuevo trabajo porque se quedó sin capital. Hoy gana bien y ayuda a su familia en Cuba.

PASAPORTE ROJO, OTRA HERRAMIENTA DE CONTROL

La historia de Jennifer Pérez es diferente a la de Noel y Josué. Ellos temen revelar su identidad y que eso afecte a sus familias en Cuba, con la que añoran reunirse alguna vez. Pero Jennifer sí ha contado su experiencia y lo ha hecho como método de presión. Entendió que, si se callaba, nunca lograría ser escuchada.

La ajedrecista no viajó a una misión, nadie le pagó su pasaje aéreo ni le gestionó su estancia, pero salió de Cuba en marzo de 2013 con un pasaporte oficial. Había viajado antes a Ecuador y sabía que había agotado el número de entradas con el pasaporte rojo. Tocaba gestionar un visado, pero las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) no la escucharon. Tuvo problemas para entrar a Ecuador, estuvo retenida largas horas en un cuarto del aeropuerto.

Finalmente, le concedieron una visa temporal por diez días para que pudiera cumplir con el propósito de su viaje: participar en un tope de ajedrez, cuya gestión y gastos habían corrido por su cuenta. Formaba parte de la preselección nacional cubana de ajedrez y estaba fichada, en cierta forma, por las autoridades deportivas cubanas.

En Ecuador se le presentó una oportunidad interesante de trabajo y no quiso desaprovecharla, así que visitó al representante de Cuba Deportes en Ecuador y le explicó su situación. Él fue estricto, le dijo que no. Debía regresar a la isla, entregar el pasaporte y tramitar todo por su cuenta. Jennifer sabía lo que significaría ese regreso y tomó la decisión, según cuenta, de no truncar su futuro.

Remarca que procuró hacer lo correcto: entregó su pasaporte oficial en la Embajada cubana y tramitó uno nuevo, el regular de color azul. Recuerda que la señora que la atendió fue amable: «¿Sabes qué? Si yo tuviera tu edad hubiera hecho lo mismo».

Gran maestra Jennifer Pérez en el Campeonato Continental Femenino 2022, en el que resultó campeona

Estuvo temporalmente sin pasaporte con una carta del Consulado que notificaba que el documento estaba en trámite, pero sabía que la consideraban «desertora» y que no podía regresar.

El día que salió de Cuba no tenía intención de quedarse. Su familia no estaba al tanto de lo ocurrido. Cuando llamó a su abuela para contarle, la señora quedó en silencio, no entendía.

Pasados cinco años, intentó varias veces solicitar una visa humanitaria, que se concede en caso excepcional de urgencia para ver a un familiar inmediato; quería reencontrarse con su abuela. Varias veces la denegaron y nunca le dieron razones. «Recuerdo que siempre decían: “porque tú te fuiste de misión y no regresaste”». Ella lo interpretaba como un vacío en su historia, un error, una equivocación.

En tanto la situación de sus abuelos se agravaba, un amigo ―también ajedrecista― le comentó que estaba haciendo las cosas mal, que ni con el Consulado ni con el Gobierno ni con nadie de Cuba había diálogo posible, que contara su historia de otra manera.

Jennifer se puso en contacto con la periodista Yoani Sánchez, del medio independiente 14yMedio, y le contó. El texto salió en 2019, tuvo muchas vistas, el alcance que ella necesitaba. En noviembre de ese año recibió una llamada del Consulado de Cuba, su visa humanitaria había sido aprobada y debía volar de inmediato o no podría hacerlo. Sin nada previsto ni organizado viajó con mucho miedo.

La ajedrecista es gran maestra, ha jugado en varias olimpiadas mundiales y llama la atención en cada torneo por ser la cubana que reside en Ecuador y juega por Paraguay ―llegó a ser la número uno de ese país―, porque, entre los castigos, la Federación Cubana de Ajedrez la expulsó de sus filas. No ha vuelto a representar a Cuba en un certamen internacional y tampoco contó con el apoyo para jugar por Ecuador.

Cuba tuvo uno de los equipos más potentes del mundo en el ajedrez. Un recuento de la publicación Periodistas en español relata que contaba en 2019 con 52 grandes maestros y en 2016 «se cifraba en más de 160 los ajedrecistas cubanos con algún título internacional de FIDE (gran maestro, maestro internacional, maestro y candidato a maestro) que habían optado por el exilio; la gran mayoría, 86, elige Estados Unidos». Actualmente, Leinier Domínguez Pérez es el cubano mejor posicionado en el mundo, ocupa el puesto 17 en el ranking de FIDE, juega con la bandera de Estados Unidos.

Historias similares a la de Jennifer han vivido ajedrecistas como Arian González, radicado en España, quien también contó su vivencia a 14yMedio en 2015, tras un lustro sin poder regresar a Cuba. «Me lo han quitado todo, incluso mi familia. Es muy frustrante no tener derechos», dijo. Al volver, se manifestó el 12 de julio de 2021 en las calles de su natal Camajuaní, Villa Clara, con gritos de «viva Cuba libre», «patria y vida» y «estamos cansados de represión». Sufrió detención por su pronunciamiento. Pero la comunidad ajedrecística internacional salió en defensa del gran maestro, entre ellos el ruso Garri Kaspárov y el también ajedrecista cubano exiliado Lázaro Bruzón.

PETICIONES DESOÍDAS, REENCUENTROS FRUSTRADOS

Josué, el entrenador deportivo, aterrizó en Cuba el 3 de enero de 2022. Le habilitaron su pasaporte, le permitieron abordar el avión, pero cuando llegó a La Habana un oficial de migración le dijo: «Tú sabes lo que tú hiciste y por eso que hiciste no te podemos dar la entrada a este país».

El Gobierno cubano ha jugado con sus nacionales en el exterior y con la posibilidad de que se reúnan con sus familias en Cuba. El 28 de octubre de 2017 el medio oficial Cubadebate publicó cuatro nuevas medidas migratorias entre las que se enumeraban la eliminación de la llamada «habilitación» del pasaporte cubano, la autorización de entrada y salida de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo y el permiso de entrada a los ciudadanos cubanos que salieron ilegalmente del país, excepto los que lo hicieron por la Base Naval de Guantánamo.

Al día siguiente, el medio de prensa aclaró el significado de las medidas que entrarían en vigor a partir de 2018. Se beneficiarían los cubanos y cubanas que salieron de manera ilegal porque no tendrían que esperar ocho años para regresar a la isla, excepto «las personas que abandonaron misiones médicas, diplomáticas o delegaciones deportivas u otro tipo. En ese caso, sí se mantiene que no pueden regresar al país durante los ocho años siguientes a su salida».

Annarella Grimal, periodista e historiadora, ha vivido de cerca las frustraciones y los intentos fallidos de profesionales y técnicos cubanos que han buscado encontrarse con su familia en Cuba. En 2017, sus primos Mayra y Arquímedes Ladrón de Guevara, médicos impedidos de entrar a Cuba, la agregaron al grupo de Facebook #NoSomosDesertores #SomosCubanosLibres, una iniciativa para visibilizar la historia de cubanos y cubanas en el exterior y que hoy reúne 10 768 miembros.

Miguel Díaz-Canel a Irlanda en octubre de 2019.

Organizar un viaje en masa a Cuba, llamar la atención de la opinión pública internacional, aterrizar en avión en La Habana… El grupo valoró varias opciones, muchas ponían en riesgo la integridad física de los participantes. En enero de 2020 algunos miembros organizaron lo que el doctor Miguel González llamó Operación Regreso a Casa, que requería un registro virtual, pero la iniciativa fue cancelada por falta de voluntarios.

La antecedía el fiasco de una travesía en barco que se realizó en febrero de 2019. Alrededor de 200 ciudadanos que no podían volver a Cuba abordaron un crucero en Florida, Estados Unidos, no tenían intención de bajarse de la embarcación en puerto habanero. «El propósito era que sus familiares compartieran con sus seres queridos en las instalaciones del barco los dos días que permaneciera en la capital cubana», cuenta Annarella.

Según registró el sitio web No somos desertores, el costo por persona fue de 600 dólares e incluía un equipaje de 23 kilogramos por cada pasaje. Uno de los casos más sensibles a bordo era el del médico cubano Manoreys Rojas, quien había abandonado una misión en Ecuador. «Sus hijos lo esperaban en tierra firme. Llevan tres años sin ver a su padre y su niña mayor, adolescente, sufre de depresión. Hace apenas unos meses estuvo muy grave. Manoreys viajó a Cuba a verla y no lo dejaron entrar por “desertor”», reportó el sitio.

Cerca de mil personas esperaban en Cuba reunirse con sus familiares, pero las autoridades cubanas no les permitieron abordar.

Otra de las historias documentadas por Annarella es la del anotador del equipo de béisbol de Villa Clara Erasmo Ramos García, quien abandonó un contrato en Venezuela para asentarse en Estados Unidos. El estadista del municipio Placetas también sufrió la prohibición de los ochos años sin retorno a Cuba. Amistades con las que Grimal contactó aseguran que al menos tres veces le negaron la entrada al país. Estaba en proceso de un cuarto intento cuando falleció en un accidente de tránsito en Manassas, Virginia.

El interés de Annarella por apoyar la causa del grupo trascendió en octubre de 2019 durante la visita oficial del presidente Miguel Díaz-Canel a Dublín, Irlanda, país donde ella reside. La periodista conoció por un colega que se organizaba un encuentro entre el mandatario y la comunidad cubana residente en el país europeo. Ella no había sido invitada. Le molestó la selectividad, por lo que escribió una queja a la Embajada. Unas horas antes de la cita, le enviaron una invitación.

El 23 de octubre a las 8:00 p. m. en el hotel Clayton Annarella pudo ver a Díaz-Canel. Sería de las pocas o quizá la única asistente que no iba a aplaudir al presidente. «Pidió apoyo. Urgió a los cubanos residentes en Irlanda que se unieran a la banda de cibercombatientes que apoyan la dictadura en las redes. En ese momento no pude continuar callada», recuerda la periodista.

Su intervención es pública en redes sociales. Grimal pidió la inclusión y la tolerancia para los cubanos. Opinó que no le parecía bien que hubiese cubanos impedidos de regresar a su país. La respuesta del presidente fue un galimatías de evasión: «Nosotros ni por política ni por sentimiento excluimos a nadie, lo que pasa que hay cubanos que se han excluido».

Encuentro en la Embajada de Cuba en Irlanda con la vicecanciller cubana Ana Teresita González Fraga en septiembre de 2018.

En septiembre de 2018, Annarella tuvo un encuentro similar en la Embajada de Cuba en Irlanda con la vicecanciller cubana Ana Teresita González Fraga sobre el proyecto constitucional. Dialogaron sobre la inclusión de «traición a la patria», término que tantas arbitrariedades había amparado. La periodista cubana comprobó una vez más que los funcionarios cubanos simulan la escucha, pero no atienden estas peticiones. En el artículo 4 de la Constitución quedó plasmado: «La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones».

Con estas restricciones y una crisis demasiado extendida en el tiempo, Cuba se ha convertido en un lugar donde cada vez cuesta más la vida. Es, por ejemplo, uno de los países con peor salario mensual promedio en el mundo. Según la compañía de estadísticas NationMaster, Cuba se ubicaba en el último lugar del ranking mundial en 2014 con un salario de 25.5 USD mensuales.

Jennifer Pérez entendió que su carrera ajedrecística en Cuba tenía un techo, por las dificultades de acceso a Internet y las posibilidades de superación. Josué reconoce que ningún dinero del mundo paga la distancia, pero que gracias a su decisión su mamá tiene un plato de comida sobre la mesa y ropa que ponerse.

A Noel, con la prohibición de ocho años, el Estado cubano le impide cumplir con los deberes pactados dentro de la responsabilidad parental en el nuevo Código de las Familias. En el inciso d del artículo 138 se reconoce la necesidad de «convivir, siempre que sea posible, y mantener una comunicación familiar permanente y significativa en sus vidas, que propicie el desarrollo de sus afectos familiares y su personalidad, para lo cual se requiere de la presencia física y la comunicación oral o escrita, incluida la que se produce a través de medios tecnológicos».

¿Cómo se defienden? ¿A quién apelan los cubanos y cubanas sin amparo legal? Raudiel Peña sostiene que cuando la persona queda fuera de las fronteras nacionales se dificulta poner una demanda, interponer un recurso. Quizá un familiar podría estimular un proceso de amparo de derechos constitucionales, pero el jurista lo considera una salida ineficaz por la escasa o nula independencia del sistema judicial cubano.

En una carta fechada 6 de noviembre de 2019, las relatoras especiales de la ONU Urmila Bhoola y Maria Grazia Giammarinaro se dirigieron al Gobierno de Cuba para llamar la atención sobre las condiciones de trabajo y de vida de médicos cubanos de misión en el exterior, con mención a maestros, ingenieros o artistas sometidos a circunstancias similares. Las relatoras calificaron el desempeño de los profesionales cubanos como «trabajo forzoso», según indicadores de la Organización Internacional de Trabajo, y, por tanto, como «una forma contemporánea de esclavitud».

Ni Josué ni Jennifer ni Noel valoraron la opción de emigrar de Cuba como primera aspiración. Los acontecimientos los condujeron a tomar una determinación. El Gobierno penaliza la diferencia y abandona. Deja fuera a una Cuba dolida por la distancia, desprovista de recursos para defenderse y cada vez más molesta ante la prohibición y el desamparo.

*Los nombres utilizados son ficticios para proteger la identidad de los testimoniantes.