El 7 de enero de 2025 se produjo un incendio y una explosión en una base militar en Melones, municipio Rafael Freyre, en la provincia de Holguín. Una semana después, el Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) confirmó lo que muchos sabían o temían desde los primeros momentos: cuatro oficiales y suboficiales y nueve soldados habían muerto en el siniestro.
Durante los siete días que mediaron entre el siniestro y la primera escueta confirmación del Minfar, la jefatura del Ejército cubano permaneció en silencio bajo la justificación de que se investigaban las causas del incidente. En paralelo, mantuvo la declaración de los trece fallecidos como personas «desaparecidas».
El manejo de la información, la declaración de los fallecidos como personas desaparecidas y el número de soldados del servicio militar obligatorio muertos en el siniestro, permiten retomar viejas discusiones.
EL TIEMPO DE LOS DESAPARECIDOS
En primer orden, el comunicado del Minfar que declaró la muerte de las 13 personas involucradas, demostró de forma implícita que la declaración de «desaparecidos» que pudo haber sonado para muchos como algo racional en su momento, fue solo una declaración vacía que perseguía ganar tiempo para ocultar las reales dimensiones de lo que había sucedido en Melones. Una dimensión que, a pesar de las muestras oficiales de dolor y de las ceremonias militares, todavía no ha sido informada en detalle a la opinión pública cubana.
Por regla general, la declaración de una persona como desaparecida, se produce cuando sus allegados o las autoridades desconocen su paradero y conservan esperanzas ante la ausencia de evidencias que indiquen lo contrario, de que pueda ser encontrada con vida. Por eso, la declaración de «persona desaparecida» implica acciones de búsqueda por parte de las autoridades.
El comunicado asegura que la «complejidad extrema que existe en el terreno producto de las explosiones, los efectos de los gases acumulados y los severos daños ocasionados, así como el peligro real de derrumbes debido a la afectación estructural de la obra» había impedido a los rescatistas siquiera llegar al «lugar donde se encuentran [encontraban] los 13 compañeros que enfrentaron heroicamente el siniestro».
Del breve comunicado emitido por el Minfar, que declaró fallecidas a las trece personas que una semana antes había considerado desaparecidas, se puede deducir que los militares cubanos siempre supieron dónde se encontraban esas personas, que conocían el lugar al que habían ingresado y, evidentemente, a qué se enfrentaron. Lo más grave de todo es que, según se desprende del comunicado, los altos mandos militares cubanos sabían desde el primer momento que las posibilidades de encontrar con vida a los oficiales y soldados que declararon como desaparecidos eran inexistentes.
LA HISTORIA QUE SE REPITE
El comunicado evidencia que, al igual que los bomberos de la base de supertanqueros en Matanzas, las víctimas de Melones entraron a enfrentar «heroicamente» el siniestro, impulsados por órdenes de oficiales más equipados con una valentía basada en la ignorancia que con los recursos, medios, información y entrenamiento adecuados. Lo más trágico de todo es que, en esta ocasión, volvieron a arrastrar a la muerte a nueve jóvenes reclutas que, según parece, formaban parte de lo que ellos mismos habían calificado como una «brigada contra incendios».
El Minfar sabía desde el principio dónde estaban las trece personas que declaró como desaparecidas. Del comunicado se puede inferir que el jefe del estado mayor de la Unidad los había enviado y acompañado hacia una muerte sin ningún resultado aparente. Y digo «sin ningún resultado aparente» porque, aunque las autoridades cubanas aún no han dado detalles precisos sobre el siniestro, lo evidente es que cuando se decidió enviar a subalternos a enfrentar el incendio, con los limitados recursos y personal disponible, ya era imposible evitar el trágico desenlace. Tanto es así que, hasta hoy, oficialmente, las autoridades no han podido acceder al lugar donde sabían que estaban los cuerpos sin vida de quienes intentaron, en vano, contener lo inevitable.
Desde el primer momento, las autoridades cubanas sabían que las posibilidades de encontrar a alguien con vida en el lugar del siniestro eran prácticamente nulas. También sabían que ni siquiera podrían realizar una búsqueda efectiva para recuperar los cuerpos. Durante toda una semana alimentaron las esperanzas de los familiares y amigos de las víctimas, prolongando su duelo y manteniendo una ilusión basada únicamente en el silencio oficial y el amor por sus seres queridos.
Hoy también podemos suponer que este prolongado silencio escondía la perfidia y el irrespeto del régimen cubano por la vida de los nueve jóvenes reclutas y sus familias.
MOMENTO «OPORTUNO» PARA INFORMAR DE LAS MUERTES
En varias ocasiones, los burócratas cubanos han defendido la idea de que el pueblo debe recibir información, pero solo en el momento que ellos consideran «oportuno». La declaración oficial sobre el fallecimiento de los nueve soldados, y los cuatro oficiales y suboficiales, se realizó poco después de que la administración estadounidense del expresidente Joe Biden anunciara que Cuba sería excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y de que el régimen cubano informara sobre su intención de impulsar un nuevo proceso de excarcelaciones masivas que incluiría 553 personas privadas de libertad.
Las circunstancias que llevaron a las autoridades cubanas a declarar la muerte de las trece personas que previamente habían considerado desaparecidas no debieron haber cambiado entre el momento en que se inició el siniestro y la emisión del comunicado oficial. En una nota publicada por Granma el 9 de enero de 2025, se afirmaba que, en la tarde del día 8, más de 24 horas después de iniciado el incendio, un grupo de prensa «había tenido acceso a los espacios más próximos posibles a las obras soterradas siniestradas». Los reporteros indicaron que aún se veían columnas de humo «coronando varias elevaciones». A pesar de que el texto aseguraba que desde la noche del 8 de enero no se habían reportado más explosiones, el diario independiente 14yMedio informó, el 21 de enero, que fuentes locales indicaban que todavía se escuchaban una o dos explosiones diarias en la zona.
La dimensión de lo sucedido en Melones parece haber sido tan dramática que incluso el periódico Granma no pudo ocultar ―aunque lo presentó como un acto de valentía y heroísmo por parte del funcionariado― que, mientras evaluaban los riesgos del incendio, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Rafael Freyre fue herido entre los ojos por una esquirla de vidrio, resultado de la primera gran explosión en la unidad militar. El periódico señaló que el funcionario, junto con otro grupo de personas, «había llegado hasta las proximidades de un silo incendiado» cuando se produjo la explosión. La onda expansiva, según el reporte, «los impactó a todos, arrojándolos al suelo en medio de una nube de partículas, tierra y polvo que volaba en todas direcciones».
A pesar de todas las evidencias que apuntaban que encontrar a alguien con vida en esos túneles sería casi imposible, el régimen cubano esperó siete días desde el siniestro para anunciar lo que era evidente desde mucho antes.
Y lo hizo, probablemente, no porque estuviera llevando a cabo labores de búsqueda, que hoy sabemos nunca se realizaron, sino para aprovechar la cobertura mediática de la liberación de presos políticos, la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La forma en que el régimen cubano manejó el siniestro no solo siguió el guion preestablecido para este tipo de sucesos, sino que, en este caso, fue una lección magistral de cómo la burocracia y su propaganda aprovecharon eventos que sabían que sucederían para desviar la atención de la opinión pública y minimizar el impacto mediático y las críticas de un desastre con costos significativos.
Hoy, los familiares de las víctimas han tenido que llorar a sus seres queridos con una fotografía, tras haber sido enviados a la muerte y después de que las autoridades jugaran con su integridad y con el dolor de quienes dejaron atrás. El régimen cubano alimentó esperanzas infundadas, al tiempo que oculta las verdaderas causas y condiciones que provocaron la muerte de trece personas, especialmente de nueve jóvenes que servían de forma obligatoria en el ejército.
Por eso, con más razón que nunca, la explosión en Melones debería reavivar y profundizar el debate público cubano en torno a cuestiones relevantes que pudieran resumirse en estas y otras interrogantes:
¿Cuáles son las garantías de las que gozan nuestros jóvenes durante el servicio militar activo?
¿Quién asume la responsabilidad por su bienestar o malestar mientras cumplen órdenes más basadas en emociones e ignorancia que en la racionalidad y real necesidad?
¿Es imprescindible que nuestros jóvenes sirvan obligatoriamente en un ejército que no enfrenta una amenaza militar seria?
¿Tienen que morir nuestros jóvenes en condiciones nunca esclarecidas y ocultadas?
A su vez, muchos de estos cuestionamientos se pueden condensar en una sola pregunta: ¿A qué tipo de justicia pueden apelar los padres, soldados que desean evitar el servicio militar o que son víctimas de un ejército que, lejos de ser una herramienta para enfrentar las amenazas que sufre el país, se ha convertido en una amenaza para quienes le sirven?
Estas interrogantes están mucho más vigentes después de lo ocurrido en Melones. Y a lo que aspiramos muchos cubanos es a que no sea necesario que otro evento similar suceda para que los cubanos las retomemos e impulsemos un movimiento político destinado a cuestionar e impulsar cambios en el modelo de alistamiento obligatorio existente en la Cuba comunista.
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