Un grupo de reconocidos intelectuales y artistas cubanos residentes en el archipiélago —que pertenecen a instituciones culturales oficiales— redactaron una misiva pública la cual titularon «Manifiesto contra el silencio, por la justicia» y cuyo propósito central es exigir la excarcelación de los manifestantes condenados del 11J. Al espíritu y finalidad del texto se sumaron intelectuales y académicos de la diáspora.
De manera esencial, el manifiesto deviene protesta. Persigue también denunciar, una vez más, la represión estatal desplegada para aplacar las protestas del 11 y 12 de julio de 2021; así como las sentencias ejemplarizantes a quienes fueron juzgados. Especifica la misiva que es un deber humanista condenar todo episodio de violencia y arbitrariedad, con independencia de la ideología que profese el Gobierno que lo cometa.
El texto llama a intelectuales y artistas a que se unan y hagan suya la denuncia, para así lograr un idóneo acompañamiento a las víctimas de Estado y un freno real de los actos punitivos de la Administración cubana.
Entre los signatarios destacan realizadores de cine como Fernando Pérez y Juan Pin Vilar; los historiadores Alina Fernández, Mario Navia y Leonardo Fernández; los poetas Alex Fleites y Jorge Fernández Era; así como activistas —algunos temporalmente fuera de Cuba, pero con residencia activa en la isla— vinculados a disímiles protestas públicas que han desafiado al poder estatal en fechas recientes.
Reproducimos a continuación el contenido íntegro del manifiesto.
A la comunidad artística e intelectual cubana:
Los días 11 y 12 de julio de 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio Tejada, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de 1 000 ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de 500 ciudadanos en los que se han dictado penas ejemplarizantes las cuales, en varios casos, superan los 20 años de cárcel.
En Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J, el Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un objeto o bien ajeno con las de quien agrede —y es un agente del orden o civil— a otro ciudadano.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:
I- Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos, del mismo modo que de manera cotidiana se manifiesta la ciudadanía en nuestra región latinoamericana y en el resto del mundo. Y en cualquier república, cuando se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.
II- Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la mala gestión gubernamental. Hay desproporción en las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional.
III- Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras.
IV- Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, y resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba.
V- En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces.
Desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.
Por ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, su connotación punitiva y las lecciones de procesos similares en nuestra región, exigimos la excarcelación de nuestros compatriotas; y la delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a derecho de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por una amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia, no. El derecho no puede subordinar a la justicia.
Adriana Ortega Normand
Alberto Abreu Arcia
Alex Fleites Rodríguez
Alexander Hall Lujardo
Alexei Padilla Herrera
Alfredo López de la Rocha
Alina Bárbara López Hernández.
Amaury Pacheco Del Monte
Armando Chaguaceda Noriega
Camila Cabrera Rodríguez
Carmelo Mesa-Lago
Carolina Barrero Ferrer
Dany Roque Gavilla s.j
Eloy Viera Cañive
Fernando Pérez Valdés
Harold Cárdenas Lema
Haroldo Dilla Alfonso
Helen Ochoa Calvo
Ivette García González
Jorge Fernández Era
José Manuel González Rubines
Juan Pin Vilar
Leonardo Manuel Fernández Otaño
Leonardo Romero Negrín
Mario Valdés Navia
Marta María Ramírez García
Mauricio de Miranda Parrondo
Miguel Alejandro Hayes
Omar Everleny Pérez Villanueva
Pedro Manuel Monreal González
Rafael Rojas Gutiérrez
Raúl Prado Rodríguez
Sandra Ceballos
Tania Bruguera
Teresa Díaz Canals
Uva de Aragón y Hernández-Catá
También firman y respaldan está exigencia cívica:
Abdiel González Maimó
Adriana Fonte Preciado
Aíxa Negrín Ortueta
Alberto Hernández Osorio
Alejandra Pino Díaz
Alfredo Castellanos Collazo
Álvaro Tejeda Sardiña
Aminta D” Cárdenas
Ariel Hidalgo
Arnaldo Simon Casanova
Aydana Hernández Febles
Camila Ramírez Lobón
Carlos Antonio Amador Rodríguez
Carlos Ricardo Molina Rodríguez
Carmen Corella
Carolina Sansón Aguiar
Claudio Gaitan Garmendia
Daína Chaviano
Daniel Triana Rubio
Danilo Pompa
Danny Echerri Garcés
Elaine Acosta González
Flavio Garciandía de Oraá
Gerardo Mosquera
Giselle González García
Guillermina De Ferrari
Hamed Oriol Toledo Torres
Iván de la Nuez
Jorge Dalton
Jorge Ferdecaz
Jorge Gómez de Mello
José Alejandro Estévez
José Leandro Garbey Castillo
Juan Carlos Sáenz de Calahorra
Juan Manuel Tabío
Julio Llopiz Casal
Laideliz Herrera
Luis Cino Álvarez
Magdiel Jorge Castro
Marcela García Olivera
María Antonia Borroto Trujillo
Marta Castillo
Massiel Carrasquero Ramos
Miguel Augusto Gómez Fernández
Miguel Coyula
Orlando Rojas
Pedro Pablo Bacallao
Rachel Alfonso
Remy Ramses Hernández Lois
Ricardo Figueredo Oliva
Rodolfo Gómez Schlittler
Rosario María Cruz Matos
Royma Cañas
Serguei Martínez Castillo
Víctor Manuel Viera Potestad
Yanet Rodríguez
Yelanys Hernández Fusté
Yosniel García
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