El 22 de febrero de 2023, el perfil de Twitter de la Red Femenina de Cuba publicó un video en el que su presidenta, Elena Larrinaga, denunció la oposición del Gobierno cubano a una solicitud presentada por la plataforma para realizar una marcha el 8 de marzo en diversas zonas del país. «Cientos de miles de mujeres se concentrarán en el mundo para pedir sus derechos en pie de igualdad con los hombres. En Cuba, no», lamentó Larrinaga.
Las activistas Elsa Isaac, Zuleydis Pérez y María Elena Mir fueron las encargadas de llevar la propuesta, en nombre de la Red, a las autoridades de Holguín, Guanabo (La Habana) y Santiago de Cuba, respectivamente. Dos de ellas ―Pérez y Mir― fueron detenidas e interrogadas en las propias instituciones donde suscribieron la solicitud; mientras que Isaac fue citada el 12 de enero por la Policía por recopilar las firmas necesarias para presentar la petición, y dos días después fue recluida forzosamente en su vivienda para imposibilitar su asistencia a las oficinas estatales.
Larrinaga aclaró en su intervención que los procedimientos del Gobierno eran injustificados, pues las solicitudes habían sido concebidas y presentadas «en estricto cumplimiento de la norma». Frente a la resistencia gubernamental a propiciar y asegurar una marcha física, la Red Femenina de Cuba lanzó una convocatoria de marcha virtual que propone a las mujeres publicar videos, historias y posts en sus redes sociales con el fin de compartir sus demandas. También se convocaron manifestaciones físicas en Madrid y Nueva York.
A la iniciativa en redes sociales se han sumado otras organizaciones como la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI), la revista feminista Alas Tensas, así como numerosas activistas e intelectuales como Yanelys Núñez, Iliana Hernández, Yaima Pardo y Luz Escobar.
Con anterioridad, varias plataformas y medios independientes de la isla han llamado la atención sobre la violencia creciente hacia las mujeres y han exigido la declaración de un estado de emergencia, debido a los elevados números de víctimas de feminicidio en 2023 (16 en apenas dos meses). Las estadísticas son recopiladas de forma independiente por los observatorios Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, con el aporte de algunos medios y gracias a la ciudadanía, dado que no existen cifras públicas oficiales y actualizadas. Tampoco se cuenta con registros públicos de violencia sexual que, por su naturaleza, resultan más difíciles de recabar de forma independiente, y que precisen al menos las cifras y los lugares donde ocurren los delitos.
En torno al 8 de marzo, la prensa oficial se inunda con artículos celebratorios de la mujer cubana, que recalcan el papel protagónico de la Revolución en el logro de las conquistas femeninas y enmascaran ―a través de las organizaciones civiles que han establecido para crear la impresión de apoyo popular― los problemas que aún afligen a este sector de la población.
Ejemplo claro de la complicidad es la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que en sus perfiles de redes sociales no se pronuncia sobre la violencia institucional o la censura sufrida por las mujeres que disienten ni sobre los recientes feminicidios; sino que dedica sus publicaciones a los discursos del presidente Miguel Díaz-Canel, a la veneración de la vicepresidenta Inés María Chapman o a regodearse en que el 55.3 % de los miembros del actual Parlamento son mujeres.
El único papel notable que ha jugado recientemente la organización, fundada en 1960 por Vilma Espín, ha sido el de la denuncia tardía ―y muy discreta― del cantautor oficialista Fernando Bécquer, condenado por abusos sexuales diez meses después de que se hicieran públicos los primeros testimonios en la revista El Estornudo. El caso Bécquer demostró la capacidad de presión de la prensa independiente sobre el Gobierno cubano. Además, expuso que la dirección de la FMC estaba dispuesta a tolerar la protección de los «amigos» del cantautor en el poder, pero solo hasta cierto punto.
En oposición al silencio oficial, varias plataformas independientes han propuesto iniciativas para contrarrestar el abandono institucional y prevenir crímenes por razones de género. Es el caso de Yo Sí Te Creo en Cuba, que ha habilitado líneas de consulta y atención para personas en situación de violencia machista y, además, ha puesto en marcha varias campañas para demandar la creación de refugios para víctimas y sobrevivientes.
El Gobierno cubano, aunque posee políticas públicas enfocadas en las mujeres como la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, en la práctica no garantiza su protección; sobre todo si se trata de personas en clara oposición al régimen. Por ello, es común que colectivos que han sido impulsados al activismo político en defensa de sus hijos, como las madres de los presos del 11J o las Damas de Blanco, sean uno de los principales objetivos de la Seguridad del Estado y sufran, a menudo, la violencia estatal.
Teniendo en cuenta el panorama actual al que se enfrentan las mujeres cubanas, y contando de antemano con la caricatura de emancipación y goce de derechos que exhiben los medios oficialistas, cabe preguntarse por el sentido o la efectividad de una protesta por los derechos de las mujeres en la isla.
En 2021, la periodista Ailynn Torres Santana reflexionó sobre la cuestión en un artículo publicado en OnCuba, en el que enumeró ocho razones para marchar. Entre sus propuestas para el empoderamiento femenino ubicó problemas (la distribución de las responsabilidades parentales y matrimoniales) que el reciente Código de las Familias ―en vigor desde septiembre de 2022― parece solventar, al menos en el papel.
En este sentido, un artículo del periódico Granma del 8 de marzo de 2022 llama a la mujer cubana «baluarte de la familia y la Revolución». El diario del Partido Comunista asegura que hay mujeres ocupando los más altos puestos en cada uno de los sectores del país y que, con el Código, las mujeres ―que cargan con el peso del trabajo, las tareas domésticas y la educación de los hijos― se verán beneficiadas y protegidas por el Estado.
Sin embargo, las mujeres cubanas no parecen haberse liberado aún de las cargas sociales que menciona Granma. Por el contrario, siguen atadas a las tareas domésticas y de cuidados dentro del matrimonio, la familia y la sociedad. Por tanto, son ellas las que enfrentan en gran parte la crisis de alimentos y medicamentos del país.
El Estado cubano ha priorizado una vez más el paraíso que exporta a la Cuba real. Las bajas por maternidad y los salarios igualitarios no cubren la ausencia de anticonceptivos orales y preservativos en las farmacias ni el escaso acceso a productos de higiene menstrual de calidad. Tampoco garantizan un aborto seguro, aunque sea legal, debido en gran medida a la escasez de insumos médicos. Estas garantías son la más básica responsabilidad del Gobierno para con las mujeres de la isla. Su incumplimiento constante viola, por tanto, el derecho a la planificación familiar y a decidir sobre su cuerpo de forma digna.
Estos son, en materia de derechos sexuales y reproductivos, algunos de los obstáculos de las mujeres cubanas, a los que se suman otros muchos en el sector laboral y familiar; situación que el Estado cubano, a través de la censura y coartamiento de las iniciativas independientes, no parece estar dispuesto a reconocer.
La Red Femenina de Cuba, que lidera la iniciativa de la marcha virtual este 8 de marzo, denuncia también la «criminalización y falta de legitimación de [su] trabajo como activistas y periodistas independientes», y ha instado a todas las mujeres de la isla a exigir firmemente sus derechos, «para que lo virtual no sea [el] único espacio de lucha».
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