Filmar el horror en Cuba está prohibido. El Gobierno cree que lo importante no es lo que ocurre ni lo que la gente sufre para sobrevivir, sino que los demás se enteren, que lo suban en una historia de Instagram, que lo publiquen en Facebook. 

Por esa razón, la Fiscalía pide más de cinco años en prisión para Julio César Duque de Estrada Ferrer. Por una consecución de hechos que comenzó mientras él filmaba una «aglomeración» en un punto de venta de gas.

La crisis de gas en la isla es profunda y cíclica. «La baja disponibilidad» y barcos que no descargan el producto por impagos es lo común. Sin luz y sin gas, la gente está al borde de la locura inventando cómo cocinar, cómo alimentarse. Cuando llega el gas, es lógico que todos quieran comprar. Eso sucedió el 5 de septiembre de 2024 en un punto de venta ubicado en Carlos Dubois entre Trocha y Princesa, Santiago de Cuba, a las doce del mediodía. 

Julio César fue detenido esa tarde. Cuatro días después le impusieron una medida cautelar de prisión provisional; una semana y media más tarde (21 de septiembre), lo trasladaron hacia el Establecimiento Penitenciario Aguadores, donde se encuentra retenido desde entonces. 

Tras ocho meses privado de libertad sin que se celebrara juicio, en mayo de 2025, la fiscal Lena Sardina Santana firmó las Conclusiones Provisionales de su caso. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó una copia del documento.

A Duque le impugnan tres delitos: desobediencia, atentado y resistencia, por los cuales se le solicita al Tribunal cinco años y seis meses de cárcel como sanción conjunta. 

¿Qué hizo Julio César Duque de Estrada Ferrer?

Las Conclusiones Provisionales cuentan así los sucesos:

Duque de Estrada Ferrer se encontraba en un punto de venta de gas licuado el 5 de septiembre de 2024. Había una aglomeración de personas y Julio César comenzó a filmar con su celular lo que allí sucedía.

¿Es legal filmar a un funcionario público durante el ejercicio de sus funciones?

No existe prohibición expresa en la norma cubana que impida a las personas filmar a funcionarios públicos (incluidos policías) en el ejercicio de sus funciones.

Según consta en el documento, el oficial operativo de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés —quien realizaba un recorrido por la zona— se «personó» en el lugar. El funcionario le «ordenó» a Julio César que dejara de filmar y que guardara el teléfono. Julio no guardó el celular, pero sí lo bajó. El oficial le exigió su carné de identidad, pero «el imputado se negó y se tornó agresivo». Soulary, entonces, «le ordenó que lo acompañara al mercado industrial de esa misma zona». Y hasta allí fueron.

En el interior del mercado, el oficial volvió a exigir los documentos de identificación y Julio César hizo el intento de volver a grabar, pero Soulary le «exigió» que guardara el aparato. Mientras el agente revisaba los documentos —y según lo relatado por la fiscal—, Julio «se aprovechó (...) y con una de sus manos le propinó una fuerte bofetada [al oficial] a nivel del rostro lateral izquierdo sin ulteriores consecuencias».

A partir de ese momento, se generó un forcejeo entre ambos hasta que Soulary neutralizó a Julio César «y lo aseguró con un alambre que se encontró en el lugar (...) hasta que llegaron los patrulleros». Luego, lo trasladaron a una estación y lo denunciaron.

Sin embargo, el OCDH asegura que el informe oficial omitió datos relevantes. El Observatorio cuenta: «lo que en realidad ocurrió fue que el oficial le arrebató violentamente el teléfono a Duque de Estrada». elTOQUE no pudo contrarrestar con fuentes directas lo que en realidad ocurrió, pero no es la primera vez que fuerzas policiales agreden a ciudadanos comunes que son quienes terminan por ser los acusados.

Hacia el final de la primera página de las Conclusiones Provisionales narran quién es Julio César. Pero la descripción no solo se centra en su fecha o lugar de nacimiento o en la dirección en la cual vive, sino que añaden otros elementos que en rigor nada tiene que ver con los sucesos. Así escriben: «con anterioridad a los hechos no estaba integrado a las organizaciones políticas y de masas, no participaba en las actividades encomendadas por dichas organizaciones, se pronunciaba en contra del proceso revolucionario, de sus dirigentes».

Fiscalía pide diez años de cárcel por criticar al Gobierno cubano en Facebook: el caso de Alexander Verdecia

El activista Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), podría pasar una década en prisión por convocar a las personas «a rebelarse contra el sistema y sus dirigentes» en su cuenta personal de Facebook.

La fiscal Lena deja por escrito lo que es una verdad y secreto a voces hace mucho tiempo en Cuba: no estar «integrado» con la Revolución, no obedecer, no amarla y manifestar públicamente ese desacuerdo te convierte de facto en un «enemigo», en un «peligro», en una figura a la que hay que eliminar a cualquier precio.

La represión por contar

La petición fiscal a Julio César Duque de Estrada se suma a los casos recientes de cubanos condenados por publicar en redes sociales. Impugnaciones que se disfrazan de otros delitos, pero que en realidad no son más que el castigo y la censura del régimen de La Habana con quienes vayan contra sus normas coercitivas. 

A mitad de junio de 2025, la Fiscalía solicitó una condena de diez años de prisión para el activista Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), por expresar opiniones críticas contra el Gobierno en su cuenta personal de Facebook.

En abril de 2024, un Tribunal condenó a Mayelín Rodríguez Prado —de 22 años y madre de una niña de 3 años, en ese momento— a pasar 15 años en la cárcel luego de que filmara y trasmitiera por Facebook parte de las protestas que acontecieron en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Fue la condena más alta del total de 14 pobladores juzgados por manifestarse.

El caso de Sulmira Martínez también es conocido. La joven permanece en prisión hace más de dos años. No se ha llevado a cabo su juicio. Está acusada de propaganda enemiga por administrar una página crítica en Facebook y publicar mensajes contrarios a la ideología revolucionaria.

No existe prohibición expresa en la norma cubana que impida a las personas filmar a funcionarios públicos (incluidos policías) en el ejercicio de sus funciones. Las imágenes que se toman en el espacio público no están protegidas por las reglas de privacidad. El oficial Soulary no tenía motivo real para ordenarle a Julio César que dejara de filmar lo que sucedía en Santiago de Cuba. 

Pero nada de lo anterior importa en Cuba. La criminalización judicial siempre está sobre la mesa para impedir que el poder absoluto del Gobierno se desestabilice. No es una estrategia nueva. Solo que ahora podemos leerla en papel y podemos documentar las farsas y artilugios legales para justificar, en este caso, la represión por contar.

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