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Imagen: Red Femenina de Cuba

Ley contra la violencia de género en Cuba, la solicitud que no ha sido escuchada

16 / noviembre / 2022

«En lo que va de año se han producido 32 feminicidios en Cuba. No podemos seguir esperando ni permitir que mueran más mujeres. Necesitamos una ley que las proteja». Este es uno de los mensajes de la nueva campaña impulsada en redes sociales por la Red Femenina de Cuba, que vuelve a articular al activismo feminista por una ley orgánica de protección integral contra la violencia de género en el archipiélago. 

De manera constante, la petición se ha mantenido en la agenda pública, al menos, en los últimos cuatro años. Sin embargo, la respuesta del Gobierno cubano, hasta el momento, no da certezas de que esto ocurra en el futuro inmediato.   

Con las etiquetas #LeydeGéneroYa y #TenemosNombres, la iniciativa también posiciona otras demandas como la necesidad de contar con datos oficiales sobre violencia de género y que se garantice una educación afectiva sexual desde edades tempranas. 

¿POR QUÉ UNA LEY INTEGRAL?

En noviembre de 2019, 40 cubanas solicitaron que el cronograma legislativo incluyera una ley integral contra la violencia de género a cuatro representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por el derecho respaldado en la Constitución. La solicitud, que fue difundida por diversas plataformas digitales, superó las 900 firmas de apoyo en pocos días. 

Sin embargo, como refiere la petición, no era la primera vez que se establecía tal necesidad. La urgencia de una ley específica había comenzado a integrarse al debate desde 1999. En esa fecha, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la Organización de Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, instó a aprobar una legislación especial para enfrentar la violencia en Cuba. 

En «la solicitud de las 40», como luego se le conoció, se establecía que la ley creara las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención, que garantizara el acceso a la justicia y preservara las vidas de las mujeres. Además de sancionar los delitos, ya que su propósito no debe ser solo punitivo.

Para ello, la normativa debía considerar «la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas, y construir programas de concientización para las mujeres, los agresores, las instituciones y la sociedad en su conjunto».

La acción cívica llegaba en lo que se consideró un momento político favorable, dado que el artículo 43 de la Constitución aprobada en 2019 establece la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.

Asimismo, en 2019 se hizo pública la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG) realizada en 2016, y Cuba presentó su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030, que incluyó el primer dato oficial público sobre femicidios en el país. 

Sin embargo, como se confirmó con la publicación del calendario legislativo hasta 2028, una ley integral no estuvo entre las reformas agendadas.  

Hasta el momento, la ruta seguida por las autoridades ha sido incorporar la atención a la violencia en otros cuerpos legales, no en una norma específica. Es el caso del nuevo Código Penal —aunque no tipifica el delito de feminicidio— que entrará en vigor el primero de diciembre; y del Código de las Familias, vigente desde septiembre de 2022. 

En su propuesta de una ley integral contra la violencia de género, las feministas cubanas advertían que no solicitaban «una norma fragmentada, sectorial ni focalizada, sino un instrumento que, en su integralidad, permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género». 

Las políticas públicas que de cierta forma guían el proceso de cambios legislativos en Cuba son el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), publicado el 8 de marzo de 2021; y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, vigente desde el 9 de diciembre de 2021. 

En este último acuerdo se plantea como objetivo evaluar la pertinencia de diseñar una norma integral con rango de ley, lo que sigue dejando su aprobación en el limbo de lo posible, a pesar de que la experiencia internacional respalda su valor. 

La estrategia vio la luz un día después de que se publicaran las cinco primeras denuncias por abusos sexuales contra el trovador Fernando Bécquer, en el medio independiente El Estornudo. Sin embargo, los diez meses que duró el proceso de acceso a la justicia y que concluyó con el reconocimiento de la culpabilidad del agresor demostraron que, en efecto, es necesaria una legislación integral.

No hubo reparación para las víctimas, más allá de la sentencia —para muchos, insuficiente— de cinco años de limitación de libertad y que está siendo apelada por el acusado. 

Como establecía la «solicitud de las 40», una ley contra la violencia podría, por ejemplo, habilitar y exigir la creación de protocolos institucionales que disminuyeran la revictimización de las denunciantes, garantizaran servicios de acompañamiento y permitieran la reparación social.

Cuba no cuenta con un instituto o ministerio especializado en igualdad de género ni se reconoce el activismo ciudadano. Todo parece indicar que la responsabilidad de impulsar una ley de este tipo sería de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la única organización femenina reconocida por el Estado y que cuenta con iniciativa legislativa. Sin embargo, sus representantes no han declarado públicamente que sea su intención. 

OTRAS IDENTIDADES QUE DEBEN SER PROTEGIDAS

La Red Femenina también incluyó entre los objetivos de la campaña digital, que se mantendrá durante 16 días de activismo (hasta el 10 de diciembre) otras demandas que intersecan con luchas de la comunidad LGBTIQ+. 

Una de estas es asumir a las transidentidades como colectivo específico dentro de la norma solicitada para atender la violencia de género. La aprobación de una ley de identidad de género se ha mantenido como una demanda del activismo feminista y LGBTIQ+ por más de una década, sin que tampoco se insertara en el actual calendario legislativo.

La Red también incluye como necesidad legitimar y oficializar los datos necesarios en materia de violencia de género (no existen estadísticas oficiales actualizadas sobre el problema en la isla). En 2021, la FMC anunció la creación de un Observatorio de Género que incluirá los registros actualizados de femicidios en el país, pero al parecer la iniciativa aún no se concreta. 

Además, solicitan que se garantice la educación afectivo-sexual integral desde edades tempranas en las escuelas y la familia, con un enfoque basado en la igualdad y de prevención de la violencia. 

En esta dirección, las autoridades habían dado un paso importante con la Resolución 16, del 26 de febrero de 2021, que aprueba el Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, en septiembre de ese año, anunciaron que su implementación sería aplazada por cuestiones organizativas, lo que muchas personas consideraron una concesión ante las presiones de grupos religiosos. 

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Jessica Castro Burunate
Periodista y editora de género. Investiga temas relacionados con la violencia machista, migraciones y cuidados.
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