La Habana entra este primero de septiembre en una fase mucho más rigurosa de control para tratar de cortar la transmisión de la COVID-19.

Un grupo de medidas anunciadas por el gobernador de la capital cubana y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Reinaldo García Zapata, profundizan el distanciamiento físico y la circulación de personas y vehículos por la vía pública.

Entre las disposiciones llama la atención la prohibición de permanecer en la calle a partir de las 7 p. m., de juegos, actividades deportivas y estancias en parques, en todos los horarios; la limitación de la venta en tiendas en CUC solo a personas con dirección permanente en los municipios donde estén ubicadas estas tiendas.

Todas estas medidas se justifican en un momento en que la pandemia del nuevo coronavirus se ha expandido por los municipios de La Habana, puede hacerse incontrolable y, sobre todo, porque una avalancha de casos y de sospechosos puede amenazar la capacidad del sistema de Salud capitalino, que ha requerido ayuda de personal médico y paramédico de otras provincias.

El pueblo de Cuba —según mi percepción después de más de treinta años de observación consciente de la realidad social nacional— confía en el sistema de Salud Pública, pero no tiene la misma percepción de las instancias administrativas que a todos los niveles deben tomar las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Por esta razón es imprescindible —en casos como estos, en que se anuncia que el gobernador puede decidir sanciones por contravenciones de la población, con una red acompañante de inspectores y agentes del orden que las ejecutarán in situ— una sensibilización a estos funcionarios públicos, para que sean prudentes, respetuosos, pacientes y sabios; lo cual es difícil lograr en instancias tan pequeñas del funcionamiento de la administración pública, en Cuba y en cualquier parte del mundo.

Y hay que sensibilizarlos porque el pueblo cubano lleva demasiado tiempo en lidia con la escasez, con las trabas burocráticas de la administración, con la arbitrariedad de los funcionarios, con la incomprensión de decisores públicos insensibles, con la pobreza, con el bloqueo, y también con la mala educación, indecencia, violencia y vida tramposa de nosotros mismos, la que hemos ido aceptando como parte del ajiaco patrio.

Por estas razones es que la mano dura que he oído aplaudir en estos días debe ser moderada. La democracia, la legalidad y el estado de derecho solo aceptan la mano dura del pueblo, no del Estado. En todo caso, la mano dura debe ser sujeta a derecho y a derechos, no puede ser hija de la arbitrariedad ni del voluntarismo político.

Repito que podemos entender todas las medidas restrictivas, menos las que limiten derechos constitucionales, a no ser que se declare un estado de excepción como indica la Ley.

También puedes leer: ¿Qué significa para los derechos ciudadanos la emergencia por COVID-19 en Cuba?

Llamo a la cordura de los administradores de las nuevas medidas porque algunas de ellas han sido ambiguas y van a traer injusticia, como la que reduce el transporte privado y no aclara hasta dónde es esa limitación, a qué horarios se restringe la circulación, a qué personas está dirigida, a qué tipo de transporte, etc.

Lo mismo sucede con la medida que limita el juego de los niños y niñas en la calle. Es muy comprensible, pero podía haberse pensado en horarios, lugares específicos, juegos específicos. Una caminata, en una hora determinada por las autoridades, puede evitar el estrés creciente que les puede generar el encierro. No tiene por qué ser un problema permitir que de 5 a 6 p. m. puedan jugar de forma individual al aire libre.

La otra medida que amenaza con ser un gran problema es la de la prohibición de comprar en las tiendas en CUC a personas con una dirección permanente diferente a la de la tienda donde se intenta adquirir alguna cosa. Esta decisión es muy controvertida porque en La Habana existen miles de personas con dirección en su carné de identidad distinta a la del lugar donde se domicilian en realidad.

Es legal vivir en un lugar que no coincide con nuestro nuestro carné, me adelanto a aclararlo para evitar malentendidos. Se puede vivir en un lugar distinto a tu dirección cuando eres arrendador; cuando has dado tu vivienda en usufructo a otra persona; cuando no has legalizado tu residencia, pero vives en casa de tus padres, de tu pareja, de tus hijos, de tus abuelos, de tus hermanos.

Rápidamente el Gobierno de La Habana aclaró que se entregarán unas tarjetas a personas en esta situación, que recogerán sus datos personales y el municipio donde viven en la actualidad. Además, se informó que cada municipio verá la forma de articular la entrega de esta tarjeta y que el responsable será la administración de cada municipio, pero sigue sin conocerse qué documentos o qué pruebas deberá aportar cada persona que quiera recibir este documento, por lo que todavía tenemos más dudas que certezas.

Todo lo anterior no eliminará, por cierto, la enorme arbitrariedad que significa que una persona que viva en el Casino Deportivo, en el municipio Cerro, no pueda cruzar una calle y caminar unas cuadras para comprar en las tiendas del Mónaco, pertenecientes al municipio 10 de Octubre; sobre todo cuando en el reparto conocido como El Casino, no hay tiendas semejantes a las que atraen a la población en el referido complejo comercial del Mónaco.

Se ha aclarado que en el caso en que la tienda se encuentre en el límite de dos municipios se podrá acceder a ella desde cualquiera de los dos, pero las cercanías como las del Casino Deportivo y el Mónaco quedan fuera de esa aclaración.

También puedes ver: 

Espera sentado por TuEnvio

Pocos días después de que se hicieran públicas las decisiones del Consejo de Defensa Provincial de La Habana —el 28 de agosto específicamente—, se ha conocido que el órgano homólogo de Santiago de Cuba ha acordado una serie de medidas para organizar las colas y evitar los riesgos de transmisión de la COVID-19. Entre ellas se encuentra la división de la semana en días en que podrán comprar en las tiendas los hombres, las mujeres e incluso se deja el domingo para las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad, quienes deberán probar su condición en la entrada de estos establecimientos.

A esta medida, drástica también, en una provincia sin casos de coronavirus hace meses, ha respondido la población en las redes sociales, debido a su cariz discriminatorio, y el Centro Nacional de Educación Sexual ha debido anunciar que está en comunicación con el Consejo de Defensa de Santiago de Cuba para mediar sobre los derechos de las personas trans.

Sin embargo, nada dicen sobre esta división entre hombres y mujeres que solo tendría sentido como modo de evitar la violencia de género en las colas. ¡Con tantas otras maneras de segmentar las aglomeraciones que no discriminan por género —usar segmentos del número del carné de identidad o los llamado “pico y placa” que usan distintas ciudades latinoamericanas para evitar que salgan todos los autos a la vez—!

Estas ideas solo tienen el objetivo de llamar a la tranquilidad y a la sabiduría de los decisores de La Habana y Santiago de Cuba, para que practiquen el viejo arte de la equidad y puedan lograr la justicia del caso concreto, más allá de las medidas y las normas. Para que recuerden, también, que la mano blanda siempre es más humana y rectificable que la mano dura. Una sola acción de la administración y sus funcionarios, en cualquier parte, soportada en la necesidad de la susodicha mano dura, no hace más que acumular resquemores contra la actividad estatal cuando nosotros, la ciudadanía, también necesitamos saber que la mano blanda es una opción.

EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS, PUEDES SEGUIR NUESTRA COBERTURA ESPECIAL EN ALIANZA CON PERIODISMO DE BARRIO AQUÍ.