El martes 17 de agosto las autoridades cubanas publicaron en la Gaceta Oficial un paquete de normas entre las que sobresale el Decreto-Ley 35 «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico».

Casi de inmediato, las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre el «DL35», que persigue formalizar límites a la libertad de expresión de los cubanos y abre las puertas al control de contenidos en el espacio virtual a través de multas y sanciones.

Muchos de los chistes hacen referencia a los riesgos que supone la nueva norma para la práctica de la libertad de expresión en redes sociales, un espacio plural sobre el que las autoridades intentan extender su control.

Algunos han interpretado la publicación de la norma como una respuesta a las protestas del 11J en Cuba; pero, aclara un texto de elTOQUEJurídico, «se trata de un paquete normativo cuya aprobación se anunció de manera oficial desde abril de 2021».

El primer objetivo del Decreto es lograr que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sea un «instrumento para la defensa de la Revolución».

También intentará impedir que los «servicios de telecomunicaciones / TIC» sean utilizados «para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos».

En una Mesa Redonda, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, valoró el paquete de medidas y dijo que «servirá para defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética y buena para la población».

Las nuevas normas permitirán a Etecsa —único proveedor de telecomunicaciones del país— interrumpir los servicios de Internet o teléfono «en los casos que corresponda». Es decir, el monopolio de las comunicaciones en Cuba y el Gobierno tendrán una justificación «legal» para suspender servicios, imponer multas, decomisar teléfonos o tarjetas SIM siempre que lo consideren oportuno.