Cuando el Gobierno cubano detiene a un periodista o lleva a juicio a ciudadanos que se organizaron por su cuenta, suele reaparecer una explicación: Cuba vive una situación excepcional por el embargo de Estados Unidos y esa excepcionalidad justificaría limitar derechos. Ese argumento puede rebatirse con herramientas jurídicas y teóricas.
El punto de partida no niega que las sanciones tengan efectos. Una cosa es reconocer que una política extranjera puede perjudicar a un país y otra muy distinta es aceptar que ese conflicto obliga a sus gobernantes a perseguir periodistas, a impedir asociaciones independientes o a llevar a juicio a quienes se organizan por su cuenta.
¿Qué dice el argumento de la excepcionalidad?
La tesis funciona en tres pasos: Cuba está amenazada, Cuba está bloqueada y, por lo tanto, el poder puede hacer lo que haga falta para defenderse. La consecuencia práctica es que los cubanos que no comparten las políticas del Gobierno deberían esperar a que termine el embargo para reclamar sus derechos.
Esa idea es antigua y, en el fondo, tiene un efecto concreto: si todo lo que ocurre en la isla es culpa del embargo y de la situación excepcional que provoca, entonces nadie responde individualmente por lo que hace en nombre de esa excepcionalidad. Defender la excepcionalidad como justificación de la limitación de derechos equivale a defender la impunidad de quienes reprimen.
¿Qué hay entre una sanción y una detención?
Entre una sanción estadounidense y una detención de un periodista en La Habana hay decisiones. Esas decisiones son humanas y se toman políticamente: hay funcionarios que ordenan, policías que ejecutan y autoridades que deciden. Por esa razón, el embargo no puede borrar la responsabilidad individual de cada eslabón de esa cadena.
Para ilustrarlo, sirve un caso en curso. Cuatro hombres, miembros de la masonería, enfrentaban un juicio el 5 de noviembre de 2026. La acusación formal era una operación ilegal de cambio de dólares. La suma en cuestión: 300 USD, que se usaron para comprar leche en polvo a personas mayores de un asilo. Se trata de una operación política presentada como un delito cambiario, y la relación entre esa causa y cualquier sanción estadounidense pasa, otra vez, por una decisión tomada dentro de Cuba.
El segundo ejemplo es la prensa independiente. Las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez fueron detenidas en la calle, les impidieron circular y les decomisaron sus equipos. Quien justifica esas actuaciones invocando el embargo queda del lado de quienes las ejecutan.
¿Qué explica Hannah Arendt sobre el terror?
Hannah Arendt, la pensadora que conceptualizó el totalitarismo, ayuda a responder la pregunta de fondo: ¿la violencia de un Estado totalitario es una respuesta a un enemigo externo? Según Arendt, no. El terror en los totalitarismos no aparece solo como reacción frente a adversarios que amenazan al Gobierno, sino como parte de una dominación que busca destruir la pluralidad y la capacidad de acción del individuo.
De ahí se desprende una consecuencia aplicable a Cuba: si el objetivo es dominar mediante el miedo, y no solo vencer a la oposición, la represión continuará aun cuando la oposición organizada sea derrotada. En Cuba, hace años que no hay oposición organizada y aun así se sigue reprimiendo.
Una imagen agrícola lo explica: la represión funciona como el herbicida que se echa en un campo ya arado para que no crezca nada distinto de lo que el dueño quiere. Esa lectura no es nueva: está descrita desde los años cuarenta por autores que entendieron el totalitarismo como un modelo de organización del poder, no como un fenómeno atado a un país.
¿Por qué el partido único choca con cualquier autonomía?
Un sistema que reclama para un solo partido la dirección de la sociedad tiene un problema con cualquier espacio de autonomía. Dos ejemplos lo muestran. La prensa independiente incomoda porque decide por sí misma qué investigar. La masonería incomoda porque sus miembros eligieron a sus dirigentes sin importar lo que diga el Ministerio de Justicia.
Ninguno de los dos casos guarda relación con el embargo: con bloqueo o sin bloqueo, con embargo o sin embargo, va a tener problemas cualquier ciudadano que decida organizarse sin pedir permiso.
Todos los Estados tienen función de policía y usan la fuerza para imponer orden, pero ese orden se ejerce dentro de marcos legales y legítimos. La represión política en Cuba no es legítima y muchas veces ni siquiera es legal de acuerdo con el ordenamiento de la isla. Regímenes de este tipo reprimen por la necesidad de conservar intacta su forma de poder: aceptar que los ciudadanos se organicen, se informen y compitan políticamente supondría aceptar la posibilidad de perder el control.
Havel y la vida independiente de la sociedad
Para cerrar, vale volver a El poder de los sin poder, el texto de Václav Havel, primer presidente de la Checoslovaquia poscomunista. Havel habló de lo que llamó «la vida independiente de la sociedad»: la de quienes escriben, enseñan, crean, practican su religión o se organizan según sus convicciones. Havel mostró que, para regímenes como el checoslovaco de entonces o el cubano de hoy, esa autonomía, esa independencia de la gente podía entrar en conflicto con el sistema incluso antes de que se convirtieran en oposición política explícita.
Esa es la conclusión que ata lo argumentado hasta aquí. Si el conflicto con el poder empieza en cuanto alguien actúa por su cuenta, como los masones que compran leche para un asilo o las periodistas que salen a reportear, el embargo puede agravar las dificultades del país, pero no explica por qué se detiene, se juzga o se decomisa. Esas son decisiones con responsables.
Nota editorial: este texto es una transcripción (hecha con ayuda de la IA y revisada por el equipo editorial) del programa «Ahora qué, con Eloy Viera» que se transmite por las plataformas de elTOQUE.













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