El 15 de enero de 2026 llegó a La Habana un avión con las urnas que contenían las cenizas de 32 oficiales y soldados cubanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint) que habían muerto el 3 de enero durante la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.
En Cuba, el silencio cayó como una losa sobre aquellos hechos. Meses después del homenaje de Estado de dos días, nada se dice sobre las circunstancias de las muertes y las investigaciones posteriores. Cuando se menciona a los fallecidos —algunos de los cuales formaban parte de la seguridad del dictador chavista y su esposa—, es para ensalzar la supuesta «resistencia» de los militares cubanos.
Sin embargo, en Venezuela emergen dudas sobre la versión oficial de lo que ocurrió en el complejo militar Fuerte Tiuna y en otras instalaciones atacadas por Estados Unidos. Algunos periodistas, activistas y fuentes relacionadas con el caso han planteado una hipótesis alternativa: algunos de los cubanos vinculados a la seguridad de Nicolás Maduro podrían haber muerto por fuego de fuerzas venezolanas y no exclusivamente por la acción estadounidense.
«Ustedes y nosotros tenemos el deber de preguntar qué les pasó a los agentes cubanos que eran la seguridad de Nicolás Maduro, porque tenemos la enorme sospecha de que no cayeron en enfrentamiento con soldados de Estados Unidos. Muy probablemente, fueron liquidados por agentes venezolanos en medio de la operación», dijo a elTOQUE Luis Carlos Díaz, periodista venezolano y defensor de derechos humanos.
El sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui también ha exigido transparencia. El director de la ONG Laboratorio de Paz escribió el 5 de abril de 2026 en X: «Según me comentan en privado, hay hipótesis escalofriantes sobre ajusticiamientos a funcionarios cubanos de seguridad. Y no por fuerzas estadounidenses. Solo una investigación independiente arrojará verdad sobre lo que pasó ese día».
A esa hipótesis se suma un hecho que ha alimentado las dudas: durante la última semana de enero de 2026, fueron detenidos varios exmiembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas venezolano (Cicpc), así como otros funcionarios activos de esa rama policial «por negarse a adulterar experticias del 3 de enero en Fuerte Tiuna», según informó César Batiz, director de El Pitazo.
El análisis técnico forense que debía realizarse tras el ataque podía aportar elementos sobre la posición de las víctimas, las trayectorias de los proyectiles y las características de las lesiones, datos fundamentales para determinar las circunstancias de las muertes.
Fuentes cercanas a los detenidos a las que tuvo acceso Batiz dijeron «que la presión contra esos funcionarios tenía un objetivo: modificar trayectorias de disparos como ocurrió en abril del 2002 tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez, alterar experticias fotográficas, eliminar evidencias que pudieran demostrar responsabilidades internas en los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna».
El medio independiente Runrun.es también informó sobre los miembros de la Policía de investigación criminal que fueron «detenidos y torturados por negarse a falsear el resultado de las pesquisas».
Una fuente protegida a la que tuvo acceso Runrun.es, declaró que uno de los funcionarios del Cicpc «fue torturado cuando lo agarraron…»; y añadieron: «él siempre ha sido super ético, tiene 26 años de servicio y es intachable. Se negó a firmar unas vainas [documentos] del 3 de enero…».
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU también registró esas denuncias. En marzo de 2026, María Eloísa Quintero, miembro del grupo de expertos independientes, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos: «se reportó que alrededor de 30 personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y sus familiares fueron detenidos luego de que los funcionarios presuntamente se negaran a falsear la evidencia relacionada con el ataque militar del 3 de enero».
El número exacto de detenidos no ha podido establecerse de manera independiente. El director del Cicpc, Douglas Rico, negó que fueran 30 funcionarios, pero familiares y allegados identificaron entre los prisioneros a varios agentes activos, entre ellos a Álvaro Róger Valladares Eslava y el inspector jefe de fotografía forense, Joharlinn Enrique Luzardo Noria.
Los arrestos ocurrieron por orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) venezolana. Una de las justificaciones iniciales para mantenerlos en cautiverio fue un supuesto «intento de asesinato contra el director del cuerpo [policial], Douglas Rico», informó Batiz. Luego, habrían sido imputados bajo cargos de «conspiración» y «traición a la patria».
El 26 de agosto la hermana de Joharlinn Enrique, Kiolis Luzardo, ofreció nuevos detalles de la detención del inspector en una entrevista con el periodista David Placer: «El 3 de enero lo llamaron para que fuera [al Fuerte Tuina] a hacer su especialidad de fotógrafo forense. Duraron como cinco días allí, haciendo investigaciones. Entregó su informe y el 23 de enero lo citaron a una reunión y se lo llevaron a la Dgcim».
Mientras estuvo en desaparición forzada, según denunció su hermana, «lo colgaron de las manos con una cadena, durante días, separado del piso, pasando frío, le aplicaron corriente y le daban una comida al día». Cuando pudo verlo en prisión, él le dijo: «tengo que cumplir con mi trabajo (…), ya yo pasé el informe de todo lo que se observó allí [el 3 de enero], no tengo por qué inventar nada, no entiendo por qué estoy aquí».
José Gregorio Rivas Sifontes, comisario retirado del Cicpc, continúa preso siete meses después de su detención. El 20 de agosto de 2026, su esposa Marly Morillo fue entrevistada mientras exigía su libertad en las afueras del penal Rodeo 1, del estado Miranda, junto a decenas de familiares de personas detenidas por motivos políticos.
Según dijo al periodista Jesús Gutiérrez Andúz, el exfuncionario fue «secuestrado» en enero y llevado «a la [unidad de la] Dgcim de La Carlota», una base aérea en Caracas. «Allí estuvo una semana y fue torturado, golpeado (…); y la única alimentación fue arroz con aceite».
A inicios de febrero, la familia supo que lo habían trasladado a Rodeo 1, establecimiento de máxima seguridad perteneciente al sistema de la contrainteligencia y conocido por sus duras condiciones y múltiples violaciones de derechos humanos.
«Lo culpan de conspiración y traición a la patria. No hay ningún tipo de prueba que diga que ellos han participado en algún hecho violento contra el país o el Gobierno», afirmó Morillo, quien asegura que a su esposo «se le ha ido deteriorando su salud, tanto física como mental».
Otro testimonio reciente de un familiar vincula las detenciones con las pesquisas que se hicieron en Fuerte Tiuna. Yeimy Guzmán, esposa del inspector Álvaro Róger Valladares Eslava, declaró el 11 de agosto de 2026 a la periodista Maryorin Méndez:
«Son personas que daban la vida por su trabajo y le vienen a pagar de esta forma, por una supuesta reunión (…) a raíz de lo que pasó el 3 de enero. Él salió a trabajar [ese día] con su jefe [Joharlinn Enrique Luzardo, también preso], se quedaron, hicieron todo lo que iban a hacer. Ellos vivían en reuniones…, tuvieron una supuesta última reunión y no los vimos más».
Además, entre los detenidos en Rodeo 1 relacionados con las investigaciones sobre los hechos del 3 de enero también figuran Héctor José Martínez Yanez (Cicpc), David Figueredo Sandoval (Cicpc) y Jesús Leonardo Gómez Brito (Cicpc).
Otros prisioneros vinculados con el caso de los investigadores policiales son el coronel retirado del Ejército Carlos Ulises Hernández Rojas y el teniente coronel del Ejército Manuel Alejandro Oria Arteaga, jefe de comunicaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada venezolana. Ambos están acusados de «conspiración y traición a la patria».
El mandatario Miguel Díaz-Canel ha dicho que los cubanos que protegían a Maduro «combatieron duro, enfrentaron a fuerzas élite de Estados Unidos (…) con superioridad de hombres, (…) con un despliegue sofisticado de tecnología y con un poder de fuego tremendo». Las declaraciones del gobernante cubano no permiten esclarecer las circunstancias de las muertes ni delimitar responsabilidades
En una conversación en el programa de elTOQUE «¿Ahora Qué?», el periodista y activista Luis Carlos Díaz reiteró la importancia de cuestionar al régimen de La Habana sobre los detalles de lo ocurrido el 3 de enero de 2026: «Culpar a Estados Unidos es lo típico del guion, pero ¿por qué no permitieron que la policía científica venezolana hiciera las investigaciones?».
«Los cubanos tienen el deber de preguntar qué pasó allí. Y lo tienen que hacer para que se entienda cómo operó el chavismo. Porque el chavismo trabajó años para sostener una relación con Cuba y de pronto termina en una traición», puntualiza Díaz.
Menos de dos semanas después del ataque de las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, los restos de los militares cubanos ya habían sido reducidos a cenizas y trasladados a La Habana.
La rapidez con la que se produjo el traslado de los restos y, posteriormente, la detención de funcionarios vinculados a las pesquisas plantea interrogantes que las autoridades venezolanas y cubanas no han respondido públicamente.
Siete meses después, las preguntas centrales siguen abiertas: ¿cómo murió cada uno de los 32 cubanos? ¿Qué información obtuvieron los investigadores del Cicpc durante las pesquisas y por qué detuvieron a algunos de ellos?
