Nueve años después de su paso por Angola, el doctor cubano Emilio Arteaga aún la recuerda como la peor de las tres misiones internacionales en las que estuvo. Pese a que admite haber bloqueado parte de sus memorias, como «mecanismo de defensa», no olvida la sensación de ahogo, una pérdida irreparable y la «militarización del ejercicio de la medicina» en el engranaje de la Corporación Antillana Exportadora S. A. (Antex) que lo contrató como psiquiatra de 2013 a 2015.

Antex —a partir de cuya gestión se centrará el escrutinio en esta investigación de elTOQUE con el apoyo de CONNECTAS— es el brazo ejecutor del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) de las Fuerzas Armadas de Cuba en el país africano a través de la comercialización de bienes y servicios, así como de la representación de negocios y de instituciones cubanas en el exterior. Arteaga fue apenas uno de sus miles de empleados.

«Se retirarán los soldados un día, mas no se retirarán los médicos, (…) los maestros, (…) los colaboradores en la construcción y en las variadas esferas de la economía y los servicios de Angola», dijo en 1986 Fidel Castro, artífice del «negocio de la solidaridad» que hoy «cultiva» salud donde antes «sembró» armas. La principal misión, más que ayuda internacional, es recaudar dólares y acumular réditos diplomáticos. El hándicap es que «depende fundamentalmente del esquema de trata de personas», advierte la investigadora María Werlau, directora ejecutiva de la ONG Archivo Cuba con sede en Miami.

Mapa de la expansión de Cuba en Angola. Fuente: Notas de prensa y documentos de los Gobiernos de Angola y Cuba.

Más de 30 000 profesionales cubanos prestan servicios en 70 países, actividad económica que constituye la principal fuente de ingresos del Gobierno de Cuba desde 2005. Angola es el segundo mercado —después de Venezuela— con mayor importancia estratégica para La Habana, explica María Werlau, de la organización Archivo Cuba. Allí, donde Antex concentra al menos el 34 % de los cooperantes cubanos en África y el 36 % de los médicos, Cuba ha logrado «proyectar su influencia política, ideológica y militar en una lucha poscolonial trascendental, a la vez que ha obtenido importantes beneficios económicos de parte de un Estado con reservas petroleras y riquezas naturales significativas», agrega la experta.

La presencia del ejército cubano en el país de recursos millonarios y población empobrecida ha evolucionado desde los años sesenta, consolidándose con la intervención militar en la guerra civil de Angola de 1975 a 1991 —oficialmente llamada «Operación Carlota», en alusión a una esclava cimarrona de igual nombre—. Para Fidel Castro, el continente africano era entonces «el eslabón más débil del imperialismo», por la ausencia de una burguesía robusta que hiciera frente a la transición del cuasi tribalismo al comunismo.   

En 16 años, Cuba llegó a desplegar unos 300 000 efectivos militares y 100 000 colaboradores civiles, de los cuales más de 2 000 murieron en el conflicto africano, asegura el discurso oficial. Asimismo, miles de asesores cubanos y soviéticos dirigían de facto los ministerios angoleños de la Construcción y Vivienda, Defensa, Educación, Finanzas, Transporte y Comercio Exterior, según un informe de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA, por sus siglas en inglés).

El poder del alto mando de la isla en el país africano quedó expuesto tras el enjuiciamiento por «traición a la patria» y posterior ejecución del general Arnaldo Ochoa Sánchez —Héroe de la República de Cuba y jefe de la misión militar en Angola— y otros militares en 1989. Durante el juicio se conoció que, además de sus muertos, Cuba sacaba de este y de otros países africanos marfil y diamantes, al tiempo que conducía en América actividades de narcotráfico para sufragar operaciones militares.

Antex, la empresa paraguas que arropa el entramado comercial del Gobierno cubano en Angola, surgió poco después de la ejecución del general «traidor»; en parte, para lavar el rostro del empresariado militar de la isla que —estima María Werlau— facturó entre 4 800 y 9 600 millones de dólares por el envío de tropas a Angola. Desde su creación, el 19 de diciembre de 1989^[1], el objetivo primordial ha sido —según estipulan contratos laborales de trabajadores cubanos en ese país— «aportar para Cuba moneda libremente convertible limpia, legal y sin manchas»; promesa que, como se verá más adelante, tampoco ha logrado cumplir.

La gran estafa

«Amén de que te estafen y no te den ni el 40 % de lo que te toca, uno trata de resolver el problema de la única manera que encuentra», dice Maritza, excolaboradora cubana de la Salud*; y agrega: «Nosotros no somos solidarios, nosotros somos unos oportunistas, porque vemos la oportunidad de hacer dinero y de adquirir, a costa del sacrificio de nuestra familia y de nosotros mismos lo que en Cuba ni trabajando la vida entera puedes tener».

Por esa razón, Maritza dejó a sus hijos al cuidado de la familia y se fue a Angola, una de las misiones cubanas internacionales mejor remuneradas. Allí, sanitarios como ella cobran, sobre el papel, entre diez y 16 veces más que su salario en la isla, lo que a su vez representa una pequeña parte de lo que el país receptor estipula por sus servicios.  

En 2012, el Gobierno angoleño pagaba 5 000 USD por concepto de salario mensual por cada médico cubano. La cifra fue confirmada en 2020 por la ministra de Salud de Angola, Silvia Lutucuta, como salario promedio y corroborada en un estudio de 2021 sobre la contratación de médicos cubanos en Angola, Portugal y Brasil. Angola pagaba a Antex directamente y por transferencia bancaria 12 meses de salario, un total de 60 000 USD.

Según testimonios del Observatorio de Libertad Académica (OLA), el pago del Gobierno angoleño a Antex para la contratación de personal en la Educación y la Cultura ronda los 6 000 y hasta 7 000 USD mensuales.

Angola también debe garantizar a los profesionales cubanos alojamiento amueblado con aire acondicionado e Internet, así como asumir los costos de los servicios por el suministro de «agua, electricidad y combustible para uso doméstico», detalla el estudio de 2021 sobre la contratación médica cubana. Es decir, Cuba no incurre en gastos de este tipo.

Número de cubanos contratados por Antex de 2012 a 2023. Fuente: informes y medios de prensa. 

Teniendo en cuenta los 30 131 contratados que se pudieron contabilizar de 2012 a 2023 a partir de cifras oficiales, cálculos conservadores de esta investigación arrojan que Antex ha recibido de Angola cerca de 1 808 millones USD para el pago de salarios a los profesionales cubanos en los últimos 12 años. A las manos de los colaboradores llegó mucho menos.

Testimonios, informes y contratos laborales consultados indican que, al menos de 2005 a 2014, Antex pagaba salarios mensuales nominales equivalentes a entre 200 y 685 USD a técnicos y profesionales cubanos en el campo de la Educación, la Medicina y la Cultura.

Lo anterior contrasta con los «sueldos» de 630 a 1 200 USD que, en fecha tan temprana como 1977, pagaba Angola a Cuba por graduados de la enseñanza técnica y universitaria, según el Acuerdo Especial de Cooperación que regía el intercambio entre ambos países en materia de Asistencia Técnica Compensada. 

Para 2015, el desplome de los precios del petróleo y la consiguiente devaluación del kwanza provocaron que el costo de la vida se hiciera insoportable. Según el colaborador cubano Armando Valenzuela, profesor de diseño en el Instituto Superior Politécnico de Huila en aquel momento, «a veces había problemas con el pago, se demoraba o casi no ponían el dinero». Valenzuela ganaba, en teoría, 500 USD mensuales, 100 menos de lo que devengaba en papel la historiadora del Arte, Anamely Ramos. Del total, según los documentos contractuales, 200 eran para su manutención en Angola. «Una miseria», dijo Ramos. «Las zungueiras —mujeres que vendían en las calles— y las que hacían labores de limpieza ganaban más que nosotros», agregó.

Armando Valenzuela con sus estudiantes en el Instituto Superior Politécnico de Huila (ISPH), en Lubango. Foto: cortesía.

Al descontento por la situación de crisis se unieron las denuncias de los médicos cubanos en Brasil «por esclavitud moderna» que, razona Arteaga, propulsó un aumento salarial ese año. El psiquiatra comenzó a ganar nominalmente 1 000 USD mensuales de 640 USD que «devengaba» en 2013 cuando llegó a Angola. El factor económico, aclara, es uno de los incentivos para participar en la contratación.

«Uno siempre sale con la necesidad de hacer dinero. Pensando que nos iban a pagar más, nunca te hablan de cuánto efectivamente es el salario hasta que cobras el primero» —confirma el doctor José*, exmiembro de la brigada médica cubana en el país africano—. «Creo que, en 11 meses, lo que logré reunir fueron 10 000 CUC», calcula. El CUC es la moneda convertible cubana que estuvo vigente de 1994 a 2020. 

Información obtenida en 189 estados de cuentas y en 7 121 nóminas de pago emitidos por Antex de colaboradores cubanos en Angola, y a través de quienes estuvieron y están actualmente de misión, ubica los salarios nominales más frecuentes entre 500 y 1 200 USD al mes. El salario promedio se calcula en unos 750 USD.

De acuerdo con testimonios, la corporación no entrega a los colaboradores sus nóminas salariales. Las nóminas solamente son de uso interno para el funcionario de Antex que, de manera excepcional y generalmente a petición del colaborador, puede entregar un reporte de estado de cuenta impreso con información de los movimientos financieros asociados a su «sueldo» en Angola. «A mí me lo dieron dos veces y fue cuando iba de vacaciones; también se lo dan a quien va de fin de misión», aclara Sergio*, quien trabajó en 2023 en la Clínica Meditex, un centro de Salud privado ubicado en Luanda perteneciente al conglomerado militar cubano Gaesa.

El colaborador tampoco tiene acceso a su cuenta en Cuba —que es exclusiva para el depósito salarial nominal— y no puede saber cuánto acumula cada mes. Los contratos consultados estipulan que el trabajador debe otorgar «de manera irrevocable» a Antex, incluso, «la facultad de retirar de la cuenta de depósito la cuantía necesaria para cubrir indemnizaciones derivadas de la aplicación de medidas firmes disciplinarias».

Lo anterior demuestra la evidente reticencia de la Corporación Antillana Exportadora cubana de remunerar debidamente a sus trabajadores y la intención, desde sus inicios como empresa, de apropiarse de una parte importante de los dólares que ganan los cubanos en misión oficial en Angola.

Solamente por concepto de representación, el Estado cubano se ha agenciado entre el 76 % y el 91 % de lo que cobra por los servicios de los colaboradores al país receptor. Dicho de otra manera, ningún colaborador ha recibido más de un cuarto de lo que pagaba Angola por su trabajo.

Angola no es un caso aislado. En situación similar se encuentran los cooperantes cubanos en países igualmente petroleros como Venezuela^[2], cuyo intermediario es otra empresa de la isla, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A. Incluso en Arabia Saudita y en Qatar, donde no se permite intermediación, el profesional cubano debe transferir el 80  y el 90 % de su salario nominal, respectivamente, a una cuenta del Gobierno comunista.

Más para el Gobierno, menos para el trabajador

Además de expoliar como intermediario, el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas tiene otras formas de extraer dinero del capital humano que subcontrata.

Una de ellas es el pago de las vacaciones anuales, que no lo realiza en dólares, sino en pesos cubanos y a partir del sueldo en Cuba, que no llega al 7 % del devengado en Angola. Para Antex, el año laboral en la misión de Angola es de 11 meses, según los contratos.

Si se toma como referencia el promedio bruto obtenido en los documentos de Antex sobre movimientos bancarios de sus contratados (750 USD), cada cooperante gana, en teoría, el equivalente a 8 250 USD al año. Sin embargo, el «salario bruto» no es la cantidad depositada en sus cuentas bancarias.

«A los militantes del PCC (Partido Comunista de Cuba) les descuentan la cuota del Partido. No era mi caso, yo no era militante», aclara el doctor Arteaga. Este tipo de descuento —también deducible a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas— oscila entre el 3 y el 10 % del salario, lo que, como mínimo, reduce los ingresos en 28 USD mensuales a quienes ganan 950 USD. Tal fue el caso de Maritza, que perdió «más de 1 000 USD» por cotización partidista en los tres años que estuvo contratada, contó.

Otros colaboradores mencionan presiones de la jefatura para realizar «donaciones» a cuentas estatales cubanas en moneda convertible habilitadas para casos de desastres naturales o accidentes masivos en la isla. Cada año, también tienen que hacer el «aporte a la patria»; explica Sergio al respecto: «descontarán algo de tu cuenta, tú eliges si son 5 dólares 10, 20 o lo que sea». 

Asimismo, los gastos de viaje y hospedaje previos a la salida de Cuba, en el caso de colaboradores que residan fuera de La Habana, son igualmente restados del salario mensual en dólares.

«Ellos te preguntan, incluso, si necesitas transporte de tu provincia hasta La Habana y te lo brindan. Si necesitas hospedaje, también. Todo eso te lo van a descontar de tu primer salario en Angola», explica el doctor José.

De acuerdo con una denuncia pública de la doctora María Carla Bonachea —hecha en 2021 en Facebook—, Antex cobra «1 USD por el desayuno o merienda, 3 USD por el almuerzo, 3 USD por la comida y 3 por el alojamiento» en el albergue de tránsito. Bonachea remarcó, además, «las horribles condiciones de vida en ese lugar».

Al llegar a Angola, Antex paga un adelanto de no más del equivalente a 200 USD que luego descuenta del primer salario. «Te descuentan un mosquitero, un juego de sábanas y la merienda que te dan en el hotel», dijo una exfuncionaria que prefiere no ser nombrada por temor a represalias, aunque a juzgar por el reglamento de Antex para colaboradores, el mosquitero es gratuito. El resto de los productos (pasta dental, toalla, sábanas y un sándwich con refresco) hay que pagarlos. En las nóminas emitidas por Antex, los artículos aparecen encerrados en la categoría «Vestuario» con cargos de 19.80 USD.

Existen otras deducciones que disminuyen la cantidad depositada en las cuentas en Cuba y, por consiguiente, el total de ahorros al final de la misión.

Por ejemplo, Antex descuenta mensualmente al colaborador hasta «el equivalente a 200 USD» de su salario y se los paga en Angola para gastos diarios de alimentación, aseo e higiene, según los contratos laborales. En la práctica, explica Sergio, la cifra se ha reducido a 100 por falta de liquidez de la corporación. Valenzuela asegura que, en su caso, la corporación también restaba el equivalente a «50 dólares» que le entregaban a determinado familiar en Cuba para solventar sus necesidades. A la mesada familiar se le suma un porcentaje por cargos de transacción. 

Nótese que la empresa nunca paga en dólares; en su lugar, entrega kwanzas en Angola según la tasa establecida por la empresa y deposita moneda convertible en la isla (hoy MLC) al 1x1 en una cuenta bancaria «congelada». El gran inconveniente es que el colaborador debe luego comprar dólares para adquirir bienes que escasean en la isla. 

Armando Valenzuela. Huila, Angola, 2015. Cortesía.

De la cuenta bancaria en Cuba, estipula el contrato, los colaboradores solamente pueden hacer extracciones desde la isla y en dos oportunidades; durante las vacaciones —al cabo de un año de trabajo—, cuando pueden extraer hasta el 50 % del saldo y al finalizar su misión, que sí pueden extraer la totalidad el monto acumulado. Si se parte de los 750 USD de «salario promedio bruto» y de los descuentos anteriores, el resto del dinero —equivalente a 477 USD— sería el salario neto en papel depositado en Cuba.

A partir de 2021, el cambio monetario en Cuba ocasionó, de la noche a la mañana, la pérdida del 56 % de los ahorros de los colaboradores por concepto de depósito salarial nominal en moneda convertible —transformada en pesos cubanos o «papelitos inservibles», como dijera Maritza, a 1x24—. Con la nueva medida, el salario promedio anual nominal ahorrado después de 11 meses de trabajo se convirtió en 125 928 CUP (moneda nacional cubana) o 2 518.56 USD, en momentos en que 1 USD se cotizaba a 50 CUP en el mercado informal de divisas. 

Circular del cambio monetario distribuida por Antex a los colaboradores. Facebook.

Dicho de otro modo, con el depósito en moneda convertible cubana en lugar de en dólares y con el pago de 11 meses de trabajo en vez de 12, el colaborador perdió 3 205.44 USD de los 5 724 USD anuales que debió acumular, partiendo de lo que Antex le paga. Lo que quedó en su cuenta bancaria representaba en aquel momento el 4 % de los 60 000 USD que Angola paga a Antex por cada trabajador al año.

No obstante, el peso cubano ha continuado devaluándose de modo acelerado desde 2021, tanto que, al momento de publicar esta investigación, los 125 928 CUP equivalen a 367.14 USD.

«Entonces, cuando tú creías que tenías dinero, te quedaste sin nada. Fue lo más injusto del mundo», dijo Maritza.

Como resultado del proceso inflacionario en la isla —que excede el 335 %—, desde 2021 hasta el cierre de 2023 quienes actualmente trabajan en Angola han visto el poder adquisitivo del peso cubano reducido en un 65 % y el valor de sus ahorros desplomarse.

En términos de ingresos reales, debido a la inflación, los 950 que gana un enfermero de «salario bruto», por ejemplo, realmente valen unos 617 USD o incluso menos, a juzgar por la inestabilidad en el mercado cambiario. 

Sobre los mecanismos de pago que emplea Antex, el doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada dijo que constituyen una clara violación, «una forma de controlar al trabajador por medio del control de su salario y, peor, de su cuenta bancaria». El también experto en Derecho republicano consideró que se trata de «contratos leoninos» en los que «el empleador se comporta como señor feudal».

Antex: el expolio

Antex se ocupa, además, del envío del menaje a Cuba y los profesionales cubanos en Angola deben pagarle a la empresa por el equipaje acompañado y no acompañado durante las vacaciones y al final de la misión. En las cargas, los colaboradores incluyen cocinas, hornos, neveras, televisores, ordenadores, entre otros equipos que no pueden comprar a precio asequible en Cuba. En algunos casos, las importaciones han tomado hasta tres años en ser transportadas en la isla, como han denunciado los afectados que actualmente esperan.

En otros casos, han recibido solo parte de su carga o «cajas [que] nadie sabe a quién pertenecen», se quejan excooperantes. De los 31 contenedores que se «extraviaron» en medio de la pandemia, 11 aún «están navegando». A juzgar por una comunicación de Antex a un grupo de afectados, la compañía no puede asegurar que allí se almacenen los 394 «bultos» que faltan por entregar a los excolaboradores.

Una fuente cercana a Antex confirmó que en total han sido «200 colaboradores con menaje pendiente desde 2021», por el que pagaron «entre 5 000 y 10 000 USD» a la corporación militar para su transportación a Cuba. Se trata de un negocio cerrado para el Estado cubano.

«El andamiaje de Antex se sustenta en lo que le quita a los colaboradores. Ellos [los jefes] no hacen nada, son los colaboradores los que doblan el lomo para que los militares y los de la Seguridad del Estado vivan allí controlándolos (...). Y todo sucede con la anuencia del presidente [Miguel] Díaz-Canel», sentenció la fuente.

El régimen cubano ignora las denuncias y solamente habla de la contribución en materia de Salud, Educación y en la reconstrucción de la infraestructura destruida durante el conflicto bélico que ha sido premiada por el Gobierno angoleño y por la Organización Mundial de la Salud a través de acuerdos y de la asignación de fondos. No obstante, el trato diferenciado con respecto a los profesionales nativos, así como el favoritismo en la asignación de recursos, ha levantado molestias en diferentes sectores.

El gremio médico angoleño, por ejemplo, cuestionó la decisión de su Ministerio de Salud de pagar 5 000 USD por los salarios de colegas cubanos mientras a ellos les paga de ocho a diez veces menos y muchos están desempleados, especificó en 2020 el doctor angoleño Adriano Manual.

El también presidente del Sindicato de Médicos de Angola consideró entonces la presencia de colegas de la isla como «un negocio», una forma de «robar dinero» público a través de la contratación de médicos que llegan como especialistas, pero que no lo son y de otros «que ni siquiera son médicos», sentenció.

Sin embargo, el monto que paga Angola a Antex por médico fue justificado por la titular del sector, Silvia Lutucuta. «Los profesionales cubanos vinieron a desempeñar una doble función, capacitar al personal angoleño y brindar asistencia», dijo en conferencia de prensa. Ambos servicios se remuneran por separado, según una veintena de despachos consultados para esta investigación.

Al doctor Arteaga —fundador de los servicios de psiquiatría en Malanje, donde ofrecía asistencia médica y docencia— le pagaban solo una parte de su trabajo. El salario que Angola destinaba para remunerar su actividad docente «se iba íntegro para las Fuerzas Armadas» de Cuba, cuenta. «Me decían que tenía mi estipendio por la asistencia y que no era necesario, que ese dinero era para la patria». En la patria, no obstante, las inversiones del quinquenio 2018-2022 en Salud Pública y Asistencia Social apenas promediaron un 1.7 % de los ingresos generados por la venta de servicios médicos; mientras los servicios empresariales y el turismo —amén de su actual crisis— continúan recibiendo 18 veces más, según cifras oficiales disponibles hasta el momento. 

Lo insólito para los médicos angoleños es que no solo muchos de ellos han sido formados en Cuba en las universidades de sus pares isleños, sino que han pagado un alto costo por la educación, con la que no pueden aspirar en su país al salario de sus colegas de la isla. De acuerdo con informaciones de 2019 del Instituto de Gestión de Becas del país africano, el Gobierno de Angola paga a su homólogo cubano 18 000 USD al año por estudiante —otro generador de ganancias para el régimen—. Solo en ese año, había 2 556 angoleños matriculados en la isla para unos 46 millones de USD de ingresos por ese concepto. Un cálculo conservador a partir de las matrículas reportadas de 2018 a 2022, ronda los 111 millones USD el total de ganancias para Cuba, que desde 2010 encabeza la lista de destinos para el otorgamiento de becas extranjeras a ciudadanos de Angola, según el diario Expansión.

En cifras de Prensa Latina, más de 9 800 angoleños se han formado en centros educacionales en la isla. Medios de prensa angoleños estiman que unos 40 000 han recibido algún tipo de capacitación en las disciplinas de Agricultura, Salud, Construcción Civil, Comunicación Social, Educación, militar, defensa y seguridad y transporte y Ciencias Políticas. Una vez graduados, regresan a su país y se convierten en embajadores de la educación cubana allende el mar y algunos, incluso, llegan a ostentar posiciones de poder en el Gobierno y en compañías domésticas que Cuba ha sabido usar históricamente para su beneficio. Tal es el caso del actual secretario de Estado de las Aguas, António Fernandes Rodrigues Belsa Da Costa, quien estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Camagüey. Coincidentemente, el asesor del mencionado gabinete de Angola —al menos en 2017 y 2018— era cubano, según muestran nóminas de pago de Antex emitidas en 2018.

El negocio de la trata

«Olvídense de los títulos y grados científicos... Aquí todos ganarán lo mismo y serán reubicados según los intereses de la jefatura de Antex. Ustedes son trabajadores civiles de las FAR y deben obedecer como tal», gritó una funcionaria con charreteras a un grupo de médicos cubanos en Luanda —recuerda el psiquiatra—.

Ser trabajador civil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en Angola no dista mucho de ser soldado, cuyo principio, ante todo, es acatar las órdenes. Obediencia es lo que espera Antex de los trabajadores que recluta bajo contratos no negociables y a los que ubica en puestos para los que no siempre están cualificados. «Siendo médico general me pusieron de pediatra y la labor mía era atender a los niños», confirma el doctor José.

El neurocirujano Armando Alemán, quien trabajó en el hospital público María Pía de Luanda entre 2007 y 2011, contó en una entrevista en 2020 cómo colegas no cubanos percibían el trato de Antex a sus subordinados. «Una anécdota resume mi experiencia en la misión. Nos llevan al Museo de la Esclavitud y el guía nos explica dónde se embarcaban los esclavos para América; recuerdo que un cirujano angolano me dijo: “ahora el puerto de embarque de los esclavos está en el Aeropuerto José Martí”» —ironizó al mencionar el Aeropuerto Internacional de La Habana—.

Para el jurista Fernández Estrada, «el Estado trata a la fuerza laboral cubana como suya» y «basa su impunidad» en la «poca transparencia y en las necesidades del personal contratado, que prefiere ser explotado y ser víctima de trata —en el sentido de trabajar en un régimen laboral de semi esclavitud o servidumbre— a perder la posibilidad de viajar y de tener un mínimo de recursos económicos que los trabajadores de Cuba no tienen».

La exportación de servicios a gran escala —que sustenta al régimen cubano y es la matriz de la que se deriva el entramado empresarial en Angola— «crea una situación de peligro para grandes cantidades de trabajadores cubanos que aceptan un régimen laboral irregular y con muy pocas garantías para el ejercicio de casi cualquier derecho», cierra Fernández.

Las prácticas en las que incurren los militares cubanos para mantener la rotación de personal establecen criterios de idoneidad a partir de conveniencias y atributos políticos, más que profesionales, que entran en conflicto con el articulado del Código de Prácticas para el Reclutamiento Internacional de Profesionales de la Salud y con la legislación de la Organización Internacional del Trabajo.

La politización en el proceso de contratación —que el doctor Arteaga llama «militarización del ejercicio de la medicina» en el sector de la Salud— es visible en contratos consultados desde, al menos, inicios del 2000. Para Antex, el trabajador debe comprometerse «con la patria, su pueblo y la dirección de la Corporación» a mantener un «comportamiento revolucionario» en correspondencia con el sistema socialista. Le pide, además, austeridad, «entrega» y «los sacrificios que sean necesarios en el plano individual, como digno continuador de la tradición internacionalista y patriótica» del pueblo. 

En cuanto a la composición política, la revisión de 7 310 nóminas «salariales» y estados de cuenta de colaboradores emitidos por Antex permitió establecer que cerca del 40 % de los contratados eran militantes del Partido Comunista de Cuba y abonaban mensualmente el 3 % de su salario para la organización. La proporción, aunque parta de una muestra y no del total de colaboradores, es ilustrativa, sobre todo si se tiene en cuenta que apenas uno de cada diez cubanos pertenece al PCC.

De acuerdo con un estudio sobre la gestión empresarial de la corporación militar publicado en la Revista de Ciencias Sociales en 2021, Antex ve como «amenazas» las «transformaciones legislativas y cambios generacionales en Angola» (que ponen en peligro los privilegios hasta ahora ostentados por la isla en la nación africana), así como la «flexibilización de la política migratoria cubana» (que brinda otras opciones a la fuerza laboral fuera del control del Estado cubano).

Incluso una vez fuera de la misión, Antex considera a los profesionales como si fuesen de su propiedad. Marcos Elias Aguilera, médico militar en Angola de 2009 a 2011, compró un automóvil de segunda mano con sus ahorros que estuvo a punto de perder como represalia por pedir el licenciamiento del ejército. «Apareció un general en mi unidad a decirme que me quitarían el carro (como si hubiese sido un regalo) ..., me licenciaron y me pude ir a un policlínico como médico civil», contó a la organización NoSomosDesertores.

El régimen cubano se ha blindado jurídicamente para mantener su esquema de contratación internacional. La Ley 1312 de Migración prohíbe la entrada a Cuba a quienes abandonan sus contratos y se establecen en un tercer país. Restringe, además, la salida del territorio nacional (excepto para el cumplimiento de misiones estatales) a los profesionales que están en la isla por considerarlos necesarios; mientras, el artículo 176 del Código Penal vigente penaliza con sanciones de tres a ocho años de cárcel por abandono de funciones —medida en vigor desde 1986 y renovada en 2022—. 

Julio Antonio Fernández considera las limitaciones de la movilidad un «arma política» porque «se usan como amenaza, como mecanismo de persuasión, como castigo, como tortura psicológica». Asimismo, las prohibiciones no siempre se aplican con igual disciplina, sino que se activan en dependencia del contexto. Un caso típico es la prohibición de la emisión de titulaciones y certificaciones de notas académicas para impedir que el profesional pruebe sus calificaciones en el extranjero. «La ejecución discrecional es un rasgo de la aplicación del Derecho en regímenes autoritarios», precisa el jurista.

El blindaje jurídico cubano parte de una «decisión política de enfrentar la migración de miles de personas hacia Estados Unidos y otros países como si fuese una situación casi de guerra y como un asunto de defensa nacional», explica Fernández Estrada. 

En Angola, el doctor José debía informar cada paso que daba y no podía salir libremente de Malanje, la localidad donde brindaba servicios. «Si tienes que llevar a un paciente, primero tienes que avisarles y después es que vas en la ambulancia», confirma el galeno, a quien Antex confiscó «el 80 % del salario de un mes» por viajar a un municipio vecino sin autorización de la jefatura. De acuerdo con las orientaciones emitidas por la jefatura de Antex en julio de 2020, a la que se tuvo acceso, los movimientos fuera del municipio deben ser «autorizados por el representante» de la corporación y el puesto de mando debe ser informado de la «fecha y hora de salida y de regreso».  

Pese a que contradice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la restricción de movilidad en misiones se ampara en el reglamento de los trabajadores de Antex (citado en el informe de OLA) y derivado de la Resolución 168 de 2010 —o reglamento disciplinario para los colaboradores en general—, la cual prohíbe a los contratados en el extranjero relacionarse y expresarse libremente.

De su paso por el Instituto Superior Politécnico de Huila, Armando Valenzuela recuerda que «no se podía hablar del caso del general [Arnaldo] Ochoa» ni de su participación en las guerras de Angola y África. Tampoco es bien visto aceptar regalos, pernoctar fuera, recibir visitas de personas ajenas a la colaboración ni dar declaraciones a la prensa sin autorización de la jefatura, según los contratos laborales.

«Te hacen ir a trabajos que no están contemplados en el contrato de trabajo como juegos de pelota, a hacer “trabajos voluntarios” como si estuvieras en Cuba», cuenta Sergio, extrabajador en la Clínica privada Meditex. Sergio fue obligado a ejercer de guardia de seguridad en la clínica durante los días que sucedieron las protestas antigubernamentales del 11J «por si había alguna manifestación de los cubanos independientes», acotó. En otras ciudades también se realizaron actos de reafirmación política, mientras que eventos conmemorativos de esta naturaleza son frecuentes en la misión. 

El excooperante da fe de la violación de la comunicación y correspondencia privadas gracias a que los informáticos «saben [la] contraseña de conexión a Internet y se meten por esa vía» no solo en las computadoras de Meditex, sino en los dispositivos privados. «Si encuentran algo que les resulte sospechoso, enseguida los de la seguridad te llaman y te suspenden el Internet», agrega y sostiene que la sensación de estar constantemente vigilado «es realmente estresante».

Otra «violación de las disposiciones» impuestas por los militares en el contrato laboral es «establecer en el exterior relaciones maritales» que puedan conllevar la formalización de una relación, embarazo o «el reconocimiento de hijos», lo que parte de criterios racistas.

Según el letrado Fernández Estrada, semejante transgresión de la privacidad viola el derecho al matrimonio y a fundar una familia establecidos en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El castigo por incumplimiento del contrato o por indisciplinas incluye, además de la confiscación total o parcial del salario en divisas acumulado y la terminación del contrato. Informes, testimonios y la cobertura mediática sobre el tema documentan las penalizaciones anteriores como un patrón en las prestaciones internacionales de servicios profesionales bajo empresas estatales cubanas. 

Valenzuela y Arteaga —hoy exiliados en Madrid y considerados «desertores» por el régimen cubano— lo vivieron en primera persona. Ninguno recuerda el monto exacto que dejaron en la huida, pero calculan que fueron miles de dólares. «En Angola me sentía asfixiado. Me ahogaba, era un estado de opresión que me hacía preguntarme “qué hago aquí”», confiesa el psiquiatra. 

Se calcula que al menos 10 000 cooperantes cubanos han sido perjudicados con regulaciones del Gobierno de Cuba a la libertad de movimiento; entre ellos, los más de 2 500 galenos que se negaron a regresar a Cuba tras derogarse el programa «Mais Médicos» en Brasil en 2018 y los 8 000 sanitarios que entre 2006 y 2017 huyeron de misiones y se refugiaron en Estados Unidos, amparados por el extinto «Cuban Professional Medical Parole».

Se trata de «derechos vulnerados de forma constante, masiva y flagrante por los empleadores contra los empleados cubanos en este tipo de relación laboral», acota Fernández Estrada sobre las limitaciones a la movilidad, a la expresión y a las relaciones interpersonales e íntimas.

«Las características de este tipo de relación laboral son las de falta de transparencia, la impunidad en el tratamiento violador de derechos de los trabajadores, el ínfimo acceso a la justicia y las garantías procesales e institucionales y el control político y represivo del movimiento de los empleados», especifica el experto.

Una de las causas del abandono de las misiones internacionales es la vigilancia constante y la desconfianza de la jefatura para con sus empleados —que van de la mano con las exigencias para que generen más ingresos, aunque implique alterar las estadísticas y violar el derecho al descanso—. «El Gobierno de Angola te estaba pagando para que atendieras a 100 y si no estaban los 100, tenías que poner que habías atendido esa cifra», asegura el doctor José.

Lo mismo vivió Arteaga, quien precisa que «había metas» que los jefes «exigían cumplir o inflar». En Meditex, Antex impone «metas económicas» que pueden elevar a «más de 80 000 USD al mes» lo que el sanitario debe recaudar para la clínica, recuerda Sergio. «Te paran en las entregas de guardia para que expliques por qué no haces ese dinero, aun sabiendo que no hay pacientes, que no tienes los materiales médicos necesarios», explica.

Medios oficiales cubanos han llegado a proyectar como hazaña laboral la realización de 823 cirugías de cataratas en un mes por un equipo médico cubano en Luanda. La cifra, a razón de 29 cirugías por jornada, fue posible «trabajando todos los días hasta las diez de la noche», según fuentes oficiales.

Las cuotas de producción y la sobreexplotación luego se traducen en propaganda. De acuerdo con el embajador de Cuba en Angola, Oscar González, los médicos cubanos han realizado más de 48 millones de consultas, 118 000 operaciones quirúrgicas y han hecho posible que 53 039 ciudadanos recuperaran la visión. 

Las cifras son las que mantienen y justifican la trata de personas de cara a la opinión pública internacional y a la imagen de ayuda solidaria que insiste en proyectar el Gobierno de la isla. El maltrato y la falta de garantías jurídicas, sumado a las condiciones precarias del sistema de Salud en Cuba y a la peligrosidad no remunerada que enfrentan los colaboradores bajo contratos estatales en otros países han disparado la fuga de profesionales del sector en más de 76 000, solo en los últimos dos años, según datos de la ONEI. Un fenómeno similar ocurre en el sector educacional, con un déficit de más de 17 000 docentes en las instituciones de la isla en el presente curso escolar.

A lo anterior se agrega el alto costo personal que tiene la «ayuda internacional» para el profesional cubano a quien su Gobierno dificulta, además, la contratación independiente que conlleva «limitaciones de derechos hasta reproducir prácticas laborales de servidumbre semi feudales», precisa Fernández Estrada. Como resultado del trato negligente de la cúpula militar cubana, la seguridad y salud de los trabajadores se ven comprometidas.

Daños colaterales. La familia y la muerte

La falta de transparencia del Gobierno cubano —que parte de la intención de proyectar un efectivo manejo de la asistencia sanitaria para poder venderla en dólares— explica por qué el discurso oficial nunca ha publicado la cifra de profesionales cubanos, en especial de los sanitarios que se enferman o mueren mientras prestan servicios o por razones atribuidas a su labor. 

Sin embargo, durante el transcurso de esta investigación se conoció de al menos cuatro fallecidos por coronavirus entre 2020 y 2021 en Angola. Dos de ellos —el anestesiólogo José Alberto Alonso Méndez y el dermatólogo Francisco Nelson Matos Figueredo— aún no han sido repatriados a la isla.

El tercer fallecido es el arquitecto Carlos Alberto Odio Soto, cuya muerte ocurrió en agosto de 2021. Natural de Santiago de Cuba, Soto era profesor en el campus Huambo de la Universidad Agostinho Neto. Cuatro meses antes, había muerto el urólogo matancero Alberto Alcántara Paisán —documenta Archivo Cuba— mientras prestaba servicios en el Hospital General de Benguela y en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Katyavala Bwila (UKB). No se pudo verificar si los cuerpos de Soto y Paisán también esperan por su traslado a la isla.

Alonso Méndez llevaba tres años de misión en Angola y ese era su último año. Un colega del doctor asegura que hay más cadáveres sin repatriar.

El deceso de Matos Figueredo fue documentado por el Gremio Médico Cubano Libre —una de las fuentes de las que se sirvió la prensa independiente para elaborar un listado preliminar de médicos cubanos fallecidos por COVID-19 a falta de referencias oficiales—.

Poco antes de morir y porque temía un desenlace desfavorable, el dermatólogo se dirigió a sus allegados en redes sociales para que oraran por él. «Nunca pido nada para mí. A todos mis contactos y amistades, ahora sí necesito de sus oraciones por fa», se lee en una publicación de Facebook fechada 12 de julio de 2021.

Una persona allegada al doctor Matos indicó que las autoridades cubanas —citando el Reglamento Sanitario Internacional (RSI)— advirtieron a los familiares que su traslado debía «esperar cinco años porque, como murió de COVID-19, ese es el procedimiento».

El RSI, instrumento legal de la OMS para prevenir la propagación internacional de enfermedades, nunca fue impedimento para la repatriación a Cuba en abril de 2022 de los cuerpos de cuatro colaboradores en Guinea Ecuatorial que se encontraban congelados desde 2020. En aquel momento, bastó la cobertura mediática de los sucesos para que los fallecidos fueran devueltos a sus familiares en la isla.

Con el fin de la pandemia declarado en mayo de 2023, no existe justificación para dilatar el traslado de los cuerpos hacia Cuba. Lo que sí caduca en un término de cinco años son «las acciones para ejercitar algún derecho emanado» de la Póliza del Seguro de Vida que el colaborador es obligado a comprar antes de salir del país y que concibe coberturas por muerte e incapacidad permanente de entre 25 000 y 70 000 CUP, de acuerdo con colaboradores e información de la Empresa de Seguros Nacionales de Cuba que lo expide.

Asimismo, se han enfermado y fallecido por malaria o paludismo un número desconocido de colaboradores en Angola y, en general, en el continente africano, donde la enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos es endémica y ampliamente aceptada «como un resfriado», aseguran colaboradores entrevistados. 

Un caso que se hizo público fue el de la doctora Olga Amnerys Ferrera, quien estuvo en «coma por 21 días debido a una malaria cerebral» en la nación subsahariana, según denunciara su hijo. De acuerdo con un informe de diciembre de 2022 de la OMS, Angola figura entre los cinco países de África con mayor incidencia de la enfermedad y entre los diez con mayor mortalidad.

No ha sido posible verificar la existencia de procesos de indemnización a los colaboradores o sus familiares por incapacidad temporal o permanente. En unos casos, los implicados dijeron no haber recibido compensación alguna y, en otro, la familia declinó responder.

Lo que sí fue posible constatar son las trabas que impone Antex para reembolsar el costo de los fármacos a sus colaboradores enfermos de malaria, fiebre tifoidea, chikunguña y cólera, según una comunicación de la dirección de Asistencia Técnica de la corporación se exigen los siguientes requisitos: 

1. Carta del Coordinador Provincial certificando que el cooperante fue atendido por la Comisión Médica de la provincia y tuvo que comprar de su salario los medicamentos que necesita, aclarando que fue visto el original de la factura.
2. Relatoría de la Comisión Médica de la provincia con el diagnóstico de la enfermedad y los medicamentos prescritos.
3. Factura de la Farmacia donde compró el/los medicamentos, la que deberá tener el NIF (Número de Identidad) y el nombre del cooperante.

Tanto las muertes como las enfermedades y el impacto en la dinámica familiar conforman, sin dudas, el lado más sensible de la tragedia humanitaria asociada con la prestación de servicios cubanos que el Estado prefiere ignorar.

Desde al menos 2005, organizaciones como Human Rights Watch han documentado «la separación involuntaria de muchas familias cubanas» como parte de las «normas represivas contra los profesionales cubanos en misión» que han ocasionado un daño emocional «incalculable». En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU también llamaba la atención sobre las consecuencias de la separación forzosa para padres e hijos.

Irónicamente, en el acuerdo de 1977 sobre las condiciones de la prestación de servicios de técnicos y profesionales cubanos en Angola, el Gobierno de ese país establecía el acompañamiento de la familia inmediata del colaborador (cónyuge y hasta tres hijos), algo que el Gobierno cubano no autoriza. La razón —explica María Werlau— es mantener a la familia de rehén en la isla para que el profesional se vea obligado a regresar a Cuba y continúe su servicio al sistema.

Por ello, madres y padres deben dejar a sus hijos en Cuba porque las autoridades de la isla «ni siquiera dejan en manos del colaborador esa decisión», precisa Anamely Ramos, quien fue contratada por Antex cuando su hijo tenía tres años y estuvo casi dos sin verlo.

Para el jurista Fernández Estrada, dividir la familia por decisión del empleador es «absolutamente ilegal, inconstitucional y contrario al Derecho internacional» al tiempo que constituye «otra evidencia de una relación de servidumbre».

Por tercera vez desde 2018, el 2 de noviembre de 2023, Naciones Unidas transmitió a Cuba denuncias sobre «las condiciones laborales de explotación en los países de destino en el extranjero» y sobre «entornos de trabajo peligrosos e insalubres» para los colaboradores. En un reporte de 2019, las relatorías sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y sobre la trata de personas hablaban de «trabajo forzoso» en el régimen de brigadas de colaboración cubanas, aunque desde 2014 el organismo internacional señalaba la «retención de su pasaporte» a los colaboradores en misión, la imposibilidad de «elegir su lugar de residencia (...), las condiciones de trabajo» y por recibir una mínima parte «del salario convenido» entre los Gobiernos involucrados.

En Angola, el colaborador tiene el documento de identificación «en su poder porque ahí está la visa de trabajo (...) y siempre hay que salir con él por si te para la Policía», explica Sergio. El informe de OLA y la exfuncionaria de Antex confirman que en el aeropuerto en Cuba, al llegar de vacaciones, le retiran el pasaporte al cooperante para evitar que abandone a medio término la misión o que «viaje a cualquier país de libre visado»; como muchos de ellos están «regulados» (impedidos de salir del país), no se les permite tener el documento. Las fuentes consultadas coinciden en que en otras misiones (Venezuela), las autoridades sí recogen los pasaportes en el lugar de la prestación de servicios para evitar abandonos.

Sin embargo, Elier Plana, contratado como profesor de informática en el Instituto Superior de Moxico de 2014 a 2018, recuerda que tras la huida de un colega, los jefes cubanos «retiraban los pasaportes» en territorio africano, lo que le trajo inconvenientes «por andar indocumentado».

Sobre las condiciones de vida, el ingeniero mencionó que estuvo «sin electricidad y sin agua por más de 47 días continuos» porque las autoridades locales —responsables de «la renta, electricidad, agua y otros gastos de los colaboradores»— desviaban los recursos «para usos personales… No todos los condominios tenían las mismas condiciones», aclaró.

A pesar de los señalamientos directos de la ONU desde 2017, Cuba no cuenta con un marco legal actualizado sobre las formas de esclavitud y, por consiguiente, su Administración no se considera facilitadora de la trata. En otras palabras, no existe voluntad política para eliminar el flagelo en las brigadas de colaboración internacional.

La más reciente alarma del organismo internacional está precedida por la histórica condena del Parlamento Europeo a Cuba y por el fallo de un juez brasileño en 2016, quien después de dos años de denuncias consideró la contratación cubana en su país «forma de trabajo esclavo». Otro precedente fue la demanda en 2018 de cuatro galenos contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por considerarla facilitadora de la «red de tráfico humano» del régimen de La Habana. Similar participación a través de la cooperación triangular ha tenido la OPS en Angola, lo que podría abrir paso a un nuevo proceso judicial. En los últimos años, otras organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Human Right Foundation y Prisoners Defenders se han sumado a la documentación y compilación de denuncias sobre el tema.

Desde 2019, el Departamento de Estado de EE. UU. ha mantenido a Cuba en el nivel tres —el de mayor severidad— de países que no cooperan para eliminar formas de esclavitud. En el más reciente Reporte sobre la Trata de Personas de 2023, Washington denunció que «el Gobierno [cubano] utilizó su marco legal para amenazar, coaccionar y castigar a los trabajadores y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa» de cooperación internacional.

«Yo perdí a mi mamá estando en Angola, un día de las madres. Tuvo un dolor abdominal y en 72 horas falleció en el Hospital de Puerto Padre [Las Tunas] por una peritonitis. No pude ir a verla. Me faltaba solo un mes para terminar la misión y si me iba antes para Cuba…», dice el doctor Arteaga y no termina la frase. La salomónica decisión entre dar sepultura a su madre y perder el salario acumulado de dos años de trabajo no da margen a la elocuencia.

Luego sigue, con voz entrecortada: «Es que no dio tiempo a nada (…); para que tú veas, no deserté antes temiendo que pasara algo en Cuba y yo no pudiera estar… Y mira la vida lo que me dio. La perdí estando allá. Para mí Angola ha sido una marca de mucha tristeza».

*Maritza, José y Sergio son seudónimos para proteger la identidad de los sanitarios y excolaboradores cubanos, quienes temen por las represalias del régimen. Por su seguridad, tampoco se revelan detalles de sus lugares de residencia en la actualidad. 

[1] En notas de prensa celebran aniversario de Antex el 19 de diciembre de 1989, pero en documentos notariales, la conformación y asentamiento en Minjus aparece el 6 junio de 1990.

[2] Werlau, M. (2019). Cuba's intervention in Venezuela. A Strategic Occupation with Global Implications.