Cuba: Proteger y revalorizar la vejez, pautas para nuevo Código de las Familias Viernes, 03 de Septiembre de 2021 Políticas y Derechos Desde hace dos años, María Teresa Domínguez se mudó al pequeño cuarto de su pareja, Alin Estévez, de 72 años, en Centro Habana, quien la acogió cuando ella decidió, a sus 85 años de edad, abandonar el hogar de toda su vida, luego de ceder los derechos de propiedad de su vivienda a la persona que, un tiempo atrás, había brindado abrigo en su casa. Era la misma casona colonial que Domínguez había compartido con su esposo ya fallecido, con quien no tuvo hijos. La decisión de ayudar a esa muchacha de la oriental provincia de Santiago de Cuba era un modo de no estar sola. “Ella viviría en la casa el tiempo que necesitara, hasta resolver su situación de vivienda, y así yo estaría acompañada”, comentó. Cuenta que al poco tiempo de estar conviviendo, la muchacha le presentó a su pareja y le dio la noticia de que estaba embarazada. Aun así, mantuvieron el acuerdo de convivencia pactado y “todo estuvo bien, esas personas eran atentas y preocupadas por mis cuidados, hasta que se terminaron todos los trámites legales que la declaraban conviviente en la casa”, dijo Domínguez, quien además firmó un testamento a nombre de la joven. “Ella parió y el bebé también se inscribió allí, en mi casa. Después de ese momento, todo cambió y comenzaron los maltratos, las desatenciones, las violaciones de mi derecho como propietaria. Imagina que me cambiaron hasta la cerradura de la puerta para que no pudiera entrar, pusieron rejas en la casa, se apropiaron de todo sin autorización”, relató. Fue entonces que Domínguez empezó a quedarse regularmente en la casa de su pareja e inició un proceso legal contra las personas que ocupan ahora su vivienda. Luego de tres años de juicios y de consultar a seis abogados que le recomendaban, generalmente, compartir su convivencia, Domínguez se sintió derrotada y cedió sus derechos sobre la casa. “No podía vivir ahí con ellos, después de todo lo que había pasado. Me dio miedo de que fueran a hacerme algo”, dijo. Aunque nunca pudo probarlo, ella siente que no hubo transparencia con su caso y sí mucha complicidad con la otra parte, en años que la desgastaron entre gestiones y disgustos, hasta sentirse prácticamente desalojada de su casa. La de Domínguez es una historia de abuso contra sus derechos patrimoniales, cargada también de violencias psicológicas y físicas. Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho de Familia, señaló a SEMlac que hay que establecer mecanismos que refuercen los derechos patrimoniales de las personas mayores, una premisa que debe contemplar el nuevo Código de las Familias, el cual será valorado por el legislativo cubano en 2021 y votado en referendo. “Por ejemplo, es necesario que el derecho civil cubano, a raíz de la reforma del derecho familiar, establezca que las donaciones —esencialmente la donación de vivienda, que es el bien más preciado de los cubanos— puedan ser revocables. Hoy día no se establece la ingratitud como causal de revocación; pues una vez que usted dona la vivienda, cualquiera que sea la conducta del donatario, este se hace propietario del inmueble y muchas veces hacina al donante, que se trata de un adulto mayor de avanzada edad”, explicó. “Por lo tanto, una manera de proteger hoy día el patrimonio del adulto mayor es reformando el código civil e incluyendo la posibilidad de la revocación de la donación”, dijo el jurista. Atención en la mira del derecho familiar El Código Civil de 1987 ya condenaba ciertas actitudes y comportamientos de los familiares que no atienden a las personas de las cuales traen herencia, pues establecía como incapaces para suceder a quienes le han negado alimento y atención al causante de la sucesión. “No es necesario establecer una demanda de reclamación de alimentos, basta comprobar que la persona que a posteriori pretende reclamar derechos hereditarios no le dio atención, ni recursos patrimoniales que necesitaba en los últimos momentos de su vida”, explicó el jurista. En 1987 se estableció que no solo la negativa de alimentos es causal de exclusión de la herencia, sino también la negativa de atención. “Ya es suficiente con que se le niegue atención, y en ese concepto se incluye el afecto, el amor. O sea, si yo no lo atendí, si yo no me comuniqué, si yo le negué la comunicación, no tengo derecho”, sostuvo Pérez Gallardo. En ese orden, agregó el jurista que otra manera de proteger a las personas mayores es establecer el contrato de alimentos, que actualmente hacen de forma tácita muchos cuidadores no profesionales y no familiares en Cuba. Dichos contratos se acuerdan, aunque sin amparo legal, y en su mayoría tampoco se documentan ante notario público. Es un contrato donde la persona que necesita protección, atención, cuidados, transmite la titularidad del inmueble en su patrimonio a cambio de que la persona que le va a cuidar y generalmente vivirá en su domicilio, le preste atención, afecto, lo cuide, lo mantenga en óptimo estado de salud, explicó Pérez Gallardo. “Es un pacto de resolución donde si usted incumple las obligaciones que se derivan del contrato, pues la vivienda se revierte de nuevo a favor del propietario original”, abundó. “Se hace, generalmente, mediante testamento, pero al ser revocable, esta variante tampoco protege al cuidador, pues la persona cuidada puede revocar el testamento, sin informar al cuidador. Por lo que es muy justo que se concierte un contrato y se proteja no solo los derechos de la persona cuidada, sino también los de la persona que se dedica al cuidado. Con ello se soluciona su problema habitacional y, a su vez, la necesidad de cuidados que tiene una persona de la tercera edad”, puntualizó el jurista. Según el experto, no puede perderse de vista el amplio número de personas que han emigrado en los últimos años del país y dejan a sus padres en Cuba. Estos últimos “disponen de recursos económicos que les envían sus hijos, pero no cuentan con personas allegadas que les procuren atención”, sostuvo. La vejez ante el Código de las Familias Para el profesor Pérez Gallardo, si bien el Código de la Familia de 1975 no fue muy prolijo en cuanto a la regulación de los derechos de los adultos mayores en sus diversas facetas, tampoco puede juzgarse esta legislación con los derroteros actuales, sobre todo si se tienen en cuenta los cambios demográficos ocurridos en la nación caribeña. Más del 20,8 por ciento de la población cubana tiene 60 y más años y más del 15 por ciento de las personas mayores viven solas, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. “La lectura de estas cifras implica comprender la necesidad de darle un protagonismo a las personas mayores en el entorno familiar y entender la importancia que estas tienen y tendrán, cada día más, dentro de los grupos familiares”, apuntó. El experto sostuvo que el nuevo Código de las Familias responderá al principio de diversidad familiar, consagrado en el artículo 81 de la Constitución de la República. “Si hay un mínimo común múltiplo en todas estas construcciones familiares son los adultos mayores. Cualquiera sea la modalidad de familia que construya la persona, está o ya estará en la tercera edad, o traerá consigo algún familiar mayor que requiera protección o abrigo”, dijo. Pero, insistió Pérez Gallardo, si el legislador quiere aplicar justeza en las normas que va a construir, necesita ver a las personas mayores no solo como necesitadas de protección y amparo de otros miembros de la familia, sino tener en cuenta sus derechos como miembros de un modelo familiar. Un aspecto significativo que el Código de Familia de 1975 omite en su regulación es la comunicación familiar como un derecho relacional que tiene toda persona de vincularse, relacionarse y tener contacto de diversas maneras, incluida la tecnológica, con las personas de su familia. “En el Código de Familia el derecho de comunicación familiar está exclusivamente regulado en relación con hijos y padres, y cuando los hijos son menores de edad. Entonces obvia el derecho de comunicación familiar como un derecho relacional de alcance general”, explicó. A su juicio, el nuevo código deberá regular ese derecho, sea en sentido positivo o negativo. “O sea, el derecho que tienen las personas mayores de comunicarse con sus hijos, sus nietos y otros miembros de la familia, pero también el derecho que tienen las personas adultas mayores, en una circunstancia determinada, a no relacionarse. Hay que respetar su derecho a no comunicarse con un nieto, hijo, o hermano”, apuntó. Otro aspecto necesario es el de establecer las reglas en torno a la comunicación familiar de personas adultas mayores y de personas en situaciones de discapacidad. “Aunque no necesariamente coincide que las primeras estén en situaciones de discapacidad, un porcentaje importante de estas sí tiene ambas condiciones”. De cuidadores y personas cuidadas Pérez Gallardo apuntó que, para el Derecho de Familia cubano, se hace necesario el reconocimiento de derechos y deberes jurídicos por parte de la persona cuidada y por parte del cuidador. “Gran número de los cuidadores familiares son también adultos mayores. Muchas veces la esposa, en su condición de esposa y mujer, desarrolla la labor de cuidadora familiar; o hijas que superan los 60 años encaran, por un periodo prolongado a veces, el cuidado de personas de la tercera y cuarta edad”, ejemplificó. Esta es una tarea feminizada, dijo el jurista, pues son esencialmente las cuidadoras quienes sufren el síndrome del cuidador y se desenvuelven en el seno del hogar, renunciando incluso a sus potencialidades laborales y profesionales, faltándoles a veces poco tiempo para la jubilación. “El Derecho de Familia también tiene que reconocer los cuidados familiares, el derecho de cada cuidador a su propia salud, a repartir o reclamar los gastos en que ha incidido para el cuidado de un miembro de la familia, el derecho que tienen a superarse y recibir una capacitación para encarar el cuidado familiar y el derecho que tienen las personas cuidadas de recibir atención y que se les transmita afecto, cariño, que haya un seguimiento de su calidad de vida, que se les escuche, que se les respeten los derechos que como adultos mayores y como personas con discapacidad, cuando convergen ambas condiciones, establecen los artículos 88 y 89 de la Constitución de la República”, insistió el especialista. Agregó que es fundamental respetar la autonomía de las personas mayores, que se les permita ejercer el derecho a determinar con quién, cómo, dónde quieren vivir, y a decidir, ante circunstancias que les afecten el ejercicio de su capacidad jurídica porque pierda discernimiento, quiénes son sus apoyos”, dijo Pérez Gallardo. El derecho de los abuelos Ante el reajuste legislativo es esencial proteger también el derecho de los abuelos, con énfasis especial en el derecho a la comunicación de los abuelos con los nietos y viceversa. Para la psicóloga Teresa Orosa, presidenta de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana, desde nuestra cultura se entrega mucho por parte de abuelos y abuelas, un proceso de enorme significación por el rol trascendente que han tenido en la formación de las siguientes generaciones, en la transmisión de tradiciones, valores, principios y en el amor a la familia. “Por ello será muy importante que nuestro país disponga de esta protección en el nuevo Código de las Familias. Es una figura necesaria, tal cual existe para la maternidad y la paternidad, pues protege lazos familiares esenciales”, afirmó. Se trata, entre otras opciones, de que los abuelos, mediante proceso en tribunales, puedan establecer un régimen de comunicación con los nietos; de poder pactar reglas de comunicación entre abuelos y nietos, tras la disolución de un vínculo matrimonial; de tener en cuenta, incluso, las consecuencias jurídicas de interrumpir injustificadamente esa comunicación. “La nueva legislación deberá darles a las personas mayores, en cualquier modelo familiar cubano, el protagonismo que ellas merecen; visibilizar sus derechos y permitirles seguir escribiendo su biografía en primera persona”, aseveró Pérez Gallardo. Fuente: SEMlac Cuba - 09/08/2021 http://redsemlac-cuba.net/sociedad-cultura/proteger-y-revalorizar-la-vejez,-pautas-para-nuevo-código-de-las-familias.html

Cuba: Investigación propone programa para los cuidados en Cuba Lunes, 24 de Mayo de 2021 Envejecimiento y vejez Un programa transdisciplinar para el trabajo de cuidados desde la perspectiva familiar y su atención por las políticas públicas, para movilizar de forma articulada acciones, servicios y actores en pos del bienestar de las familias, propone el libro del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). El trabajo de cuidados desde la perspectiva familiar en diálogo con las políticas públicas, del Grupo de Estudios sobre Familia del CIPS y sus redes, sugiere renovar lo que se hace en este ámbito y explorar nuevas vías ante el reto que impone el envejecimiento demográfico. El programa, entendido como componente de la política pública, pone énfasis en la adultez mayor, la niñez y las personas con discapacidad, así como en brindar atención a las familias para lograr su bienestar, capacitar a quienes cuidan, a otras personas y a redes de apoyo para la realización directa o indirecta del trabajo de cuidados. A su vez, persigue contribuir a la articulación de las instituciones estatales, las entidades económicas no estatales, la sociedad civil y las familias en el ámbito territorial, e instrumentar un servicio de consejería para atender los principales problemas sobre los sobre los cuidados ya identificados. Según declaró a la Redacción de IPS Cuba la investigadora Rosa Campoalegre, coordinadora del volumen presentado el 14 de mayo, “hay que entender que estos temas no son solo casa adentro, sino también casa afuera, y entonces hay que intencionar más las políticas públicas para tener una mejor respuesta a las nuevas demandas del cuidado”. A su juicio, es urgente “pasar del cuidado social a la sociedad de los cuidados, una sociedad corresponsable, una sociedad que derrumbe el mito de amor y cuidado solo para las mujeres. ¿Acaso solo aman las mujeres? Eso hay que deconstruirlo”. Campoalegre alertó que debe hablarse de los cuidados en plural, por la diversidad de contextos, modalidades y prácticas y enfatizó que se trata de un derecho no solo porque en algún momento de la vida las personas necesitan recibirlos, sino también proveerlos. Un aspecto, casi siempre invisibilizado, reflexionó, es cuándo, quién, cómo y en qué condiciones se brindan los cuidados, por lo que llamó a no limitar la mirada al cuidado como derecho universal, sino también incorporar ese otro enfoque. “El cuidado es un trabajo, es un esfuerzo, reproduce una función social, no solo familiar, y es una de las brechas más importantes de género en todos los países y también en Cuba”, destacó la experta. “Este libro apuesta por las políticas de cuidados basadas en la transformación cultural, más allá de las políticas de servicios, de empleo, pasar a un enfoque de la interdependencia, no de la dependencia, y mirar así a las personas mayores”, subrayó Campoalegre. Libro con luz larga En el prólogo, el profesor Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), considera que con el programa “se logra deconstruir categorías y conceptos claves para el estudio del tema desde un enfoque decolonial, de género y de derechos”. El jurista, quien considera que de la investigación “se hablará por tiempos al convertirse en uno de los estudios referentes sobre el tema”, tiene tres escenarios fundamentales de impacto: en política pública, en producción científica y en producción de capacidades con actores implicados. De acuerdo con Pérez, este estudio deja clara la tridimensionalidad del trabajo de cuidados como derecho humano inalienable, una de las funciones familiares para proveer de bienestar a sus integrantes. El volumen contiene seis capítulos que abordan el trabajo de cuidados desde el contexto teórico y político, además de sus aspectos metodológicos, que persigue responder al problema científico de cómo contribuir al perfeccionamiento del trabajo de cuidados en el contexto de la actualización del modelo económico y social cubano. La investigación realiza el mapeo de los estudios referidos a los cuidados y a las políticas públicas desarrollados en Cuba en el período 2010-2017, analiza esta labor en familias seleccionadas, a partir de las principales modalidades, actores y prácticas de los cuidados. No escaparon a la atención del Grupo de Estudios sobre Familia los imaginarios sociales alrededor del cuidado, en los que, por un lado, se destaca la importancia del rol de la persona que realiza esa labor, mientras que por otro se reproducen patrones de desigualdad e invisibilización sobre algunos actores. Según consideró la jurista Yamila González, vicepresidenta de la UNJC y de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, el libro es muy pertinente, sobre todo a punto de iniciar un proceso de elaboración, consulta y referendo de un nuevo Código de las Familias, “donde tenemos que visibilizar en toda su magnitud toda la diversidad familiar y toda la complejidad de las familias”, significó. “El tema de los cuidados es uno de los más importantes, porque somos una sociedad muy envejecida, donde hay muchísimas situaciones y el cuidado es muchas veces el centro de las problemáticas familiares. Debe tener esa mirada desde las personas que se cuidan, pero también desde quienes las cuidan, que también tienen derecho y necesitan ser protegidas”, sentenció González. Tenemos que dejar bien claro, dijo, que el futuro Código es para todas las familias: clásicas, tradicionales y heteronormativas, y también las monoparentales, multiparentales, hetero y homoafectivas, nucleares, extensas, reconstituidas, anaparentales. Todas son válidas “y tienen que ser reconocidas y protegidas en igualdad de condiciones”. Fuente: IPS Cuba – 20/05/2021 https://www.ipscuba.net/sociedad/investigacion-propone-programa-para-los-cuidados-en-cuba/

Cuba: Vejez digna y sin violencias, un derecho a visibilizar Lunes, 09 de Agosto de 2021 Políticas y Derechos Un enfoque de corresponsabilidad familiar e institucional ante el envejecimiento, en el acercamiento a temáticas como la igualdad sustantiva, la equidad, el maltrato y otros conflictos cotidianos que viven las personas mayores es, a juicio de activistas y expertos, una urgencia en la sociedad cubana y una brecha que ha remarcado la pandemia de covid-19. ger Para la realizadora cubana Lizette Vila, fundadora del proyecto Palomas, Casa productora de audiovisuales para el activismo social, la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus es cada vez más agresiva. “Muchas personas mayores que ya venían perdiendo espacios dentro de sus hogares y cada vez eran más apartadas, como consecuencia de esta crisis han perdido también sus rituales y su modo de vida. Están obligadas a un distanciamiento, ya no pueden salir al parque a reunirse, ni caminar por la calle. Todo eso se une a un entorno familiar complejizado, porque con tantas personas conviviendo juntas los conflictos intergeneracionales se agudizan”, apuntó a SEMlac la documentalista. A ello se suma el hecho de que las personas mayores son más vulnerables económicamente y están expuestas, por ejemplo, a desigualdades en el acceso a los alimentos, dijo Vila. “En Palomas consideramos que el tema del envejecimiento en Cuba necesita de una fuerza mayor, de mostrar en nuestros medios una estrategia comunicacional de respeto y colocar la vejez no desde la invalidez que pudieran tener las personas mayores, sino desde el aporte de cada individuo, aunque esté incluso en una silla de ruedas”, opinó. Señaló que ese segmento de población está experimentando un aumento rápido y progresivo a nivel mundial, que también se asocia a un incremento progresivo del abuso y maltrato en la vejez, incluso en formas invisibles, con fuertes implicaciones en la calidad de vida de las personas mayores. “Los maltratos y las diferentes formas de violencia en estas edades se han revelado como un serio problema. Se habla mucho del acoso en la adolescencia, hacia las personas homosexuales y trans, pero el acoso verbal y psicológico hacia las personas mayores en diferentes espacios de la sociedad cubana se invisibiliza”, explicó la fundadora del proyecto Palomas. Vila opinó que se necesita una definición suficientemente amplia y visible para poder identificar los diferentes comportamientos que puedan constituir abuso y los escenarios en que pueden ocurrir. “No es un fenómeno nuevo y en muchos casos continúa oculto, con bajas tasas de detección que pueden estar relacionadas con la ausencia de protocolos de protección y falta de conciencia de quienes tienen responsabilidad; primero dentro de las familias, pero también de esas mismas personas de denunciarlo”, dijo la realizadora. Arte y salud por un envejecimiento activo Desde su fundación, Palomas ha querido mostrar las diversas o plurales realidades en las que mujeres y hombres se desenvuelven, desde un enfoque de interseccionalidad. Con esa premisa nace un proyecto de tres cortos audiovisuales, aún en producción, que tiene como título “Del maltrato al buen trato” y promueve la importancia de una vejez digna. En opinión de Vila, la creación audiovisual es una oportunidad para expresarse como parte de las demandas de las agendas sociales cubanas, internacionales y también propiciar una conciencia ciudadana en el tema del abuso y el maltrato a las mujeres y hombres adultos mayores. Un primer material explora el empoderamiento de las personas mayores, mientras un segundo corto aborda el maltrato en los servicios y la necesidad de que estos se ofrezcan con respeto, adelantó. El tercero habla de la vulnerabilidad. “Palomas siempre dice que nadie es vulnerable, las personas son vulneradas”, señaló la realizadora y subrayó que se trata de historias de personas que, desde su libertad, respeto, autonomía y capacidades, tienen todavía aportes que entregar a la sociedad cubana. “Del maltrato al buen trato”, expuso, es una iniciativa conjunta con el Programa Integral de Envejecimiento Saludable en Plaza de la Revolución (PIES-Plaza), el municipio más envejecido de Cuba, que tiene hoy índices de envejecimiento que se pronostican para Cuba en 2030, con más de 28 por ciento de su población con 60 años y más, de acuerdo con cifras oficiales. Según el doctor Jesús Menéndez, especialista del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (Cited) y coordinador de PIES-Plaza, este proyecto surge en 2016 con el objetivo de contribuir al desarrollo de un envejecimiento saludable, digno y activo, mediante procesos e iniciativas socio-sanitarias para potenciar el bienestar de las personas mayores de ese territorio capitalino. Financiado por la Unión Europea y coordinado por la Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría, y el Gobierno del municipio, PIES-Plaza concibe un grupo de estrategias dirigidas a lograr el empoderamiento de las personas mayores y un afrontamiento exitoso del envejecimiento en el país, dijo el especialista. “Hemos logrado sinergias con los servidores públicos del territorio y se ha logrado colocar al municipio como el primero del país en formar parte de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como muestra de una voluntad política de mejorar el ambiente en aras de un envejecimiento saludable”, apuntó Menéndez. Desde antes del comienzo de la pandemia, el proyecto ha dado visibilidad al envejecimiento del país y propicia el empoderamiento de sus protagonistas, las personas mayores. La iniciativa tiene puntos de contactos con otros proyectos de la ciudad, como el Corredor Cultural de Línea, que coordina el Gobierno de la Ciudad, VIAS de la Oficina Nacional de Diseño Industrial y KNOW-Havana de la Universidad de Ciencias Tecnológicas (CUJAE), los cuales abogan por una ciudad amigable. “El marco legal vigente en el país potencia la presentación de Proyectos de Desarrollo Local donde las personas mayores son sus gestores y protagonistas”, dijo. Según explicó, desde el comienzo de la pandemia, PIES-PLAZA se ha tenido que reinventar, por la imposibilidad de realizar actividades presenciales con personas mayores o servidores públicos, donde recaían gran parte de sus acciones. “Transformamos gran parte de esas acciones en otras de carácter educativo a distancia, así como de promoción gráfica y audiovisual sobre el envejecimiento saludable, los buenos tratos y la amigabilidad del ambiente”, resaltó. Derecho a la resiliencia y a la esperanza Para Vila, “la creación en el proyecto social cubano va por el rumbo de un desarrollo humano integral, el cual reformula proyectos, esperanzas y aportes que señalan que el bienestar es un estado de salud. Los cubanos tenemos que hacer ese capital social resiliente, una meta por la cual trabaja Palomas”, dijo. De esa inspiración nace Fábrica de felicidad, la más reciente obra de la casa productora, compuesta por tres cortos con tres mensajes: la producción de respeto, la producción de esperanza y la producción de dignidad de las abuelas y los abuelos, que voltean la mirada hacia las personas mayores y su resiliencia. “Con la participación de los actores Obelia Blanco y Enrique Molina, la narración guía esta propuesta en contrapunteo con fragmentos de documentales nuestros que habían abordado esta temática desde 2009”, refiere Vila. El doctor Jesús Menéndez señaló que “la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de resistencia del país y, por supuesto, de las personas mayores”, precisó. “Cuando lleguemos a la nueva normalidad, se debe promover que todas las personas, pero principalmente las mayores, incorporen o reincorporen estilos de vida saludables. Los sectores y servicios comunitarios dedicados a la atención de este grupo etario y sus familias jugarán un papel importante en la recuperación de la satisfacción personal de nuestros mayores que, aunque no hayan enfermado de covid-19, podrán tener las secuelas psicológicas y físicas del tiempo de aislamiento social”, dijo. Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho de Familia, apuntó que estamos viviendo la peor pandemia de los últimos 100 años. “La covid-19 nos ha dejado muchas lecciones. Entre ellas está la necesidad de fortalecer los lazos familiares, de seguir apostando por el valor que tiene la familia”, un objetivo del nuevo Código de las Familias que será valorado por el legislativo cubano en 2021 y luego votado en referendo. “La solidaridad de la familia ha sido hoy un aliciente ante las tragedias que hemos vivido todos por la pérdida de seres afectivos, importantes en nuestras vidas. También ha dejado en evidencia la fragilidad que tiene el adulto mayor”, sostuvo Pérez Gallardo. A juicio del experto, “las lecturas de los demógrafos sobre el envejecimiento deben ser comprendidas y entendidas por los juristas inexorablemente: primero, por la necesidad de darles protagonismo a las personas adultas mayores en el entorno familiar y, segundo, por la importancia que tienen --y cada día tendrán más-- las personas adultas mayores dentro de los grupos familiares”. “Hoy se habla del principio de diversidad familiar, que está consagrado en el artículo 81 de la Constitución. El nuevo Código de las Familias responderá a ese principio, pero si hay un mínimo común múltiplo en todas estas construcciones familiares, son los adultos mayores. Cualquiera que sea la modalidad de familia que construya la persona, ya estará en la tercera edad o traerá consigo algún familiar de ese grupo que requiera protección o abrigo”, señaló el jurista. Pérez Gallardo explicó que el Derecho debe ofrecer una visión muy diversa también de las personas adultas mayores, para verlas no solo como objeto de protección y amparo de otros miembros de la familia, sino como sujeto de derechos en la familia y la sociedad. Para el jurista, los cambios que el nuevo código supone en materia de comunicación familiar, derechos y deberes jurídicos de la persona cuidada y del cuidador, derechos de los abuelos, derechos patrimoniales del adulto mayor, entre otros, son esenciales en un envejecimiento digno y libre de violencias. “En cualquier modelo familiar que construyamos en la Cuba de hoy, hay personas adultas mayores. Debemos hacer es darles el protagonismo que merecen, visibilizar sus derechos en su faceta tuitiva o protectora, ante la vulnerabilidad que puede suponer la adultez mayor; pero también el protagonismo que tienen en aras de la inclusión social, comunitaria, familiar. Potenciar su autonomía y el respeto de sus decisiones”, concluyó. Fuente: SEMlac Cuba - 03/08/2021 http://redsemlac-cuba.net/sociedad-cultura/vejez-digna-y-sin-violencias,-un-derecho-a-visibilizar.html

La CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos de las personas mayores frente a la pandemia del COVID-19 Lunes, 27 de Abril de 2020 Portada La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), urge a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas mayores de la región, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos, de acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y con los estándares y las recomendaciones de su Resolución No. 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad de más de 76 millones de personas mayores que viven en la región, la cual se ha visto seriamente agravada por el COVID-19, debido a un nivel de riesgo mayor, por su susceptibilidad al contagio. En este contexto, a la CIDH le preocupa profundamente los altos índices de infección, ingresos en hospitales y mortalidad de personas mayores registrados en el último mes. La Comisión urge a los Estados a garantizarles el derecho a la salud física y mental, adoptando las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios, en todos los ámbitos y particularmente en residencias de largo plazo, hospitales y centros de privación de libertad. Para ello deben priorizarles el acceso a las pruebas de COVID-19. A la Comisión le preocupa que, ante el agravamiento de esta crisis y la subsecuente escasez de material médico, las personas mayores estén expuestas a un mayor grado de discriminación y estigmatización en los servicios de salud, por ejemplo, al momento de hacer triaje o asignar respiradores, a fin de garantizar su derecho a la vida, salud e integridad personal y evitar toda forma de discriminación en razón de la edad o edadismo. La CIDH llama a los Estados a supervisar que los protocolos médicos, las guías bioéticas, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación con el COVID-19 sean desarrollados e implementados sin discriminación en razón de la edad. La Comisión recuerda también la obligación de los Estados de garantizar el derecho de las personas mayores enfermas de COVID-19 a brindar consentimiento previo, pleno, libre e informado en cuanto a los tratamientos y medicamentos que vayan a recibir. Asimismo, durante el aislamiento, se debe prestar especial atención a las personas mayores con discapacidad, enfermedades crónicas y quienes requieran de medicación y atención regular o cuidados paliativos, los cuales deben ser brindados de manera oportuna y apropiada. La Comisión resalta que los Estados deben adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y de cualquier otra índole, a fin de garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos; incluyéndolas de manera prioritaria y adecuada, en sus planes de contingencia. En este sentido, la CIDH valora el esfuerzo de Estados, como Costa Rica y Canadá, que han implementado incrementos presupuestales para fortalecer la respuesta de sus entes nacionales de protección de las personas mayores en el marco de la pandemia. Asimismo, las medidas adoptadas deben identificar y eliminar obstáculos y barreras para el acceso de las personas mayores a su abastecimiento, servicios públicos, cuidados, información y comunicación durante el aislamiento. La Comisión resalta también la necesidad de cooperación entre los Estados y las empresas privadas que brindan servicios y bienes esenciales para facilitar el acceso prioritario a las personas mayores con horarios especiales para su atención, como se viene haciendo en varios supermercados y bancos de la región. Por otra parte, la CIDH insta a los Estados a adoptar medidas especiales para mitigar el impacto económico diferenciado en las personas mayores, facilitando el acceso a sus pensiones, al ser este su medio fundamental de subsistencia; evaluando la posibilidad de adelantar o facilitar su acceso electrónico. Estas medidas deben acompañarse de estrategias de pago seguro para la protección de las personas mayores, a fin de evitar aglomeración y contagio, con horarios especiales o trato preferencial en los puntos de pago, asistidas por personal policial capacitado en un trato adecuado a las personas mayores y difundidas en campañas de comunicación accesibles. La Comisión reconoce el esfuerzo de varios Estados que ya se encuentran implementando medidas en este sentido. La CIDH llama a los Estados a que, ante las medidas de aislamiento, consideren el balance que debe existir entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las personas mayores de conexión con sus familiares, y facilitar medios de comunicación telefónica o por internet, a fin de evitar su deterioro emocional. Asimismo, las medidas de contingencia deben atender la brecha digital que dificulta a las personas mayores comunicarse con familiares o realizar trabajo virtual. También es causa de preocupación el riesgo de incremento de la violencia de género, maltrato y negligencia contra las personas mayores durante el aislamiento. La CIDH recomienda a los Estados reforzar las medidas de supervisión y vigilancia para la protección de las personas mayores y facilitar la accesibilidad a los mecanismos de denuncia. La CIDH llama a que toda política y medida que se adopte por parte de los Estados en relación con la pandemia, cuente con un enfoque interseccional y perspectiva de género. Especial atención merecen aquellos grupos de personas mayores que sufren impactos múltiples adicionales a causa del COVID-19 como las mujeres, indígenas, afrodescendientes, LGBTI, personas privadas de libertad, migrantes o personas con discapacidad, para cuyas situaciones la Resolución No. 1/20 establece estándares de protección reforzada. Adicionalmente, la Comisión llama a los Estados a adoptar medidas de ayuda humanitaria para garantizar alimentos, agua y saneamiento a las personas mayores en situación de abandono, calle o extrema pobreza. La CIDH reconoce el esfuerzo de varios Estados que han decretado subvenciones, subsidios o bonos, con pago seguro o han habilitado espacios de acogida para estas personas. Asimismo, dada la gravedad de la situación de las personas mayores privadas de libertad, la Comisión reitera a los Estados que evalúen la posibilidad de otorgar medidas alternativas a aquellas de baja peligrosidad o que estén prontas a cumplir condenas. Esto, sin perjuicio de que las solicitudes de personas en riesgo, condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, deban valorarse según los criterios correspondientes, atendiendo un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. La CIDH urge garantizar las condiciones de detención y cuarentena adecuadas a fin de impedir el contagio intramuros. En atención a lo anterior, la Comisión retoma las recomendaciones 41 a 45 de la Resolución No. 01/20, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, y con el fin asegurar el respeto de las personas mayores como sujetos plenos de derecho, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH recomienda además a los Estados: 1. Adoptar las medidas necesarias a fin de evitar contagios, priorizar la atención médica y evitar el edadismo, garantizando el derecho a brindar consentimiento en el ámbito de la salud y facilitando medios de contacto familiar. 2. Garantizar su acceso a servicios públicos y bienes esenciales con un trato diferenciado y preferencial a las personas mayores, identificando y eliminando obstáculos y atendiendo la brecha digital. 3. Reforzar medidas de supervisión y vigilancia para evitar la violencia y negligencia contra personas mayores. 4. Ratificar o adherirse a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. CIDH. Washington, D.C. 23 de abril de 2020. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/088.asp