Durante un encuentro celebrado el martes 17 de marzo de 2026 en el Despacho Oval con el primer ministro de Irlanda, varios periodistas preguntaron a Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos promueva un cambio de régimen en Cuba. El mandatario optó por ceder la palabra a su secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio.
Rubio afirmó que la isla «tiene una economía que no funciona dentro de su sistema político y gubernamental» y añadió: «No pueden arreglarlo». A su juicio, «tienen que cambiar drásticamente» y consideró que «lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente dramático. No va a solucionarlo».
El 16 de marzo de 2026, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Óscar Pérez-Oliva dio a conocer los detalles de la apertura económica anunciada por Díaz-Canel el viernes anterior. El también viceministro explicó que las nuevas medidas contemplan la incorporación de los cubanos residentes en el exterior al sistema financiero nacional.
Según indicó Pérez-Oliva, los emigrados podrán abrir y gestionar cuentas en divisas en bancos de la isla, así como participar —con autorización del Banco Central— en bancos de inversión e instituciones financieras no bancarias. El paquete incluye también la creación de fondos de cooperación e inversión, en lo que la versión oficial presenta como una apertura a los negocios y a las operaciones financieras desde la diáspora.
Óscar Pérez-Oliva, quien es sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, adelantó además que se prevé la entrega de tierras en usufructo para proyectos productivos, con la intención de canalizar capital y experiencia de la diáspora hacia el sector agropecuario y otras áreas relacionadas.
De acuerdo con el funcionario, estas iniciativas buscan ampliar las fuentes de financiamiento, dinamizar la economía y reforzar los vínculos con la comunidad cubana en el exterior, en un contexto en el que —según señaló— el comercio con empresas estadounidenses sigue limitado por las sanciones de Washington.
Estas declaraciones llegan apenas tres días después de que La Habana admitiera haber iniciado contactos con la Administración Trump, algo que había negado durante semanas.
Según el funcionario, las medidas van «más allá de la esfera comercial» e incluyen «grandes inversiones, especialmente en infraestructuras» de sectores estratégicos como el turismo, la minería y la energía. «Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses» y «también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes», afirmó durante la entrevista concedida en La Habana.
En la transmisión no se precisó qué garantías ofrecerá el Gobierno para evitar que esas inversiones puedan ser intervenidas o confiscadas por las autoridades, como ha sucedido en otros casos con capital de emigrados, bajo acusaciones de presuntos delitos sin suficiente transparencia. Tampoco aclaró si esos potenciales inversores contarán con derechos como el voto, la propiedad de viviendas o la posibilidad de recurrir legalmente contra entidades estatales en caso de incumplimiento de los acuerdos.
Mientras Pérez-Oliva anunciaba las medidas, el país estaba sumido en un nuevo colapso del sistema eléctrico nacional: el sexto en apenas año y medio.
La Administración Trump condiciona el levantamiento de sanciones a que La Habana libere a los presos políticos y avance hacia reformas políticas y económicas. Trump ha mencionado la posibilidad de una «toma amistosa de Cuba», pero no ofreció detalles sobre su significado.
