Tanto en estas entrevistas recientes como en intervenciones anteriores, el presidente designado por Raúl Castro repite el mismo relato tergiversado sobre la realidad cubana.
En este texto analizamos algunas de las desinformaciones que dijo Díaz-Canel en sus entrevistas con NBC News y Newsweek, y qué dicen los datos frente a ese discurso.
Un video en el que se denuncia la muerte de un joven recluso cubano por presunta desatención médica se ha vuelto viral en Facebook desde su publicación. Sin embargo, en el post se omite que las imágenes no son recientes, sino que corresponden a un caso documentado en septiembre de 2023.
En Cuba, el régimen del Partido Comunista tiene la costumbre de hacer del tiempo una trampa para desactivar la disidencia. Luis Manuel Otero lleva casi cinco años aprendiendo eso. Y sigue dibujando. ¿Lo dejarán salir? Esa pregunta lleva semanas sin respuesta y con cada día que pasa se vuelve más urgente.
Varios medios españoles reportaron que se trataba de la liberación de «presos políticos», como parte del «segundo indulto en lo que va de año». Estas afirmaciones son FALSAS.
Desde su detención, Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de mirada serena y sensibilidad musical puesta al servicio de su iglesia, siente que cada día transcurrido cuenta por dos. Por estos días de Semana Santa él sufre su propio calvario en Cuba: es uno de los menores presos por la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón.
En la tarde-noche del Jueves Santo, 2 de abril de 2026, el Gobierno cubano volvió a anunciar que excarcelará a personas privadas de libertad. En esta ocasión, afirmó que saldrían de la cárcel 2 010 presos como «gesto humanitario y soberano».
Emma no ve a su papá desde la mañana del 6 de febrero de 2026, cuando se lo llevaron esposado por opinar en redes sociales, como ha ocurrido con muchos otros padres en Cuba, aunque la niña de tres años no lo sepa. Ernesto Ricardo continúa preso en Holguín, junto con Kamil Zayas, por los videos críticos que filmó en una pequeña habitación de su hogar.
Organizaciones de derechos humanos reportan excarcelaciones de personas presas políticas en Cuba, tras la confirmación del régimen de La Habana de sus conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la sociedad civil advierte que otras excarcelaciones anteriores no han significado una disminución de la represión contra el disenso.
El régimen cubano anunció que excarcelará a 51 personas sancionadas a privación de libertad. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se publicó al unísono por varios canales oficiales en la noche del 12 de marzo de 2026.
Es probable que para muchos esta sea la primera vez que escuchan el nombre de esta cubana que fue acusada públicamente de terrorismo por oficiales del régimen de La Habana. Otros saben muy bien quién es Maritza Lugo desde hace bastante tiempo.
El embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, afirmó en el programa El Día, de Telesistema 11, que en la isla «a nadie se mete preso por su pensamiento. En Cuba se mete preso a quien comete delitos probados, con el debido proceso. Pero a nadie por su pensamiento o creencias». «No sé por qué se dice que en Cuba no hay libertad de expresión. El cubano opina de todo, en cualquier esquina, dentro o fuera del país», añadió. Las declaraciones del diplomático son FALSAS.
El 4 de febrero de 2026, luego de una de las madrugadas más frías que se recuerdan en Cuba en mucho tiempo, tres mujeres se dirigieron a una oficina de la Asamblea Nacional donde entregaron una solicitud para aprobar una ley de amnistía a favor de cientos de presos políticos.
La petición de una amnistía, impulsada por sectores de la sociedad civil, se inscribe así en un debate que no solo interpela al Derecho, sino a la forma en que el Estado gestiona el disenso, reconoce a las víctimas y define los límites de la justicia y la clemencia.
En una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado. Hace más de cuatro meses lo apartaron de su familia unos agentes policiales que «solo querían hacerle unas preguntas», según dijeron. Pero Lázaro Manuel no regresó.
Antes de conocer la sentencia a seis años de cárcel impuesta por participar en una protesta pacífica en Cuba, el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea ya había sido castigado de una forma que nunca imaginó posible.
La primera «condena» fue tan cruel (quizá más) como la de privación de libertad que acaba de notificar el Tribunal de Villa Clara.
Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
Si hoy existiera un diálogo real entre Cuba y Estados Unidos, ¿qué tema debería estar primero en la agenda? Esa fue la pregunta directa que respondieron más de 12 000 personas en una serie de encuestas realizadas en distintas plataformas digitales de elTOQUE.
Si existe cualquier negociación, diálogo o canal de intercambio entre Washington y La Habana, los presos políticos no pueden ser una nota al margen ni una concesión futura. Deben ser el punto de partida.
2025 confirmó la persistencia de un patrón estructural de violaciones de derechos humanos, marcado por la represión del disenso, el uso del aparato legal como herramienta de control y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
¿Hemos hecho todo lo posible para que no muera otro cubano en huelga de hambre, para que tres hijos no pierdan a su padre? ¿Le hemos dejado suficientemente claro al régimen de La Habana que no somos indiferentes al dolor de Yosvany, de su familia y el de cientos de presos políticos? ¿Qué hacemos?
Gran parte de los huelguistas de hambre en la isla son personas presas por motivos políticos, aunque no las únicas, porque las precarias condiciones de las cárceles y el abuso sistemático afectan a la población penal en general.
A sus 27 años, las pocas veces que Pedro Carlos Camacho Ochoa ha conocido un calabozo en Cuba ha sido por motivos políticos. Tras 19 meses recluido, no conoce petición fiscal contra él o los demás procesados en Las Tunas ni les han notificado una fecha para llevarlos a los Tribunales.
El régimen de La Habana niega la existencia de violaciones de derechos humanos dentro de su sistema penitenciario. Sin embargo, el Centro de Documentación de Prisiones Cubana ofrece una radiografía detallada de las cárceles y describe un escenario en el cual son comunes la tortura, el hambre y el abandono médico.
El opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), salió de la isla con rumbo a Estados Unidos el 13 de octubre de 2025 acompañado por miembros de su familia, tras varios años de sufrir numerosas violaciones de sus derechos.
El uso de personas privadas de libertad en Cuba para realizar trabajos en condiciones precarias ha sido denunciado durante años por organizaciones no gubernamentales y medios independientes.
Presos políticos en Cuba
Tanto en estas entrevistas recientes como en intervenciones anteriores, el presidente designado por Raúl Castro repite el mismo relato tergiversado sobre la realidad cubana.
En este texto analizamos algunas de las desinformaciones que dijo Díaz-Canel en sus entrevistas con NBC News y Newsweek, y qué dicen los datos frente a ese discurso.
Un video en el que se denuncia la muerte de un joven recluso cubano por presunta desatención médica se ha vuelto viral en Facebook desde su publicación. Sin embargo, en el post se omite que las imágenes no son recientes, sino que corresponden a un caso documentado en septiembre de 2023.
Desde su detención, Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de mirada serena y sensibilidad musical puesta al servicio de su iglesia, siente que cada día transcurrido cuenta por dos. Por estos días de Semana Santa él sufre su propio calvario en Cuba: es uno de los menores presos por la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón.
Organizaciones de derechos humanos reportan excarcelaciones de personas presas políticas en Cuba, tras la confirmación del régimen de La Habana de sus conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la sociedad civil advierte que otras excarcelaciones anteriores no han significado una disminución de la represión contra el disenso.
El embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, afirmó en el programa El Día, de Telesistema 11, que en la isla «a nadie se mete preso por su pensamiento. En Cuba se mete preso a quien comete delitos probados, con el debido proceso. Pero a nadie por su pensamiento o creencias». «No sé por qué se dice que en Cuba no hay libertad de expresión. El cubano opina de todo, en cualquier esquina, dentro o fuera del país», añadió. Las declaraciones del diplomático son FALSAS.
En una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado. Hace más de cuatro meses lo apartaron de su familia unos agentes policiales que «solo querían hacerle unas preguntas», según dijeron. Pero Lázaro Manuel no regresó.
Si hoy existiera un diálogo real entre Cuba y Estados Unidos, ¿qué tema debería estar primero en la agenda? Esa fue la pregunta directa que respondieron más de 12 000 personas en una serie de encuestas realizadas en distintas plataformas digitales de elTOQUE.
¿Hemos hecho todo lo posible para que no muera otro cubano en huelga de hambre, para que tres hijos no pierdan a su padre? ¿Le hemos dejado suficientemente claro al régimen de La Habana que no somos indiferentes al dolor de Yosvany, de su familia y el de cientos de presos políticos? ¿Qué hacemos?
El régimen de La Habana niega la existencia de violaciones de derechos humanos dentro de su sistema penitenciario. Sin embargo, el Centro de Documentación de Prisiones Cubana ofrece una radiografía detallada de las cárceles y describe un escenario en el cual son comunes la tortura, el hambre y el abandono médico.
En Cuba, el régimen del Partido Comunista tiene la costumbre de hacer del tiempo una trampa para desactivar la disidencia. Luis Manuel Otero lleva casi cinco años aprendiendo eso. Y sigue dibujando. ¿Lo dejarán salir? Esa pregunta lleva semanas sin respuesta y con cada día que pasa se vuelve más urgente.
En la tarde-noche del Jueves Santo, 2 de abril de 2026, el Gobierno cubano volvió a anunciar que excarcelará a personas privadas de libertad. En esta ocasión, afirmó que saldrían de la cárcel 2 010 presos como «gesto humanitario y soberano».
El régimen cubano anunció que excarcelará a 51 personas sancionadas a privación de libertad. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se publicó al unísono por varios canales oficiales en la noche del 12 de marzo de 2026.
El 4 de febrero de 2026, luego de una de las madrugadas más frías que se recuerdan en Cuba en mucho tiempo, tres mujeres se dirigieron a una oficina de la Asamblea Nacional donde entregaron una solicitud para aprobar una ley de amnistía a favor de cientos de presos políticos.
Antes de conocer la sentencia a seis años de cárcel impuesta por participar en una protesta pacífica en Cuba, el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea ya había sido castigado de una forma que nunca imaginó posible.
La primera «condena» fue tan cruel (quizá más) como la de privación de libertad que acaba de notificar el Tribunal de Villa Clara.
Si existe cualquier negociación, diálogo o canal de intercambio entre Washington y La Habana, los presos políticos no pueden ser una nota al margen ni una concesión futura. Deben ser el punto de partida.
Gran parte de los huelguistas de hambre en la isla son personas presas por motivos políticos, aunque no las únicas, porque las precarias condiciones de las cárceles y el abuso sistemático afectan a la población penal en general.
El opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), salió de la isla con rumbo a Estados Unidos el 13 de octubre de 2025 acompañado por miembros de su familia, tras varios años de sufrir numerosas violaciones de sus derechos.
Varios medios españoles reportaron que se trataba de la liberación de «presos políticos», como parte del «segundo indulto en lo que va de año». Estas afirmaciones son FALSAS.
Emma no ve a su papá desde la mañana del 6 de febrero de 2026, cuando se lo llevaron esposado por opinar en redes sociales, como ha ocurrido con muchos otros padres en Cuba, aunque la niña de tres años no lo sepa. Ernesto Ricardo continúa preso en Holguín, junto con Kamil Zayas, por los videos críticos que filmó en una pequeña habitación de su hogar.
Es probable que para muchos esta sea la primera vez que escuchan el nombre de esta cubana que fue acusada públicamente de terrorismo por oficiales del régimen de La Habana. Otros saben muy bien quién es Maritza Lugo desde hace bastante tiempo.
La petición de una amnistía, impulsada por sectores de la sociedad civil, se inscribe así en un debate que no solo interpela al Derecho, sino a la forma en que el Estado gestiona el disenso, reconoce a las víctimas y define los límites de la justicia y la clemencia.
Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
2025 confirmó la persistencia de un patrón estructural de violaciones de derechos humanos, marcado por la represión del disenso, el uso del aparato legal como herramienta de control y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
A sus 27 años, las pocas veces que Pedro Carlos Camacho Ochoa ha conocido un calabozo en Cuba ha sido por motivos políticos. Tras 19 meses recluido, no conoce petición fiscal contra él o los demás procesados en Las Tunas ni les han notificado una fecha para llevarlos a los Tribunales.
El uso de personas privadas de libertad en Cuba para realizar trabajos en condiciones precarias ha sido denunciado durante años por organizaciones no gubernamentales y medios independientes.