No será un solo juicio el que se celebrará contra Alejandro Gil Fernández
El 11 de noviembre de 2025 comenzó, en una Sala Especial del Tribunal Provincial Popular de La Habana —ubicada en el municipio Diez de Octubre— uno de los juicios que deberá enfrentar Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y ex viceprimer ministro de Cuba durante varios años.
Decimos «uno de los juicios» porque todo apunta a que la Fiscalía —aunque no lo ha confirmado oficialmente— presentó dos expedientes distintos contra el exfuncionario, separando los delitos por los cuales se le imputa.
Si bien ese detalle no ha sido declarado de forma explícita por alguna institución estatal, el periódico Granma —órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba— publicó una entrevista con el Dr. Arnel Medina Cuenca (expresidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y profesor de la Universidad de La Habana) que devela algunos detalles.
Durante la conversación, el jurista intentó justificar las razones por las cuales el proceso debía realizarse a puertas cerradas, pese a que numerosas voces —incluidas figuras cercanas al régimen como el exespía y Héroe de la República de Cuba René González— reclamaban que el juicio fuese público y cubierto por los medios nacionales.
Medina Cuenca sostuvo que en la práctica jurídica cubana es casi una «norma» que los juicios por delitos de espionaje se celebren a puertas cerradas, pues la divulgación de los elementos debatidos en ese contexto podría representar un riesgo directo para la «seguridad nacional» del país.
El jurista afirmó además que, según su interpretación personal de la nota publicada por el Tribunal Supremo Popular el 10 de noviembre de 2025, existen dos procesos judiciales distintos contra Alejandro Gil Fernández: uno en el que figura como único acusado por el delito de espionaje —cuyo juicio comenzó el 11 de noviembre—; y otro que podría involucrar a varios imputados y abarcar el resto de los delitos mencionados en la nota de la Fiscalía General —entre ellos: lavado de activos, actos contrarios a la economía nacional y malversación—.
La revelación publicada por Granma y ofrecida como una interpretación personal de un profesor universitario abre espacio a reflexiones adicionales.
En primer lugar, la manera en que se comunica un detalle de tal relevancia libera a las autoridades de su responsabilidad de ofrecer información clara, detallada y específica sobre un asunto sensible y de interés público: la judicialización de un alto funcionario político acusado de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros y de poner en riesgo la seguridad nacional del país.
La interpretación personal de un profesor universitario que comparece ante la propaganda en calidad de académico —y no como representante de una institución pública— no puede considerarse una confirmación oficial de que, en este momento, Alejandro Gil Fernández sea el único enjuiciado ni mucho menos que exista un proceso judicial paralelo en el que él y otros posibles implicados estén siendo acusados por vínculos delictivos comunes.
La obligación de informar por parte de la Fiscalía, del sistema de Tribunales y del Estado en general no puede sustituirse por una interpretación personal insertada entre líneas en un texto periodístico y atribuida a una persona que, oficialmente, no forma parte de las instituciones responsables de comunicar.
La falta de transparencia en torno a la posible existencia de un segundo juicio parece orientada a desalentar las demandas ciudadanas por un proceso público y transparente. Al régimen cubano le resulta conveniente que la población perciba este momento como el cierre del «caso Gil», pues ello contribuiría a la desmovilización y a la pérdida de interés en el tema. Al mismo tiempo, esa percepción le brinda al régimen el margen necesario para definir —con calma y según sus cálculos políticos— la manera en que se llevará a cabo el nuevo proceso y cómo se comunicará su desarrollo y sus eventuales resultados.
La división de los procesos judiciales que enfrenta Gil parece ser una maniobra cuidadosamente calculada por el régimen cubano. Separar, blindar y juzgar en primer lugar el proceso más grave no solo le otorga tiempo al Gobierno, sino que también crea un escenario propicio para ensayar mecanismos de control no convencionales sobre Gil y su entorno familiar con el objetivo de doblegar su voluntad o influir en la manera en que enfrentará un eventual segundo juicio.
El segundo proceso, presumiblemente más visible para la propaganda oficial, podría desarrollarse bajo un guion más controlado y con la eventual colaboración de Gil, presentándose como un acto de «asunción de responsabilidad».
Este tipo de estrategia recuerda lo ocurrido en la Causa No. 1 de 1989, cuando fueron juzgados Arnaldo Ochoa y otros altos oficiales del Ministerio del Interior, en un proceso que combinó un Tribunal de honor previo, con un castigo penal ejemplarizante en un segundo juicio y abundante manipulación política.
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