La promesa de la canciller mexicana Alicia Bárcena de movilizar diariamente a 1 400 migrantes con citas confirmadas en CBP One hasta hoy es solo eso, una promesa. En la reunión con 25 oficinas de la ONU en México, la funcionaria explicó que desde el 23 de agosto de 2024 se puede acceder al programa en el sureste del país. Unos días después, el Gobierno de México anunció la apertura de un corredor de movilidad segura para trasladar a migrantes. Pero la nueva política ha despertado más dudas que certezas.
En teoría, la medida parece diseñada para facilitar el tránsito desde Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco) hacia los cruces fronterizos en los que tienen lugar las entrevistas programadas mediante la aplicación. El plan incluye el uso de autobuses y la provisión de alimentos durante el viaje, lo que aparenta ser un esfuerzo por garantizar un tránsito más seguro y ordenado. Aquí puedes conocer los detalles de la nueva política.
A pesar del anuncio, la implementación ha sido lenta y caótica, según varias denuncias en redes sociales y medios locales. Los reportes revelan que muchos migrantes siguen varados en Tapachula sin acceso a transporte o a los permisos necesarios. La falta de claridad y ejecución efectiva pone en duda si el corredor es una solución o si forma parte de una estrategia más amplia para contener a los migrantes en la frontera sur de México y evitar que lleguen en masa a la frontera norte.
Burocracia y falta de permisos: ¿una trampa para los migrantes?
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los migrantes es la falta de coordinación y la burocracia. Aunque el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano prometió otorgar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) para que los solicitantes de asilo pudieran transitar de forma legal hacia el norte, muchos aún no han recibido el documento. Sin la autorización, no pueden viajar en autobús ni en avión y corren el riesgo de quedar atrapados en ciudades fronterizas del sur con entornos muy precarios.
Por ejemplo, en la frontera chiapaneca hay reportes de albergues saturados. Así lo confirmaron coordinadores de refugios y organizaciones civiles, quienes señalaron que, a pesar de la ampliación de los estados en los que se puede usar CBP One, el número diario de citas disponibles no ha aumentado. El proceso para obtener una cita sigue siendo aleatorio, lo que puede ocasionar que los solicitantes tengan que esperar durante períodos prolongados.
Las oficinas de Regularización Migratoria en la región, además, no ofrecen respuestas concretas, lo que aumenta la frustración de los migrantes que temen perder sus citas con las autoridades estadounidenses. Es por eso que algunos activistas aseguran que el retraso burocrático se ha convertido en una trampa que detiene el flujo migratorio y deja a los grupos en un limbo, sin poder avanzar ni retroceder.
¿Ayuda genuina o medida disuasoria?
Aunque la implementación del corredor de movilidad segura parece ser una iniciativa humanitaria, muchos activistas y organizaciones de derechos humanos ven con recelo la medida.
Irineo Mujica, líder de la organización Pueblos Sin Fronteras, argumenta que el programa es más una estrategia de disuasión que una ayuda genuina. Según declaraciones de Mujica para 14 y Medio, el Gobierno busca desanimar a los migrantes de avanzar hacia la frontera norte al imponerles largos y agotadores trayectos en autobuses, que podrían durar más de 30 horas.
Durante el último año, muchos migrantes han optado por esperar sus citas de asilo en Ciudad de México debido a las mayores oportunidades laborales y a la seguridad que ofrece, en comparación con las áreas controladas por el narcotráfico cerca de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, el incremento de migrantes ha generado una sobrepoblación, lo que complica la situación de las comunidades irregulares.
El Centro de Dignificación Humana denunció a finales de agosto de 2024 que hay al menos 100 000 personas varadas en suelo mexicano que esperan una cita de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para acceder al asilo.
Los riesgos en el camino: inseguridad y vulnerabilidad
A pesar de que el Gobierno mexicano ha prometido acompañamiento y protección a los migrantes durante su trayecto hacia la frontera, muchos dudan de la capacidad real del Estado para garantizar la seguridad en un país donde el crimen organizado y la corrupción están profundamente arraigados.
Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochan, ha expresado su preocupación por los peligros que enfrentan los migrantes en los largos viajes, en especial quienes deben recorrer más de 3 000 kilómetros desde el sur hasta el norte de México.
En lo que va de 2024, 165 migrantes han muerto en la frontera de Chihuahua —estado del norte de México— con Texas y Nuevo México, en Estados Unidos. La cifra es superior a los 149 fallecidos en 2023, alertaron activistas en el Seminario Permanente de Movilidad Humana.
La violencia en las carreteras, los secuestros y la extorsión son amenazas constantes. Gabriela Hernández señala que los migrantes en autobuses se vuelven un blanco fácil para el crimen organizado, sobre todo en regiones en las que la seguridad es escasa. Las denuncias sobre la complicidad de los agentes migratorios en actos de corrupción y abuso agravan aún más el panorama, lo cual hace que el trayecto en autobús sea percibido como riesgo en lugar de una solución.
Retrasos y falta de claridad en la implementación
Aunque el anuncio del corredor de movilidad segura se realizó hace varios días, hasta el momento no se ha dado una fecha clara de inicio del programa. La incertidumbre ha generado frustración entre los migrantes, quienes no saben cuándo podrán abordar los autobuses prometidos ni cuándo recibirán los permisos necesarios para moverse.
La falta de coordinación entre las autoridades mexicanas y los migrantes que esperan su traslado ha creado un ambiente de tensión. Los activistas han señalado que la implementación tardía y la falta de recursos financieros para sostener un programa de esta magnitud hacen que sea poco probable que la iniciativa logre cumplir con los objetivos.
El activista Josué Castañeda, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), comentó que persiste una gran incertidumbre acerca del funcionamiento del corredor porque la información disponible es bastante general.
Un especialista de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que, aunque la medida es positiva en teoría, la viabilidad a largo plazo es cuestionable debido a los altos costos —que incluyen no solo los autobuses y los alimentos, sino también los recursos humanos necesarios para coordinar y garantizar la seguridad de los migrantes durante el trayecto—.
El impacto en el flujo migratorio y las tensiones en la frontera norte de México
Si bien el corredor de movilidad segura pretende aliviar la presión en la frontera norte de México con Estados Unidos, el retraso en la implementación y las barreras burocráticas están creando un «tapón» en el sur del país. Miles de migrantes se encuentran varados en ciudades como Tapachula a la espera de permisos o citas de CBP One para continuar su camino.
La acumulación de migrantes ha generado conflictos en las comunidades locales y entre los migrantes, que ven cómo su sueño de llegar a Estados Unidos se complica cada vez más. La reducción de las citas diarias que otorga CBP —de 15 000 a menos de 2 000— ha creado una situación aún más desesperante para quienes buscan ingresar a EE. UU.
Varias organizaciones advirtieron que el sistema, en lugar de agilizar el proceso, está creando cuellos de botella, lo que obliga a muchos migrantes a permanecer en México durante meses o incluso años. Lo anterior sobrecarga los recursos locales y coloca a los migrantes en situación de vulnerabilidad extrema, al exponerlos a la violencia y la explotación mientras esperan una solución que podría no llegar.
En ese contexto, muchos extranjeros optan por quedarse en México. Hasta finales de agosto de 2024, Cuba ocupaba la segunda posición en cuanto al número de solicitudes de refugio con 11 052 registros, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Gabriela Hernández afirmó que la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido hipócrita, porque las violaciones de los derechos humanos de los migrantes se han intensificado. Puntualizó que, lejos de mejorar, la situación ha empeorado.
Hasta el momento, las barreras burocráticas, la falta de seguridad y la lenta implementación del corredor generan más dudas que esperanzas.
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Arberley Stewart