La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) recibió este jueves 21 de noviembre una petición inusual: 40 cubanas solicitaron una ley integral contra la violencia de género en Cuba, en virtud del derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, reconocido en el artículo 61 de la Constitución.

El documento pide incluir la aprobación de la normativa como parte del cronograma legislativo, la constitución de un grupo asesor público y variado compuesto por personas especializadas en el tema para su redacción, y la posibilidad de recibir y procesar propuestas ciudadanas durante el proceso de elaboración. 

Las firmantes apelan en el documento entregado al artículo 43 de la Constitución, aprobada el 24 de febrero de 2019, que reconoce “la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello”.   

En la argumentación, refieren también que a pesar de la firma y ratificación por parte de Cuba de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en el ordenamiento legal vigente en el país ni la violencia y el maltrato contra la mujer, ni el feminicidio son considerados delitos.

Para analizar los posibles resultados de esta petición, lo primero es tener en cuenta que, al igual que sucede con otros derechos reconocidos en la Constitución como el derecho a la manifestación, no existe un procedimiento legal que indique el camino a seguir por las autoridades tras el ejercicio del derecho a la petición.

La ANPP puede remitir la solicitud a la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer —como establece el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea y a la cual también se dirigió la solicitud— y dar como respuesta, por ejemplo, “que analizarán la petición y verán cómo proceder, y eso puede dar por terminado cualquier proceso”, explica el jurista Eloy Viera.

A pesar de las dificultades que pueda presentar el uso del derecho de petición para impulsar iniciativas legislativas, en la actualidad las firmantes se encuentran en mejores condiciones para enfrentar una posible omisión de respuesta por parte del Parlamento Cubano. Desde la promulgación de la Instrucción 275 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, se ha abierto la puerta para interponer demandas judiciales que combatan esas omisiones de respuestas a las quejas y peticiones de ciudadanos, denominadas en Derecho: silencio administrativo. 

Cubanos ya pueden demandar al Estado por daños y perjuicios

El doctor en Ciencias Jurídicas Julio Fernández Estrada considera que esta petición de ley tiene una real oportunidad de ser atendida. “Tal vez no sea una prioridad para un grupo importante de legisladores y dirigentes decisivos dentro del sistema político, pero es una ley que parece esperable después de lo logrado en la Constitución de 2019”.

“Simbólicamente es una propuesta histórica, importante y lúcida porque se hace desde el conocimiento científico y la experiencia en el activismo feminista y la experiencia de víctimas reales de violencia de género”, afirmó.

El máster en Derecho Constitucional Raudiel Peña Barrios califica como muy loable la iniciativa del grupo de mujeres, teniendo en cuenta que en Cuba no existe tradición de este tipo de acciones. “Si la ANPP la acogiera, podría comprometerse a legislar sobre la materia en un plazo de tiempo determinado. Podría, incluso, como órgano supremo del poder del Estado, colocar el tema en la agenda legislativa nacional”.

Las posibles respuestas dependen entonces de la voluntad de la Asamblea Nacional más que de una ruta legal establecida.

Una ley integral contra la violencia de género como la que ahora nos ocupa hubiera podida ser promovida con base en el ejercicio del derecho ciudadano a promover una iniciativa legislativa popular, reconocido en el artículo 164 de la Constitución. 

Para Raudiel Peña, la iniciativa legislativa activaría todo un proceso por el cual la ANPP, obligatoriamente, debería pronunciarse valorando la constitucionalidad o no del proyecto y si este cumple con los requisitos legales.

Cuando los promotores de la iniciativa legislativa son los ciudadanos, el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular establece que: además del proyecto de ley y la fundamentación de la petición, los firmantes (más de 10 mil ciudadanos) deben realizar declaración jurada ante notario en la cual acrediten la identidad personal mediante los datos del carné de identidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de una persona, así como su capacidad para ejercer el sufragio activo o pasivo.

Ante las dificultades que implica impulsar una campaña de recogida de firmas que cumpla con los requisitos establecidos en la ley vigente, las firmantes han optado por la alternativa de la petición. 

El Parlamento Cubano en más de 40 años de trabajo nunca ha discutido un Proyecto de Ley que haya sido impulsado a través de la iniciativa legislativa popular. Esto, a pesar de que el derecho estaba reconocido desde 1976 en Artículo 88 de la Constitución anterior. El Proyecto Varela, propuesta de reforma constitucional presentada en 2002 por el opositor Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fue una iniciativa de este tipo que tuvo amplia visibilidad en canales de comunicación y espacios independientes. El desconocimiento de las más de diez mil firmas y las detenciones por parte del gobierno de algunos de los firmantes fueron algunos de los resultados de dicha propuesta.  

La violencia de género gana visibilidad en Cuba

Con el aumento del acceso a Internet a partir de la posibilidad de conexión por datos móviles en Cuba desde diciembre de 2018, las redes sociales han contribuido a una mayor visibilidad y denuncia de casos de violencia de género contra las mujeres que antes solo se conocían en los territorios donde ocurrían.

Audiovisuales sobre el tema, realizados por creadoras y activistas como Marilyn Solaya; denuncias de artistas como La Diosa de Cuba como parte de la expresión cubana del movimiento MeToo o la campaña oficial Evoluciona, han contribuido a una mayor discusión sobre estos temas.

Por ejemplo, la muerte de la joven estudiante de Medicina Leydi García Lugo tuvo amplio impacto en canales alternativos de comunicación y reavivó el debate en torno a la necesidad de incluir el feminicidio como delito independiente en el Código Penal cubano.

Entre los datos más relevantes que respaldan la solicitud de una ley contra la violencia de género se encuentran la estimación del fallecimiento en 2016 de 50 mujeres víctimas de sus parejas o exparejas y 63 en 2013; así como los resultados de una Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género que se conoció este año.

La investigadora Ailynn Torres Santana, una de las firmantes de esta petición y destacada activista contra la violencia de género, dijo en su perfil de Facebook: “Esto lo hago por nosotras, por nuestras hijas e hijos, por una Cuba mejor para todos, para todas. Lo hago también por Taimara, Delia, Misleydis, Daylin, Tomasa, Leidy Maura, Leydi Laura, Alis, Lázara, Yarianna, la hija de Gilma; todas víctimas de femicidios entre 2017 y 2019 junto a, al menos, decenas más. Todas las instituciones, personas decisoras y sensibles que llevan décadas haciendo y pensando un mejor país, podrán contar con esta solicitud como una voz más, honesta y dispuesta a ayudar. Quienes queremos y hacemos por una humanidad más justa, encontraremos en esta iniciativa un gesto legítimo y necesario. #SeráLeyEnCuba”.

“Suscribo este documento por su importancia para combatir la violencia contra las mujeres en Cuba. Basta de feminicidios, basta de violencia encubierta en la cultura. #NiUnaMenos”, expresó Liudmila Morales, otra de las firmantes.

Teniendo en cuenta este contexto, el doctor Julio Antonio Fernández asegura que Cuba está preparada para esta ley, “para la democracia, para el pluralismo político y para la justicia; porque lo que no hagamos ahora no es achacable a un pueblo inculto sino a una burocracia paralizada políticamente”.

“La violencia de género también es un problema nacional y la realidad del empoderamiento femenino se verificará sólo cuando las mujeres estén protegidas en todos los espacios y relaciones sociales”, agregó el jurista.

Según se ha sabido en las redes sociales, todas las personas que deseen podrán suscribir la solicitud, enviando su nombre completo al correo electrónico [email protected]. A pocas horas de difundida, ya había sido firmada por más de 100 personas. Las firmantes han dicho que la lista se actualizará en la medida en que se sigan sumando otros.

Puede leer la solicitud completa a continuación: