Más de un centenar de médicos veterinarios cubanos emitieron una declaración en la que solicitan a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Ministerio de la Agricultura (Minag) y la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria modificar el Decreto 20/2020 y aprobar la práctica de la medicina veterinaria en formas no estatales —ya sean como particulares o agrupados en cooperativas—.

«Resulta lamentable que a pesar de ser un reclamo de la población y un anhelo de muchos profesionales de la veterinaria contar con clínicas o consultorios privados, donde se brinde una atención diferenciada y especializada a los animales, el ejercicio privado (o en cooperativa) de la veterinaria haya sido constantemente excluido de las actividades por cuenta propia», explica el documento.

El texto también solicita autorizar la emisión de prescripciones y recetas; permitir la importación —a través de las empresas estatales— de equipos, medicamentos e insumos, para ofrecer un mejor servicio; y crear un Registro de Médicos Veterinarios y Zootécnicos, con la respectiva norma que regule deberes y derechos.

El 29 de enero fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto 20/2020 «Contravenciones de la Medicina Veterinaria» para regular esa actividad en Cuba. Aunque muchos animalistas aseguran que es un decreto necesario, a la vez muestran preocupación —fundamentalmente— en cuanto al artículo 5 inciso v, que prohíbe el ejercicio de la medicina veterinaria de forma no estatal.

De acuerdo con el inciso v es una contravención «practicar por cuenta propia el ejercicio de la profesión de la veterinaria o en ocasión de estar inhabilitado para ejercerla», y puede ser multada con 3 500 pesos.

El abogado Eloy Viera explica que nunca se expidió una licencia de trabajador por cuenta propia para los veterinarios. «Solo se permitían algunas labores a los efectos estéticos. Ahora lo que han hecho es ponerlo en blanco y negro».

Sin embargo, ¿quién no conoce en Cuba un veterinario que «consulta» en su casa? ¿No atenta esta prohibición contra el bienestar animal?

REGULAR, NO PROHIBIR

En Cuba la práctica veterinaria en el sector privado nunca ha sido legal; sin embargo, ha sido hasta ahora «tolerada».

Entre el grupo de actividades autorizadas para el ejercicio por cuenta propia se incluyeron el alquiler, el cuidado, y hasta la cría y venta de animales —fueran mascotas o para fines religiosos—; sin embargo, nunca se permitió la atención a la salud de estos.

También fue aprobada la licencia de «peluquero de animales domésticos», a través de la cual Raydel Arteaga ejercía su profesión.

«En el barrio —y hasta los inspectores— saben que yo funjo más como veterinario que como “estilista de perros y gatos”, y hasta ahora eso nunca había sido un problema», cuenta Arteaga.

Javier Larrea, presidente del movimiento independiente Bienestar Animal Cuba (BAC), coincide en que el Estado hacía la vista gorda con quienes consultan y atienden animales fuera de las clínicas.

«Ellos ahora mismo resuelven la mayoría de los problemas, ya sea con animales comunitarios, protectores, dueños de mascotas, etcétera», explica Larrea. «Muchos contribuyen en las campañas de esterilización, colaboran voluntariamente y otros cobran el servicio bastante barato, por el bien social y animal».

De acuerdo con las declaraciones de Javier, una opción hubiera sido permitir a los veterinarios privados organizarse en cooperativas, pagar impuestos; pero no prohibirlos. «Han sido muy severos y creo que es un error».

Javier explicó que entre las reuniones que han realizado con funcionarios del Ministerio de la Agricultura (Minag) esa fue,precisamente, una de las principales inquietudes que los animalistas plantearon una y otra vez.

«Nos aseguraron que se estaba valorando aprobar el ejercicio de la veterinaria en la modalidad de cooperativas, pero se aprobó el decreto y no se tuvo en cuenta… y este era el momento».

¿ESTATALES VS. PRIVADOS?

Raydel Arteaga considera que no debería existir una contradicción entre las clínicas privadas y las estatales, «pero con este decreto nos sacan del juego, tienen las razones legales para desaparecernos», dice.

«Es cierto que en muchos casos los recursos de los veterinarios “privados” salen de las entidades del Estado, pero la atención, el horario, etc., muchas veces es mayor en quienes atendemos en la casa», dice.

En un comentario a una nota sobre el Decreto 20/2020, una lectora califica de desacertada la decisión de prohibir la medicina veterinaria por cuenta propia.

«Las clínicas veterinarias estatales no cuentan con los recursos suficientes para brindar tratamientos a las mascotas. ¿Cómo se supone que se aspire a un decreto de bienestar animal posterior si este que se ha dictado sobre medicina veterinaria coarta el bienestar de las mascotas en uno de sus elementos fundamentales: su salud?».

Como ella, no pocos cuestionan la prohibición de la actividad, y alegan que han encontrado en los veterinarios privados la atención que no encontraron en los «estatales».

«Hace un año una de mis perras murió en la clínica de Carlos iii en La Habana», cuenta Yunieska Miranda. «Después de eso, atiendo a mis otras dos mascotas con el mismo veterinario, y tener que prescindir de él por este decreto me parece injusto e insensible».

Pavel Osorio, graduado de Medicina Veterinaria en la Universidad Central Martha Abreu de las Villas, explica que las clínicas estatales no ofrecen servicio a domicilio y hay personas que no pueden trasladar sus animales porque son muy grandes o viven muy lejos y no los pueden mover.

«Es oportuno que los veterinarios se agrupen en cooperativas, que incluso tengan regulaciones, que paguen un impuesto y contribuyan legalmente, pero que tengan una oportunidad de ejercer la profesión ajenos al Estado».

Otra posible explicación a la prohibición de la veterinaria privada podría ser la poca disponibilidad de personas con este oficio para trabajar en las clínicas estatales, supone Raydel Arteaga.

«En mi aula en Camagüey no pasábamos de 12 y había alumnos de tres provincias», cuenta. «Quizás es una forma de “obligar” a los veterinarios a mantenerse con el Estado, teniendo en cuenta que no pocos se pasarían al sector privado si fuera posible. En esta profesión la “demanda supera la oferta”».

Pavel coincide en que los veterinarios no son suficientes. Según ejemplifica, las tres clínicas de Santa Clara no tienen capacidad para atender a los animales de la ciudad.

«Yo soy investigador en la universidad y aun así a veces tengo que ayudar a amigos, o en la propia red de Protección Animal, porque somos pocos los veterinarios disponibles».

MEDICAMENTOS ESCASOS

A los protectores también les preocupa la poca disponibilidad de medicinas. Aunque muchos coinciden en que el Decreto 20/2020 organiza y regula buenas prácticas, algunos creen que se refiere a un «contexto ideal» y obvia la crisis económica vigente.

El Decreto establece multas de 1 000 pesos para quien emplee «productos de uso veterinario vencidos, según la fecha concebida por el fabricante y que no haya sido debidamente autorizada su utilización por la autoridad nacional reguladora de sanidad animal o sin ceñirse a las indicaciones de especies, dosis y otras aprobadas en la etiqueta o prospecto».

Raydel Arteaga explica que con los medicamentos de uso animal sucede igual que con los de uso humano: si mantiene sus propiedades físicas, a condiciones idóneas, pueden seguir utilizándose bajo observación.

«Ante la escasez de medicamentos, ellos suelen indicar algunos de uso humano que, en pequeñas dosis, pueden ayudar y curar varios padecimientos de las mascotas».

Sin embargo, al quedar terminantemente prohibida la utilización de medicamentos que hayan expirado o no consten en el «Registro General de Medicamentos de Uso Veterinario, nacionales y de importación», los veterinarios no van a arriesgarse a una sanción o a perder su licencia.

Normalmente son los propios dueños de los animales los que aprueban y hasta suplican el uso de un medicamento vencido o donado desde el extranjero, pero en el peor de los casos, también los propios dueños de animales podrían usar esa ley en contra del veterinario.

Adriana Hernández, graduada de Medicina Veterinaria, asegura que no escasean solo los medicamentos, sino también agujas, jeringuillas, guantes… Los medios de diagnóstico no son los ideales, no hay equipos de ultrasonido ni reactivos y equipos de análisis de orina, heces fecales o sangre, que son vitales para reafirmar o establecer un diagnóstico.

«Es cierto que Labiofam produce medicamentos, pero la mayoría está enfocado y llega a manos de la producción agropecuaria (cerdos, bovinos, ovinos, aves)», explica.

Javier Larrea reconoce que de las entidades estatales se desvían recursos con fines de lucro, «pero entonces debería exigirse un servicio óptimo, de mayor calidad, que el Estado permita las importaciones, y la creación de una plataforma en la cual la gente pueda comprar, tener acceso a esos productos. Esta prohibición no detendrá eso. El Estado debe dar más oportunidades y quitarse parte de esa carga de encima».

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OTRAS PREOCUPACIONES

En la página web del Minag, la defensora de los derechos de los animales Valia Rodríguez comentó sus preocupaciones sobre el Reglamento del Decreto Ley 137 «De la Medicina Veterinaria» y específicamente incisos relacionados con «la protección y preservación del territorio nacional contra enfermedades de los animales en los procesos de importación».

«Si ya se autoriza la importación de donaciones de productos de uso veterinario y los destinados a la alimentación animal, ¿se pueden tramitar donaciones de medicamentos para los grupos de protección?», preguntó Valia.

En la propia página Cristóbal Arredondo, subdirector de Sanidad Animal, explicó que «las donaciones de medicamentos, instrumentales, equipamiento e insumos para uso veterinario no están prohibidas, solo deben cumplir los procedimientos y regulaciones establecidos por el Ministerio del Comercio Exterior (Mincex) y el Minag para ser tramitadas y estar en correspondencia con la legislación de Sanidad Animal…».

Javier Larrea explicó que le preocupa que el documento publicado en la Gaceta no define los lugares de cuarentena a donde serán llevados los animales decomisados, y alerta sobre las denuncias y demandas al Minag para evitar el sacrificio de animales.

El artículo 246 establece que «cuando se decomisan animales mascotas, el lugar de depósito es una unidad de cuarentena reconocida por la autoridad veterinaria y se realiza, en lo pertinente, las mismas acciones descritas en los apartados anteriores», que incluyen el sacrificio del animal y la desactivación de su cadáver, excepto en casos que por su valor genético o social amerita otro destino».

«No queda explícito si se enviarán a centros de rehabilitación para darlos en adopción o si serán entregados a Zoonosis», donde el trato que se les da ha sido criticado continuamente por los animalistas.

MOVILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Ante las inquietudes e inconformidades con el Decreto 20/2020 —y fundamentalmente con la prohibición de los veterinarios privados— en los perfiles del Minag y del Departamento de Sanidad Animal en las redes sociales, a través de recogidas de firmas o el envío de correos electrónicos, la comunidad de animalistas ha expresado sus opiniones.

En una petición para modificar o derogar los incisos v y w del artículo 5, Javier Larrea argumenta que «el sistema estatal de servicios veterinarios cubano ha demostrado no tener la capacidad de satisfacer las necesidades de la población ni de ofrecer servicios veterinarios de calidad».

De acuerdo con el texto de la petición, la salud de una mascota impacta directamente en la salud de su dueño, que a veces «acude a un consultorio veterinario del Estado y no encuentra solución para el problema de su animalito» y solo puede resolverlo con un veterinario privado.

A su favor, Larrea comenta que en muchas ocasiones son los veterinarios privados quienes asumen las campañas de desparasitación, vacunación y esterilización.

Pavel Osorio en su propia casa ha atendido a animales accidentados, ha dado primeros auxilios e incluso ha brindado hogar de tránsito. Alguna vez también su casa ha sido hospital. «He ofrecido mi trabajo de forma gratuita porque mi intención siempre es ayudar a los animales», dice.

Arteaga aboga por permitir que los veterinarios emitan recetas, como sucedía hace varias décadas. «La solución no es prohibir, sino regular», concluye.

Aunque los animalistas reconocen los aciertos de un decreto necesario que fundamentalmente organiza la actividad veterinaria y protege a los animales, la petición para modificarlo acumula más de 2 000 firmas hasta el momento y se comparte de grupo en grupo en las redes sociales.

 

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