En los últimos días, el Gobierno de Joe Biden logró presentar ante el Senado un proyecto de ley resultado de un acuerdo bipartidista. El proyecto pretende modificar sustancialmente la política migratoria estadounidense y aprobar nuevas ayudas financieras para aliados de Estados Unidos (Israel y Ucrania).

Varios legisladores han trabajado durante meses en la redacción del proyecto y se espera que pueda ser discutido en el Senado antes del receso congresional del 8 de febrero de 2024. El proyecto cuenta con el respaldo de senadores republicanos y demócratas, pero aun así no tiene garantizado el triunfo en la Cámara alta del Congreso de Estados Unidos.

A pesar de la incertidumbre, algunos medios de prensa radicados en el sur de Florida y comunicadores dedicados a tratar temas de emigración, han afirmado que el proyecto de ley pudiera tener una repercusión directa en decenas de miles de cubanos que hoy se encuentran en Estados Unidos bajo el amparo del modelo I-220A —quienes, por esa causa, no han podido acogerse a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano—. 

El proyecto de ley y el I-220A

Más allá de que se ha afirmado que el proyecto de ley pudiese ofrecer una opción para la regularización de los cubanos que hoy se encuentran en Estados Unidos con un I-220A, el acuerdo no aborda de manera directa la situación de esas personas. 

El proyecto establece una regla especial para cubanos y haitianos que pudiese beneficiar a quienes ingresen a Estados Unidos después de aprobada la normativa. La regla norma de manera explícita que, una vez que la ley entre en vigor, los cubanos admitidos en Estados Unidos bajo cualquier circunstancia podrán ajustar su estatus. Es decir, podrán solicitar la residencia permanente en virtud de la Ley de Ajuste Cubano sin necesidad de cumplir con los requisitos tradicionales (inspección, admisión o entrega de un parole).

El proyecto de ley reconoce que si cubanos y haitianos, con independencia de la forma en que ingresen a Estados Unidos, son admitidos por las autoridades migratorias, tendrán acceso a los beneficios que ofrece la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados —que incluye programas de ayuda (cupones de alimentos [food stamps] o asistencia en efectivo [cash])—.

El proyecto que se discutirá —probablemente hoy 7 de febrero de 2024— en el Senado establece una proyección hacia el futuro, no una solución en retrospectiva. En términos generales, las normas legales suelen ser «irretroactivas», lo que significa que no pueden aplicarse a eventos ocurridos antes de su entrada en vigor, a menos que la norma contemple de manera expresa lo contrario. 

En este caso específico, el proyecto de ley parece incorporar una regla especial con la intención de prevenir la intensificación del problema relacionado con los cubanos y el I-220A en el futuro, pero no especifica de manera expresa la aplicación retroactiva. Lo anterior dificulta que quienes hayan entrado a Estados Unidos antes de su entrada en vigor y les haya sido entregada un I-220A puedan apelar a su articulado para exigir los derechos contemplados en la norma.

No obstante, juristas y especialistas en materia migratoria en Estados Unidos aseguran que es posible solicitar ante los Tribunales la aplicación irretroactiva de ese tipo de beneficios. Pero se trata de un camino incierto que tendrían que recorrer los interesados —en caso de ser aprobada la ley—. Es el camino que hoy recorren algunos migrantes para que las Cortes estadounidenses reconozcan el modelo I-220A como parole que les permita aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. 

El problema fundamental con los procesos judiciales es que son costosos y demandan tiempo y esfuerzo y que no todos pueden afrontar. Aun así, bastaría con un solo pronunciamiento de una Corte de alta jerarquía para sentar un precedente que los interesados puedan invocar después.

I-220A no sirve para aplicar a Ley de Ajuste, dice Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos

La Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos falló este 11 de septiembre de 2023 en contra de considerar la forma I-220A como un parole que permitiría a los emigrantes que la recibieron (o recibirán en la frontera) aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.

Desafíos y perspectivas futuras

A pesar de las esperanzas generadas, el proyecto enfrenta obstáculos significativos para lograr convertirse en ley. Aunque cuenta con el respaldo de demócratas y de algunos republicanos, la aprobación en el Congreso es incierta. Incluso si el proyecto supera la votación en el Senado, en el cual parece contar con los mayores apoyos, enfrentará duros obstáculos en la Cámara de Representantes. El speaker (líder de la Cámara de Representantes), el republicano Mike Johnson, ha expresado abiertamente su desacuerdo con el proyecto y la determinación de bloquearlo.

La oposición al proyecto de ley es mayoritariamente republicana y además de Johnson está encabezada por figuras como el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Aunque no está claro si Johnson tendrá la capacidad de bloquear la votación en la Cámara, su posición de speaker le otorga una influencia significativa sobre el proceso legislativo. Su simple rechazo, sumado al resto de la oposición al proyecto, disminuye de manera considerable las posibilidades de que la normativa sea aprobada. Sobre todo en un año de elecciones presidenciales en el que una modificación de la política migratoria estadounidense (que incluye un aumento en los poderes del ejecutivo para cerrar la frontera y deportar a migrantes irregulares —tal cual ha sido pedido por muchos republicanos—) puede ser visto como un triunfo de Biden sobre uno de los problemas más importantes y debatidos en relación con la política doméstica, la crisis en la frontera sur del país.

Reconocimiento del problema

La inclusión en una normativa amplia de una regla especial dirigida a los cubanos evidencia el reconocimiento gubernamental de un problema que padece una minoría de migrantes que pertenecen a una comunidad de una larga y exitosa historia de emigración hacia Estados Unidos, a pesar de que el proyecto no ofrece soluciones claras para los cubanos con un I-220A y de que tampoco tiene garantizada la aprobación.

La inclusión de la regla especial para cubanos en el proyecto de ley de Biden demuestra el poder del lobby cubano en EE. UU. y sugiere que la Administración actual y algunos republicanos escuchan los reclamos de decenas de miles de migrantes de la isla que han sido privados de disfrutar de derechos que fueron diseñados para ellos debido a la situación de desprotección que por más de seis décadas tienen en su país de origen.

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