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Código de las familias en Cuba, matrimonio igualitario, LGBTIQ, género

Foto: Yandry Fernández.

Cuba publica propuesta de Código de las Familias, una legislación novedosa

Tras un largo recorrido y años de espera, finalmente el Ministerio de Justicia de Cuba dio a conocer la versión 22 del anteproyecto del Código de las Familias, una de las normas más esperadas dentro de todo el proceso de reordenamiento jurídico e institucional en Cuba derivado de la Constitución de 2019.

Este nuevo Código de las Familias, que desde su título exhibe su enfoque de reconocimiento de la pluralidad, contiene varias novedades que están siendo identificadas y saludadas por activistas y expertos. Una es el reconocimiento de que las relaciones familiares no se basan solo en la consanguinidad, sino también en la afectividad. Este principio, junto a la no distinción de sexo ni género para la formación de matrimonios y uniones civiles de hecho, son relevantes para las demandas de la comunidad LGTBI+.

El matrimonio quedó descrito como «la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor». Esta formulación, que recuerda la del polémico artículo 68 del proyecto constitucional, habilita de facto que parejas de cualquier sexo y género puedan contraer matrimonio y formalizar uniones de hecho. 

El artículo 279, de la gestación solidaria, establece que esta «se autoriza judicialmente cuando en la misma intervengan personas unidas por vínculos familiares, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación o de personas que presenten esterilidad o de hombres solos o parejas de hombres» y solo en casos excepcionales puede autorizarse que la gestación se realice por personas no unidas por vínculos familiares pero afectivamente cercanas.

La legislación descarta «cualquier tipo de remuneración o dádiva, quedando a salvo la compensación de los gastos que se generen por el embarazo y el parto». 

El anteproyecto también muestra un enfoque avanzado respecto al código vigente en materia de los derechos y deberes de los integrantes de las familias, violencia de género, menores de edad, personas adultas mayores y con discapacidad, tipos de parentesco, solución de conflictos, la tutela y los cuidados, responsabilidad parental, entre otros.

En 11 títulos y 483 artículos, el borrador establece la familia como principal responsable del cuidado y la protección de sus miembros; reconoce relaciones familiares no basadas en la consanguinidad y actualiza contenidos relacionados con la obligación de proveer alimentos, la valoración económica del trabajo en el hogar, la filiación, las relaciones parentales y otras instituciones de guarda y protección de menores, adultos mayores y personas con capacidades especiales.

Se reconoce que la violencia familiar «implica un desequilibrio de poder y abarca la basada en género, la que se produce contra niñas, niños y adolescentes, contra las personas adultas mayores y contra las personas en situación de discapacidad». Esta abarca «el maltrato físico, psíquico, moral, sexual, económico o patrimonial, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta» y se sancionará de manera penal en cualquiera de estas manifestaciones.

Con la publicación del texto, las autoridades inauguran un proceso de consulta en tres etapas: primero se recabará criterios de expertos y activistas para llegar a una nueva versión, la cual será sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento). Luego de ser aprobada regresa al debate popular que será el preámbulo de un referendo. 

En conferencia de prensa la víspera, Oscar Manuel Silvera, ministro de Justicia, reconoció que el actual Código de Familia, vigente desde hace cuarenta y seis años, no responde a la diversidad de tipos de familias que existen en la sociedad cubana.

«Requiere modificaciones que doten a nuestro país de fórmulas y soluciones ágiles para los diversos conflictos que se pueden suscitar en este ámbito», afirmó Silvera y calificó el Anteproyecto como «moderno, actualizado y revolucionario». 

«Es el resultado del diagnóstico hecho en torno a las familias cubanas, de la práctica judicial en la Isla y de los avances en la legislación de otros países», dijo.

Yamila González, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y parte de la comisión que redactó el anteproyecto aclaró que, con esta propuesta no se pretende imponer modelos de familia, sino «reconocer y proteger la diversidad que ya existe en la realidad social cubana». 



Leonardo Pérez Gallardo, experto en el tema y miembro de la comisión redactora, afirmó que el #CodigoDeLasFamilias es una norma rupturista, actualizada, que rompe paradigmas. Insistió en que tiene que verse con un sentido plural, no de tolerancia, sino de dar derechos a todas las personas.

Manuel Vázquez Sejeido, activista y subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, llamó desde su cuenta en Twitter a que «activistas y demás personas comprometidas con la justicia social respaldemos el #CódigoDeLasFamilias. Esta norma garantiza derechos humanos a todas las personas sin distinción de ningún tipo y particularmente blinda los derechos de las personas #LGBTIQ».

Darsi Fernández, jurista y especialista en derecho de autor, describió el anteproyecto como «avanzado y justo». Convocó a leer, estudiar y apoyar «una legislación que privilegia los afectos». Se siente bien leerlo, dijo. 

«El Código es hermoso», lo sintetizó Dachelys Valdés, activista LGBTIQ+ y mamá, junto a Hope Bastian, del primer niño registrado en Cuba como hijo de dos madres.

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Cuba publica propuesta de Código de las Familias, una legislación novedosa

Tras un largo recorrido y años de espera, finalmente el Ministerio de Justicia de Cuba dio a conocer la versión 22 del anteproyecto del Código de las Familias, una de las normas más esperadas dentro de todo el proceso de reordenamiento jurídico e institucional en Cuba derivado de la Constitución de 2019.

Este nuevo Código de las Familias, que desde su título exhibe su enfoque de reconocimiento de la pluralidad, contiene varias novedades que están siendo identificadas y saludadas por activistas y expertos. Una es el reconocimiento de que las relaciones familiares no se basan solo en la consanguinidad, sino también en la afectividad. Este principio, junto a la no distinción de sexo ni género para la formación de matrimonios y uniones civiles de hecho, son relevantes para las demandas de la comunidad LGTBI+.

El matrimonio quedó descrito como «la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor». Esta formulación, que recuerda la del polémico artículo 68 del proyecto constitucional, habilita de facto que parejas de cualquier sexo y género puedan contraer matrimonio y formalizar uniones de hecho. 

El artículo 279, de la gestación solidaria, establece que esta «se autoriza judicialmente cuando en la misma intervengan personas unidas por vínculos familiares, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación o de personas que presenten esterilidad o de hombres solos o parejas de hombres» y solo en casos excepcionales puede autorizarse que la gestación se realice por personas no unidas por vínculos familiares pero afectivamente cercanas.

La legislación descarta «cualquier tipo de remuneración o dádiva, quedando a salvo la compensación de los gastos que se generen por el embarazo y el parto». 

El anteproyecto también muestra un enfoque avanzado respecto al código vigente en materia de los derechos y deberes de los integrantes de las familias, violencia de género, menores de edad, personas adultas mayores y con discapacidad, tipos de parentesco, solución de conflictos, la tutela y los cuidados, responsabilidad parental, entre otros.

En 11 títulos y 483 artículos, el borrador establece la familia como principal responsable del cuidado y la protección de sus miembros; reconoce relaciones familiares no basadas en la consanguinidad y actualiza contenidos relacionados con la obligación de proveer alimentos, la valoración económica del trabajo en el hogar, la filiación, las relaciones parentales y otras instituciones de guarda y protección de menores, adultos mayores y personas con capacidades especiales.

Se reconoce que la violencia familiar «implica un desequilibrio de poder y abarca la basada en género, la que se produce contra niñas, niños y adolescentes, contra las personas adultas mayores y contra las personas en situación de discapacidad». Esta abarca «el maltrato físico, psíquico, moral, sexual, económico o patrimonial, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta» y se sancionará de manera penal en cualquiera de estas manifestaciones.

Con la publicación del texto, las autoridades inauguran un proceso de consulta en tres etapas: primero se recabará criterios de expertos y activistas para llegar a una nueva versión, la cual será sometida a la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento). Luego de ser aprobada regresa al debate popular que será el preámbulo de un referendo. 

En conferencia de prensa la víspera, Oscar Manuel Silvera, ministro de Justicia, reconoció que el actual Código de Familia, vigente desde hace cuarenta y seis años, no responde a la diversidad de tipos de familias que existen en la sociedad cubana.

«Requiere modificaciones que doten a nuestro país de fórmulas y soluciones ágiles para los diversos conflictos que se pueden suscitar en este ámbito», afirmó Silvera y calificó el Anteproyecto como «moderno, actualizado y revolucionario». 

«Es el resultado del diagnóstico hecho en torno a las familias cubanas, de la práctica judicial en la Isla y de los avances en la legislación de otros países», dijo.

Yamila González, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y parte de la comisión que redactó el anteproyecto aclaró que, con esta propuesta no se pretende imponer modelos de familia, sino «reconocer y proteger la diversidad que ya existe en la realidad social cubana». 



Leonardo Pérez Gallardo, experto en el tema y miembro de la comisión redactora, afirmó que el #CodigoDeLasFamilias es una norma rupturista, actualizada, que rompe paradigmas. Insistió en que tiene que verse con un sentido plural, no de tolerancia, sino de dar derechos a todas las personas.

Manuel Vázquez Sejeido, activista y subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, llamó desde su cuenta en Twitter a que «activistas y demás personas comprometidas con la justicia social respaldemos el #CódigoDeLasFamilias. Esta norma garantiza derechos humanos a todas las personas sin distinción de ningún tipo y particularmente blinda los derechos de las personas #LGBTIQ».

Darsi Fernández, jurista y especialista en derecho de autor, describió el anteproyecto como «avanzado y justo». Convocó a leer, estudiar y apoyar «una legislación que privilegia los afectos». Se siente bien leerlo, dijo. 

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