El Gobierno cubano autorizó que el sector privado ofrezca «servicios de cuidados a personas adultas mayores o en situación de discapacidad», mediante el Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros, publicado el 26 de febrero de 2026 en la Gaceta Oficial Ordinaria 23. La decisión se adopta, según el texto, por el «acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana que demanda un incremento de las atenciones» y la necesidad de «ampliar el alcance de los servicios sociales de cuidados».
El acuerdo —firmado por el primer ministro Manuel Marrero el 3 de noviembre de 2025, pero que no había sido divulgado hasta ahora—, permite a los «actores económicos no estatales» prestar dichos servicios como complemento de la red estatal y entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
La norma define tres modalidades de atención: «residencias de cuidados diurnos; residencias de cuidados permanentes; y residencias de cuidados diurnos y permanentes», las cuales se distinguen expresamente de las casas de abuelos, hogares de ancianos y otros centros estatales.
Uno de los elementos centrales del acuerdo es la obligación de reservar capacidades para personas «vulnerables». El texto establece que los titulares de la actividad «ofrecen al menos el diez por ciento de las capacidades habilitadas para otorgar a las personas de interés social, por su condición de vulnerables». En esos casos, se aplican las tarifas estatales y, si existe insolvencia económica avalada, «el pago total o parcial del servicio se realiza por la Asistencia Social».
Sin embargo, la Asistencia Social en Cuba es históricamente focalizada, burocrática y con recursos escasos. Ello introduce el riesgo de que la protección efectiva llegue tarde, sea insuficiente o no cubra a todos los que la necesitan.
Para abrir una residencia de ancianos privada se requiere el aval del director general de Salud municipal que certifique el cumplimiento de los requisitos fijados por el Ministerio de Salud Pública (Minsap). A este organismo se le encarga, entre otras funciones, «garantizar la atención médica y estomatológica de los beneficiarios», organizar la capacitación obligatoria y otorgar las licencias sanitarias.
Según la norma, el Ministerio de Finanzas y Precios deberá aprobar tarifas, evaluar incentivos fiscales y definir beneficios económicos que estimulen el desarrollo de estos servicios, mientras que gobernadores, intendentes y administraciones municipales quedan encargados de promoverlos, identificar inmuebles y facilitar insumos.
La aprobación de esta norma marca un cambio significativo en el modelo cubano de asistencia social, históricamente caracterizado por un fuerte control estatal sobre los servicios de cuidado a personas mayores y en situación de discapacidad. Al autorizar a actores económicos no estatales a prestar estos servicios, el Estado reconoce de facto las limitaciones de su capacidad institucional para responder, por sí solo, a las demandas derivadas del envejecimiento acelerado de la población.
De acuerdo con datos oficiales, el 25.7 % de la población cubana tenía 60 años o más al cierre de 2024. El envejecimiento es generalizado en todas las provincias, pero las más envejecidas incluyen Villa Clara (29.1 %) y La Habana (28.1 %), mientras que las cifras más bajas se encuentran en Guantánamo (22.5 %) y Artemisa (23.2 %).
En términos demográficos, la medida responde a una realidad ineludible: una población cada vez más envejecida, con menor disponibilidad de cuidadores familiares por el éxodo de jóvenes cuyos mayores quedan atrás, y una presión creciente sobre hogares de ancianos y casas de abuelos estatales. En ese contexto, la apertura controlada al sector no estatal funciona como válvula de alivio para un sistema tensionado por la escasez de recursos financieros, materiales y humanos.
Al mismo tiempo, la norma evidencia una tendencia más amplia en la política pública cubana: la aceptación pragmática de actores no estatales en áreas sensibles para el relato de la «revolución socialista», aunque todavía bajo supervisión y con fuertes mecanismos de control.
Al permitir que actores no estatales presten servicios de cuidados, se abre un espacio donde la calidad, condiciones materiales y disponibilidad del servicio que reciban miles de ancianos en Cuba dependerá del ingreso familiar. En un contexto de salarios deprimidos y alta inflación, es previsible que solo una parte de la población pueda pagar servicios no estatales sin apoyo público, lo que introduce una diferenciación que antes estaba más contenida en el sistema estatal.
El desafío será equilibrar la ampliación de la oferta de cuidados con la equidad en el acceso, evitando que las diferencias de ingresos se traduzcan en desigualdades profundas en la atención a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Ocho de cada diez cubanos mayores de 61 años tuvieron que dejar de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o escasez de alimentos en 2025, según el VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
«Cuando queremos ponerle rostro a la pobreza en Cuba pensamos en los adultos mayores», afirmó Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, en la presentación del informe en septiembre de 2025. La investigación identificó a los ancianos como el sector más afectado por la crisis cubana.
El OCDH informó que un 14 % de los mayores de 70 años encuestados para el estudio continúa trabajando después de jubilarse, pues la pensión no es suficiente para adquirir productos básicos.
Cambios en la asistencia social en Cuba, una tendencia
La autorización de abrir asilos privados llega luego de otros indicios de la reducción de la actividad del Estado cubano en la asistencia social, como los productos subsidiados que se entregan mediante el sistema de la libreta de racionamiento.
Autoridades de La Habana anunciaron que, en abril de 2026, «comenzará una nueva forma de distribución de la canasta familiar normada, diferenciada, con productos que van a estar controlados, liberados a la venta, pero a precios diferentes a los actuales (…)», según Tribuna de La Habana.
De acuerdo con el oficialismo, «subsidiarán a las personas y no al producto», aunque no detallaron los precios que fijarán ni a qué productos o quiénes podrán seguir comprando un poco más «barato» en un país donde la pobreza es creciente.
Asimismo, en «zonas rurales, de difícil acceso, aisladas o suburbanas» la atención a «personas en situación de vulnerabilidad» recaerá en los Hogares de Alimentación Comunitaria (HAC); centros que, aunque son autorizados por los Gobiernos locales y dependen de la disponibilidad de recursos en los territorios, serán gestionados por privados como «alternativa al servicio del Sistema de Atención a la Familia (SAF)».
La socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos «Cuido 60», dijo a elTOQUE que «la política social en Cuba, en lugar de ampliar y profundizar el presupuesto, los programas y los mecanismos de protección social, se ha comportado de manera regresiva, disminuyendo la participación del Estado en la asistencia social y transfiriendo buena parte de estas responsabilidades a las familias, a los municipios y las comunidades».
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