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Foto: Alba León.

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Un nuevo Código de las Familias: renunciar a privilegios inmorales

En Cuba vivimos un proceso político, ético y jurídico trascendente: el nacimiento del nuevo Código de las Familias. Este abre una senda compleja pero imprescindible para la nación, un testimonio de diálogo, búsqueda de consensos, protagonismo de la sociedad civil, los derechos como argumento y la decisión colectiva (mediante referéndum) como modos de participación popular en la política.

El Código de las Familias es una oportunidad colectiva, social, histórica y moral para que las cubanas y los cubanos produzcamos más justicia. Una oportunidad para que los buenos afectos, la política y la ley se encuentren en un mismo camino. Es cierto que su contenido no abarca toda la emancipación que nos debemos como pueblo, pero encamina una parte imprescindible de ella: el reconocimiento a la diversidad.

El bien común, la soberanía condicionada por la diversidad que somos, nombrar (y en este acto dignificar) a quienes han vivido en las sombras del dogma y la intolerancia, la muestra de que la justicia puede unir a la sociedad y a su gobierno, el avance a un paradigma de liberación humana que se reconstruye en sus ricos matices, son invitaciones –creo ineludibles– para participar intensamente en el debate y creación del nuevo Código de las Familias.

Este proceso tiene algunos significados que ameritan ser anotados. De un lado, asumir en la ley los modelos de familias generados por los buenos afectos; es decir, proteger los derechos del buen sentir y el buen hacer, de la creación de vínculos familiares por libre elección con base en los deseos. Hacer ley lo que ya existe se traduce en nombrar, reconocer, narrar y proveer de estatus legal a historias tremendas que, intensas y hermosas, han sido dañadas por la falta de derechos.

De otro lado, este proceso implica asumir en la política y en la ley el tránsito de las relaciones en las familias cubanas. De un modelo predominante nuclear biparental, heterosexual, con jefatura de hogar masculina, fuerte estilo de autoridad y comunicación regulativa, androcéntrica y adultocéntrica; se transita a configuraciones familiares más pequeñas, democráticas y participativas, con jefatura de hogar femenina, visiones de equidad de género y reconocimiento al derecho de infantes y jóvenes.

La sociedad cubana y su reconfiguración familiar invita a asumir como sujeto de derecho a quienes opten por la reproducción asistida, viabilizar procesos de adopción justos y a familias diversas, reconocer en las abuelas y abuelos el derecho a guarda y custodia, regular el régimen de comunicación entre tíos, sobrinos y primos, asegurar la guarda y custodia compartida entre madres y padres sin vínculo de pareja, romper con la primacía legal del matrimonio como modelo fundante de familia.

¿Es esta una batalla política? Sí. ¿Es una batalla legal? También. ¿Es una batalla cultural? Sin dudas. Pero más que todo, es un desafío afectivo. Si bien la protección de la ley es imprescindible, no es suficiente.

Debemos ir más allá como pueblo responsable de su propia liberación, en el camino por naturalizar el derecho a la diversidad. La ley nos obliga a tolerar, el cambio cultural nos lleva a comprender, el sentir diferente nos lleva a aceptar, a naturalizar, nos lleva a vivir en la libertad del otro y la otra nuestra propia libertad.

Hagamos un debate público, amplio y permanente. Reconozcamos el valor y la contribución tremenda a la nación de quienes durante años han luchado y empujado este tema en la agenda pública, quienes han ganado terreno en la conciencia de la gente, quienes han producido análisis abarcadores, ciencia constituida y políticas públicas.

Esta es una oportunidad hermosa para quienes, desde el mundo heteronormativo, desde los beneficios del patriarcado, desde la opresión cotidiana del machismo, estamos llamados a renunciar a un montón de privilegios inmorales, basados en la negación del derecho de otras y otros, e impugnables al prevalecer sobre la dignidad de la persona diferente.

La diversidad es una condición natural e histórica, la pluralidad es una opción política, un derecho. Reconocer la primera y potenciar la segunda son condiciones para alimentar las raíces del bien común, del sentido colectivo, de la socialización, de la fraternidad, o como se quiera llamar a ese proyecto en el que el pueblo se libera a sí mismo de todas las dominaciones.

El nuevo Código de las Familias, como hecho político, no es el único tema revolucionario que nos debemos en esta hora cubana, pero es muestra significativa de que esa condición pervive y se disputa en la Isla. Pudiera ser asumido, además, como una línea gruesa para hablar de otros asuntos, para impulsarlos con similar convicción.

Si las familias son las células de la sociedad, y estas potencian modelos democráticos, participativos, de derechos constituidos y naturalizados, podemos ir por más. Empujemos un código que, acorralando la violencia, el descuido y las carencias, nos proteja de la pobreza desprotegida, de la rigidez moral, del autoritarismo doméstico. Que nos condicione a aprender en ese espacio social la plenitud del derecho y la libertad que podremos recrear en todo espacio social.

Un Código de las Familias que nos prepare para otra asociatividad revolucionaria, otra organización de las productoras y los productores, otras dimensiones del poder popular, erigido sobre la base de un pueblo diverso y creativo en sus contenidos y propuestas liberadoras.

Este proceso pudiera anunciar otras maneras de hacer política, de crear la norma, de dar voz a sujetos y sujetas en su diversidad. Pudiera ser antesala del rediseño del bien común o la socialización que se encamina y enriquece en su pluralidad. Pudiera ensanchar las puertas de la actualización del proyecto de dignidad, soberanía e independencia de la revolución cubana.

El calidoscopio que hoy describe a las familias cubanas convida a pintar toda la sociedad con los colores de la pluralidad y la inclusión, con la ley, la política, el derecho y la participación directa en la conformación de nuevos pactos sociales. Aprobar el Código de las Familias (ojalá sin vaciarlo de sus preceptos más progresistas) es un paso enorme en un país urgido de reconstruir sus moldes emancipadores.

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Ariel Dacal Díaz
Educador Popular
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El Código de las Familias es una oportunidad colectiva, social, histórica y moral para que las cubanas y los cubanos produzcamos más justicia. Una oportunidad para que los buenos afectos, la política y la ley se encuentren en un mismo camino. Es cierto que su contenido no abarca toda la emancipación que nos debemos como pueblo, pero encamina una parte imprescindible de ella: el reconocimiento a la diversidad.

El bien común, la soberanía condicionada por la diversidad que somos, nombrar (y en este acto dignificar) a quienes han vivido en las sombras del dogma y la intolerancia, la muestra de que la justicia puede unir a la sociedad y a su gobierno, el avance a un paradigma de liberación humana que se reconstruye en sus ricos matices, son invitaciones –creo ineludibles– para participar intensamente en el debate y creación del nuevo Código de las Familias.

Este proceso tiene algunos significados que ameritan ser anotados. De un lado, asumir en la ley los modelos de familias generados por los buenos afectos; es decir, proteger los derechos del buen sentir y el buen hacer, de la creación de vínculos familiares por libre elección con base en los deseos. Hacer ley lo que ya existe se traduce en nombrar, reconocer, narrar y proveer de estatus legal a historias tremendas que, intensas y hermosas, han sido dañadas por la falta de derechos.

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La sociedad cubana y su reconfiguración familiar invita a asumir como sujeto de derecho a quienes opten por la reproducción asistida, viabilizar procesos de adopción justos y a familias diversas, reconocer en las abuelas y abuelos el derecho a guarda y custodia, regular el régimen de comunicación entre tíos, sobrinos y primos, asegurar la guarda y custodia compartida entre madres y padres sin vínculo de pareja, romper con la primacía legal del matrimonio como modelo fundante de familia.

¿Es esta una batalla política? Sí. ¿Es una batalla legal? También. ¿Es una batalla cultural? Sin dudas. Pero más que todo, es un desafío afectivo. Si bien la protección de la ley es imprescindible, no es suficiente.

Debemos ir más allá como pueblo responsable de su propia liberación, en el camino por naturalizar el derecho a la diversidad. La ley nos obliga a tolerar, el cambio cultural nos lleva a comprender, el sentir diferente nos lleva a aceptar, a naturalizar, nos lleva a vivir en la libertad del otro y la otra nuestra propia libertad.

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La diversidad es una condición natural e histórica, la pluralidad es una opción política, un derecho. Reconocer la primera y potenciar la segunda son condiciones para alimentar las raíces del bien común, del sentido colectivo, de la socialización, de la fraternidad, o como se quiera llamar a ese proyecto en el que el pueblo se libera a sí mismo de todas las dominaciones.

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