El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 18 de junio de 2024 el lanzamiento del programa migratorio destinado a «promover la unidad familiar en el sistema de inmigración». De manera oficial se nombra «Manteniendo las Familias Unidas» (Keeping Families Together) y popularmente se le ha reconocido por la solicitud que los beneficiarios deben presentar: parole in place.

El parole es una autoridad discrecional que el DHS ejerce bajo la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Permite que ciertos no ciudadanos puedan ser «admitidos» en Estados Unidos si están físicamente dentro del país. La INA define a un «solicitante de admisión» como un no ciudadano «presente en Estados Unidos que no ha sido admitido».

Basándose en ese fundamento legal, la Administración Biden, en el contexto de la campaña presidencial, aprobó que los no ciudadanos que estuvieran en Estados Unidos sin admisión o parole (básicamente indocumentados) pudieran ser considerados para obtener un parole in place bajo el programa «Manteniendo las Familias Unidas».

«Manteniendo las Familias Unidas» fue diseñado para beneficiar a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no hubieran podido regularizar su estatus migratorio. También se extendía a los hijos de los cónyuges no ciudadanos.

Para ser elegibles del parole in place, los cónyuges debían cumplir con varios requisitos: no haber sido admitidos en Estados Unidos, haber residido de manera continua en el país durante al menos diez años, no tener antecedentes penales y haber formalizado legalmente su matrimonio con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024.

¿CBP One facilita más la entrada de migrantes cubanos que el parole humanitario?

Desde 2023, 110 000 cubanos han llegado a EE. UU. bajo el programa de parole humanitario, permitiendo su tránsito legal. Sin embargo, otras aplicaciones como CBP One podrían beneficiar más a los migrantes de la isla.

Por su parte, los hijastros de ciudadanos estadounidenses podían aspirar al programa solo si su progenitor no ciudadano cumplía con los requisitos del programa. Además, debían haber sido menores de 21 años y solteros al 17 de junio de 2024, y haber residido continuamente en Estados Unidos desde esa fecha hasta el momento de la solicitud.

El programa contemplaba que, en caso de aprobarse el parole in place y si se cumplían los requisitos, los beneficiarios podrían solicitar la residencia permanente sin necesidad de salir de Estados Unidos ni ser procesados en un consulado estadounidense en el extranjero.

En el momento de su lanzamiento, el DHS estimó que 500 000 cónyuges no ciudadanos y alrededor de 50 000 hijastros podrían ser elegibles para el programa.

Decisiones judiciales mutilaron el programa

No obstante, el programa tuvo una vida muy corta. El 26 de agosto de 2024, la Corte del Distrito Este de Texas emitió una suspensión administrativa inicial de 14 días, impidiendo al DHS otorgar parole in place durante ese período. Desde entonces, la suspensión fue prorrogada mediante órdenes judiciales adicionales. La última, emitida el 4 de octubre de 2024, cuando la Corte volvió a imponer la suspensión temporal original y emitió una orden de restricción que expiraría el 8 de noviembre de 2024.

Pero el 7 de noviembre de 2024, antes de que venciera la última suspensión temporal, el juez J. Campbell Barker emitió una orden definitiva en contra del programa parole in place, declarando que la ley estadounidense no otorgaba al Poder Ejecutivo la autoridad para implementar una política como la de «Manteniendo las Familias Unidas». El juez sostuvo que la interpretación del DHS sobre la Ley de Inmigración excedía los límites legales.

El fallo del 7 de noviembre puso fin de manera definitiva a un programa que parecía tener los días contados. Si bien la Administración Biden puede apelar la decisión del juez Barker, sería un esfuerzo sin mucho sentido, dado que los procesos de apelación son largos y el 20 de enero de 2025 Donald Trump asumirá la presidencia. El nuevo presidente electo ha declarado que, desde su primer día en el cargo, impulsará una política de deportaciones masivas, en claro contraste con el espíritu del parole in place, que buscaba proteger a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses de la deportación.

Incluso si el programa no hubiese sido cancelado por la decisión judicial, lo más probable es que, dado su carácter ejecutivo, habría sido desmantelado por la nueva Administración republicana.

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