Las organizaciones de la sociedad civil Red Femenina de Cuba, Consejo para la Transición Democrática en Cuba y Raíces de Esperanza España se unieron para exigir el reconocimiento de la libertad académica y la coexistencia de modelos educativos públicos y privados en la isla. La iniciativa se enmarca en un proyecto político más amplio que busca la transición hacia la democracia en el país.
Mediante una iniciativa de reforma constitucional, buscan modificar los artículos 32 y 73 de la carta magna de 2019. Afirman que su objetivo es garantizar la autonomía universitaria, el pensamiento crítico y el derecho a una educación libre de restricciones ideológicas.
El grupo de activistas denuncia que el sistema educativo cubano está regido por el monopolio estatal desde que se promulgó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza en 1961. A partir de entonces, en Cuba se vetó la existencia de colegios privados y de modelos educativos alternativos al del régimen. La Constitución de 2019 tampoco reconoció la libertad académica, advierten las organizaciones.
Los firmantes de la petición insisten en que en la isla los programas educativos en todos los niveles incluyen contenidos alineados con la ideología del Partido Comunista y que los docentes están obligados a mantener un discurso afín a esa visión. Además, agregan que los libros de texto y materiales de enseñanza se diseñan bajo los lineamientos del Estado, sin permitir una perspectiva diversa.
Asimismo, plantean la necesidad de establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a las familias y comunidades influir en la formulación de políticas educativas. Con ese propósito, sugieren crear consejos educativos independientes que incluyan representantes de la sociedad civil, docentes y estudiantes con el fin de garantizar una gestión educativa más transparente e inclusiva.
De acuerdo con la legislación cubana, el camino que tendrían por delante las organizaciones que promueven la reforma constitucional en materia de educación y libertad académica requiere la recolección de 10 000 firmas de electores para que la idea pueda llegar a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Sin embargo, según la Ley de Funcionamiento de la ANPP y el Consejo de Estado, para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) —como se denomina a nivel jurídico— los firmantes deben ser ciudadanos con derecho a voto en Cuba. Se excluyen así a los cubanos que residen fuera de la isla.
Nada garantiza que los parlamentarios aprueben la propuesta y tampoco existe un plazo para que, una vez presentada la ILP, se proceda a la votación. En las últimas décadas, la sociedad civil cubana ha impulsado propuestas legislativas y de reformas constitucionales (como el Proyecto Varela). Ninguna consiguió incluirse en la agenda de Gobierno, salvo la Ley de Protección Animal, aprobada en 2021, aunque esa vez las autoridades no reconocieron de forma explícita la lucha del movimiento animalista para conseguirlo.
En cambio, la propuesta de ley integral contra la violencia de género en 2019 no recibió respuesta por parte de la Asamblea Nacional y tampoco fue incluida en el cronograma legislativo vigente, que se extiende hasta 2028.
Los artífices de la reforma educativa saben que el escenario futuro más probable para su propuesta sea la negativa o falta de respuesta del régimen. Al respecto, Diana Mendiluza Díaz, historiadora y vicepresidenta de Raíces de Esperanza en España, comentó a elTOQUE:
«No hemos presentado esta propuesta ante ningún canal estatal, estamos realizando una campaña digital en la plataforma Change.org para recopilar firmas de todos los cubanos que apoyen la iniciativa, aunque sabemos perfectamente que no van a tener respaldo legal en Cuba porque el régimen no lo permite; pero va a facilitar a nuestras organizaciones el trabajo de incidencia tanto en Cuba como en los organismos internacionales, con argumentos sólidos y respaldados en datos».
La politización de los currículos escolares en Cuba ha sido objeto de denuncia y preocupación a nivel internacional. En julio de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas criticó la instrumentalización ideológica de los programas escolares y los planes de estudio en países como Cuba, China y Bielorrusia.
Por su parte, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció en su informe de 2024 un patrón sistemático de represión estatal contra académicos y activistas críticos del régimen. Casos como el del periodista y exprofesor José Luis Tan Estrada y la académica Alina Bárbara López Hernández —quienes han sufrido hostigamiento y detenciones arbitrarias de la Seguridad del Estado— fueron expuestos por el OLA y visibilizados por la prensa independiente.
Docentes como César Adriam Delgado Correa y Félix Navarro permanecieron más de tres años en prisión tras participar en las protestas del 11J. Fueron liberados luego de las negociaciones de inicios de 2025 entre Washington, el Vaticano y La Habana. Sin embargo, las recientes excarcelaciones de presos políticos en Cuba apenas beneficiaron a 231 reclusos, mientras que la mayoría continúa tras las rejas —de acuerdo con subregistros de la sociedad civil—. Otros maestros e investigadores académicos figuran entre quienes no recibieron la liberación.
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Matematico
Ignacio Díaz