Algunos medios de prensa y varios comunicadores han interpretado que si se aprueba el proyecto de ley de migración —publicado en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)—, los cubanos podrían renunciar a la ciudadanía cubana y entrar al país con un pasaporte extranjero en caso de contar con otra ciudadanía.

La afirmación es engañosa.

Si bien el proyecto de la ley de migración anuncia que el Gobierno cubano piensa en la posibilidad de regular el proceso de renuncia de la ciudadanía cubana, lo cierto es que de aprobarse el proyecto (e incluso luego de entrar en vigor) la posibilidad no estaría disponible de forma inmediata.

El proyecto asegura que los cubanos que renuncien a la ciudadanía cubana, una vez aprobada la renuncia, serán «considerados extranjeros» y no podrán «identificarse en Cuba como ciudadanos cubanos». Asimismo, considera que a los efectos de «la entrada y salida al país [estarán] sujetos a la presentación del pasaporte extranjero correspondiente, exigencia de visado y los documentos de viaje que correspondan».

El borrador solamente menciona la posibilidad de renuncia de la ciudadanía cubana para definir quiénes serán considerados extranjeros luego de que el proyecto se convierta en ley. Pero no implica que la futura ley de migración o su reglamento podrán emplearse de argumento legal para promover procesos de renuncia de ciudadanía ante las autoridades pertinentes.

Lo que no dijo Soberón sobre la ley de ciudadanía

Las aseveraciones de Ernesto Soberón deben analizarse como parte de un discurso oficial que no implica compromisos reales en materia de ciudadanía.

Para que se puedan promover procesos de renuncia de la ciudadanía cubana se requerirá la promulgación de una norma diferente, la ley de ciudadanía.

La Constitución de 2019 reconoce en el artículo 38 que la «ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida y renuncia de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo». Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido la normativa que defina cuándo, cómo y por quién un cubano puede ser privado o renunciar a la ciudadanía. La ley de ciudadanía y no la de migración es la que tendría —de acuerdo con la lógica defendida por el régimen cubano— que establecer los procedimientos hasta hoy inexistentes.

Desde hace años, las autoridades cubanas han asegurado que trabajan en una ley de ciudadanía que regule las formas de adquirir y renunciar a la ciudadanía cubana.

Sin embargo, han dilatado lo más que han podido la norma porque han preferido utilizar la desregulación (ausencia de una ley) para sostener la práctica de considerar a la ciudadanía cubana una institución que no garantiza derechos, pero que sí genera obligaciones (adquirir y entrar a Cuba con el pasaporte cubano, considerado uno de los más caros del mundo).

De acuerdo con el Cronograma Legislativo aprobado por la ANPP para 2024, la ley de ciudadanía debe aprobarse en julio de conjunto con la de migración, la de extranjería y la de empresas. Sin embargo, de las normativas anteriores, el único proyecto que no se ha publicado es el de la ley de ciudadanía, lo que hace suponer que no será aprobada en la fecha prevista.

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