La imbricación entre ley y poder en la Cuba revolucionaria ha hecho que por más de 60 años toda persona disconforme con el poder político sea (para quienes dirigen) un disidente, un delincuente, un infractor de las normas.
En franca violación de los derechos fundamentales y para mantener la finca limpia de «gusanos» el régimen de La Habana ha reprimido la libertad de expresión, de reunión y de prensa; ha dominado mediante el miedo y la amenaza; y ha querido homogeneizar el pensamiento para aplastar la crítica, el señalamiento al poder.
Un individuo que ejerza sus derechos, que piense libremente y que se oponga al caos político-social en que está sumergido el país será considerado un enemigo y, por tanto, caerá sobre él todo el peso del sistema. Aun así, miles han sido los cubanos que, a pesar del castigo y la represión, desafían y retan al poder.
Por otro lado, la retórica cubana de convertir los reveses en victorias ha sido siempre una falacia. No reconocer los errores, los fallos ni las derrotas y embadurnarlos con un discurso triunfalista y engañoso, solo ha hecho más daño. Con el juicio de Londres, lo han vuelto a hacer.
Luego de conocerse la decisión de la jueza británica Sara Cockerill (el 4 de abril de 2023), los medios estatales se inundaron de notas y titulares que anunciaban que Cuba había ganado el pleito en Londres; lo cual no es totalmente cierto. La estrategia de pintar y suavizar la realidad no exime en lo absoluto de las consecuencias finales.
Cockerill dijo de forma expresa que el fondo CRF I Limited —demandante contra el Estado cubano y el Banco Nacional de Cuba (BNC) y que reclama una suma de 78 millones— había «ganado contra el BNC, pero al mismo tiempo [había] perdido contra Cuba».
La decisión de Cockerill niega la posibilidad de considerar el Estado cubano responsable de la deuda, pero no niega la existencia del impago. Reconoció, además, que la Corte londinense tiene competencia para juzgar y obligar al BNC a pagar una deuda que consideró legítima y exigible.
¿Cuál es la victoria entonces? ¿No debe realmente el BNC la deuda? ¿Qué sucedería si no la puede pagar? ¿No tiene el Estado cubano implicación alguna en la ecuación?
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Carmen