Jessica Torres Calvo forma parte de los 15 artistas que sufren prisión política en Cuba, de acuerdo con un listado del Observatorio de Derechos Culturales.
Torres Calvo y María Cristina Garrido son las dos creadoras cubanas condenadas por el Gobierno por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
La artista visual, grafitera y tatuadora de 29 años está condenada a diez años de cárcel bajo el delito de sedición y recibe visitas quincenales. Es madre de un niño de 6 años.
11J, el punto de inflexión
El 11 de julio de 2021, Jessica se unió a las protestas que ocurrieron a lo largo del país. Se manifestó pacíficamente junto a cientos de cubanos en Holguín. Cuando la protesta se tornó violenta, instó a otros a no lanzar piedras, según reseñó Artists at Risk Connetion (ARC).
Siete días después (17 de julio), agentes de la Policía política llegaron a su casa sin orden judicial bajo el pretexto de «conversar» con ella. Fue trasladada a la sala de instrucción penal de Holguín para ser interrogada y estuvo 24 días sin poder comunicarse con su familia.
Inicialmente, la acusaron de incitar a la violencia durante las protestas. Después, fue liberada bajo fianza.
En noviembre de 2021 supo que estaba acusada del delito de sedición, por el cual el fiscal cubano Fernando Sara Planas pidió una condena de 27 años de privación de libertad. También fue acusada de abandonar a su hijo para ejercer trabajo sexual, tal acusación fue catalogada como falsa por ARC.
El juicio en su contra se celebró del 9 al 13 de enero de 2022 en el Tribunal Provincial de Holguín. Varias personas que asistieron al juicio aseguraron que había una elevada presencia policial en el lugar.
El 14 de febrero de 2022, Torres Calvo fue enviada a prisión luego de recibir una sentencia, a la cual apeló, de 15 años de cárcel por sedición. La llevaron a prisión sin previa notificación, «a pesar de que la sentencia ratificaba la medida cautelar de libertad bajo fianza para ella hasta que se hiciese firme la sentencia, después de presentar recurso de apelación o casación» aclara la revista Alas Tensas.
Tras apelar la sentencia, Jessica fue condenada a diez años de cárcel «por su condición de joven madre».
ARC sostiene que el único delito de Jessica fue, «(…) como en el caso de cientos de jóvenes en la isla, retratar la cotidianidad de su patria, apostar por una estética diferente y salir a la calle para pedir democracia, justicia y libertad».
Jessica forma parte de los grafiteros del proyecto Undergraff que intervino varias paredes en la ciudad Holguín. Sus obras fueron firmadas bajo el nombre artístico Akin.
Situación actual en prisión
Actualmente, Jessica cumple condena en la cárcel de mujeres de Holguín. De momento, la artista presenta problemas en un pie, pero su estado de salud es estable.
El Observatorio de Derechos Culturales afirma que la presa política ha podido salir de pase a su casa y que tiene un régimen quincenal de visitas familiares en prisión.
La organización no gubernamental Cubalex sostiene que la violencia de género en Cuba, en muchos casos, proviene del Estado y así lo evidencia el arresto de decenas de mujeres en el contexto de las protestas de julio de 2021 y los abusos contra ellas.
Personas cercanas a Jessica afirman que en su caso era más sencillo culpar de violencia a una mujer tatuada que no se sitúa dentro de los patrones machistas de la sociedad cubana.
Al respecto, la poeta Ana García Ramos dijo: «Pude haber sido yo en lugar de Jessica. Estuve ahí, pero el escarmiento le tocó a ella. Creo que la Seguridad del Estado pensó que era más fácil inculpar de violencia a una mujer con tatuajes que no encaja en el estereotipo femenino y machista de la oficialidad, [lo cual] la hizo más vulnerable. A ella y a otras (…), pienso mucho en eso».
El subregistro del programa Justicia 11J aclara que existen al menos 62 mujeres privadas de libertad por razones políticas en la isla. 56 fueron detenidas por participar en protestas antigubernamentales, 47 de ellas se manifestaron el 11J, mientras que las demás fueron arrestadas en protestas posteriores (2022 y 2023). Seis cumplen condena por ejercer su libertad de expresión.
Entre las presas políticas hay 30 madres separadas de sus hijos y 17 activistas pertenecientes a agrupaciones cívicas, políticas o de derechos humanos. Muchas han sido sancionadas, mientras que otras esperan sentencia o se encuentran retenidas sin cargos formales.
Dos de las condenas más severas (14 años de prisión) recaen sobre Lizandra Góngora, madre de cinco niños, y sobre Brenda Díaz, una mujer trans recluida en una cárcel para hombres en la que sufre acoso y violencia pese a sus problemas de salud.
Desde 2012, al menos 279 mujeres han sido encarceladas por motivos políticos en Cuba. De ellas, 171 recuperaron la libertad, 30 salieron al exilio y una falleció.
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