Lizandra Góngora fue arrestada por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, Artemisa. La Fiscalía Militar del territorio mantuvo su caso en un limbo legal hasta mediados de marzo de 2022, cuando divulgó la petición inicial de 15 años de privación de libertad por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos.
Se le acusó de ser una de las responsables del ataque a la tienda en MLC (moneda libremente convertible) «La Imprenta», en Güira de Melena.
Tras ser juzgada, el Tribunal Militar Territorial Occidental la sentenció a 14 años de prisión por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. Una vez en la cárcel, sus cinco hijos quedaron al cuidado de Ángel Delgado, padre de cuatro de los niños.
En la prisión para mujeres El Guatao, en La Habana, la cubana realizó huelgas de hambre, estuvo varias veces en celda de castigo y dentro de su celda colocaron cámaras de video para espiarla. También firmó una carta, junto a otras nueve prisioneras políticas, para pedir al Gobierno cubano que atendiera el reclamo del Vaticano por la libertad de los presos del 11J.
El 31 de marzo de 2023 fue trasladada de El Guatao a Los Colonos, un centro penitenciario ubicado en el municipio especial Isla de la Juventud y donde se encuentra ahora más alejada de sus hijos. Para su familia las visitas se han hecho más difíciles por la distancia y los problemas de transporte, porque la única forma de acceder a la Isla de la Juventud es en barco o avión.
Ángel Delgado ha denunciado también que desde su traslado de penal existe «un abuso constante» por parte de la Seguridad del Estado contra ella debido a sus ideas políticas.
En agosto de 2023, la propia Lizandra alertó en un audio enviado por Delgado a Diario de Cuba que algunas presas condenadas por asesinato portaban armas blancas dentro de la cárcel:
«Yo he hecho varias denuncias, he conversado con los jefes de las prisiones, (…) y les he hecho saber en varias ocasiones que algunas reclusas andan con cuchillos, armas blancas en las manos, como si nada. Se lo he dicho a todo el mundo y nadie las busca [las armas], nadie las encuentra. Entonces, temo por mi vida».
Sobre el suceso, agregó que otras reclusas también habían denunciado lo que estaba sucediendo, pero los carceleros han ignorado los reclamos y acusan a Lizandra de ser la incitadora de las quejas del resto de las prisioneras.
En septiembre de 2023, Ángel Delgado informó que su pareja estaba siendo acosada y amenazada por una reclusa común que se define como «revolucionaria». «[Lizandra] me explicó [en una llamada telefónica] que hay una mujer ahí que está presa por malversación, por robo, y que está en preventiva, quiere decir que está esperando juicio. La tienen suelta ahí, en la prisión, y anda con el cuchillo para arriba y para abajo», apuntó.
Delgado se queja de que las autoridades carcelarias no han desarmado a la mujer, quien está acusada de un delito común y no tiene por qué entrar al cubículo destinado a las prisioneras que cumplen las condenas más altas, donde se halla Lizandra.
A su vez, la presa política ha sido sometida a un régimen de llamadas telefónicas cada tres días, limitadas a 15 minutos y bajo vigilancia constante, mientras que los presos comunes pueden efectuar llamadas diarias.
Su esposo afirma que debe hacer las llamadas frente a la capitana Odalis, jefa de la prisión, para que escuche lo que dice y evitar que haga denuncias sobre las condiciones del penal. Al respecto, Lizandra ha reiterado que todo lo que vaya en contra de sus derechos políticos lo va a reclamar: «Estoy cansada; las celdas aquí no tienen ni ventanas, no hay luz, no hay aire».
A ello se suma que pasa meses sin poder ver a sus hijos desde que fue trasladada a la prisión de la Isla de la Juventud. «Me han amenazado con que me pueden mandar para Guantánamo o para Pinar del Río. Creo que eso es una injusticia porque mi dirección es de La Habana hace 14 años, así que yo tengo que estar en una prisión de allí. No voy a permitir que me lleven para otra prisión que no sea la que me toque», dijo la cubana.
La amenaza de las autoridades, según Delgado, se debe a que ella piensa solicitar un traslado a otro penal donde pueda estar más cerca de sus hijos, quienes residen en Güira de Melena. Él explicó que al regresar de la única visita a la que había podido asistir tardó seis días esperando en el puerto de Nueva Gerona una embarcación que lo llevara de regreso al puerto de Batabanó para trasladarse a su hogar, donde se encuentran sus hijos menores de edad.
El activismo de Lizandra
Lizandra Góngora era conocida por sus transmisiones en vivo por Facebook, en las que pedía libertad para los presos políticos y denunciaba las carencias y penurias que padecían los cubanos. Sus demandas le costaron amenazas desde perfiles falsos que compartían propaganda afín al poder en Cuba, así como el hostigamiento de la Policía política. Su última directa fue un video transmitido el 8 de julio de 2021 en el que invitaba a los cubanos a reclamar públicamente derechos robados.
Lizandra es miembro del Partido Republicano de Cuba, organización opositora fundada el primero de septiembre de 2003 «con el objetivo de contribuir a eliminar la dictadura comunista que gobierna en Cuba, y dar paso a un Gobierno provisional que permita la creación de un sistema democrático donde exista un Estado de derecho».
En septiembre de 2023, Lizandra anunció que entraría en huelga de hambre en la prisión Los Colonos como protesta por el hostigamiento en su contra. «Yo quiero que el mundo entero sepa que, si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar», le dijo a Delgado durante una llamada telefónica.
La opositora afirmó sobre su sentencia en un mensaje difundido por la organización defensora de los derechos humanos en Cuba Cubalex: «Las guerreras como yo no se rinden por tan poca cosa, con esa condena me demostraron que ellos me temen más a mí que yo a ellos. Mis principios en mi posición política no son negociables, no voy a bajar la cabeza ni a doblar mis rodillas».
En octubre de 2023, la activista fue golpeada por la jefa del penal y por otra reclusa. La golpiza se produjo tras su protesta luego de que las autoridades del penal le negaron la llamada que le correspondía hacer a sus hijos una vez a la semana.
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