El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por dos años más el mandato de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, un órgano de expertos independientes que investiga violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad del régimen chavista.
Cuba fue uno de los cinco países que intentaron frenar la prórroga del mandato oponiéndose a la resolución en la votación del 6 de octubre de 2026. No extraña la postura de La Habana: la misión ha documentado en el pasado la vinculación de personal militar cubano con el adiestramiento de torturadores venezolanos.
El último informe del órgano de la ONU presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el 18 de septiembre de 2026, confirmó «la continuidad del aparato represivo» del régimen de Caracas, aun después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
elTOQUE republica a partir de hoy una serie de artículos aparecidos primero en el medio venezolano Runrun.es sobre el documento que recoge la reconstrucción de los casos documentados por la Misión sin la colaboración del Estado venezolano. Sus hallazgos pueden alimentar futuros procesos de justicia en Venezuela, pero también dejan lecciones para la sociedad civil cubana.
La serie está firmada por el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz. Sus textos se publican con el permiso de Runrun.es para promover el conocimiento de lo ocurrido en Venezuela en el contexto cubano, donde la sociedad civil y la prensa independiente documentan violaciones de derechos humanos en condiciones de opacidad institucional, amenazas y represalias para quienes denuncian.
Consultado por elTOQUE sobre la importancia de ese trabajo cuando no hay cooperación estatal ni posibilidades inmediatas de obtener justicia, Díaz respondió: «La documentación que hacen las víctimas, los familiares y las ONG venezolanas es el primer escalón de una pirámide y se necesita que esa actividad sea sostenida, seria y tenga muy buenos estándares, con evidencias, para poder ir escalando», explicó.
Según el periodista, «tantos años acumulados de violaciones» en Venezuela obligó a las organizaciones de la sociedad civil a ganar capacidad técnica y a aprender a hacer labores de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
«Sé que a la vista de algunos estos mecanismos pueden parecer inútiles, lentos y burocráticos, pero los venezolanos hemos aprendido que muchos de estos sistemas de protección a los derechos humanos [el interamericano, el de Naciones Unidas…] tienen unos límites y complementariedades que hay que saber trabajar con ellos», dijo.
Recordó que, cuando el Estado venezolano se retiró del sistema interamericano en 2013, las víctimas y organizaciones recurrieron a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional, y que otras jurisdicciones nacionales —Chile, Argentina, Estados Unidos…— han abierto casos vinculados con Venezuela.
«Lo que está detrás de esas acusaciones penales en aparatos de justicia del extranjero es el trabajo de muchísima gente de Venezuela, de muchísimas manos sustentando los casos», afirmó.
Díaz atribuye a ese esfuerzo un triple efecto. Para las víctimas, significa «que su testimonio es sagrado, se toma en cuenta y se abre paso». Para las organizaciones, alivia en parte la frustración de que el aparato público de su país no las atienda, pues su trabajo termina «abriendo procesos internacionales, provocando sanciones, vigilancia y seguimiento financiero a los facilitadores del régimen, que haya juicios penales…».
Por último, ante la opinión pública internacional, sostiene Díaz, la documentación rigurosa de la represión erosiona años de lo que llama «el blanqueamiento» del régimen venezolano por sus aliados políticos.
«Todo ese apoyo [al chavismo] tiene que irse revirtiendo o si no van a quedar expuestos como personas que apoyan el narcotráfico, la tortura, la violación de derechos humanos, la corrupción y crímenes atroces».
Preguntado por las lecciones que esa experiencia puede ofrecer a Cuba, Díaz subrayó que documentar permite entender cómo funcionan los aparatos represivos e identificar responsables. «Algo que hemos logrado con el proceso venezolano es poder ponerle nombres a muchos perpetradores», señaló.
Explicó que los informes de la misión de la ONU han demostrado, además, quiénes toman las decisiones y de quién dependen los cuerpos de seguridad, y que para ello los expertos no se limitaron a escuchar a las víctimas: también declararon jueces, fiscales y funcionarios de cuerpos de seguridad. Por eso, afirmó, «la misión no es débil a pesar de que trabaja desde fuera de Venezuela y el Estado no coopera».
Al comprobarse los patrones entre distintos casos documentados, añadió, ya no se habla de «un problema puntual», sino de un sistema represivo.
De acuerdo con Luis Carlos Díaz, hay que conocer e insistir en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos porque son «la manera de medir y comparar entre países», en cuanto a calidad democrática.
Rechazó, calificándola de «una mentira», la idea defendida por sectores de la izquierda latinoamericana y española sobre que Cuba es un caso distinto, con «su propio modo de democracia». En realidad «están apoyando una máquina opresora que acaba con la vida de la gente e intenta romper la dignidad de su pueblo», dijo.
Ante esto, el trabajo de la sociedad civil y el periodismo independiente que cubre los derechos humanos, de acuerdo con Luis Carlos Díaz, es documentar con rigor para «mostrarle al mundo que somos merecedores de democracia y libertad como el resto».
«Tenemos derecho a ser libres y estos textos ayudan a caminar hacia allá, porque muestran el horror a gente que es capaz de no normalizar y que lo puede denunciar para que cambie».
El periodista vinculó de forma explícita el destino de ambos países. «Sentimos que la lucha en Venezuela es la misma que la de Nicaragua, la misma que la de Cuba», dijo, y agregó que la cooperación entre víctimas de distintas dictaduras puede ayudarlas a abrirse paso, «porque sabemos que debilitar a uno [de estos regímenes] debilita a los demás».
Luis Carlos Díaz, en una imagen de archivo. Foto: Amnistía Internacional
Luis Carlos Díaz entiende a quienes dudan en denunciar por miedo a represalias. Él mismo ha sufrido persecución, censura y represión por parte del Estado venezolano, incluida la detención arbitraria y la tortura.
«La gente tiene un miedo que es absolutamente racional, que es concreto, que es serio», admitió. Pero aclaró que hay vías para reducir la exposición y el riesgo de brindar testimonio.
«No todas las declaraciones tienen que ser públicas; una ONG puede garantizar anonimato, puede garantizar protección de datos a las víctimas o sus familiares», explicó.
Advirtió que el proceso para obtener justicia no es inmediato, pero aseguró que un testimonio en manos de una buena organización «va a ser respetado y procesado», lo que también es un paso hacia la reparación.
Díaz insistió en que documentar las arbitrariedades sistemáticas ocurridas en países como Cuba y Venezuela es una tarea colectiva: «Hay que seguir elevando la voz, no hay que aceptar los abusos, lo que está mal y hay que denunciar. Si tú compartes el miedo, el miedo pesa menos», concluyó.
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En Cuba también existen numerosos relatos de violaciones de derechos humanos similares a los que recoge esta serie, como detenciones arbitrarias, malos tratos bajo custodia, procesos sin garantías y represalias contra quienes denuncian. Si usted es víctima o familiar de una víctima y quiere que su historia sea documentada, puede escribir a elTOQUE. Su testimonio podrá publicarse de forma anónima si así lo solicita, y se tratará con las medidas de protección de datos necesarias.
Utilice cualquiera de estas vías seguras para comunicarse con el equipo de elTOQUE:
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