La Ley 172 codifica jurídicamente una práctica que el régimen había ejercido de facto durante décadas: tratar como «no cubanos» a quienes se oponen al Gobierno.
Las autoridades de la isla tendrán la facultad de despojar unilateralmente de la ciudadanía cubana bajo el argumento de la protección de los intereses del «Estado» y de la «República».
El 24 de junio de 2024, el sitio oficial del Parlamento publicó el proyecto de ley de ciudadanía, el cual brinda mayor claridad sobre el proceso y los requisitos que deberán cumplir quienes pretendan renunciar a la ciudadanía cubana.